El gobierno finlandés anuncia que apuesta por la renta básica universal, convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo. Sin embargo, conviene tomar con cautela este compromiso, dada la vaguedad del anuncio.
El pasado mes de junio, el gobierno finlandés de centro derecha presentó su proyecto piloto de renta básica. Dicha medida figuraba en el programa del nuevo gobierno dirigido por el primer ministro Juha Sipilä, que tomo posesión el mes pasado.
Los detalles de la aplicación de esta medida no se han hecho todavía públicos. De hecho, el anuncio gubernamental realizado el 16 de junio consiste en cinco palabras: «implementar una renta básica experimental».
Sin embargo, el gobierno ha explicitado que todas las personas tendrán derecho a percibir una cantidad periódica que cubra las necesidades vitales sin que por ello deban realizar contraprestación alguna Los ciudadanos que deseen tener un estándar de vida más alto complementarán esta renta con un empleo asalariado o una iniciativa empresarial.
El primer ministro Sipilä considera que la renta básica es un instrumento crucial para luchar contra la pobreza. «Si alguien pierde su empleo, el sistema tiene que aseguararle un salario mínimo para satisfacer sus necesidades fundamentales», ha declarado.
La introducción de esta renta básica eliminaría todas las prestaciones sociales existentes, incluidas las pensiones. Por lo que el servicio público puede verse significativamente reducido, lo que permitiría, según el gobierno finlandés, hacer un ahorro sustancial. La experiencia comenzaría en las regiones con altas tasas de desempleo.
Todos los socios de la coalición del país nórdico parecen estar completamente conquistados por el proyecto. Sin embargo, existen divergencias de opinión respecto a la cuantía de dicho ingreso.
Según la Alianza de la Izquierda tendría que fijarse en 620 euros al mes; los verdes son más minimalistas, con una cantidad de 440 euros.
En cuanto a los liberales, que son los más generosos, han evocado un rango de 850 a 1.000 euros por mes, tal y como ha mencionado el diputado Björn Wahlroos. Según David J. Cord, columnista del Helsinki Times, la renta básica tendría que ascender a 1.166 euros para asegurar ese objetivo declarado de acabar con la pobreza.
Según los últimos sondeos, el 79% de la población finlandesa apoya esta renta básica universal. Por otro lado, también se ha observado una resistencia por parte de los funcionarios que ven amenazados sus empleos.
Una medida con muchos interrogantes
El anuncio del nuevo Ejecutivo finlandés ha suscitado también dudas por su escasa concreción, por el carácter condicionado o no de la prestación y por lo que supondría de desaparición de todas las restantes ayudas y subsidios.
«Este prematuro entusiasmo ha de ser disminuido por el realismo», opina Otto Lehto, responsable de la red BIEN, un grupo de discusión sobre la renta básica universal incondicionada, quien apuesta por la cautela al valorar el anuncio.
«No está del todo claro que se entienda el término en el mismo sentido, muchos políticos lo que apoyan es una renta básica condicionada, evaluable y no universal. Luego también hay elementos del gobierno, incluidos ministros poderosos, que se oponen claramente a la renta básica y harán lo que puedan por abortar este proyecto experimental», añade.
En su opinión, además, no está nada claro que la coalición de gobierno que forman el Centre Party, True Finns y el National Coalition Party compartan la misma propuesta sobre la renta básica. El primer partido parece más volcado con la idea, sus dos socios muestran reticencias, afirma Lehto. «Aunque el Centre Party ha conseguido incluir el proyecto de renta básica en la agenda del gobierno, ésta no figura muy arriba en la lista de prioridades de los otros dos partidos de la coalición», asegura.