Hasta hace poco, el Estado rara vez hacía cumplir la prohibición de abortar. Si bien el aborto era estigmatizado y, a menudo, peligroso, se lo consideraba un asunto privado. Hace aproximadamente una década, cuando las feministas y la derecha religiosa se enfrentaron públicamente por las reformas legales, las mujeres que buscaban atención médica por complicaciones del aborto u otras emergencias obstétricas, fueron repentinamente sometidas a un escrutinio sin precedente. Desde entonces, las investigaciones y los juicios relacionados con el aborto han aumentado considerablemente. Entre 2009 y 2014, la Defensoría Pública del Ecuador registró 40 casos de mujeres procesadas por aborto. Desde 2015, según datos gubernamentales, los fiscales han investigado al menos 378 casos.