Jueves 8 de julio. Apenas por un momento la selección uruguaya de fútbol dejó de ocupar la atención mediática. Como en cualquier día anterior al campeonato mundial de Sudáfrica, la «crónica roja» volvió al centro de los impúdicos noticieros televisivos. Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la cárcel del departamento de Rocha (unos […]
Jueves 8 de julio. Apenas por un momento la selección uruguaya de fútbol dejó de ocupar la atención mediática. Como en cualquier día anterior al campeonato mundial de Sudáfrica, la «crónica roja» volvió al centro de los impúdicos noticieros televisivos.
Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la cárcel del departamento de Rocha (unos 250 kilómetros de Montevideo), doce presos murieron calcinados y otros ocho quedaron heridos, tres de ellos muy graves. Nada que pueda sorprender. El 1º de enero de 2009, en el Penal de Libertad (San José) los muertos por quemaduras habían sido dos; el 24 de agosto del mismo año, en el Comcar (Montevideo), cinco presos habían fallecido por el fuego. En todos los casos, la guardia policial llegó «demasiado tarde». Un eufemismo para eludir la verdad: les aplicaron una pena de muerte extrajudicial.
Un espeluznante video filmado desde el celular de un preso da cuenta del horror. La desesperación y la impotencia ante la muerte que acecha a sus compañeros de reclusión. Los gritos desgarradores que claman por el rescate. Ningún guardia-cárcel abre los cerrojos, ninguna autoridad presente en el lugar. Los bomberos que se demoran. El video es una prueba demoledora contra el Estado infractor y su criminal violación de los derechos humanos.
Según las fuentes más confiables el siniestro ocurrió en la madrugada, cuando un calefactor de fabricación casera (para abrigarse del frío invernal) tomó contacto con las frazadas y mantas que se utilizaban como paredes o mamparas para separar un bloque de otro en el sector Nº 2 del establecimiento penitenciario. En «pocos minutos» el fuego había consumido las camas de madera, los colchones de polifón, los recipientes de plástico. El saldo es desolador: doce presos muertos y ocho heridos. «Los cuerpos calcinados de cuatro presos fueron encontrados en el baño, cuando intentaban escapar de las llamas por la ventana. Los ocho que salvaron su vida lo consiguieron porque abrieron las canillas y se pusieron debajo del agua». (1) En el lugar había dos extintores de fuego como prevención de un incendio…pero ninguno estaba cargado.
La cárcel de Rocha – un vetusto edificio construido hace 100 años – ocupa el segundo lugar en el ránking de penales más hacinados del país. Cuenta con 70 plazas y aloja a 174 «reclusos», dijo el comisionado parlamentario Álvaro Garcé en su último informe de agosto del año pasado. Es decir, tenía un hacinamiento de un 290%. La mayoría de los presos fallecidos eran jóvenes (entre 18 y 25 años de edad) y oriundos de Rocha.
Entre 2009 y la fecha, murieron 79 presos y presas por «causas violentas». La situación llegó al límite de lo «aceptable». A tal punto que la tragedia de Rocha ocurre mientras en el Senado se encuentra para su aprobación el proyecto de «Ley de Emergencia Carcelaria» enviado por el gobierno. Bajo el discurso de la «humanización carcelaria», el proyecto prevé la distribución de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales mientras se construyen «nuevas y modernas cárceles» en «asociación público-privada», estos es, en la connivencia entre Estado y capitales privados. En todo caso, la «humanización carcelaria» pasará, indefectiblemente, por la órbita del mercado.
Las reacciones oficiales ante lo sucedido en Rocha tampoco han sido una sorpresa. Con la frivolidad que lo caracteriza, el presidente José Mujica pidió «disculpas» a los familiares de los presos por el «horrible» hecho. Y a otra cosa. Su ministro del Interior, el también tupamaro Eduardo Bonomi, le echó la culpa a la «sobrepoblación carcelaria» y salió a defender la actuación de la guardia policial: «si hubieran demorado más estarían todos muertos». Esto quiere decir que no habrá sanciones para ningún jefe policial. Como mucho, algún chivo expiatorio de bajo rango pagará la «omisión de funciones». Igual que en otros tantos casos.
Si esta masacre hubiera ocurrido bajo los gobiernos de blancos y colorados, la izquierda y los organismos de derechos humanos estarían reclamando la renuncia del ministro y la remoción de los mandos del sistema carcelario. Y el «castigo a los culpables». El escándalo político sería mayúsculo. Pero bajo el reino del «progresismo», todo se trata con «equilibrio» y sin intentar «tomar ventajas políticas de una tragedia». El clima de «consenso» así lo exige. Ni la «oposición» de derecha se atreve a sacar los pies del plato. Menos aún ahora, cuando se benefician de la repartija de cargos en empresas y bancos públicos, corte electoral y tribunal de cuentas.
En medio del indescriptible dolor, los familiares reclaman justicia. Sus testimonios son una denuncia inapelable.
Susana Cabral, madre de Alejandro Rodríguez, de 26 años, procesado por homicidio afirma: «los dejaron morir, dicen que se les prestó atención, pero ¿cómo pudo ser, si se murieron doce o tal vez trece?». En la puerta de la cárcel de Rocha otra madre de un recluso fallecido en el incendio lloraba a punto de desmayarse. María Pilar Casuriaga, madre de Edison Javier Núñez Casuriaga, de 20 años de edad y proceso por homicidio, gritaba una y otra vez: «¡me hijo murió!». Familiares de las víctimas denunciaron que hubo una demora de una hora y media en la asistencia a los presos debido a que las autoridades de la cárcel no habían aprobado su apertura. (2)
Rubén Cardoso, padre de Ariel Fernando Cardoso dice: «Hubo negligencia de la Policía y de la Cárcel. Estaban a lo perro, calentaban con dos hojas de sierra el agua, dado que hacían un sun (pequeño aparato para calentar el agua). El entierro de mi hijo lo pago yo», dijo en respuesta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que había anunciado que el Estado se hacía cargo de los costos. Otro padre de un recluso procesado por tráfico de estupefacientes al que le faltaban unos días para salir en libertad, exclamaba ayer en la puerta de la cárcel: «¿Y ahora qué hago? Por fumar cuatro porros estaba en la cárcel y no puede ser que ahora esté muerto. Estoy soñando, no puede ser, no es verdad y ahora qué hago». (3)
El viernes 9, enterraron a sus muertos. Casi en soledad. Apenas unas decenas de familiares, amigos y vecinos los acompañaron. En un departamento gobernado por el Frente Amplio, ninguna muestra de solidaridad. Como patético contraste, la farándula. El «sistema político» prepara el «homenaje» a la selección de fútbol que regresa el lunes de Sudáfrica. En las escalinatas del Palacio Legislativo ya se levantó el imponente estrado. Donde el presidente de la República recibirá a los jugadores de la «hazañoso» cuarto puesto en el mundial de fútbol. Para compartir con ellos el clima de «unión nacional» que una gesta deportiva ha generado. Porque según Mujica, «Es indudable que ha sido un sacudón para la sociedad uruguaya. La selección de fútbol se ha convertido en un elemento de identificación mucho mayor que todos los discursos de la campaña electoral. El país se sintió unido. Es notorio que no hay ninguna otra cosa que nos identifique así». (4) Todos contentos. Cárceles de la miseria
En el Penal de Libertad, las condiciones de reclusión son «peores que en la cárcel de Black Beach» de Guinea Ecuatorial. (5) Así definía el austriaco Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, la situación en la cárcel uruguaya que, bajo la dictadura militar (1973-1985), albergó a miles de presos políticos. Al concluir su visita oficial, del 22 al 27 de marzo 2009, Nowak señalaba en su informe que el Penal de Libertad es «una de las peores cárceles del mundo», y aconsejó que ese penal «debe ser clausurado lo antes posible».
El emisario internacional dijo en aquella ocasión, que antes de arribar al país sabía que la situación carcelaria era grave, pero lo que encontró fue «mucho peor» de lo que pensó en un principio. «Todos nos quedamos en estado de shock cuando fuimos a ver ‘las latas’ (módulos de acero) del Penal de Libertad donde muchas personas están detenidas en forma abrumadora», dijo el relator de la ONU. Agregó que no estuvo en ningún sitio «donde los detenidos dicen que los tratan peor que los animales; en Libertad muchas personas están encerradas en pequeñas jaulas y no durante horas sino por muchos años». Además, criticó la denominación «Libertad» de ese Penal: es «cínica» para un centro de reclusión «reconocido en el mundo como un sitio donde se practicó sistemáticamente la tortura durante la dictadura. Lamentablemente este penal sigue existiendo y con el mismo nombre».
También indicó que en la mayoría de las cárceles del país, la celdas construidas para 2 o 3 presos albergan hasta 11, con pésimas condiciones higiénicas y de alimentación, con acceso restringido al agua que fuerza a los reclusos a tomarla del inodoro y, como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. El acceso médico es limitado, por lo que «los presos tienen que infligirse cortes en el cuerpo para poder ver a un doctor». Según las conclusiones preliminares de su informe, la situación de violencia intercarcelaria es «alarmante», y lamentó que el régimen de visitas se vea «socavado» por las «requisas humillantes» a que se somete a detenidos y familiares. Si bien recibió «pocas denuncias de tortura» probadas con exámenes forenses, sí constató «numerosas y creíbles» denuncias de malos tratos y «uso excesivo» de la fuerza por parte de la policía en las cárceles, comisarías y centros de detención de menores y adolescentes.
El lapidario informe del relator de la ONU – que reafirmaba lo que el Servicio Paz y Justicia venía denunciando sistemáticamente – cayó como una bomba en el pacato «sistema político» que se jactaba de ser una excepción «democrática» en América del Sur. Resulta que de un plumazo, el mito de la «Suiza de América», del «país de clase media», «integrador y tolerante», cedió paso al «bochorno tercermundista» de Guinea Ecuatorial.
Al inicio de su mandato (marzo 2005), el presidente Tabaré Vázquez, declaraba el sistema penitenciario en «emergencia humanitaria» y que esa sería una de las prioridades de su gobierno en materia de derechos humanos. Pasaron cinco años y nada cambió. En marzo 2010 asumió la presidencia José Mujica, denunciado la «vergüenza nacional» de la cárceles. Prometió «humanizar» la vida de los presos. Por el momento todo igual. O peor.
Uruguay ha experimentado un significativo aumento de la población carcelaria. Las prisiones uruguayas cuentan con unas 5.000 plazas y alojan a 9.100 personas «privadas de libertad». «Se trata de un incremento del orden del 270 por ciento. Solamente entre 2007 y 2008, la población carcelaria aumentó en 1.000 personas. Al día de hoy, «la tasa de encarcelamiento es de unos 245 presos cada 100 mil habitantes, bastante por encima del promedio de América Latina, que es de 145 cada 100 mil». Del total de presos en los distintos establecimientos carcelarios, el 39% son primarios y el 61% reincidentes. De ellos, sólo el 44,4% ha recibido una condena y el resto está en condición de «procesado sin sentencia». (6)
La población carcelaria se destaca por su baja edad (la mayoría de los presos tiene menos de 30 años) y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados no culminó sus estudios, sean estos del nivel que sean. Los antecedentes laborales de los detenidos muestran la fuerte presencia del desempleo y el empleo precario o del trabajo industrial-secundario: «El 61,35% de la población censada pertenecía a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y subocupado». (7)
Es decir, los inquilinos de las cárceles uruguayas son, ampliamente, víctimas de la miseria producida por la «fractura social», o sea, víctimas de la fábrica social de pobres…y de presos. Mejor dicho, blanco de los brutales ataques del capital contra los/as asalariados/as.
Lejos de toda concepción humanista, tanto el «progresismo» como la «oposición» de derecha coinciden más allá de los matices. Proponen más policías, más «vigilancia preventiva», y endurecimiento de las penas. Y más encierro: construyendo «nuevos módulos carcelarios» y reciclando establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentración de la dictadura
El objetivo «securitario» son, evidentemente, las «clases peligrosas». Esas que deambulan en medio de la pobreza, entre la «apropiación de lo ajeno» y la limosna. Que «asolan contra los bienes y la propiedad privada» y generan la «inseguridad ciudadana». Que sobreviven sin sindicatos corporativos que las defiendan, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni ámbitos institucionales donde hacer escuchar su voz. Para el discurso dominante, y la estrategia represiva, en el «núcleo duro» de la «pobreza estructural» se concentra el delito. Allí apuntan las políticas de criminalización.
Basta ver la condición social de los presos muertos en Rocha para hacerse una composición de lugar. Todos ellos, hijos de la miseria.
Notas
1) Ultimas Noticias, 9-7-2010.
2) El País, 9-7-2010
3) Ibdem.
4) Entrevista a Mujica, «El fútbol, la crisis de la utopía y lo transitorio», Brecha, 9-7-2010.
5) Black Beach: este presidio de Guinea Ecuatorial fue descrito por Amnistía Internacional como «una sentencia de muerte lenta y prolongada». Allí los presos son víctimas de torturas, palizas, violaciones y fusilamientos e incluso muerte por inanición.
6) Brecha, 17-3-2009, y 29-5-2009.
7) Derechos Humanos en Uruguay. Servicio Paz y Justicia (Serpaj), diciembre 2008.