Reino Unido está viviendo protestas y huelgas salvajes contra la contratación de trabajadores de otros países de la Unión Europea. El enfado ha sido provocado por la concesión de un contrato por Total a la empresa italiana IREM para ampliar la refinería de Lindsey, la tercera más importante del país. Ahora bien, esta empresa, que […]
Reino Unido está viviendo protestas y huelgas salvajes contra la contratación de trabajadores de otros países de la Unión Europea. El enfado ha sido provocado por la concesión de un contrato por Total a la empresa italiana IREM para ampliar la refinería de Lindsey, la tercera más importante del país. Ahora bien, esta empresa, que busca salarios más bajos, ha llamado a centenares de obreros italianos y portugueses, excluyendo así a los locales. Este movimiento se ha extendido por casi todo el Reino Unido bajo la consigna «British jobs for British workers!» («Empleos británicos para trabajadores británicos»).
Con la lógica más cruel, los trabajadores británicos caen en la trampa de la xenofobia al reivindicar la preferencia nacional para defender sus puestos de trabajo. En cuanto a los sindicatos, están divididos entre la voluntad de solidarizarse con el desamparo de los trabajadores y el rechazo a legitimar esta deriva xenófoba. Y el Gobierno británico no puede sino constatar su impotencia: cualquier intervención iría en contra de las reglas comunitarias sobre la movilidad de los trabajadores en la UE.
En otras palabras, no hay salida a la crisis si no es poniendo en duda la regulación comunitaria. La cruda realidad es que los gobiernos europeos han caído en la trampa de la estrategia ultraliberal que ellos mismos han seguido y creado. Aceptar la lógica de la desterritorialización del capital y del trabajo supone, irreversiblemente, que los salarios compitan a la baja. Lógica perversa, que consiste en jugar con las desigualdades de desarrollo económico y social, favoreciendo, de hecho, en Europa a los asalariados de los países menos desarrollados en detrimento de la posición adquirida por los más desarrollados. La ideología europeísta ha servido durante veinte años para enmascarar esta operación.
El caso de Reino Unido no es el único. En España, aumentan las tensiones tanto contra los trabajadores comunitarios (rumanos) como contra los no comunitarios a los que se pide que vuelvan a sus países después de haber explotado su fuerza de trabajo. El consiguiente repliegue nacionalista es legítimo a ojos de la opinión pública por el aumento del paro. Y esto, desgraciadamente, no ha hecho más que empezar, ya que la crisis será profunda. Los países se hunden en una profunda espiral recesiva -el FMI prevé una caída del PIB del 2% en la zona euro- con un desempleo que se disparará. Así, algunos prevén en España que en 2009 se superaran los cuatro millones de parados y tal vez los 4,5. En Francia una sola cifra resume la magnitud del seísmo: el número de horas de paro forzoso por reducción de jornada ha pasado de 200.000 en enero de 2008 a 13 millones en diciembre. Esta tendencia se da en toda Europa. La magnitud de la precariedad y de la pobreza resultante será devastadora.
Ante este oscuro porvenir, es de esperar que se produzcan tensiones sociales muy fuertes. Algunos partidos políticos irresponsables aprovecharán para sembrar el odio, la xenofobia y el nacionalismo. Es por ello urgente tomar conciencia del alcance de la amenaza y de lo que está en juego. Estamos, salvando las distancias, en una situación parecida a la de los años 30, momento de la ascensión del fascismo en Europa. Así que la pregunta clave es: ¿Cómo construir una Europa social ante la deflación de los salarios, que ha sido aceptada por las élites políticas? La respuesta dada por los movimientos sociales espontáneos es clara: la desesperación social puede llevar a explosiones muy graves.
¿Qué hacer para desactivar esta bomba? En primer lugar, hay que oponerse frontalmente a los ataques que se producirán en contra del derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos. Se trata de defender los derechos adquiridos por extranjeros que han contribuido en gran medida a la riqueza nacional. Lo que aquí está en juego es en realidad el respeto por el Estado de derecho. En segundo lugar, hay que tener la valentía de decir que la legislación comunitaria en materia de libertad de instalación de las empresas en Europa lleva consigo graves conflictos potenciales. La instauración de normas comunes y, en particular, de cláusulas en contra del dumping social (y también medioambiental) es indispensable. Sería así razonable crear una autoridad que regule la competencia interna en la zona euro, cuyo objetivo sería imponer una cláusula social y medioambiental mínima a las empresas que se instalen fuera de su país. Sería el primer paso para la creación de un tratado social europeo, que fijaría criterios de convergencia en materia fiscal y social. Construir de manera efectiva una Europa social basada en la armonización hacia arriba y no hacia abajo es la única manera de oponerse hoy a las reacciones xenófobas y al nacionalismo que amenazan a Europa.
Traducción: M. Sampons