Luego de ganar un referéndum de forma abrumadora, el primer ministro Alexis Tsipras firmó un acuerdo humillante. Treinta y ocho de sus diputados no lo votaron, entre ellos el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, así como la presidenta del parlamento. Varios altos cargos renunciaron. Tsipras dice que no cree en el acuerdo que firmó, […]
Luego de ganar un referéndum de forma abrumadora, el primer ministro Alexis Tsipras firmó un acuerdo humillante. Treinta y ocho de sus diputados no lo votaron, entre ellos el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, así como la presidenta del parlamento. Varios altos cargos renunciaron. Tsipras dice que no cree en el acuerdo que firmó, en el que tampoco creen Francia y el FMI, porque no va a sacar a Grecia de la crisis y va a profundizar la pobreza.
Las preguntas se apilan. El corresponsal de Publico.es en Atenas Alberto Sicilia asegura (martes 14) que «Tsipras jugó fuerte en la negociación», pero que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, «vio el órdago y les abrió a los griegos la puerta para irse del euro». Ante el jaque alemán, «Tsipras no llevaba cartas», porque, según dijo, «una Grexit (salida del euro) no planificada habría sido terrible para las clases medias y bajas. Y no teníamos plan B porque siempre hemos querido el euro». Es posible que sea la explicación más aproximada de los motivos que llevaron al gobierno griego a firmar un acuerdo que el semanario alemán Der Spiegel (domingo 12), difícilmente calificable de izquierdista, definió como «un catálogo de atrocidades» que Tsipras «se vio obligado a firmar con una pistola en la sien». Lo mismo sostuvo incluso la biblia de las finanzas, el Financial Times, uno de cuyos editorialistas habló de «acuerdo versallesco» para graficar el grado de sumisión al que fue sometida Grecia, similar al armisticio firmado por Alemania al fin de la Primera Guerra Mundial.
Si fuera así, hay dos preguntas que necesitan ser respondidas. ¿No previó Tsipras que firmar significaba la división de su partido y la pérdida de legitimidad de su gobierno? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo, luego de cinco meses de negociaciones en las cuales quedó clara la intransigencia alemana, no tuviera un plan B al de la troika?
Culpar a Alemania de lo sucedido, algo que toda la izquierda y parte del resto del espectro político está vociferando, aunque libera de frustraciones tiene escasa utilidad y, sobre todo, permite esconder durante un tiempo las propias inconsistencias. Porque de eso se trató en esta historia: de una fuerza política que llegó a dirimir instancias de gran trascendencia (geo)política sin la suficiente capacidad. O se pecó de ingenuidad o se fue completamente irresponsable. Quizá una combinación de ambas.
Lo firmado
El domingo 12 el gobierno griego aceptó un documento de siete páginas que contiene tres partes. La primera son medidas para «restaurar la confianza» del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la UE) en Grecia, que se tenían que aprobar el miércoles 15. Incluyen el aumento del IVA, garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de las pensiones mediante una reducción drástica de su monto, independencia de la oficina de estadística y controles a la evasión tributaria.
La segunda parte contiene propuestas que se deben implementar antes del 22 de julio. Se trata de reformar el Código Civil y adoptar las normas de la Unión Europea para rescatar bancos. Además, Grecia se compromete a establecer un calendario para el recorte de las pensiones con cláusula de déficit cero, la reforma del mercado interior para que sea «más competitivo» (liberalizando sectores como medicamentos, lácteos y panaderías, aperturas de tiendas en domingos, entre otros), privatizaciones (energía, puertos, aeropuertos, empresa de telecomunicaciones), reforma del mercado laboral mediante la «revisión y modernización de la negociación colectiva y la acción sindical» facilitando los despidos, y finalmente una fuerte reforma del sistema financiero y bancario.
Pero es la tercera parte del acuerdo la que resulta más irritante. Para asegurar que se llevará a cabo el agresivo programa de privatizaciones, el gobierno griego transferirá activos de su propiedad a un fondo independiente que garantizará el pago del nuevo préstamo. Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50.000 millones de euros, de los cuales 25 mil millones se utilizarán para pagar la recapitalización bancaria, otros 12.500 millones para pagar la deuda y los 12.500 millones restantes serán utilizados para inversión en el país. En ese fondo estarán incluidos el sector energético, transportes y telecomunicaciones, cuyas empresas serán muy probablemente adquiridas, y a muy buen precio para los compradores, por trasnacionales provenientes de los países acreedores.
Además, el gobierno griego deberá consultar con la troika cualquier borrador de nueva legislación antes de enviarla al parlamento y se compromete a retirar o enmendar toda la legislación introducida a partir del 20 de febrero que fuera contraria al anterior acuerdo, como la reapertura de la tevé estatal y la recontratación de funcionarios públicos despedidos por gobiernos anteriores.
Si se aprueban todas estas reformas, consideradas como «requisitos mínimos», recién ahí la troika comenzaría a discutir el tercer «rescate» de 82.000 millones de euros durante tres años.
En el último párrafo del documento figura la propuesta del ministro alemán de sacar a Grecia del euro. «Si no se llega a ningún acuerdo se ofrecerá a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona euro, con una posible reestructuración de la deuda» (Der Spiegel, 12-VII-15).
El ministro griego de Defensa, Panos Kamenos, aseguró que se produjo un intento de derrocar a Tsipras. «Fue amenazado con el colapso de los bancos y el recorte completo de los depósitos» (Russia Today, 14-VII-15).
El después
En los hechos, se trata de una completa cesión de soberanía que permite que los acreedores aprueben leyes clave antes de llevarlas a consulta pública o al parlamento. Tsipras debía saber que este acuerdo tendría graves consecuencias.
La primera es la fractura de su partido y, en menor medida, de su gobierno. La mayoría absoluta del comité central de Syriza (109 en 201) rechazó el acuerdo y difundió un texto muy duro: «El 12 de julio se produjo en Bruselas un golpe de Estado que demostró que el objetivo del liderazgo europeo es la aniquilación para dar ejemplo de un pueblo que buscaba otro camino a seguir más allá del modelo neoliberal de austeridad extrema». Algunos altos cargos del gobierno presentaron renuncia.
En el parlamento las cosas tampoco marcharon bien. Ganó el acuerdo con 219 votos a favor, 64 en contra y seis abstenciones. El Ejecutivo recibió el apoyo de la oposición de derecha, en particular de Nueva Democracia, del ex primer ministro Antonis Samarás, y de los socialistas. Un número para nada despreciable de 38 diputados de Syriza se desmarcaron del gobierno. Por lo tanto, en adelante Tsipras puede tener que gobernar con el apoyo de sus adversarios en un eventual gobierno de coalición, sobre todo para aprobar el resto del paquete impuesto por Bruselas.
Una parte importante de la sociedad, incluyendo destacadas voces de su partido, le mostraron a Tsipras que sí había alternativas. Por un lado, las varias que elaboraron sus ministros y que el primer ministro desechó. Varoufakis, por ejemplo, propuso un plan ante la eventualidad del cierre de los bancos griegos por la troika: «Deberíamos haber puesto en circulación nuestros propios pagarés, anunciar que íbamos a crear nuestra propia liquidez denominada en euros; deberíamos haber tomado el control del Banco de Grecia» (Eldiario.es, 13-VII-15).
Por otro lado, Tsipras ni siquiera se prestó a debatir seriamente la alternativa de salir del euro. No alcanzaba con decir que sería peor, tenía que abrir un debate real sobre las consecuencias y los modos posibles para enfrentarla, le reclamó la mayoría de la dirección de su partido.
No hubiera sido fácil, claro, una Grexit. Según la economista estadounidense Carmen Reinhart, ex funcionaria del FMI y especialista en las «crisis de deuda», la salida de una unión monetaria no es tan común como la salida de políticas monetarias de cambio fijo. Desde 1982 hubo cinco casos: Argentina en 2002 y en 1989, Perú en 1985, Bolivia en 1982 y México en 1982, en los que las economías estaban dolarizadas y convirtieron de forma forzosa los depósitos en dólares a la moneda local.
Si Grecia saliera del euro, asegura Reinhart, el resultado sería similar. Los depósitos se convertirían en dracmas (u otra moneda) sufriendo una drástica devaluación. «Se colapsaría la confianza en el sistema y habría un dramático aumento de las deudas privadas y públicas. El sector privado haría un impago de su deuda y la mitad de los créditos del país no serían pagados, y si se incluyen las tarjetas de crédito sería incluso mayor. Los ciudadanos dejarían de pagar impuestos y habría una acumulación de euros u otras monedas» (Bloomberg, 9-VII-15). Las consecuencias serían muy duras. «Si se produce la salida del euro, y sigue la conversión forzada de los depósitos, el retroceso de la economía de Grecia es probable que sea de larga duración.»
Al parecer, incluso los griegos opuestos al acuerdo firmado por Tsipras eluden la salida del euro. Varoufakis señala que el caso argentino es bien diferente al griego en tres aspectos. Tras el default, el PBI argentino creció desde 2003 a 2008 a un promedio del 8 por ciento anual, impulsado por las exportaciones de soja. Pero «los griegos no disponen ni de soja ni de ningún producto agrícola que se pudiera exportar en semejante escala». Además, si Grecia saliera del euro «tardaría meses en introducir una nueva moneda y un régimen cambiario». Por último, «el impacto que les generó Argentina a sus socios comerciales al salir de la convertibilidad no fue significativo mientras que Grecia, al salir del euro, perdería subsidios a la agricultura, fondos para el desarrollo y en general la cooperación económica con otros países europeos empeoraría» (Russia Today, 14-VII-15).
Llegados a este punto, sólo cabía resignar la soberanía o apostar por la dignidad nacional, ya que el retroceso económico está garantizado en cualquier caso. Es cierto que la presión de casi tres semanas de corralito debe sentirse con fuerza en una sociedad ya empobrecida. Conviene recordar, no obstante, que no es fácil echar a un país del euro y que aun estando fuera de la eurozona se puede utilizar el euro, según lo recuerda el belga Eric Toussaint, presidente del comité de auditoría de la deuda griega.
Legalmente Grecia no puede ser expulsada de la zona euro ni por las instituciones europeas ni por un grupo de países. Puede incluso salir de la UE y seguir utilizando la moneda, aunque ya no emitirla. Sería un caso similar a los de Panamá y Ecuador, que usan el dólar, o de Montenegro y Kosovo, que usan el euro.
Sin embargo, ahora Grecia tampoco tiene soberanía completa sobre el euro, como sí la tienen los demás países de la Unión. Los bancos centrales de cada país sólo pueden emitir la cantidad de euros que les permite el Banco Central Europeo (BCE). El Banco Central griego tiene congelada la cantidad de euros que puede emitir, y el BCE no está dando liquidez a los bancos griegos porque está en desacuerdo con la política fiscal del gobierno (Forbes, 3-VII-15).
Fin de época
Buena cantidad de analistas, incluido el gobierno alemán, o en todo caso su ministro de Finanzas, estiman que la salida de Grecia del euro es sólo cuestión de tiempo. Es una decisión política, no económica, dicen. Y ya fue tomada tiempo atrás. El 4 de febrero, apenas nueve días después de que Tsipras asumiera como primer ministro y se plantara firme ante sus acreedores, el BCE le cortó los grifos, «ante las serias dificultades para cerrar con éxito el rescate» (El País, 4-II-15).
Antes de llegar a esa situación, que motivó titulares como «El BCE pone a Grecia contra las cuerdas», el entonces flamante primer ministro emprendió una gira europea para cosechar apoyos. Luego de reunirse con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Consejo Europeo, Donald Tusk, y del Parlamento, Martin Schulz, «se llevó de las tres instituciones un sabor amargo, y sobre todo un tono duro acerca de sus posibilidades en la negociación que ya ha empezado sobre el futuro de Grecia». Varoufakis llegó a contar en estos días que desde su primera reunión con «las instituciones», en particular con su par alemán, tuvo claro que los «socios» querían a la díscola Grecia fuera.
Eso sucedió hace cinco meses. Durante 150 días se estuvo negociando el rescate, sin el menor resultado. ¿Pensaba Tsipras que el 62 por ciento de apoyo al No en el referendo podía ablandar al sistema financiero? Todas las propuestas que hizo a la troika el primer ministro fueron recibidas con absoluta indiferencia. Peor: a cada concesión de Atenas llovían nuevas exigencias. Pero Tsipras no cambió de línea. Incluso Varoufakis participaba de la ilusión de convencer a sus interlocutores. Hasta que se convenció de lo contrario. «Desafortunadamente las instituciones y nuestros socios europeos han perdido la oportunidad que brindamos: mirar las negociaciones como una deliberación entre socios. Lo convirtieron en una guerra contra nosotros» (Der Tagesspiegel, 9-VI-15).
Todo indica que Grecia y también Europa ingresan en un nuevo período de su historia. El relato sobre la «Europa de los pueblos» fue demolido por Bruselas y Berlín. Se está ante el fin del Estado del bienestar, pero también ante una crisis de la democracia representativa, ya que las mayorías se quedan sin voz. Las izquierdas -incluso las nuevas, como Syriza y probablemente sea el caso del Podemos español- han mostrado una carencia poco creíble de estrategias alternativas. De ahora en adelante les costará mucho volver a convencer de que representan el cambio.
Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada. Integrante del Consejo de ALAI.