Dice el periodista colombiano Jorge Botero, sobre las revelaciones de los cables y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, divulgados por Wikileaks y El Espectador: «el ambiente que se ha generado con las revelaciones de estos cables de la embajada norteamericana con el departamento de Estado han dejado la sensación amarga y […]
Dice el periodista colombiano Jorge Botero, sobre las revelaciones de los cables y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, divulgados por Wikileaks y El Espectador: «el ambiente que se ha generado con las revelaciones de estos cables de la embajada norteamericana con el departamento de Estado han dejado la sensación amarga y bochornosa para muchos colombianos de que en realidad lo que ha habido es una larga etapa de abyección y arrodillamiento de la dirigencia colombiana ante Washington».
Dice el columnista mexicano Pedro Miguel, sobre las revelaciones de los cables y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, divulgados por Wikileaks y La Jornada: «Nadie resiste el llamado: gobernantes y opositores, funcionarios y empresarios, jefes de policía y cabezas de ONG, periodistas y encuestadores, todos por igual, acuden ante diplomáticos de Estados Unidos para contarles lo que deseen saber sobre los asuntos de México. La embajada y los consulados de Washington son confesionario, diván, ventanilla de gestiones y paño de lágrimas, para la clase política y para los notables».
Cualquier valoración que se realice ahora sobre las primeras entregas de los cables de Wikileaks relacionados con Costa Rica, entregados por esa organización al diario La Nación (históricamente, el brazo politico-mediático de la derecha criolla), no podría apartarse, en lo esencial, de las críticas y juicios formulados contra los gobiernos y dirigencias políticas en Colombia y México.
Los cables de Wikileaks sobre Costa Rica, la mayor parte relacionados con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y el escenario de conflictividad social que provocó este acuerdo, muestran un abierto y descarnado injerencismo de la diplomacia estadounidense -«la Embajada», como se le conoce popularmente a esa sede diplomática- en asuntos internos, a partir de una amplia red de contactos y acceso privilegiado a los más altos niveles del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa (aunque ahora casi todos los funcionarios implicados padezcan una sospechosa amnesia).
Basta un simple repaso de lo publicado hasta hoy: «la Embajada» intervino directamente para que la Casa Blanca y la Secretaría de Comercio Exterior emitieran declaraciones amenazantes contra Costa Rica, tan solo un día antes de celebrarse el referéndum sobre el TLC del año 2007, lo que resultó decisivo para la campaña del miedo que le dio el triunfo de la opción del SI; «la Embajada» coordinó lo pertinente para que el gobierno estadounidense adiestrara y financiara a la Policía costarricense en estrategias de represión de las manifestaciones populares contra el TLC; «la Embajada» supervisó a instructores colombianos en campos de entrenamiento policial en Liberia (Pacífico norte del país); «la Embajada» propició una insólita «capacitación en derechos humanos», impartida por el Comando Sur, para agentes de las fuerzas de seguridad de Costa Rica; «la Embajada» conocía de antemano el sentido en que los magistrados de la Sala Constitucional resolverían consultas sobre proyectos de ley relacionados con el TLC.
El recuento de hechos de este tipo será cada vez mayor, en la medida en que se divulguen nuevos documentos, pero en lo común de todos ellos, es posible identificar un modus operandi ante el que, como dice Jorge Botero, la clase política gobernante se arrodilla.
En efecto, los cables no solo ofrecen una visión de las preocupaciones norteamericanas, como la demora en la aprobación del TLC o el impacto de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con China («ya no somos el único -ni el más generoso- gallo en el patio», escribió el ex-embajador Peter Cianchette), sino que retratan el peregrinaje a «la Embajada», es decir, la rendición ante los llamados intereses norteamericanos y del capital transnacional, como práctica habitual de los funcionarios de los últimos dos gobiernos (de Abel Pacheco y Oscar Arias): incluida la actual presidenta Laura Chinchilla, cuando ejerció el cargo de Ministra de Justicia de la administración Arias. La conclusión es obvia: a «la Embajada», antes que al pueblo, la clase política le rinde cuentas de todo.
Esta inaceptable injerencia de los diplomáticos estadounidenses, lesiva desde todo punto de vista, atenta contra principios elementales de lo que debería ser una democracia: la transparencia en las actuaciones públicas, la independencia y la soberanía en la conducción de los asuntos que atañen a la nación, o la posibilidad de que todos los grupos participen, en igualdad de condiciones, en los procesos de toma de decisiones.
En definitiva, las comunicaciones de «la Embajada» retratan la crisis y la decadencia republicana que sufre Costa Rica en los últimos años, y al mismo tiempo, desgarran aún más el imaginario social de una democracia que hoy corre un grave riesgo de no mantenerse en pie antes las presiones extranjeras y las fuerzas de los grupos de poder económico.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica (http://connuestraamerica.blogspot.com/)
Fuente: http://alainet.org/active/44904