Guatemala ha vivido durante los últimos meses un importante proceso de ataque a la corrupción que ha permitido no solo evidenciar la profundización de la misma sino que, inéditamente en la historia del país, la justicia parece estar alcanzando a funcionarios públicos de alto rango en el ejercicio del poder. Si bien es cierto, esto […]
Guatemala ha vivido durante los últimos meses un importante proceso de ataque a la corrupción que ha permitido no solo evidenciar la profundización de la misma sino que, inéditamente en la historia del país, la justicia parece estar alcanzando a funcionarios públicos de alto rango en el ejercicio del poder.
Si bien es cierto, esto constituye uno de los hitos más importantes en la lucha contra la impunidad en Guatemala, no podemos olvidar que la defraudación tributaria requiere de dos tipos de actores; quienes defraudan y quienes permiten la defraudación y, en ese sentido, hasta el momento, las investigaciones y procesos penales instaurados nos arrojan como una deuda a la sociedad que confía en el trabajo de CICIG y el MP, el sometimiento a la justicia a quienes financiaban «la línea» mediante el pago de coimas a cambio de la evasión de los tributos que deberían haber pagado, lo cual necesariamente implica a sectores importantes del empresariado guatemalteco y no solo a pequeños importadores de bisutería.
De la misma forma, las escuchas telefónicas presentadas en los procesos, evidencian la posible participación en la estructura criminal de Mario Leal, sobrino político del presidente, ex secretario de asuntos específicos del Presidente, ex financista del Partido Patriota y ahora financista y candidato a la Vice Presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- y de la Ex intendente de aduanas de la SAT, Claudia Méndez, contra quienes, aún no se inicia proceso penal alguno.
En este marco, el MSICG reafirma que el objeto del Estado de derecho es garantizar una aplicación igual de la ley sin distinciones de algún tipo y que este será fortalecido en la misma medida en que se avance sobre la base de investigaciones serias y procesos sustentados en pruebas capaces de desvanecer la presunción de inocencia que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, a través de procesos respetuosos de las garantías procesales, y de jueces autónomos, sin más compromiso ni interés que ejercer la jurisdicción que les fue confiada de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
El MSICG, si bien es cierto, reconoce que no puede obligar ni forzarse a ninguna persona a la renuncia de un derecho que le reconoce la ley, si exige al Congreso de la República de Guatemala que no condene a la justicia a intereses políticos y que, proceda a conocer inmediatamente el antejuicio promovido contra el Presidente de la República de Guatemala y lo resuelva de conformidad con las pruebas que le han sido sometidas.
El MSICG considera igualmente que la CICIG, es un órgano aceptado por el Estado de Guatemala en su ejercicio soberano para la realización del trabajo que se encuentra haciendo, de tal cuenta, su accionar no es ajeno a la institucionalidad guatemalteca y en consecuencia no puede calificarse como injerencia; sin embargo, la embajada de los Estados Unidos de América es un organismo diplomático de otro país cuya intervención en los asuntos internos de nuestro país debe respetar los límites que le impone el derecho internacional y reitera que, si bien es cierto apreciamos el apoyo en la lucha contra la corrupción, no consideramos una opción el aceptar una política intervencionista y colonialista por parte de EEUU en nuestro país y menos aún que se aproveche una crisis para reafirmar tal colonia a cambio de impunidad a los sectores que son los responsables directos e indirectos no solo de esta crisis sino también de la crisis generalizada en que vivimos la mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos.
El MSICG expresa que no comparte la idea de un rompimiento de la institucionalidad del Estado y una consecuente suspensión del proceso eleccionario, mucho menos la idea de imponer un gobierno de transición en el cual se haga un reacomodo de las mismas estructuras económicas que han sometido al país a la miseria e injusticia social y que han mantenido el control del Estado enriqueciéndose con la corrupción, no obstante el MSICG, considera que deben cancelarse las inscripciones del Parido Patriota, del Partido LIDER, del Partido de la UNE al que está apostando el sector empresarial de manera fuerte, del partido FCN vinculado a sectores militares y apoyado también por el sector empresarial, del Partido TODOS y del Partido VIVA, tarea que corresponde al Tribunal Supremo Electoral y que debe cumplir inmediatamente, con independencia de que el MSICG ratifica que en este momento no existe una opción política compitiendo por los cargos a Presidente y Vicepresidente del país que responda a los intereses de la clase trabajadora y de las mayorías excluidas.
El MSICG llama a la población a conservar la memoria de lo actuado por quienes conforman los partidos políticos y a que, en caso de incumplir el Tribunal Supremo Electoral su deber legal de cancelar las inscripciones, ratifique su compromiso contra la corrupción evitando votar por tales agrupaciones políticas en cualquiera de las papeletas.
De la misma forma, el MSICG llama a la población a tomar conciencia de la necesidad de refundación del Estado y que tal refundación tenga como base el reconocimiento de su carácter multinacional, su naturaleza laica, las condiciones necesarias para garantizar a todas y todos por igual a una vida digna y en consecuencia con la mayor suma de felicidad posible y el deber del Estado de dirigir sus políticas a ese fin, que garantice la equidad tributaria, la independencia del sistema de justicia y los órganos de control de juridicidad y transparencia eliminando las condiciones para que sectores minoritarios de la sociedad tengan incidencia directa en la configuración o elección de tales órganos y se generen feudos de poder que afectan y desnaturalizan la academia, la protección gremial y corrompen los órganos que deben encabezar la lucha contra la corrupción.
De la misma manera el MSICG recuerda que tanto los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador de los derechos humanos y el Contralor General de Cuentas fueron electos por el Congreso de la República mediante oscuros acuerdos entre el Partido Patriota y Líder y sus vínculos con el Presidente de la República, la Ex Vicepresidente, con el sector empresarial y las estructuras que controlan el Sistema de Justicia mediante procesos espurios. En ese sentido si bien el derecho de renunciar a su cargo sigue siendo una facultad de los mismos no se podrá fortalecer el Estado de derecho ni eliminar la corrupción hasta en tanto los mismos permanezcan en sus cargos y no den paso a que dentro del marco de la ley se nombren funcionarios independientes mediante procesos transparentes y fiscalizados de manera efectiva por la sociedad.
Finalmente, el MSICG hace un llamado a la Corte de Constitucionalidad a resolver la acción de inconstitucionalidad contra el transfuguismo de los diputados que le fue planteada por el MSICG desde el 15 de marzo de 2015 y cuya resolución se ha demorado a pesar de encontrarse el expediente en estado de resolver desde el 18 de mayo de 2015.
¡¡¡Una sola voz, una sola fuerza!!!
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