La imposición por el Eurogrupo a la sociedad griega del memorándum con un nuevo e injusto plan de recortes, así como las respuestas del gobierno de Syriza y el pueblo griego, han mostrado claramente varias enseñanzas para las izquierdas y fuerzas alternativas. La consideración de este retroceso es fundamental para reajustar una estrategia emancipadora de […]
La imposición por el Eurogrupo a la sociedad griega del memorándum con un nuevo e injusto plan de recortes, así como las respuestas del gobierno de Syriza y el pueblo griego, han mostrado claramente varias enseñanzas para las izquierdas y fuerzas alternativas. La consideración de este retroceso es fundamental para reajustar una estrategia emancipadora de cambio socioeconómico y político-institucional: la naturaleza del poder económico e institucional europeo y mundial (la Troika), y los límites de las fuerzas progresistas griegas y europeas para hacer frente a la tremenda desigualdad de poder y defender las demandas populares. Significa otra etapa en la sinuosa pugna por el cambio social y político en el sur de Europa y en el reajuste de las estrategias, alianzas y ritmos para la reforma progresista de una Europa más social, democrática y solidaria frente a la estrategia liberal-conservadora, regresiva y autoritaria.
La readecuación estratégica de Syriza
Ante el poderío y la prepotencia de las instituciones europeas, dirigidas por el gobierno alemán, y la ofensiva del poder económico y financiero, se han mostrado dos hechos: por un lado, la amplia legitimidad popular de la oposición a la estrategia neoliberal de la austeridad y los recortes sociales; por otro lado, la insuficiencia de los instrumentos democráticos y políticos griegos y la limitada capacidad movilizadora y solidaria del resto de las capas populares del sur (y centro) europeo para superarla en el actual contexto. En Grecia, el valiente desafío de su gobierno democrático y de izquierdas, la fuerte movilización popular contra los retrocesos sociales y la pérdida de derechos y la amplia deslegitimación de los planes europeos de recorte, expresados por la voluntad de cerca del 62% de la ciudadanía griega (el 85% entre los jóvenes) han sido incapaces de echar atrás los planes regresivos del establishment europeo que han redoblado su apuesta destructiva.
Se ha desencadenado una dinámica ambivalente ante un conflicto abierto y frontal. Las fuerzas críticas y de izquierda, el conjunto del pueblo griego, a pesar de su firme voluntad transformadora, han fracasado en el objetivo de impedir la continuidad de la austeridad y la subordinación institucional a la nueva Troika. Han reforzado su dignidad y su cohesión sociopolítica, han salvado la credibilidad popular y la capacidad representativa de la actuación de Syriza y han infringido un fuerte cuestionamiento a la legitimidad social y democrática a las fuerzas liberal-conservadoras y el poder financiero. Pero, han tenido que acatar la aplicación un amplio plan regresivo, injusto e ineficaz, como opción impuesta y menos mala, antes que permitir, dados los escasos recursos disponibles, el sometimiento del pueblo griego a un Grexit impuesto. Ello suponía un mayor ajuste interno y sufrimiento popular y una importante crisis social derivada de la desarticulación socioeconómica, el ahogamiento financiero y la marginación político-institucional, medidas dispuestas a emprender por el Eurogrupo y la Troika.
Esta experiencia ha puesto en evidencia, en primer lugar, la posibilidad o no de la existencia de una fuerza progresista y de izquierdas con responsabilidad institucional en un país débil y periférico ante la fuerte hegemonía del bloque liberal-conservador (con apoyo socialdemócrata) en las instituciones comunitarias y los principales países europeos. La respuesta de la dirección de Syriza, antes del abandono de su responsabilidad institucional hacia una posición exclusivamente de oposición política y de protesta social, ha sido que es posible y positivo continuar su función articuladora y representativa de la ciudadanía con una gestión ambivalente, sometida a la voluntad democrática de la sociedad. Por un lado, aplicar recortes impuestos, y, por otro lado, paliar sus peores consecuencias, preservar condiciones y fuerzas sociales y políticas que permitan revertir esa política regresiva, aumentar su legitimidad ciudadana y sus aliados, dentro del país y en el marco europeo, y apuntar a un cambio de modelo social y productivo, más justo.
En segundo lugar, partiendo del realismo en el análisis de los condicionamientos estructurales y las fuerzas disponibles, han debido redefinir las opciones estratégicas y el camino prolongado y tortuoso a recorrer. Las dos perspectivas existentes son problemáticas y hay que reelaborar otra orientación estratégica.
Primera, el continuismo institucional europeo, dominado por las derechas, con la estrategia de austeridad como consolidación de la subordinación popular, la salida lenta y regresiva de la crisis con retroceso de los derechos sociales y laborales y el refuerzo de la hegemonía del bloque conservador representado por el gobierno de coalición presidido por Merkel, con mayor autoritarismo institucional y debilitamiento de la participación democrática y las dinámicas populares progresistas.
Particularmente, para el sur europeo y en el medio plazo, dado el mayor impacto de la persistencia de la crisis sistémica, es una dinámica insostenible: agrava las brechas sociales, entre el norte y el sur y en el interior de los países, prolonga el bloqueo de la imprescindible modernización económica y productiva, debilita la confianza ciudadana en unas instituciones comunitarias y sistemas políticos que imponen una dinámica regresiva y amenaza la continuidad del euro y la actual configuración de la UE.
El anterior proyecto europeo de mayor integración solidaria, estabilidad política y progreso social, económico y democrático se ha ido agotando. Las políticas neoliberales y autoritarias puestas en marcha que favorecen, sobre todo, a los mercados financieros y las viejas cúpulas económicas y políticas, deterioran la credibilidad social de las instituciones comunitarias. La estrategia liberal-conservadora busca con su ofensiva un reequilibrio del poder en beneficio de los poderosos y el debilitamiento de los componentes sociales y democráticos del modelo europeo hacia una UE más desigual, fragmentada e injusta.
La segunda perspectiva, puesta de manifiesto abiertamente, es la salida forzada de la eurozona o el euro de Grecia (u otros países periféricos). Tiene dos variantes. Una, impuesta por las instituciones europeas, como chantaje del poder establecido, para hacer pasar a los países deudores por un proceso de profunda disciplina socioeconómica que, supuestamente, garantice el pago de la deuda a los acreedores, subordinando el crecimiento económico del propio país y sus derechos democráticos y sociales. Supone un empobrecimiento inmediato para las capas populares, con un probable agravamiento de la crisis social y un mayor control europeo, casi un protectorado, sin superar la dependencia económica e institucional.
Otra variante de la salida del euro sería la voluntaria (y no pactada), con la convergencia de fuerzas radicales y nacionalistas de izquierda y derecha, aunque con objetivos distintos. No se han estudiado detalladamente sus efectos. No obstante, lejos de favorecer un proceso liberador de las cadenas impuestas por la UE y los mercados financieros, la dinámica más probable con el Grexit (deseada por el sector más derechista y conservador del establishment europeo y alemán) sería el aumento de la dependencia y la destrucción económica y productiva, mayor sometimiento popular al poder europeo y mundial, agravamiento de la crisis social y debilitamiento de fuerzas alternativas, aun con mayor soberanía formal y autonomía en algunas áreas menores.
Esta opción de expulsión o salida del euro en un país frágil económicamente, con gran dependencia financiera, comercial y productiva, y débil en su capacidad política y su eficiencia administrativa, no contempla suficientemente la gran dificultad impuesta por los mecanismos de aislamiento político-institucional y la capacidad de desarticulación financiera, económica y social del poder establecido. En Grecia todavía existen la inercia institucional y el impacto social de unas estructuras económicas sin la suficiente modernización, una trayectoria antisocial y corrupta de su oligarquía, una impotencia corporativa de su aparato administrativo y estatal y una configuración de sus viejas élites políticas y económicas, incompetentes, autoritarias y nada patrióticas. Y en la coyuntura de esta última década, el sobredimensionamiento de la deuda pública en euros, derivada, sobre todo, de la socialización impuesta de riesgos y pérdidas del sector financiero alemán y francés, junto con la corrupción de sus élites. Todo ello, tal como sigue temiendo la mayoría del pueblo griego, derivaría en un agravamiento de la crisis social y humanitaria, con mayor dependencia exterior.
Por otro lado, esta posición sobrevalora las capacidades internas de la sociedad griega y su articulación política para soportar el aislamiento internacional y el boicot de sus élites económicas y burocráticas y poder avanzar en esa solución autónoma. Embellece la disponibilidad y la cohesión del pueblo griego para iniciar un camino, según la opinión mayoritaria, con mayores riesgos que oportunidades. Así, los partidarios de esta opción interpretan arbitrariamente que el casi 62% del NO en el referéndum, que a propuesta del gobierno rechazó el plan inicial del Eurogrupo, podría apoyar esa opción rupturista, y el impedimento sería la ‘traición’ del grupo dirigente de Syriza.
No obstante, esa oposición popular mayoritaria a los planes de recorte, expresada en el referéndum, no significa mecánicamente el apoyo ciudadano a esta opción de sangre, sudor y lágrimas, de futuro incierto y enfrentada a la izquierda gobernante. Al contrario, más de dos tercios de la población siguen pronunciándose contra la salida del euro. Una parte de ellos, la base social de la derecha, respalda el plan europeo. Pero la mayoría, la base social de Syriza, ven injustos los recortes, consideran necesario arbitrar mecanismos para suavizar su aplicación y neutralizar sus peores efectos sociales, incluso organizar la resistencia social contra ellos hasta conseguir su derogación; pero combinan esa actitud con la aceptación de que, en el contexto actual, son de obligado acatamiento institucional… hasta que sea posible darles la vuelta.
Esa amplia actitud ambivalente es, al mismo tiempo, realista y transformadora, de reafirmación en la justicia social, la democracia y la capacidad de cambio. Frena la simple adaptación al marco impuesto o la colaboración activa con la involución socioeconómica y política y también evita la frustración y el derrotismo. Es significativa la existencia de esa amplia conciencia social. Constituye la fuente de legitimidad del gobierno de Tsipras y afianza los fundamentos de su nuevo programa para las elecciones generales: impedir una gestión institucional más estricta y autoritaria por parte de la derecha griega; evitar la consolidación de una oligarquía reaccionaria y corrupta, responsable del atraso, la dependencia y la desigualdad de sus estructuras económicas; oponerse con firmeza a la aplicación más regresiva del memorándum europeo; arbitrar la reestructuración y la quita de la insostenible deuda pública (por cierto, aceptada en un 20% por los organismos internacionales para Ucrania); habilitar un programa de emergencia social, y ampliar su propia base social y promover una dinámica de cambio político e institucional en la eurozona, particularmente en el sur, que fuerce el abandono de la austeridad y este tipo de rescates regresivos.
El pueblo griego decide
A Tsipras y el núcleo dirigente griego se le hacen dos tipos antagónicos de críticas. Por un lado, a sabiendas de la gran desigualdad de poder y la determinación del bloque conservador y la nueva Troika, le acusan de que haya elegido una estrategia de defensa de los derechos sociales y democráticos de su pueblo. Su error consistiría en su firmeza negociadora y el estímulo a una amplia participación popular, incluida la convocatoria del referéndum con el apoyo masivo al NO frente a la Troika. Los portavoces conservadores y socialdemócratas han descalificado esa posición como estrategia de ‘conflicto’, cuando, según ellos, los representantes griegos deberían haber adoptado desde el principio la actitud posibilista del acatamiento de las reglas del poder y la subordinación al dictak neoliberal.
En su opinión, esa firmeza opositora, esa ‘intransigencia’ griega, ha sido merecedora de una reacción airada y prepotente del núcleo dominante en el Eurogrupo. En ese sentido, esos portavoces justifican el castigo adicional promovido por el poder liberal-conservador como merecido y necesario para forzar el sometimiento de la mayoría social griega disidente. Además, trasladan la responsabilidad de ese forzado retroceso a las propias víctimas de los recortes y al propio gobierno de Syriza, por su ‘error’ de reclamar justicia social y democracia.
La moraleja del discurso dominante es clara: lo posibilista y lo conveniente es la adecuación y la sumisión, desde el primer momento, a la estrategia regresiva y al poder liberal-conservador; la indignación cívica y la resistencia popular son contraproducentes o, cuando menos, inútiles; la disciplina del pueblo rebelde y la marginación de los disconformes es merecida. En definitiva, las élites poderosas imponen los recortes sociales y económicos a la mayoría popular, de forma autoritaria, promueven el aislamiento político y el desalojo institucional de sus representantes, e intentan afianzar la credibilidad pública de su discurso y su gestión desacreditando cualquier alternativa progresista.
Por otro lado, está el discurso crítico de la Plataforma de Izquierda, el ala más a la izquierda escindida de Syriza, con el nuevo nombre de Unidad Popular (25 diputados). El grupo mayoritario es la Corriente de izquierdas, marxista, aunque existen otros grupos menores, algunos de carácter trotskista -dos diputados- o maoísta -cuatro diputados-). A ello hay que añadir el Partido Comunista Griego (KKE), firme partidario de la salida del euro y opositor al gobierno, cuya posición del doble NO en el referéndum (voto nulo) se quedó en apenas un 1% de apoyo popular (la gran mayoría de su electorado, hasta el 6,5%, apoyó la propuesta gubernamental). Ambas partes están negociando un frente común electoral por la anulación del acuerdo con el Eurogrupo y la salida del euro.
Recientes encuestas ratifican la opinión del entorno del 70% de la población que se oponen a la salida de la eurozona, teniendo en cuenta que en la cuarta parte restante, además de los que no opinan, hay un bloque significativo de sectores nacionalistas de derecha y de extrema derecha. Tenemos, por un lado la incertidumbre de ese futuro y, por otro lado, lo reducido del apoyo popular progresista a esa opción. ¿Con qué fuerza se emprendería ese camino tan duro y peligroso? No es legítimo ni realista asociar el cerca del 62% de apoyo ciudadano al NO al plan inicial del Eurogrupo con un supuesto apoyo incondicional al rechazo del gobierno, el incumplimiento del acuerdo y la salida del euro.
Las primeras encuestas demoscópicas de fin de agosto, tras la escisión de Syriza y la convocatoria de elecciones generales para el 20 de septiembre (ver diario Efimerida Ton Syntakton), dan como ganador a Syriza (129 diputados, con los 50 adicionales por ser la primera fuerza), con una ventaja significativa sobre la derecha de Nueva Democracia (75 diputados). A pesar del impacto de la división de la nueva Unidad Popular (11 diputados), que le haría perder la expectativa de mayoría absoluta, Syriza mantendría la mayoría relativa. Los porcentajes de estimación de voto están entre el 23% y el 26% para Syriza y unos dos puntos menos para Nueva Democracia. Es decir, existe casi un empate técnico y con todavía una cuarte parte de indecisos que, con una distribución normal, situarían a ambos, izquierda y derecha, en torno al 30% y a Unidad Popular con el 5%; es decir, el anterior electorado de Syriza del 36% se mantiene, aunque repartido en esas dos opciones, y por debajo de las proyecciones de julio, antes de la división.
Esa diferencia representativa entre izquierda y derecha, aunque pequeña y favorable a Syriza, es crucial y tiene un gran impacto en la composición parlamentaria al adjudicarse al ganador un plus de cincuenta diputados (norma aprobada por el bipartidismo anterior para garantizar ‘su’ gobernabilidad y que ahora favorecería a Syriza). Al contrario, de confirmarse esta hipótesis de cierto empate, la disminución de ese 5% partidario de Unidad Popular en el cómputo global de Syriza puede hacer peligrar su mayoría relativa frente a la derechista Nueva Democracia que podría acceder a comandar el gobierno. Y con ese suplemento adicional de diputados y la alianza con el Pasok y el centrista To Potami (Río) conseguir mayoría absoluta, precisamente para las fuerzas perdedoras del referéndum, con el 38% para el SI.
Para el establishment griego y europeo, la garantía de ganar pasa por conseguir la derecha la mayoría. Es difícil la alianza electoral previa con las tres formaciones (Nueva Democracia, Pasok y Río -To Potami) del consenso liberal-conservador-socialdemócrata de la UE, pero probable su acuerdo postelectoral, en el caso de mayoría relativa de la derecha. Tal como pretenden las instituciones europeas, sería su solución para aplicar ‘consecuentemente’ el memorándum y desalojar definitivamente del panorama griego (y europeo) una alternativa progresista y de izquierdas con influencia y responsabilidad gubernamental.
Esa hipótesis de nueva hegemonía institucional del bloque del SI al plan regresivo del Eurogrupo, representante directo del poder europeo y el consenso conservador-socialdemócrata de la austeridad, constituiría un fracaso adicional para Syriza y las fuerzas transformadoras. La separación de la Plataforma de Izquierdas, como aventuraba Varoufakis, sería contraproducente, y se fortalecería la involución socioeconómica y democrática en Grecia y en Europa. La valiente opción democrática de Tsipras, de dar la voz al pueblo, permitiría el resultado, tras esa división, del desalojo del poder gubernamental de una izquierda transformadora superadora de la socialdemocracia. Tendría evidentes implicaciones negativas para España y el resto de formaciones europeas progresistas y de izquierda, junto con una gran autoafirmación conservadora. Los resultados electorales de Grecia, el grado de apoyo popular a las distintas opciones, supondrán un antes y un después y el comienzo de una etapa cuyo sentido está por ver.
Los porcentajes de estimación de voto del resto de grupos no varían mucho: la extrema derecha de Amanecer Dorado, el Partido Comunista, el Pasok y el centrista Río, se mantienen cada uno de ellos con poco más del 5% y una quincena de diputados. Y la nueva Unidad Popular, como se ha dicho, alcanzaría en torno al 3,5%. Los nacionalistas Griegos Independientes, coaligados actuales del Gobierno, se quedarían fuera del parlamento al alcanzar solo el 2%, menos del mínimo del 3%. Todo ello contando con la adjudicación pendiente de la cuarta parte de indecisos que, en estos casos, podría revertir entre uno y dos puntos porcentuales más.
Es decir, los partidarios de izquierda del incumplimiento de los acuerdos con la UE y la salida de la eurozona llegarían solo a poco más del 10% de la población; mientras sumados los distintos grupos de derecha y extrema derecha, que no crecen, partidarios también de la salida del euro, llegarían igualmente al 10%. Estos datos complementan la existencia de esa amplia mayoría del 70% que rechaza la salida del euro aunque, unos más y otros menos, conlleve el acatamiento a los recortes impuestos por el Eurogrupo. Y expresa, mejor que la interpretación interesada del NO del 62% de los votantes en el referéndum, la representatividad de cada fuerza política y sus opciones programáticas para gestionar el futuro de Grecia.
Por otra parte, dada la oposición de la dirección de Syriza a los acuerdos postelectorales con este bloque dirigido por la derecha (y, por supuesto, con la extrema derecha), en caso de ganar y no obtener la mayoría absoluta quedaría abierta la remota posibilidad de pactos con la izquierda más extrema, ahora escindida y/o el KKE, que ha anunciado su oposición a Syriza y veríamos si a costa de no impedir el gobierno de la derecha. O bien, si el actual socio de Griegos Independientes se queda fuera del Parlamento, cabría la exploración de un acuerdo con el centrista Río (To Potami), el menos contaminado con la gestión regresiva, el autoritarismo y la corrupción de los anteriores gobiernos del Pasok y Nueva democracia.
O sea, la dificultad de acuerdos con los otros tres bloques (derecha, ultraderecha e izquierdista) hace imperiosa la apuesta de Syriza por un gobierno autónomo y estable, con suficiente mayoría parlamentaria, para dirigir esa doble y compleja política. La convocatoria de elecciones anticipadas es un acto arriesgado de valentía y democracia para someter al pueblo griego las distintas opciones y revalidar o no la opción de Syriza por una gestión realista pero ambivalente junto con una estrategia transformadora y democrática. Pero las opciones están abiertas y tiene gran trascendencia para el futuro inmediato si la mayoría popular griega se inclina por una o por otra alternativa.
El reajuste analítico y programático alternativo
La imposición regresiva del Eurogrupo al pueblo griego es una ‘guerra’ económico-financiera (como dice Varoufakis) y, además, político-institucional. Solo que no es una guerra equilibrada de dos partes similares en la contienda. Las posiciones de partida del poder económico e institucional son muy desiguales. La base de legitimidad social y democrática, cierta hegemonía política y cultural, puede ser más equilibrada o favorable para las fuerzas transformadoras. No obstante, no es buena metáfora hablar de ‘guerra’ (o lucha de clases). La realidad es que se trata más bien una ofensiva arrolladora del bloque de poder neoliberal con gran desproporción de fuerzas frente a una limitada capacidad defensiva, de articulación social o de resistencia popular de las fuerzas alternativas. Existe una relativa capacidad representativa y legitimidad ciudadana, pero con un poder institucional pequeño y sin control de los recursos económicos y financieros.
En estos años, la indignación popular y la protesta social progresista han sido masivas, han generado una pugna sociopolítica y cultural por la legitimidad social o la hegemonía política y apuntan a un cambio socioeconómico y político sustantivo. Pero el combate se ha vuelto más duro cuando se han empezado a disputar posiciones de poder político-institucional y reequilibrios significativos en el poder económico, basados en la justicia social y la democracia frente al autoritarismo y el monopolio oligárquico.
El acceso de dinámicas alternativas a parcelas de poder institucional (municipal y autonómico), incluso en el área gubernamental, sin una profunda y persistente movilización social y una cualificada mayoría representativa, es un paso necesario e imprescindible, pero es el comienzo de la pugna más dura y abierta por el control del poder real, estatal y, sobre todo, europeo y de la capacidad regulatoria de los mercados. Es el momento actual de Grecia y el posible en España si Podemos y las fuerzas críticas y alternativas obtienen suficiente peso representativo para constituir o condicionar un gobierno de progreso. Pero supone un cambio de ciclo respecto de las dinámicas dominantes este último lustro de combate sociopolítico democratizador y contra la gestión regresiva de la crisis.
Los grandes poderes financieros, con una frenética dinámica especulativa de acumulación de beneficios, han sido los culpables de la crisis económica-financiera y en vez de asumir sus costes y pérdidas los trasladaron a los Estados mediante la conversión de las deudas privadas en públicas. Luego los gobiernos, sobre todo periféricos, y las instituciones comunitarias aplicaron la austeridad a la mayoría de las sociedades del sur para asegurarse el pago a los acreedores. Y de paso, ambos poderes refuerzan su hegemonía impulsando la pérdida de derechos sociolaborales y la contención de los movimientos progresistas y de izquierda. La gestión y la salida liberal-conservadora de la crisis consisten en estabilizar ese orden socioeconómico, más desigual y de subordinación popular, consolidar su hegemonía política, con una mínima legitimidad democrática y el apoyo de sectores acomodados y conservadores. Tratan de garantizar una dinámica institucional europea, un modelo de UE -la Europa alemana-, con predominio de los mercados y la derecha conservadora, la colaboración de los aparatos socialdemócratas, el sometimiento de los países del sur y la subordinación de las capas populares.
Por tanto, solo cabe un proceso prolongado de resistencia firme, una estrategia de reformismo fuerte, de transformaciones cualitativas, sin descartar retrocesos, con una perspectiva inmediata de cambio político e institucional y un horizonte de transformación económica y política igualitaria y democratizadora en una Europa más justa y solidaria.
No obstante, los ritmos y la profundidad de las tendencias de cambio institucional en los distintos países europeos son distintos. Pueden apuntar al mismo objetivo de condicionar al bloque conservador dominante en la UE y disputar su exclusiva hegemonía en el diseño de la construcción europea futura. Pero las fuerzas populares progresistas tienen una legitimidad social e influencia institucional desiguales. Ya no solo en Grecia y España, sino en Francia e Italia, cuyo desarrollo de dinámicas críticas al poder establecido, la neutralización de las tendencias ultraderechistas y el desplazamiento de la credibilidad pública de los aparatos socialdemócratas son imprescindibles para fortalecer la pugna emancipadora frente al bloque liberal-conservador representado por Merkel y el Gobierno alemán.
Además, debe madurar la pérdida de legitimidad representativa de las derechas conservadoras en los principales países centrales, entre ellos, como demuestran algunos síntomas positivos, en la propia Alemania (no solo con la oposición de la Izquierda y los Verdes sino de los moderados sindicatos y de algunas bases socialdemócratas) y en el Reino Unido (con importantes nuevas bases laboristas que apoyan a su dirigente de izquierdas), o incluso llegando al corazón de EEUU, con el ascenso en las primarias demócratas del líder ‘socialdemócrata’ -que allí es sinónimo de radical-. Por tanto, ante el tremendo poderío del establishment, algo se mueve en las sociedades centrales más conservadoras.
Cambia la perspectiva histórica sobre el ritmo y la profundidad del cambio. O, en otro sentido, el proceso de consolidación de la hegemonía política y la representatividad institucional, en uno o varios países periféricos, de las fuerzas alternativas. Y qué papel articulador de la dinámica sociopolítica y qué capacidad transformadora de sus estructuras socioeconómicas consiguen implementar frente al poder establecido de los países centrales y las principales instituciones europeas.
El significado de ‘ganar’ o ‘asaltar los cielos’, aprovechando una buena coyuntura u oportunidad, se modifica. Define un avance parcial o limitado en un proceso más amplio, al menos del próximo lustro, y una estrategia más prolongada, con avances y retrocesos. Y como en el lustro anterior de refuerzo de la indignación cívica y la resistencia popular frente a la crisis sistémica, implica un nuevo paso de ampliación y mayor consolidación de una ciudadanía activa y una renovación de las élites sociales y políticas, con un fuerte talante social y democrático.
En esta nueva etapa, todavía defensiva para las tendencias progresivas, la dinámica principal es de resistencia firme y reformismo fuerte y sustantivo, de combinación de realismo y voluntad transformadora, de vinculación democrática con la mayoría popular y reafirmación en los valores igualitarios y la defensa y mejora de los derechos sociales y el bienestar público.
En el plano institucional europeo caben una descentralización de la UE y una flexibilidad del sistema monetario, tal como apunta el alemán Oscar Lafontaine. Si se mantiene el actual austericidio de la Europa alemana, con más prepotencia autoritaria y una mayor subordinación de los países del sur y las capas populares, son evidentes los riesgos de desmembración de la eurozona, con aislamiento financiero y político de los países más débiles y reticentes o díscolos con el poder establecido. Pero, además de contemplar seriamente los problemas de la transición monetaria y económica, sin respaldo institucional y con el boicot de los mercados financieros, hacen falta más condiciones. Hay que evaluar la capacidad autónoma, política, económica y fiscal de los gobiernos periféricos, para sobrevivir en un entorno de acoso externo e interno. Pero, sobre todo, se trata de mantener la perspectiva de cómo doblegar o, al menos, frenar a los poderosos ampliando las bases sociales de rechazo a ese proyecto conservador, fortaleciendo la solidaridad europea y avanzando en una reforma progresista de la eurozona.
El problema de fondo para las fuerzas progresistas sigue siendo cómo se liberan los pueblos europeos de la subordinación del poder financiero y el bloque de poder liberal-conservador y su armazón institucional en la actual UE. Salirse del euro y la eurozona es un atajo que puede ser contraproducente y generar más sufrimiento popular, sin la cobertura o posibilidad de constituir otro bloque solidario, inexistente en el panorama geoestratégico y económico mundial. Incluso para China o la Rusia de Putin no es atractiva la salida de Grecia del euro sino todo lo contrario, un puente en sus relaciones comerciales con la UE. Al mismo tiempo la propia Grecia puede hacer valer su aportación integradora, social, cultural y política, y de estabilidad democrática en ese espacio inestable y sensible de Oriente Medio, los Balcanes y el mediterráneo oriental y en tensión con la potencia emergente de Turquía.
En definitiva, tras siete años de crisis socioeconómica y cinco de gran ofensiva conservadora, se produce el intento derechista de cierre del impacto, en el reequilibrio de poder político-institucional y la reforma económico-social, de la oposición popular y la crisis de legitimidad del poder establecido: la democratización política, la conformación de nuevos sujetos transformadores y la disminución de las brechas, sociales y entre países, producidas por la crisis y su gestión liberal-regresiva, junto con la aspiración a otro proyecto solidario y democrático de construcción europea.
No obstante, sigue abierta la oportunidad histórica para apostar por otra Europa. Frente al proyecto conservador, injusto y fragmentador, en la ciudadanía europea todavía existen dinámicas democráticas, emancipadoras e igualitarias para replantear el modelo productivo e impulsar la modernización económica del sur, democratizar sus instituciones e impulsar una redistribución de rentas, transferencias de capital y mutualización o solidaridad de los riesgos que incrementen la cohesión social y la integración política de la Unión Europea.
La ruptura institucional de un país periférico con la UE, con una fuerte legitimidad y apoyo popular, podría ser suficiente para desarrollar o conseguir capacidades y mecanismos político-institucionales y estabilizar un modelo de desarrollo económico autónomo, en conflicto abierto con las oligarquías locales, colaboradoras del poder financiero global y absentistas o ‘traidoras’ desde el punto de vista patriótico. El componente de construcción y alianza nacional-popular tendría que ser muy consistente. Y superar los límites derivados de la interdependencia económica, muy difíciles. Pero, en la actualidad, ni en Grecia ni en otro país europeo, se da esa circunstancia de homogeneidad popular para acometer ese proyecto, cosa no descartable en el futuro en otra coyuntura más dramática todavía. Ni tampoco una suficiencia de la autonomía económica, para la que, al menos, habría que garantizar un apoyo regional o de varios países relevantes.
La cuestión es que, en estos momentos de mayor interdependencia y subordinación externa, el adversario de las tendencias transformadoras es exterior e interior. Dicho de otra manera, los recursos productivos y financieros de un país económicamente débil como Grecia, son dependientes del control foráneo, con la colaboración de las oligarquías y élites locales, y autónomos del poder soberano estatal. Una cosa es el gobierno y otra el poder político-económico. Dar un paso más en una confrontación abierta, en gran desventaja estratégica, con una fuerza popular y alternativa con gran legitimidad social pero todavía limitada en su capacidad transformadora del poder real, es olvidar que se está en una posición defensiva que exige una pugna prolongada, compleja, con altibajos y avances y retrocesos. La responsabilidad institucional progresista es combinar un horizonte de cambio con la gestión de garantías concretas para el bienestar de la mayoría de la población, preservando los menores retrocesos y la participación democrática.
La prepotencia actual del gobierno de coalición alemán y la Troika con el pueblo griego y el gobierno de Syriza tiene un significado político claro. Había que frenar el cuestionamiento popular a la salida reaccionaria de la crisis y el autoritarismo institucional europeo. No solo como protesta social y deslegitimación pública, sino como constitución de un poder (relativo) institucional alternativo con su capacidad gestora, simbólica y articuladora de la sociedad griega. Había que cortar la simpatía popular (el contagio) y la dinámica de cambio político en España y el resto del sur europeo, así como la posible suma de nuevos aliados y dinámicas de cambio en otros países que apunten al corazón del poder liberal-conservador. El fin de la primavera griega, desactivaría la ola de cambio político en España y, en otros países, aislaría los focos de deslegitimación cívica de la estrategia reaccionaria y la formación de tendencias alternativas.
Sin embargo, la derrota al pueblo griego no es total (estratégica), ni la aceptación gubernamental a regañadientes de los planes europeos, algunos con efectos en varias décadas, significa la renuncia a la exigencia de su reversibilidad, en otras condiciones sociales, económicas y políticas a construir. En Syriza existe el riesgo de la simple transformación gestora de su función política; así se deduce de la posición de componentes de su ala moderada. Pero el grueso de sus bases y su dirección, el núcleo en torno a Tsipras y el grupo de los 53, del ministro de finanza Tsakalotos y el más afín a Varoufakis, mantienen la denuncia del carácter injusto e ineficaz de la estrategia neoliberal que conlleva el memorándum del tercer rescate y la aspiración a su derogación. Así, busca un terreno y un tiempo que permitan poder continuar la defensa de los derechos sociales y democráticos del pueblo griego, derrotar al bloque conservador y construir otra Europa social y democrática.
Voluntad de cambio y relación de fuerzas
En el referéndum griego se expresaron dos opciones estratégicas fundamentales en torno al eje fundamental entre autoritarismo-austeridad-regresión o democracia-igualitarismo-emancipación; o si se quiere entre, por una parte, reacción oligárquica, viejo orden político y consenso neoliberal y, por otra parte, participación popular, nuevas fuerzas emancipadoras y de izquierda y alternativas transformadoras y de progreso. Su realización y los resultados constituyeron una amplia victoria democrática para Syriza y el pueblo griego, imprescindible para cohesionar a la mayoría social, contener una derrota total y mantener una perspectiva de firmeza y progreso.
Pero toda esa estrategia movilizadora ha sido insuficiente para vencer al bloque de poder conservador europeo y su base de apoyo estructural en Grecia. A corto plazo, no había planes B con suficiente rigor, operatividad económico-financiera y credibilidad social para oponerse con suficiente eficacia a la ofensiva global del poder europeo-alemán, institucional y financiero, y su contundente amenaza de expulsión de Grecia de la eurozona (Grexit) (incluido el de Varoufakis cuya finalidad era paliar la falta de liquidez durante varias semanas para negociar un acuerdo rápido). Ese plan suponía el fuerte disciplinamiento de su pueblo fuera de la UE, con una profunda crisis social, un cambio de régimen político más autoritario y la desarticulación de la izquierda transformadora y el movimiento popular progresista. Ese programa máximo fue evitado por el acuerdo.
En la representación política y las fuerzas sociales griegas era necesario el reajuste de su percepción sobre la fuerte desigualdad en los equilibrios de poder. El baño de realismo sobre las capacidades transformadoras supone la adecuación de la gestión y la política defensiva, ambivalente y de resistencia prolongada, a la realidad de la correlación de fuerzas y el grado de apoyo popular. Y era imprescindible firmar un acuerdo injusto, como tregua para frenar esa opción peor. La actitud es diferente desde una responsabilidad institucional con el conjunto de la sociedad griega. Aunque cupiese la otra opción de la propia dimisión del gobierno para no mancharse las manos y centrarse en la oposición social. Implicaba dejar el poder institucional y la aplicación del memorándum en manos de las fuerzas partidas del SI, que acababan de ser derrotadas en las urnas, o en una situación de indefensión de la propia sociedad ante la desarticulación económica y la crisis social.
Como expresa el filósofo Zizek la cuestión es la posibilidad de la gestión institucional en un nivel intermedio (local y autonómico, o gubernamental en un país periférico) de una izquierda transformadora, constreñida no solo por las dinámicas estructurales sino por las medidas del poder en los organismos superiores (europeos e internacionales o estatales frente a los territoriales) que imponen determinadas estrategias antisociales. La gestión institucional de la defensa de los de abajo, con un mandato imperioso y regresivo de los de arriba, se hace tensa, ambivalente y complicada. Ante todo necesita ser explicada y comprendida por la mayoría social, así como sometida a ratificación democrática.
Este proceso no ha estado bien elaborado, debatido, explicado y comprendido. Las élites progresistas griegas y europeas debemos aprender de la experiencia y los errores. La anterior polarización, en el ciclo que acaba, era relativamente sencilla. En este cambio de periodo las nuevas tareas institucionales y transformadoras exigían un nuevo discurso sobre la complejidad de la realidad y las contradicciones de esa ambivalencia, de ese enfoque trágico de la elección (condicionada) entre dos males, para explicar la relativa impotencia progresista y el retroceso político y socioeconómico y dar un nuevo sentido a la estrategia igualitaria y democratizadora de fondo. Es el desafío explicativo y de legitimación en la propia campaña electoral de Syriza para ver si demuestra capacidad de convicción y es capaz de representar a una mayoría ciudadana.
Según distintas encuestas de opinión existe una amplia comprensión popular de estos ejes fundamentales y no se expresan grandes desorientaciones políticas sobre los adversarios, las tareas, las estrategias y sus representantes. No hay grandes desplazamientos de voto, más allá de la división de Syriza. No obstante, el esfuerzo explicativo e integrador de las tendencias de cambio es fundamental, en particular entre la nueva Syriza y Unidad Popular. Como mínimo para evitar alejamientos y sectarismos innecesarios. Como máximo, para evitar la vuelta de la derecha al Gobierno y dar estabilidad a un gobierno de progreso con una orientación más compartida que permita, a pesar del memorándum impuesto, avanzar en su cuestionamiento y la profundización social y democrática. Veremos.
El futuro del cambio tras la experiencia griega
La realidad griega mantiene y actualiza el interrogante: ¿Cómo y con qué fuerzas disponibles se frena la austeridad y el autoritarismo y se fortalece un horizonte de progreso? La respuesta puede ser operativa para buscar objetivos comunes, aliados y estrategias adecuadas; o bien puede ser un instrumento retórico, al servicio de intereses corporativos y sectarios en el legítimo pero secundario objetivo de recomponer un mayor protagonismo de cada cual en el espacio político-electoral.
Desde una óptica emancipadora e igualitaria, el reto de las izquierdas y el pueblo griego sigue siendo derrotar a la vieja élite político-institucional, responsable la aguda crisis socioeconómica, beneficiaria de la oligarquía local e impulsora de las políticas de austeridad. Y poner las bases de la modernización económica, la cohesión social (con programas de apoyo a los sectores más empobrecidos y desfavorecidos por los recortes) y la democratización del Estado y la vida pública. Es necesaria una alternativa transformadora como contrapunto a la obligada aplicación (provisional) del memorándum regresivo. Es una gestión ambivalente, que necesita el mantenimiento de una orientación anti-oligárquica y de progreso y una perspectiva de solidaridad europea con el objetivo de una Europa más justa, social y democrática.
No es nada fácil. Existe el riesgo de la adaptación gestora y corporativa de las élites gubernamentales y estatales (sin reciclar todavía) y la pérdida de impulso transformador de las izquierdas. Está por ver el reajuste interno entre el papel del ala moderada de Syriza (con el vicepresidente Dragasakis, procedente del sector crítico del partido socialista), la tendencia transformadora o radical -en el sentido griego de firme y de fondo- (con el núcleo en torno a Tsipras y el grupo 53) y la consolidación o no de la opción más a la izquierda (Plataforma de izquierdas-Unidad Popular y Partido comunista-KKE). El desafío para las fuerzas emancipadoras y de izquierda, en todo caso, es la constitución de un nuevo liderazgo social y político, con un nuevo discurso y estrategia y una profunda dimensión ética, democrática y transformadora.
Enfrente se ha evidenciado el carácter autoritario, antisocial e inmisericorde del poder establecido europeo. Se ha manifestado públicamente la determinación del bloque liberal-conservador-socialdemócrata, representado por el Gobierno alemán de coalición, de imponer una gestión regresiva y tecnocrática de la crisis e impedir una política económica alternativa, con mayor sensibilidad hacia las demandas populares, y una construcción europea más justa, democrática y solidaria.
Caben extraer algunas lecciones analíticas: ¿Se ha infravalorado la determinación reaccionaria de los poderosos, con un fuerte consenso institucional, y cierta legitimidad social en los países centrales (y la presión neofascista)? ¿Se ha confiado excesivamente en las propias fuerzas (legitimidad democrática del gobierno de Syriza, apoyo popular en el referéndum)? ¿Se ha sobrevalorado el descrédito político de la derecha y el Pasok, sin calibrar la capacidad estructural de la oligarquía económica y financiera griega, sus vínculos con el poder europeo y su capacidad de desarticulación económico-financiera? ¿Se ha dado excesiva credibilidad a los falsos atajos de la salida del euro y la eurozona, incluido los planes B parciales, en las condiciones de fragilidad económica, debilidad financiera, aislamiento institucional, cuando la dependencia económica, financiera, productiva, de la deuda acumulada, etc.- generada por las élites griegas en varias décadas es muy fuerte?
Conllevan algunos interrogantes normativos y varias consideraciones estratégicas: Qué orientación y desarrollo programático es coherente con el desarrollo de fuerzas emancipadoras. Cómo se construye desde la ambivalencia el movimiento de resistencia contra la austeridad y por la democracia y se transforma en ‘alternativo’, con nuevas y capaces élites (asociativas, políticas, intelectuales) y con solo mínimas fuerzas económico-institucionales. Cómo se combina el ‘realismo’ de la constatación de la inmensidad del poder dominante europeo (sin falsas expectativas en el papel de los aparatos socialdemócratas y en particular la Francia de Hollande y la Italia de Renzi) y la impotencia del cambio inmediato en ese ámbito, con la búsqueda y la conformación de otro terreno del conflicto sociopolítico, desde fuera del marco institucional y económico-financiero europeo.
Al mismo tiempo, hay que reconocer la escasa capacidad de transformación estructural y del poder, así como la dificultad de derrotar a corto plazo la estrategia conservadora de austeridad, que tiene la articulación de un reformismo (o radicalismo) democrático y soberano, en un solo país débil, con amplia legitimación social pero sin suficiente consistencia interna, de alianzas externas y bases económico-estructurales.
El riesgo es doble. Por un lado, el posibilismo adaptativo con la incorporación de la izquierda radical a la simple gestión de los planes impuestos, siguiendo la senda de la socialdemocracia gobernante. Por otro lado, el conservar un discurso alternativo pero sin conexión con las condiciones estructurales e históricas reales y los procesos de configuración de las dinámicas y actores de cambio. En los dos casos se debilita el papel de una fuerza política alternativa, su voluntad y su práctica transformadora y su credibilidad social.
Entre las condiciones de este conflicto la dirección de Syriza ha sobrevalorado la fuerza de la legitimidad democrática de su posición, incluidos el efecto de sus argumentos, en relación con el poderío de la Troika, amparada no solo por los grandes poderes financieros e institucionales sino por cierta credibilidad entre una base social moderada, especialmente en los países centrales. En ese sentido, aunque la primavera griega (y las expectativas de cambio en España) tengan una amplia simpatía social, la realidad era la ausencia de aliados internacionales de peso y de una solidaridad amplia y activa entre las capas populares europeas. La debilidad representativa de la izquierda unitaria europea y los movimientos de resistencia anti-austeridad, la amplitud de las propias bases de la derecha, las presiones de la ultraderecha en diversos países y la confianza social todavía existente en la socialdemocracia son factores que favorecen el continuismo y perjudican al cambio.
Por otro lado, entre los sectores radicales de la Unidad Popular, además de infravalorar estas dificultades no profundizan, dada la capacidad de reacción del poder, en las consecuencias internas de su posición: mayor agravamiento de la crisis social y económica, sin preparación sobre los costes para la sociedad y el sufrimiento adicional, así como la falta de una disponibilidad popular firme, articulada y masiva para afrontarlos.
El plan liberal-conservador de gestión y salida de la crisis avanza, con su marco institucional (la Europa alemana). El despliegue en este lustro de un importante movimiento popular progresista y su traducción en cierto poder institucional en algunos países como Grecia y España constituye un gran desafío a esa estrategia, abre nuevas expectativas frente a la resignación, genera algunos avances para la gente y conforma algunas bases políticas para articular una pugna sociopolítica y cultural más prolongada.
Pero se puede decir, a raíz de esta experiencia griega, que esa dinámica de avance ha tocado techo, al enfrentarse al auténtico muro del poder, sin capacidad suficiente para doblegarlo. Todavía existe un gran desequilibrio de fuerzas que solo se puede modificar con mayor amplitud de una ciudadanía crítica, más intensidad de la participación democrática de la ciudadanía activa y la renovación, maduración y unidad de las élites sociopolíticas alternativas.
Sin embargo, para salir del relativo bloqueo de las dinámicas de cambio, es necesario transformaciones cualitativas en esos campos, aprovechando las ventajas de legitimidad social o ruptura de la hegemonía político-cultural y abordando las desventajas de la desigualdad de poder y las inercias estructurales. El conflicto social de fondo va para largo (al menos este próximo lustro) y va a definir el modelo social europeo que salga tras este periodo de crisis sistémica y de oposición popular a la austeridad y el autoritarismo.
Uno de los aspectos más dañinos es la dinámica fratricida entre las fuerzas progresistas. Está arraigada en las tradiciones de las izquierdas y parece que no se salva en la división interna de Syriza. A veces, se prima la visión corporativa o sectaria para ocupar un espacio político y una colocación institucional en detrimento del otro, cuando el objetivo es ‘acumular’ fuerzas contra el adversario principal, la Troika y la oligarquía griega. Se suman argumentos contra el otro, desde la culpabilidad mutua de la derrota hasta la prepotencia excluyente de unos y la demagogia -la acusación de traición- de otros. A pesar de las discrepancias estratégicas conviene frenar la deriva sectaria y competitiva entre fuerzas progresistas, especialmente nefasta ante los fracasos o las dificultades. Todavía más cuando lo que se ventila es la posibilidad de que la derecha dé un vuelco hacia la profundización de la gestión regresiva y autoritaria y la destrucción de las dinámicas de cambio, tal como aspiran todos los poderosos europeos y que conformaría un triste fin de ciclo para las expectativas de cambio en ese país.
En todo caso, estas enseñanzas asentadas, sobre todo, en la experiencia griega hay que adecuarlas para el caso de España, con problemáticas comunes pero con diferencias relevantes a las de Grecia. Aquí existe, por una parte, mayor capacidad y autonomía económica, productiva y financiera y, por otra parte, otra distribución del sistema político, con una significativa base social socialista, todavía no desafecta de una dinámica continuista y con un PSOE que mantiene unas expectativas electorales similares al conjunto de fuerzas alternativas. Entre ellas, se ha consolidado la hegemonía de Podemos, pero todavía con cierta fragmentación y dificultad para superar al partido socialista, convertirse en la fuerza principal del cambio y poderle imprimir un carácter sustancial o profundo.
La concreción del objetivo de ‘ganar’ aboca, en el mejor de los casos de una completa convergencia popular, a que Podemos y sus aliados consigan en el Parlamento una mayoría relativa respecto del PSOE y pueda apostar por la iniciativa en la conformación de un gobierno de progreso con la participación o apoyo de éste. Ello supone la reelaboración de un plan de acción gubernamental unitario, con unas bases de apoyo social y parlamentaria mayoritarias. Definir la particularidad de ese programa de cambio es priorizar las medidas inmediatas o de emergencia social y los planes a medio plazo o transformaciones estructurales e institucionales, con el doble componente, democratizador y de reforma socioeconómica y consolidación de los derechos sociolaborales y servicios públicos. La implementación de ese gobierno de progreso y su programa supone concretar el alcance del cambio, prevenir la reacción de las derechas y el poder financiero y establecer los equilibrios respecto de la UE y su reforma.
Las elecciones generales en España son una nueva oportunidad en Europa, no para un asalto definitivo, pero sí para dar un paso sustancial en una pugna prolongada en un contexto de debilidad de la legitimidad o credibilidad social del poder establecido y cierta capacidad popular de cambio.
La otra hipótesis, más probable tras la experiencia griega, es el cierre a esa dinámica de cambio institucional a través de un consenso de fondo del PP y el PSOE, con la exigencia y el apoyo del poder europeo y el acuerdo conservador-socialdemócrata. Se arbitraría un pacto de estado entre ambos partidos que situaría la pugna popular contra la austeridad y el autoritarismo, en el horizonte de una democracia social más avanzada y solidaria en Europa, desde la oposición parlamentaria y la protesta cívica. El ciclo sociopolítico por el cambio tomaría nuevas formas.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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