Recientemente el Centro Europa -Tercer Mundo (CETIM) alarmado por la feroz represión contra el movimiento de los «chalecos amarillos» franceses, sometió el asunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Poco tiempo después a finales de febrero la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, advirtió a las autoridades francesas que «se respeten mejor los derechos humanos» de los «chalecos amarillos» a la hora de mantener el orden en sus manifestaciones señalando que la labor de las fuerzas del orden es «proteger a los ciudadanos y sus derechos humanos.
Por otra parte, destacó en su memorando con recomendaciones, donde cuestionó los métodos empleados por el dispositivo policial en las protestas semanales de ese movimiento contestatario, iniciadas a mediados de noviembre 2018.
La comisaria criticó además las detenciones preventivas, practicadas por la policía sin que se haya cometido un delito, y consideró que constituyen «graves injerencias en el ejercicio de las libertades».
Contraria a la impunidad en materia de violencia policial, invitó igualmente a las autoridades a vigilar que las víctimas de abusos puedan presentar una demanda judicial y solicitar una indemnización. Mijatovic solicitó también que en la propuesta de ley con la que el Ejecutivo pretende frenar los disturbios en esas protestas no haya «restricciones excesivas a la libertad de reunión pacífica» y no se considere un delito cubrirse el rostro en esos actos.
Mijatovic visitó París el 28 de enero para recoger información sobre las manifestaciones y, en su respuesta al memorando, las autoridades le contestaron que vigilan que el uso de la fuerza sea «proporcionado y controlado, como prevé la ley», y destacaron que quien se sienta víctima de una violencia injustificada puede denunciarlo.
Posteriormente la Alta Comisaria de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet realizó una declaración en el mismo sentido. En ambos casos la arrogancia por parte de las autoridades francesas predominó, sobre las cuestiones de fondo en una especie de «non lieu».
La contracara de la democracia formal
Tal vez una de las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo sigue siendo la contradicción observable entre el bienintencionado discurso sobre los derechos humanos que producen las instituciones internacionales y los Estados nacionales y la desdichada realidad que prevalece en muchos países.
Claro que es más fácil evidenciarlo, denunciarlo y materializarlo con medidas coercitivas cuando se trata de los países del tercer mundo, que cuando las injusticias y represión se producen en las potencias del mundo industrial y «civilizado».
Por eso cuando se contrastan la teoría, la legislación y la práctica de los derechos humanos, surgen varias cuestiones fronterizas que pueden contribuir al esclarecimiento de las situaciones y paradojas planteadas aquí, donde la conclusión más evidente es que ningún país escapa a la violencia del Estado.
Es obvio que Francia se encuentra en una zona de fuertes turbulencias desde hace varios meses. La virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo una característica importante que ha marcado la vida política de este país.
Como dato histórico debemos recordar que Francia es una nación que se cimentó, fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una revolución de alcance universal, cuyas huellas -junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las del 1968- siguen presentes en la memoria colectiva, en las instituciones, independientemente de los intentos de borrarlas, en una pertinente amalgama de resistencias, que va más allá del resultado.
Sin embargo, pronto se cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del Norte, sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las políticas neoliberales demoledoras.
Éstas solo se pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del trabajo. Sus efectos destructivos, para las personas y la sociedad, pero también para el medio ambiente, se propagan gracias a la complicidad del estado con los poderosos del momento.
La situación empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el sometimiento a la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referéndum de 2005 y que, a pesar de un resultado inapelable, se les impone mediante una denegación de la democracia. Esta es una violencia adicional infligida a todo un pueblo. En esta perspectiva singular, y en el contexto general de una crisis sistémica del capitalismo globalizado, se explican las oleadas de levantamientos populares.
El movimiento de los chalecos amarillos es el resultado de movilizaciones previas y huelgas que se multiplican en casi todos los sectores (público y privado) para protestar contra la flexibilización del mercado laboral. La respuesta de las autoridades francesas es la represión y la obstrucción de las actividades sindicales.
Discriminación salarial contra sindicalistas, despidos abusivos de huelguistas, presiones por amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones a los derechos sindicales o al derecho de huelga, o incluso criminalización de la acción sindical… Por no mencionar las recientes reformas gubernamentales del código laboral que penalizan aún más a los movimientos sociales.
Desde la elección a la presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex-accionista gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del presidente François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen la flexibilización del mercado laboral, el mundo sindical se ha vuelto a movilizar.
Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado, especialmente en los sectores del transporte público (SNCF, Air France…), energía (gas y electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones (Orange), la gran distribución (Carrefour), servicios de salud (hospitales públicos, residencias de ancianos, seguridad social), educación (escuelas secundarias, universidades), cultura (museos), justicia (abogados, magistrados), recogida de basuras, e incluso auditorías financieras y de cuentas.
Estos diversos movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la primavera de 2018. La reacción del poder fue intensificar la represión, lo que afectó dramáticamente a los estudiantes (evacuación de los campus), los activistas ambientales que ocupaban las «Zonas a defender» y, en especial, los manifestantes en contra de las leyes de flexibilización del mercado laboral.
Este movimiento representa otro levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por responder con más represión, hasta el punto de retroceder de forma extremadamente preocupante en los derechos humanos.
En su declaración, el CETIM hace un llamamiento al gobierno francés para que ponga fin inmediatamente a la represión de los manifestantes. También exhorta a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho laboral.
De hecho, el movimiento «chaleco amarillo» se enfrenta al peor aumento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Por ejemplo, el 1º de diciembre de 2018, se dispararon 7.940 granadas de gas lacrimógeno, 800 granadas de desembalaje, 339 granadas del tipo GLI-F4 (municiones explosivas), 776 cartuchos LBD, etc.
Según las cifras provisionales, hay más de diez muertes accidentales, varios miles de heridos, entre ellos un centenar de heridos graves, varios centenares de condenados y/o encarcelados. El presidente Macron optó por «mantener el rumbo».
A expensas del sufrimiento y las expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las políticas neoliberales y profundiza cada vez más en la violencia social y la represión policial. El resultado, una pesadilla, indigno de un país que dice ser democrático y tolerante.
El balance provisional, y seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019, muestra 6.475 arrestos y 5.339 detenciones preventivas. Los tribunales dictaron más de mil condenas en todo el territorio nacional.
Aunque la mayoría de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas son sentencias de cárcel. Además, existen 153 órdenes de arresto (lo que implica encarcelamientos), 519 citaciones judiciales y otras 372 en correccionales… En París, 249 personas fueron juzgadas en comparecencia inmediata, 58 condenadas a prisión, 63 a penas de prisión condicional…
La legitimidad de las reivindicaciones populares
En muchos aspectos, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de los trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las condiciones de vida, la revalorización del poder adquisitivo de los ingresos (salarios, pensiones, subsidios…), el fortalecimiento de los servicios públicos, la participación del pueblo en las decisiones relativas a su futuro colectivo.
Dicho de otra manera, una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho del pueblo a decidir sobre su futuro. Al exigir más justicia social, respeto a los derechos humanos y democracia económica y política, estas reivindicaciones son rotundamente legítimas y cuentan con un gran apoyo de la población.
En realidad, la rentabilidad del capitalismo es la madre de todas las violencias, la que debe cesar urgentemente y contra la cual las personas se ven obligadas a defenderse, tal y como lo recoge la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
En el preámbulo de la constitución francesa, es aquella como señala la declaración del CETIM, que genera la imposición de las medidas neoliberales desleales, despiadadas, antisociales y antidemocráticas; aquellas que, en el silencio de los ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las personas sin hogar mueran de frío, empuja a los agricultores endeudados al suicidio, destruye a las personas y a sus familias al privarlos de empleos, cortándoles la electricidad, expulsándolos de sus hogares.
Aquella que, por falta de recursos, obliga a los jubilados a dejar de calentar sus hogares o a sus hijos a saltearse una comida; aquella que acaba con toda solidaridad, cierra las escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquiátricos, sumerge en la desesperación a pequeños comerciantes y artesanos que se hunden bajo las cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes… La verdadera violencia está aquí, en este sistema extraordinariamente injusto e insostenible.
Eduardo Camin, Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
