El año del 2023 estará marcado por las graves violaciones de derechos humanos ante las protestas realizadas por la población peruana, a partir del intento de golpe de Estado de ex presidente Pedro Castillo y su inmediata vacancia.
Es claro determinar el detonante de las protestas, sin embargo, el mismo sector que negó el resultado electoral en el 2021 y desestabilizó al gobierno de Castillo, hoy no quiere entender que el devenir de la actual crisis política, que lleva más de 100 días sin ser resulta, es producto de una brutal represión policial y militar, sin duda, la más virulenta del aparato del Estado desde que regresamos a la vida democrática, hace 22 años, sumado a una desafiante postura del gobierno de Dina Boluarte por negar y tergiversar los hechos de violencia [1] y no generar las mínimas condiciones para establecer responsables ante la pérdida de vidas y otras violaciones de derechos fundamentales.
Son varias las explicaciones al caos actual que hoy vive el Perú, pero destaca un rasgo constante y vigente; la elevada polarización política desde hace 21 meses, a partir de los resultados de primera vuelta de las elecciones presidenciales, que llevaron a Castillo al poder y a Keiko Fujimori a la derrota. Señalo éste momento para resaltar que durante 21 meses hubo una multiplicación de discursos violentos que a partir del 7 diciembre terminaron en hechos violentos, los que han llevado a masacres en ciudades andinas de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca[2].
Han sido hasta el momento más de 70 muertes[3], de las cuales 49[4] tienen serios indicios de una actuación desproporcional de las fuerzas policiales y militares, las que han sido documentados y prueban la responsabilidad directa de las muertes en manos de las fuerzas del orden, casos que no están siendo investigados debidamente por el Ministerio Público o que adolecen de extremada lentitud[5]. A estos casos hay que agregarles los centenares de heridos[6], las detenciones arbitrarias en varios casos ilegales[7] y los procesos judiciales abiertos sin pruebas a personas que participaron de protestas.
Pero no solo existe un negacionismo para esclarecer la verdad de los hechos, sino también para reconocer las demandas de quienes protestan, y por tanto, cerrar toda posibilidad de diálogo, la presidenta Dina Boluarte, ha negado reiteradas veces atender demandas políticas, mencionando que solo atenderán aquellas que sean demandas sociales[8]; este acto, en sí mismo constituye una violación de los derechos políticos de la población que protesta, un acto discriminatorio, asumiendo que las poblaciones que protestan en las zonas andinas no pueden tener demandas ni intereses políticos, pero la respuesta es más contundente y preguntamos: ¿quiénes son sino las poblaciones que mayoritariamente protestan, quiénes son aquellos peruanos y peruanas que perdieron la vida en las actuales protestas?
En la región de Puno las 22 personas presuntamente asesinadas por fuerzas del orden son identificadas como parte de un pueblo indígena quechua o aymara, los 10 peruanos que perdieron la vida en Ayacucho pertenecen al pueblo quechua, de la misma manera las 7 personas fallecidas en Andahuaylas o en Cusco 2 comuneros indígenas. De las 49 personas asesinadas más del 80% son indígenas, el porcentaje es parecido para los heridos y personas detenidas[9]. Las personas que han perdido la vida por responsabilidad directa del Estado, son miembros de poblaciones indígenas mayoritariamente.
En el departamento de Puno según el censo del 2017, el 90.8%[10] de su población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena y desde hace más de 85 días, dicha población vive en zozobra, cuando se limita el ejercicio de sus derechos fundamentales, viviendo bajo Estado de Emergencia permanente y con Toques de Queda; pero además la región ha sido militarizada de manera progresiva y lo peor, no ha existido ninguna respuesta política del gobierno Boluarte desde la masacre de Juliaca, que en 7 horas dejo el saldo de 17 asesinatos. El segundo y tercer departamento con mayor población indígena son Apurímac y Ayacucho, el 87% y 81,5%, coincidentemente otras dos de las regiones con mayor violencia policial y militar en las protestas.
Estamos pues ante la violación de derechos humanos de forma sistemática y existen indicios suficientes que podrían configurar delitos de lesa humanidad[11], pero además la violación de derechos tiene fundamentos que prueban no solo motivos políticos, sino también raciales, étnicos y culturales. Una vez más, como sucedió en la violencia política del 1980- 2000, son las poblaciones indígenas las vidas que menos importan al aparato estatal. Existe, por tanto, una especial victimización a personas indígenas, miembros de comunidades campesinas y nativas, ronderos campesinos, y con ello también existe una afectación a sus derechos colectivos relacionados con la identidad cultural, las afectaciones a su tierra, territorio y recursos naturales, así como a sus derechos de participación y representación política y, por tanto, aquel lema que reza “sin derechos no hay democracia” en la crisis política actual cobra vigencia, puesto que para más del 25% de la población que se autoidentifica como indígena, hoy en el Perú no hay democracia. fo
Notas:
[1] Recientemente la presidenta Dina Boluarte ha declarado: “luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo vimos la asonada golpista, con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico” declaraciones en TV. Perú el 21 de marzo.
[2] El periódico New York Times, acaba de emitir un informe periodístico donde analiza 8 casos de uso desproporcional de la fuerza, con el resultado de 8 presumibles: https://www.nytimes.com/es/2023/03/16/espanol/peru-policia-ejercito-protestas-armas.html
[3] Aún la cifra exacta es imprecisa, el informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos menciona más de 76 muertes, otras organizaciones de la sociedad civil mencionan de más víctimas mortales.
[4] La cifra 48 ejecuciones es una cifra oficial proporcionada por la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que se suma la reciente muerte de Rosalino Florez, tras una larga agonía, herido con 36 perdigones en protesta de Cusco el 11 de enero.
[5] Informe de CNDDHH señala irregularidades en las investigaciones ver informe. Amnistía Internacional, 17 de marzo: Continua la represión racista y lentitud en investigaciones: https://amnistia.org.pe/noticia/peru-cien-dias-represion/
[6] Las estimaciones más bajas mencionan de 960 heridos otras fuentes señalan más de 1200 heridos.
[7] Ver Informe 80 días de represión en el Perú de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, El caso del allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se detuvo a 193 personas durante 24 horas para después liberarlas sin cargo alguno. Ver https://derechoshumanos.pe/2023/03/80-dias-de-represion-en-el-peru/
[8] Agencia Andina de Noticias: https://andina.pe/agencia/noticia-presidenta-boluarte-venimos-atendiendo-demandas-historicas-de-poblacion-924188.aspx
[9] Reporte de Amnistía Internacional: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población indígena y campesina: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/?fbclid=IwAR2a_hmicEeykvK4xSYQBO0YK1XJctWacpxArl2KILRI_D92pX89iT_61ZE
[10] Censo 2017, autoidentificación étnica: https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas_internas/items/Autoidentificaci%C3%B3n%20%C3%A9tnica%20censo%202017.pdf
[11] Perú suscribió en noviembre del 2001 el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma que su artículo 7 tipifica el delito de lesa humanidad.
Luis Hallazi Méndez, abogado y politólogo peruano, investigador en derechos humanos.
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