El sistema público de pensiones de Grecia se encuentra en quiebra, así lo aseguran los datos oficiales y por tal motivo el ejecutivo de Atenas proyecta una reforma a la que se oponen tanto trabajadores como jubilados. Durante las últimas semanas numerosos colectivos profesionales se movilizaron y llevaron a cabo protestas con el fin de […]
El sistema público de pensiones de Grecia se encuentra en quiebra, así lo aseguran los datos oficiales y por tal motivo el ejecutivo de Atenas proyecta una reforma a la que se oponen tanto trabajadores como jubilados.
Durante las últimas semanas numerosos colectivos profesionales se movilizaron y llevaron a cabo protestas con el fin de frenar una ley que plantea subidas de las cotizaciones y recortes en las pensiones suplementarias.
Entre ellos, quienes más activos se mostraron fueron los agricultores que suman a esta eventual reforma la pérdida de la subvención al combustible y una errática política comunitaria que impone cuotas y alienta la destrucción de excedentes.
Este creciente malestar desembocó el 4 de febrero en la primera huelga general de 24 horas de 2016, y a la que por primera vez en mucho tiempo se sumaron trabajadores del pequeño comercio, autónomos del sector del transporte, abogados e ingenieros, entre otros.
La Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), la mayor organización sindical del país, exigió en su comunicado que el gobierno «garantice la viabilidad y el rendimiento de la Seguridad Social, restaurando las pensiones principales y las suplementarias hasta garantizar un nivel de vida digno».
Días atrás, el ejecutivo explicó que el objetivo perseguido es «un régimen de seguridad social justo y racional, marcado por la estabilidad y la funcionalidad» y que garantice «el reparto justo de los limitados recursos disponibles sin aplicar nuevos recortes en las pensiones y asegurando, al tiempo, la viabilidad del sistema».
Aunque sobre el papel parece existir cierta sintonía, lo cierto es que las posiciones de las partes difieren diametralmente a la hora de las valoraciones, razón por la cual el presidente de la Asamblea Nacional, Nikos Vutsis, llamó a poner en marcha de manera inmediata «un debate de fondo sobre el proyecto de ley». Un debate en el que estén todos los actores (agricultores, sindicatos, organismos científicos) y se involucren las comisiones parlamentarias competentes, como la de Asuntos Económicos o Asuntos Sociales, entre otras.
En todo caso, la propuesta de Vutsis no puede aliviar por sí sola una situación que se fue deteriorando en las últimas décadas y que la crisis económica y las medidas de austeridad exigidas por los acreedores fueron el detonante que la hicieron explotar. Los datos oficiales fijan un déficit de los fondos públicos de pensiones de mil 540 millones de euros y debido a los recortes salariales y al aumento del desempleo desde 2009, la recaudación cayó del orden de cinco mil 220 millones al año, y a ello se añade que por cada asalariado hay 1,7 jubilados a los que se les debe abonar su pensión.
Además, el actual sistema de la Seguridad Social griego está fragmentado, legal y administrativamente, en numerosos fondos independientes y cuenta con una compleja estructura que dificulta y obstaculiza su funcionamiento hasta el punto de no aplicar las mismas reglas al conjunto de los asegurados y ofrecer desiguales prestaciones.
Para tener una idea aproximada de lo que eso supone baste decir que existen 930 paquetes distintos según la cobertura ofrecida a los asegurados del Instituto de la Seguridad Social (IKA), encargado de gestionar la caja de pensiones de los trabajadores asalariados.
Y en medio de todo ello se encuentran los pensionistas, a los que en 11 ocasiones desde 2010 les redujeron sus ingresos, lo que supuso una pérdida media de poder adquisitivo del 41 por ciento y empujó a 22 de cada 100 por debajo del umbral de la pobreza.
Antonio Cuesta es corresponsal de la agencia Prensa Latina en Grecia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.