Hablar de la ofensiva neoliberal en Latinoamérica no es novedad, aunque ello no significa que se haya terminado. Es una larga y sostenida estrategia pensada y articulada de acuerdo a las realidades de cada nación, de la que no están exentos ninguno de los procesos de cambio y emancipación de la región. Por la mayor […]
Hablar de la ofensiva neoliberal en Latinoamérica no es novedad, aunque ello no significa que se haya terminado. Es una larga y sostenida estrategia pensada y articulada de acuerdo a las realidades de cada nación, de la que no están exentos ninguno de los procesos de cambio y emancipación de la región. Por la mayor repercusión y exposición mediática en países grandes como en Brasil, Argentina o Venezuela se cree que la avanzada neoliberal ha llegado a su límite, sin embargo, la acción desestabilizadora se cierra sobre otros procesos como el de El Salvador, país mesoamericano que está llegando a la zona cero del ataque.
Varios hechos así lo demuestran. Desde el triunfo del actual presidente Sánchez Cerén los ataques de la derecha vienen creciendo, y con ellos un visible deterioro del proceso político-económico del país. Lo más coyuntural, y quizás el hecho más importante, es el boicot tributario de las grandes empresas, que cuenta con el apoyo, desde el poder judicial de algunos magistrados de la Sala Constitucional, y en el parlamento de la Alianza Republicana Nacionalista-ARENA, una triada que hasta ahora le impide al gobierno solventar la crisis fiscal (estructural y de larga data), y conseguir la liquidez necesaria para el pago de las deudas a proveedores; dos situaciones que según los cálculos de la derecha terminará en cesación de pagos de deuda externa [1].
La derecha, conocedora y artífice del déficit fiscal que arrastra el país desde los años 90, -ARENA gobernó el país entre 1989 y 2009-, ha impedido generar una reforma tributaria para recaudar nuevos fondos fiscales en rubros y actividades de grandes empresas, como el pago de impuestos a las declaradas en quiebra, cuya expectativa era recaudar US$ 90 millones; el impuesto a llamadas telefónicas al exterior, con el que percibirían US$80 millones al año; y un impuesto destinado al Fondo de Accidentes de Tránsito (del sector financiero) que impidió recaudar US$40 millones al año. En total el FMLN estima que se han dejado de percibir cerca de US$1410 millones de dólares con ese retraso tributario [2], por cuenta de la acción de ARENA en el congreso y en especial por acciones de la Sala Constitucional, logrando generar una situación de insolvencia fiscal, que se estima en US$180 millones de dólares, que amenaza con el no pago de haberes del sector público en el mes de diciembre.
Una batalla económica que se suma a la dramática situación de violencia que vive el país centroamericano. Schafik Handal, el histórico líder del Frente Farabundo Martí-FMLN, reiteraba que las causas de la violencia, originarias de la guerra, no se habían resuelto por el incumplimiento de los acuerdos de paz en materia de impunidad de los crímenes cometidos por militares y empresarios, puestos al descubierto a través de la comisión de la verdad [3].
Hoy se podría decir que esos factores de violencia crecieron y siguieron articuladas con las facciones de derechas del poder, y ahora del narcotráfico, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno del FMLN. Las organizaciones conocidas como «las maras» tienen sumido al país en una espiral de violencia que desafía directamente a la seguridad del Estado. Estas bandas, que nacieron en Estados Unidos en los años 80 y se articularon a las redes de narcotráfico, generan 18,2 asesinatos por día, una tasa alarmante y superior a la de toda Centroamérica [4].
Esas bandas delincuenciales, muy parecidas a los escuadrones de la muerte de los años 80, son funcionales a la ofensiva neoliberal. Los editorialistas de los medios hegemónicos muestran las matanzas, las extorsiones, los robos y el poder territorial de las «maras» como señal del «desgobierno» del FMLN, mientras ARENA impide la búsqueda de recursos fiscales para generar los planes de seguridad; permitiendo un estado de violencia y una sensación de gran inseguridad, que después, seguramente, serán utilizadas como discurso de la campaña electoral en el 2018 y 2019.
La derecha también activó la persecución judicial, emulando a sus pares oligárquicos de Brasil y Argentina. Desde la fiscalía se acusó de corrupción al expresidente Mauricio Funes, su ex-esposa y su hijo, argumentando que encontró inconsistencias en las declaraciones juradas de ingresos, un hecho que para la defensa del expresidente es inexistente, y reitera que nunca recibió dineros por corrupción u otros delitos. Todo ello, generó un clima de amenazas contra la vida y una persecución político-mediática en contra de Mauricio Funes, claramente relacionadas con la desestabilización del actual gobierno, hasta el punto de llevarlo a buscar asilo político en Nicaragua [5]. ARENA, la fiscalía y la prensa lo sacaron de la contienda política.
No caben dudas de que El Salvador está en la mira. Sobre este país se teje una combinación de guerra económica, exacerbación de la violencia y persecución judicial, que están en pleno desarrollo, por ello, los próximos meses prometen ser de tensión y disputa, especialmente en los terrenos económicos y de seguridad, que son los de mayor impacto sobre la ciudadanía. El gobierno del FMLN se enfrenta con resolver la solvencia para responder a los gastos corrientes, impedir la cesación de pagos, y su vez, sostener la estrategia a largo plazo contra la violencia y la impunidad, camino que ya empezó a recorrer con el levantamiento de la ley de amnistía que cobijó durante 25 años a militares y empresarios [6], un tema en desarrollo que por su importancia será materia de otra entrega sobre este pequeño pero importante país centroamericano.
Notas:
[1] http://www.eleconomista.net/
[2] http://www.fmln.org.sv/index.
[3] Handal, Shafik (2006). Una guerra para Construir la Paz. Editorial Ocena Sur. Bogotá-Colombia.
[6] http://internacional.
Este artículo se encuentra publicado en http://www.celag.org/el-
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