La denuncia se realiza también por publicidad engañosa sobre los sistemas de seguridad de los que disponía el tren
Casi un año y medio después del accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, en el que murieron 81 personas y resultaron heridas más de 140, todavía no se ha asumido ninguna responsabilidad política por parte del Gobierno. Este es el motivo principal que ha llevado a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 a presentar este viernes dos denuncias al Estado español ante la sede del Parlamento Europeo en Madrid.
La primera de esas denuncias se realiza por publicidad engañosa «respecto a la seguridad y características» de los trenes de alta velocidad. «Se nos dijo que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática (ERTMS), pero era mentira», denuncia el comunicado de la organización.
La segunda denuncia se presenta por incumplimiento de la normativa europea sobre alta velocidad. «Según la normativa comunitaria, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) debe ser un organismo independiente, y la mayor parte de ella son trabajadores de Renfe y Adif: se están juzgando ellos mismos», asegura Javier García Municio, portavoz de la Plataforma y padre del fallecido Francisco Javier García, de 27 años.
La normativa europea en seguridad ferroviaria
La Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dicta que «los Estados miembros velarán por que la responsabilidad de la explotación segura del sistema ferroviario y del control de riesgos creados en él corresponda a los administradores de la infraestructura y a las empresas ferroviarias, a quienes se obligará a aplicar las medidas necesarias de control de riesgos, en su caso cooperando mutuamente, a aplicar las reglas y normas nacionales de seguridad y a crear sistemas de gestión de la seguridad de conformidad con la presente directiva».
Según la Plataforma, no solo se incumple en ese aspecto la normativa europea. Esta también establece que «los Estados miembros velarán por que el organismo de investigación a que se refiere el artículo 21 lleve a cabo una investigación cuando se produzcan accidentes graves en el sistema ferroviario; el objetivo de la investigación será la posible mejora de la seguridad ferroviaria y la prevención de accidentes». Una investigación que la CIAF realizó en su día y que «señalaba al maquinista como único responsable», asegura García Municio.
La directiva europea establece, además, que «dicho organismo de investigación será independiente, en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria, organismo de tarifación, organismo de adjudicación y organismo notificado y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado al organismo de investigación. Será asimismo funcionalmente independiente de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador de los ferrocarriles».
Apoyos a las víctimas
Acuden a Europa porque «la verdad es que aquí nos sentimos bastante abandonados, las víctimas», confiesa Javier, quien ha destacado la «gran valentía» con la que el juez Luis Aláez se enfrentó al caso. «En dos ocasiones intentó imputar a los responsables de seguridad de Adif y Renfe, y las dos ocasiones la Audiencia Nacional rechazó la imputación», recuerda. «Ahora con el cambio de juez llevamos seis meses de parón, que no avanzamos ni sabemos nada», agrega.
IU, UPyD y el BNG han apoyado las denuncias de la Plataforma de Víctimas del Alvia. «Es absolutamente necesario que se reconozca a las víctimas y se abran comisiones de investigación para determinar las responsabilidades políticas«, declara Caridad García Álvarez, diputada del grupo Izquierda Plural.
Los tres grupos han pedido en «reiteradas ocasiones» la creación de una Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario en el Congreso, «pero todas las veces ha sido rechazada la petición», denuncia la diputada: «Es algo que el PP parece llevar en su ADN«.
La respuesta europea Según Ana Miranda, portavoz del BNG, las denuncias presentadas este martes en el Parlamento Europeo pueden provocar que se abra «un proceso de infracción por incumplimiento, que es lo que queremos, o también puede exigir un resarcimiento… pero sobre todo queremos que se legisle para que esto no vuelva a pasar y que los trenes tengan el sistema de seguridad establecido».
La respuesta europea a estas denuncias, según Miranda, podría llegar «hacia el verano, calculo que en seis meses podría haber una respuesta, aunque vamos a intentar que sea antes». «El hecho de que se europeíce el tema va a provocar mucha solidaridad y le dará difusión y repercusión al caso, y sobre todo, también dará esperanza a las familias», concluyó Miranda.