En los Gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH), entre 2014 y 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo avaló su gestión en temas de política económica, sino también aplaudió los resultados obtenidos en reducción de la inflación, aumento de reservas internacionales, manejo prudencial del endeudamiento y flexibilidad cambiaria, pasando por alto la piñata de los fideicomisos y corrupción.
Hoy, de nuevo, los personeros del FMI se encuentran en Honduras para evaluar el Convenio suscrito con el Gobierno de la República, correspondiente a la primera y segunda revisión del acuerdo de cooperación (léase: prestamos), en Septiembre de 2023. El convenio de mediano plazo, puede facilitar a Honduras acceso a más del 820 millones de dólares, en caso de cumplimiento de las metas propuestas. Los miembros de la Misión se reunirán con representantes del Gobierno, Congreso de la República y directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que, como en el caso de la nueva Ley de Justicia Tributaria, se han opuesto a que sea aprobada por el Congreso Nacional.
Hay, al menos, cinco (5) temas de interés entre las partes (Gobierno y FMI).
A nuestro entender el tema tributario tiene prioridad, ya que, por el lado del FMI, permite al Gobierno disponer de más recursos para enfrentar sus obligaciones financieras y cumplir con parte de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, caso de la salud, educación, infraestructura económica y social, seguridad ciudadana, producción alimentaria y cambio climático. Por el lado del Gobierno, permite eliminar la regresividad vertical del sistema tributario, donde los que más ganan y tienen pagan menos tributos al fisco, sumado a una mejor organización institucional y equidad de la asignación de exoneraciones y exenciones fiscales que, en la actualidad, significan para el país un drenaje de más de 65,000 millones de lempiras anuales. La aprobación de la Ley Tributaria, a juicio del Ministro de Finanzas, Marlon Duarte, significaría para el Gobierno disponer de unos 10,000 millones de lempiras de ingresos adicionales para 2025.
Un segundo tema es la propuesta y aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para 2025, el cual está en concordancia con el programa económico del Gobierno respaldado por el FMI. Se estima en un monto de 430, 907.8 millones de lempiras, donde el monto de inversión pública social y productiva es de 97,000 millones de lempiras, mayor al de 2024 y de años del Gobierno de JOH. La oposición política habla de un crecimiento de tipo vegetativo de 5.8% con respecto a 2024, pero no implica un aumento de impuestos, tal como ha sido la política tributaria de “cero” impuestos del Gobierno desde 2022.
Un tercer tema, es la llamada piñata de los fideicomisos, que el Gobierno de la República ha venido eliminando paulatinamente, por el foco de corrupción de arrastre. Ha implicado un alto costo para las finanzas del Estado, por la mala negociación de los acuerdos de préstamos y el destino de mayores fondos de las arcas públicas. La política de “Caja Única” fue la mejor decisión tomada para conocer los fondos captados y el pago no controlado por el manejo de los fideicomisos. Hay evidencia que esta práctica, además de corrupta en la mayoría de los casos, vulgariza las funciones públicas al duplicar acciones y debilitar las competencias asignadas a las instituciones de Gobierno en la Constitución de la República.
La situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), un problema estructural de la economía hondureña, también es prioridad, aunque el FMI se haya matriculado con el modelo anterior de partimiento de la empresa y mayor involucramiento del sector privado, donde parte de las empresas contratadas eran y siguen siéndolo de maletín, con prestanombres e involucramiento de funcionarios públicos y dirigentes políticos. La reducción de pérdidas técnicas y no técnicas no avanza como se planificó, lo que implica el compromiso de mayor eficiencia en la gestión pública y productividad del gasto. Hay avances visibles en aumentos de la capacidad de generación y entrega del servicio, como en el ahorro por renegociación de contratos leoninos y entrega de subsidios a la población de menos ingresos, pero también la ciudadanía –en general-demanda un servicio de mayor cobertura, disponibilidad y calidad.
Finalmente, se encuentra el tema relacionado con la política monetaria y cambiaria. Ya el Gobierno aumentó la Tasa de Política Monetaria (TPM), de 3.00% a 4.00%, lo que está impactando en la reducción de la demanda de recursos e inflación según los monetaristas. Igualmente, es visible una mayor depreciación de la tasa de cambio que supera los 25 lempiras por un 1 dólar, adoptando claramente un régimen de minidevaluaciones tal como se ha establecido. No obstante, es poco probable que se siga el camino del Gobierno de JOH, en cuanto a otorgarles a los agentes cambiarios un mayor control sobre el mercado de divisas con mayor autonomía del Banco Central frente a las decisiones del Ejecutivo para el uso de recursos (reservas monetarias y crédito interno principalmente) en el cumplimiento de promesas de campaña.
Se han agregado otros temas a la agenda de trabajo con personeros del FMI. Para directivos de la cúpula del COHEP, se debe considerar la incertidumbre política y legislativa que limita la inversión, lo cual fue planteado en la reunión sostenida entre ambos. La presidenta Xiomara Castro ha dicho que habrá elecciones libres en noviembre de 2025, lo que aleja la preocupación del continuismo tal como sucedió con JOH a reelegirse violando la Constitución de la República. Las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES) han sido declaradas inconstitucionales, por lo que inversores deben acoplarse a la legislación vigente tal como lo hacen otros empresarios del sector agroindustrial e industrial.
En el Congreso de República, se ha dicho que la Ley de Justicia Tributaria se someterá a discusión del pleno, cuyo anteproyecto ha sufrido varias modificaciones donde han participado empresarios y miembros de organizaciones de sociedad civil. Hay también en agenda una nueva propuesta de Ley de Empleo Parcial, trabajada por diputados del Partido Liberal, que ha sido pedida por la cúpula empresarial.
La preocupación de los empresarios es también por la inseguridad jurídica, donde se considera a todo aquel que quiera un pedazo de tierra para trabajar, comer y no morir, como invasor. En esto, la Comisión creada por el Gobierno y liderada por el Instituto Nacional Agrario (INA) no ha funcionado, ya que no cuenta con una propuesta de solución integral al problema. A ello se suma el tema ambiental, mostrando Honduras mayores grados de resiliencia frente al cambio climático, que debe ser acompañado de justicia ambiental y protección de derechos humanos y la vida de dirigentes.
Contrario a los que consideran que en Honduras está en marcha un “Plan Venezuela” y hay persecución política sólo contra dirigentes de los partidos de oposición acusados de abusos de poder y cometer actos de corrupción, es de esperar que el FMI siga de la mano del Gobierno en el cumplimiento de las metas propuestas en el convenio, pero en un marco de respecto y manejo interno de políticas económicos heterodoxas no muy afines al credo neoliberal.
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