¿Por qué razón once países europeos (hoy 10) acordaron un impuesto que gravara transacciones financieras si no tenían voluntad real de aplicarlo?
En una votación sin precedentes, el Parlamento Europeo aprobó el 8 de marzo de 2011 una resolución que urgía a la Comisión Europea a implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para paliar los efectos de la crisis. En la declaración de intenciones de la directiva que concretaba la petición parlamentaria, la Comisión argumentó «la conveniencia de que el sector financiero aporte una contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha contra la crisis y la escasa tributación de ese sector».
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Estonia (que se descolgó hace poco), Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Italia, Portugal y España son los países que acordaron implantar un ITF. Otros Estados de la Unión Europea no estaban de acuerdo con la directiva y Luxemburgo y Reino Unido se opusieron con beligerancia. No sorprende, pues ambos países actúan como paraísos fiscales y un impuesto financiero para ellos es como agitar un capote rojo ante un toro de lidia.
Para superar la falta de unanimidad en la UE a la hora de aplicarlo, los países que querían impulsar el ITF recurrieron a la cooperación reforzada, procedimiento que permite desarrollar iniciativas en la Unión Europea con suficiente número de Estados miembros que las apoyen, garantizando que no serán bloqueadas por el resto de estados miembros.
Parecían resueltos los obstáculos, pero entonces empezó un largo camino que pronto se vio que no llevaba al destino anunciado: en agosto de 2012 y marzo de 2013 respectivamente, Francia e Italia aplicaron por su cuenta un ITF tan corto y modesto que además de recaudar poquísimo, no tiene la menor capacidad disuasoria contra la especulación.
¿Y el resto de estados de cooperación reforzada? El 22 de enero de 2013 éstos acordaron implantar un ITF en 2014. Mientras, en la España que gobierna el Partido Popular, el ITF dormía una dulce siesta, según algunos economistas, pues ni siquiera se citó en los Presupuestos Generales del Estado de ese año. De hecho, en el último Ecofín de diciembre de 2015, el gobierno español puso todas las trabas posibles para impedir que el acuerdo del ITF tomara forma alguna.
En 2013 se dijo que parecía probable que la directiva entrara en vigor en 2015 y no en 2014 como estaba previsto, pero ha empezado 2016 y no se vislumbra cuando se aplicará el ITF, ni siquiera si se llegará a implantar. El pasado 8 de diciembre, último Ecofin del año, se pospuso la decisión final sobre la entrada en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) a junio de 2016 y, por tanto, será imposible aplicarlo a principios de 2017 como se había dicho.
Es palpable pues que el ITF ni se concreta ni avanza, aunque se negocie desde 2011 y no haya cuestión técnica alguna que justifique tanto retraso. En verdad no se concreta por la falta de voluntad política de los gobiernos implicados así como por la inveterada resistencia de la clase política europea a gravar el capital, sus transacciones y movimientos.
Pero ¿qué argumentan quienes se oponen al impuesto? Hace ahora más o menos cuatro años El País publicó (29/1/12) un artículo titulado «La Tasa Tobin no es la solución» cuyo argumento más consistente era que el impuesto «al trasladarse al consumidor final se convertiría simplemente en una mayor penalización por utilizar los servicios de la banca». Conviene preguntarse quien es ese consumidor final que se vería penalizado: ¿es esa ciudadanía que llega con dificultad a fin de mes o son los grandes fondos especulativos o incluso la gran banca, esa que hace tiempo ha abandonado su rol de intermediación entre el ahorro y la inversión productiva para participar de lleno en el casino financiero? Se comprende que estos últimos se opongan al impuesto para defender los intereses de unos pocos pero no es admisible que se escuden en la pretendida eficiencia de unos mercados financieros cada vez más desregulados.
Interesa precisar que el ITF, tal y como fue diseñado en la directiva, va dirigido exclusivamente a las transacciones financieras, aquellas que suponen la compraventa de activos financieros. No es un impuesto por tanto que grave al ciudadano ordinario ni tan siquiera a las instituciones financieras sino a las operaciones financieras que realizan estas últimas. Es, para hablar con propiedad, un impuesto indirecto que pretende fundamentalmente penalizar la especulación a gran escala y no las transacciones particulares, dado que se excluyen las operaciones al contado y los préstamos interbancarios a corto plazo. Por el momento, han quedado excluidas en la directiva las transacciones por cambio de divisas (objetivo primigenio de la Tasa Tobin) y también los instrumentos financieros negociados entre dos partes en mercados extrabursátiles (over the counter, OTC), que se realizan actualmente sin vigilancia ni supervisión. Si finalmente se consiguiese que se incluyan estas operaciones OTC en el impuesto, ello supondría un avance importante a la hora de perseguir estas prácticas tan perjudiciales para la estabilidad financiera.
En principio, en la directiva se habló de aplicar el ITF a operaciones con acciones con una tasa de un 0,1% sobre las transacciones de acciones y bonos y un 0,01% a operaciones con derivados y desde la Comisión se anunció que el ITF se extendería a otros productos financieros según evolucionara la aplicación del impuesto. Pero por ahora no se mueve ni una hoja y los hechos apuntan a que los diez países europeos no tienen prisa alguna en concretar el impuesto, además de parecer que pretenden reducirlo notablemente.
El retraso en la aplicación del ITF no está justificado y en este largo e incomprensible vía crucis ha quedado reducido a casi nada. Según una propuesta reciente parece que el ITF que gravara transacciones de bonos y acciones podría ser apenas un 0,01% del valor de la transacción y no el 0,1% del borrador original. Así solo se recaudarían 3.500 millones de euros en vez de los 35.000 millones previstos inicialmente. También se baraja exceptuar las transacciones con derivados o la mayor parte de éstas y, de ser así, el ITF se convertiría en un impuesto irrelevante.
Por otra parte, el ITF se aplicaría por el principio de emisión, pero no el de residencia. La propuesta inicial fue que se pagaría ITF por compras y ventas financieras en las que intervenga banca, fondo de inversión, de pensiones o de seguros, domiciliados fiscalmente en un Estado miembro de la UE de los diez del acuerdo de cooperación reforzada, tanto si actúa por cuenta propia como de una parte de la transacción.
Entonces surge una pregunta de cajón. ¿Por qué razón once países europeos (hoy 10) acordaron un impuesto que gravara transacciones financieras si no tenían voluntad real de aplicarlo? Lo obvio parece ser que, una vez más, banca, fondos de inversión y grandes aseguradoras, el poderoso sector financiero, ganan. No en vano presionan implacablemente desde hace años a la clase política europea para que ese impuesto (ni ningún otro semejante, ya puestos) vea la luz jamás.
Hasta el momento, la penosa evolución del acuerdo para implantar un ITF en diez países europeos destruye cualquier esperanza de que sea un impuesto ambicioso y justo que registre, controle y penalice las transacciones más especulativas, además de aportar un ingreso fiscal extra a los países donde se aplique. Sin olvidar el otro propósito del ITF: disuadir de la especulación más arriesgada, pues si el beneficio es menor por una tasa a pagar, algunas transacciones dejarían de hacerse. Lamentablemente tal finalidad disuasoria está cada vez más lejos.
El precedente: la Tasa Tobin
A fin de cuentas ese era el objetivo del precedente del ITF, la Tasa Tobin, propuesta por el Nobel de economía del mismo apellido para gravar la especulación con divisas, aunque es cierto que nunca hubo la menor intención de tenerlo en cuenta por parte de los gobiernos. Cuando hace 17 años el movimiento internacional ATTAC reivindicó la Tasa Tobin, recibió la callada por respuesta. Y conforme el clamor popular para su implantación fue creciendo, se respondió diciendo primero que era inviable técnicamente y después que perjudicaba a los mercados y al crecimiento de la economía. No consiguieron frenar la pujanza de las movilizaciones sociales y el impuesto continuó siendo bandera de combate no solo de Attac sino de otros muchos movimientos sociales. Pero hoy, quienes siguen desguazando Europa con la desregulación financiera y vetando los impuestos sobre el capital, parecen aceptar por fin que el ITF es una propuesta oportuna. Y aunque el impuesto propuesto no es el mejor para la ciudadanía europea, el hecho de discutir de un ITF a escala europea es una brecha importante en el dogma neoliberal de no poner impuestos al capital.
Pero es que además, implantar un ITF, aunque solo sea en diez estados de la UE y bastante raquítico, es un paso necesario para construir una fiscalidad global justa, progresiva y suficiente. Una fiscalidad justa que ataque frontalmente el casino financiero global y solo esa es ya razón suficiente para reivindicar y establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
Es hora de que el capital pague lo que debe. Un ITF en condiciones es una vía para llegar a tener justicia fiscal global. Que el ITF ya no sea tabú ni propuesta ignorada es positivo y, desde 2011 cuanto menos, se habla del ITF con normalidad. Hay que insistir en que la aplicación de un ITF por diez estados europeos es el reconocimiento oficial de que el capital y la especulación financiera han de pagar impuestos. Y, aunque cada retraso en su concreción y aplicación diluya la primera propuesta de ITF (que tampoco era para lanzar cohetes), es un avance sobre los mitos fiscales vigentes.
Este avance no supone dejar de denunciar los recortes al ITF cuando proponen no gravar la compra y venta de divisas o de deuda soberana ni las operaciones en el mercado secundario, lo que reduce el impuesto a casi nada. De no aplicarse el ITF al mercado financiero secundario, un gran volumen de transacciones no serían gravadas, se dejarían de recaudar miles de millones y nada disuadiría ya ni un ápice la especulación pura y dura.
El dogma neoliberal pretende que los ricos son merecedores de sus obscenos beneficios porque son innovadores y emprendedores, montan empresas, crean empleo… y por eso no han de pagar impuestos o muchos menos. Pero es falso. Los gestores de fondos de inversión que consiguen decenas de miles de millones de dólares de beneficio, por ejemplo, no crean empresas ni empleo tampoco riqueza, salvo la propia. Solo especulan, juegan en el casino financiero global. Además, gran parte de riqueza de los muy ricos es heredada y tampoco procede de la inversión en la economía productiva sino de especular y por acumulación de capital. Toda esa riqueza hay que gravarla.
Desde la década de los ochenta del siglo XX, cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron la rebaja de impuestos a los ricos, el sistema mediático pretendió convencer al mundo de que bajar impuestos a los ricos era positivo porque activaba la economía. Treinta años después de esas primeras y cuantiosas rebajas de impuestos a quienes más tienen se ha demostrado que rebajarlos incrementa la desigualdad y no impulsa crecimiento económico alguno. En realidad lo frena, porque la minoría rica utiliza el dinero de los impuestos no pagados para especular y el único beneficio es el que recibe esa minoría por no pagarlos. Para concretar, en España se benefician de la rebaja de impuestos unos 140.000 poseedores de rentas muy altas y grandes capitales. Y en la Tierra, muy pocos millones en un mundo de más de 7.200 millones de habitantes. No salen los números.
En realidad, el ITF debería formar parte de una batería de impuestos contra la acumulación de riqueza por una minoría muy reducida y peligrosa. Porque enormes cantidades de dinero, controladas por ese grupo muy pequeño, se mueven libremente por el mundo especulando con activos financieros de todo tipo, pelaje y riesgo, obteniendo obscenos beneficios que nada tienen que ver con la producción de bienes ni la oferta de servicios y creando burbujas que estallan antes o después perjudicando a la ciudadanía.
Los datos muestran que la especulación financiera crece hasta volúmenes inaceptables y muy peligrosos. Según el Banco Internacional de Pagos, en 2013 el mercado de divisas movía cada día cuatro billones de euros y en Europa las transacciones financieras trajinaron en 2012 casi 700 billones de euros. Billones según el cómputo europeo, es decir, millones de millones. Hubiera sido altamente positivo, justo y reparador recaudar un ITF sobre toda esas operaciones especulativas. Echen cuentas.
Conviene terminar diciendo que el ITF es parte de la solución, pero no es la solución definitiva. Para que sea una herramienta que permita, además, combatir la especulación financiera mediante la reducción de las transacciones a cortísimo plazo y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. En concreto,
- Prohibición de negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas que requieren de cobertura pero no de la especulación a corto plazo.
- Separación entre la banca comercial y la banca de inversión para garantizar los ahorros de los particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.
- Modificación del papel y autonomía del BCE para que intervenga directamente en las políticas de creación de empleo y deba rendir cuentas a la ciudadanía europea.
- Limitar el apalancamiento financiero para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de la crisis financiera.
- Regulación de la banca en la sombra y supresión de los paraísos fiscales externos e internos.
- Mayor progresividad fiscal y equiparación de los tipos impositivos a los rendimientos del capital y del trabajo.
- Creación de una banca pública nacional. En el caso español, utilizando la base que existe en la participación estatal en el salvamento de las Cajas de Ahorro, replanteando su funcionamiento para que sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
- Penalización de las megasueldos a los gestores financieros que, además de injustos, han contribuido a crear incentivos perversos en el comportamiento gerencial de empresas que han recibido beneficios fiscales.
- Garantizar servicios públicos universales y de calidad que sean financiados con la recaudación fiscal y no con el crédito.
- Armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por internet.
- Defensa del sistema público de pensiones como instrumento de cohesión y justicia social.
Esta enumeración no exhaustiva de propuestas que constituye la base del discurso de Attac (y que ya han sido explicadas y argumentadas en otros documentos de nuestra organización) sirve bien para arropar la implantación del ITF en la línea que nosotros la impulsamos: una medida estratégica que junto a otras vaya encaminada a recuperar para la ciudadanía la gestión de los asuntos económicos arrancándolos de las manos de los intereses financieros, e impidiendo en definitiva que las finanzas gobiernen suplantando la voluntad popular y en contra de su bienestar.