“A muchos les caigo mal porque les he cerrado la puerta; por un oído me entra y por otro me sale. Aquí hay que cuidar cada lempira, estamos poniendo orden”. (Nasry Asfura, presidente de la República).
«Hondutel no la privatizaron, pero si el servicio de comunicación con Tigo y Claro; el PANI no lo privatizaron, pero sí la lotería electrónica, etc. La ENEE no la van a privatizar pero si la generación, la transmisión y la distribución que de ellas harán 3 sociedades anónimas». (Carlos H. Reyes, dirigente sindical)
La solución de la ENEE es la revaluación de sus activos, la emisión de acciones para que las adquieran socios estratégicos mantenimiento el Estado su control”. (Nelson Ávila, excandidato presidencial)
Honduras tiene un potencial energético envidiable, pero ha sido poco aprovechado. Un factor causal es la corrupción, visible en funcionarios públicos, políticos y empresarios, donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se mira como su botín permanente, pero también los recursos que destinan los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) para su modernización. A ello se suma el problema del llamado “negocio protegido”, o sea empresarios que usan fondos públicos y de bancos privados para invertir en proyectos energéticos, donde el Estado se compromete a pagar por kilovatio hora lo que pidan, sin ningún riesgo de inversión.
Hay manifiesta una creciente ineficiencia técnica y administrativa de la ENEE, visible en las pérdidas técnicas y no técnicas que genera y que, de acuerdo al último reporte del gobierno de Xiomara Castro, son superiores al 34%[1]. No se ha podido reducirlas, aun cuando se convenció a los OFIs de la ejecución de un programa para el logro de este objetivo, lo cual no se logró, visto como un problema estructural de arrastre, visible desde la gestión de Juan Orlando Hernández (JOH), donde se conformó una empresa para tales propósitos, participando como socio el Sindicato de Trabajadores de la ENEE, el STENEE.[2]
Las principales manifestaciones de estos problemas, son el creciente endeudamiento y los apagones, que se piensan superar-cada año- con colocación de bonos en los mercados internacionales y aumento de las tarifas por la prestación del servicio.[3] Se estima que la deuda acumulada total alcanza los 120,500 millones de lempiras, y a los generadores de energía, los mismos que participan del problema, se les adeuda unos 26,000 millones lempiras. No cabe duda que este “agujero” financiero es uno de los principales problemas para el país, pero no debe orillar al gobierno a quebrar una piñata con los activos no revaluados de la ENEE, disfrazada de modernización o privatización, partiendo la empresa en tres (3) empresas (como se propuso antes), generación, transmisión y distribución.
“Vender energía al Estado no es delito siempre y cuando se respete la ley, pero en Honduras la institucionalidad ha sido vulnerable a la influencia de élites empresariales, políticos y hasta personas vinculadas al narcotráfico. El resultado es que el Estado paga más de lo que necesita y las empresas obtienen más beneficios a costa de endeudar a la ENEE y llevarla al borde de la quiebra”.[4]
La prensa mediática, en su mayor parte ligada a dueños de empresas de energía, ejerce presión para que un nueva Ley del Sector Eléctrico sea aprobada, sin analizar los problemas de arrastre y las consecuencias para el país y población, al contar con una empresa de “cascarón”cuyos servicios son manejados por privados, recordando la experiencia de la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL).
En el Congreso de la República, la mayoría de diputados del bipartidismo no saben lo que aprueban, ya que los anteproyectos de ley, especialmente para el sector energético, vienen redactados desde el Ejecutivo con asesoría de las empresas involucradas y organismos externos, pero están atentos a ver cuánto ofrecerá el gobierno por su voto favorable.[5] Es una práctica dañina para el país, que afecta la disponibilidad de recursos públicos para atender las demandas de la población, en tanto los costos para el Estado por pagos de compra de energía se vuelven prohibitivos.
En 2022, el gobierno de Xiomara Castro aprobó mediante decreto N. 46-2022, la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social, lo cual reafirma el mandato constitucional de la ENEE como empresa de carácter público y propiedad de Estado. Ello es contrario a la legislación aprobada en el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), la Ley General de la Industria Eléctrica, mediante decreto 404-2013 del mes de mayo de 2014, donde se crea la Comisión Reguladora de Energía (CREE) para fijar tarifas con fórmulas dudosas, y un Operador de Sistema cuya función principal es “ garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico”.[6]
Ya al final del articulado de la Ley, el artículo 29 habla de la modernización de la ENEE, por lo que se instruye a su Junta Directiva para que antes del 1 de julio de 2015, la empresa se “transforme en entidad y complete el proceso para escindirse en una empresa de generación, una de trasmisión y operación del sistema y al menos una de distribucióny se autoriza la creación de tres (3) empresas con capital privado para que presten los servicios de generación, trasmisión y distribución, las cuales son entidades propiedad del Estado a través de la ENEE como empresa matriz”.[7], pero, a la larga, deberían ser propiedad de los inversores.
“Una vez creadas las empresas subsidiarias, y dentro del mismo plazo establecido anteriormente, se deberá proceder a traspasar los activos correspondientes a cada sociedad, esto sin perjuicio de los derechos de uso que ya han sido cedidos a los fideicomisos que más adelante se mencionan. También se instruye a la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que la empresa deGeneración que sea creada se modernice, de manera que pueda competir activamente en el mercado de generación y en el desarrollo de los recursos renovables del país. Los activos, pasivos y el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) deben ser divididos y transferidos a cada una de estas nuevas empresas según corresponda a la naturaleza de sus funciones, con absolutorespeto de los derechos laborales de los trabajadores.”.[8]
Lo que logró el gobierno de JOH fue crear la Empresa Energía Honduras (EEH) que fracasó, aumentar la deuda de la ENEE y las pérdidas por robo de energía y mal estado de los equipos[9], pero también facilitar el negocio de los bancos con el manejo del (los) fideicomisos y corrupción pública.[10] Ello, aun cuando, la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada fue apoyada por los OFIs, tal como sucede con la nueva Ley de la Industria Eléctrica que pretenden aprobar en el Congreso de la República. Los OFIs no reconocen-ignoran-los problemas que ha enfrentado este proceso de partición de la ENEE, muchos menos la corrupción y el creciente endeudamiento del Estado hondureño.
La nueva legislación busca dejar sin efecto las disposiciones contempladas en la Ley aprobada en el gobierno de Xiomara Castro[11], y volver al expediente de la Ley aprobada por JOH, con una separación de la ENEE entres empresas: una de generación, una de trasmisión y otra de distribución, fortaleciendo las funciones tanto de la CREE como del Operador del Sistema. En el lenguaje del Banco Mundial, estas empresas deben ser vistas como unidades de negocios independientes, con contabilidades separadas y precios de transferencia o de mercado.
La dirigencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE) se opone a esta nueva legislación, por considerarla una privatización disfrazada de la ENEE. El Partido Liberal y aquellos (as) que no pertenecen al lado “oscuro”, no aprobarán una ley si conduce a la privatización (¿No se sabe que entienden por ello?) de una empresa, patrimonio del pueblo hondureño, no de un partido político y empresarios[12]. El Sindicato de la ENEE está dividido, ya que los afines a Manuel Aguilar, denominado sindicalista corporativo, acusan al gobierno de Xiomara Castro de la crisis de la ENEE como una estrategia para avalar la nueva legislación sin que sus agremiados se vean afectados. Y, la otra directiva, son del criterio que la ENEE puede rescatarserevaluando sus activos( incluyendo los recursos foerstales de las cuencas de los ríos) y estableciendo un plan de largo plazo de modernización con aportes de los principales actores e inversión externa.
Hay actores mudos, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que debería fijar su posición sobre el uso de un bien estratégico para el Estado y problema que afecta a la colectividad nacional. La UNAH puede iniciar no solo análisis de coyuntura en éste tema, sino también elaboración de diagnósticos de la situación económica y financiera de la ENEE y alternativas para mejor posicionamiento en los mercados de contrato de energía de futuro de la región. Lo mismo sucede con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que lleva 35 años impulsando un proceso de descentralización “espurio” con dependencia financiera y política del gobierno y grupos oligárquicos locales, viendo como los municipios se están quedando sin territorio, recursos y gente.
El gobierno debe escuchar al Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos (CIMEQH), que demandan un análisis más profundo y salvaguardas para proteger los activos de la empresa y profundizar más en las causas de las pérdidas técnicas y no técnicas, lo cual es acuerpado por la Coalición Patriótica de Solidaridad a través de Juliette Handal, exigiendo más análisis y explicaciones de los alcances de dicha legislación.
Contrario a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que avala la aprobación de la nueva Ley sin más, al beneficiarse de contratos de cooperación y asesoría con instituciones de gobierno, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) es del criterio que “la participación privada no debe evaluarse únicamente bajo la promesa de mayor eficiencia, inversión o capacidad técnica. Es indispensable determinar si los operadores asumirán efectivamente los riesgos empresariales, financieros y operativos o si estos terminarán trasladándose al Estado y, finalmente, a la población. La experiencia hondureña con diferentes esquemas de alianzas público-privadas obliga a mantener una posición crítica y prudente. En distintos casos, iniciativas justificadas por la necesidad de atraer inversión y mejorar la gestión han derivado en contratos complejos, obligaciones fiscales de largo plazo, controversias institucionales, garantías favorables para los operadores y limitaciones para el control ciudadano.”[13]
El Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno de EEUU apoya al gobierno de Asfura y se muestra a favor de la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico, y lo mira como mayores oportunidades de hacer negocios con Honduras y traer inversión extranjera y evitar la migración, sin valorar lo que representa para el país el control de un recurso estratégico, que no debería caer en manos de empresas transnacionales asociadas con malos empresarios del país. Se habla que, desde ya, hay inversionistas de aquel país interesados en invertir en el sector energético, por lo que no debe perderse la oportunidad con discusiones que alargan la aprobación de la Ley.
Hay una carrera contra reloj en el gobierno y Congreso de la República por aprobar leyes sin una amplia socialización y discusión efectiva. En el caso de la nueva Ley del Sector Eléctrico, no obstante el problema financiero de arrastre de la ENEE, conviene tomarse su tiempo y escuchar a los actores, valorando experiencias de países(Guatemala, Costa Rica y Uruguay por ejemplo) positivas y negativas, sea de la propuesta de partición de la empresa o de aquellas que buscan modernizarla mediante una acción colaborativa con el sector privado, fijándole reglas claras desde el inicio y limite en la gestión administrativa y financiera compartida.
Para expertos en el tema, la ENEE maneja varios de sus proyectos generadores de energía con eficiencia, caso del Cajón, Cañaveral y Rio Lindo, por lo que no tendríasentido privatizarlos. Supone alternativas diferencias al problema, ya que no todo lo público es ineficiente.
Ya se esperó y “chineó” el problema de la ENEE más de 25 años, un par de meses no debe ser problema. Los OFIsy agencias de cooperación externa deberían estar conscientes y no solo apostarle a una opción que fracasó en el pasado. Pueden existir otras alternativas, por lo que estos Organismos deben apoyar al gobierno en identificarlas y presentar los costos y beneficios de cada una, aceptándose y aprobando la mejor opción los principales actores involucrados.
Notas:
[1]Hay que reconocer que la administración de la ENEE en el gobierno de Xiomara Castro redujo las perdidas en un 4.05% en distribución y 1.62% en trasmisión, pero se considera insuficiente y por debajo de la meta establecida.
[2] Se conformó un consorcio con capital público y privado denominado Empresa Energía Honduras (EEH), con el compromiso de operar el sistema de distribución de energía, manteniendo en buen estado la Red, un mayor control y reducción de la perdidas y aumento de la recaudación. La meta era reducir las pérdidas en un 17%, de 31.95% en 2016 a 14.95% en 2023, lo cual no se logró al superar la perdidas en un 30%. La EEH dejó de operar oficialmente en el mes de agosto de 2023, y el gobierno de Xiomara Castro a través de la ENEE asume de nuevo el control y declara a la empresa como patrimonio nacional y el acceso a la energía como un derecho humano.
[3]Hay que agregar, como diría el gran conocer de temas energéticos, Mario Zelaya, los altos costos que paga la ENEE a las empresas, especialmente térmicas, por la venta de energía, siendo uno de los más altos de la región. Lo que demanda de urgencia la renegociación de contratos, que el gobierno de Xiomara Castro lideró en su momento.
[4]Radio Progreso, Noviembre de 2021.
[5] Se habla en el Congreso Nacional del ofrecimiento de 5 millones de lempiras a cada diputado del Partido Liberal para que voten a favor de la nueva Ley del Sector Eléctrico, y el ofrecimiento se hace por medio de diputados ligados al lado “oscuro” de dicho partido.
[6]Ver Decreto 404-2013, funciones del operador del sistema, pág. 8
[7]OP cit
[8] Op cit, articulo 29 de la Ley, decreto 404-2013, pág. 23
[9]“ La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) perdió más de 33 mil millones de lempiras ( USD 1,384 millones) durante 2021” (Criterio.hn, 17-2-2022), último año del gobierno de JOH; mientras que, en 2013, las perdidas se estimaban en más de 8,800 millones de lempiras.
[10]En Enero de 2020, JOH creó una Comisión Interventora para la ENEE, cuyo objetivo buscado era implementar la Ley del Sector Eléctrico y ordenar administrativa y financieramente la ENEE, que no logró, en tanto sus miembros no podían autorizar el funcionamiento de las nuevas empresa trasladando los problema encontrados, ni avalar los contratos “leoninos” aprobados con la empresas generadoras de energía, recomendando su revisión y/o renegociación.
[11] El anteproyecto de esta nueva Ley del gobierno de NasryAsfura, manda en sus tres primeros artículos lo siguiente: ARTÍCULO 1.- DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 46-2022. Derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Decreto No. 46-2022 contentivo de la LEY ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO UN BIEN PÚBLICO DE SEGURIDAD NACIONAL Y UN DERECHO HUMANO DE NATURALEZA ECONÓMICA Y SOCIAL, publicado en el diario oficial “La Gaceta” en fecha 16 de mayo del 2022.
ARTÍCULO 2.- FACULTADES DE INTERVENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS. Se instruye a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para que bajo las directrices y coordinación del Poder Ejecutivo intervenga, evalúe, adopte las medidas necesarias y fije plazo de finalización del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas autorizado mediante el Decreto Legislativo 46-2022, con base en lo que establece la Ley General de la Administración Pública. El informe resultante de la evaluación deberá publicarse y ponerse a disposición del público a través de los medios oficiales de comunicación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
ARTÍCULO 3.- FACULTADES PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. Se faculta a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para dirigir y concluir el proceso de disolución y liquidación de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional completando el mandato de cancelación de dicha asociación contenido en el Decreto No. 46-2022 publicado en el diario oficial “La Gaceta” en fecha 16 de mayo del 2022.
[12] El diputado Jorge Cálix, Jefe de Bancada en el Congreso Nacional, considera que los diputados liberales están de acuerdo siempre y cuando exista un artículo que diga que la ENEE no se privatiza, llegando-varios de ellos- a la conclusión que la alianza en el Congreso Nacional con el Partido Nacional, les trae más perjuicios que beneficios, y desde ya la población los mira como diputados “bizagra”, traidores al ideario e ideología del partido, lo cual, a no dudarlo, les pasará factura en las próximas elecciones.
[13] Ver FOSDEH ¿ Hacia dónde va el Proyecto de Reforma de la Ley del Sector Eléctrico en Honduras?”.
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