Las subsidiarias de Estados Unidos se mantienen sacando de Puerto Rico el 33 por ciento anual de las riquezas que se producen en el país, lo que tiene el efecto de bloquear efectivamente los intentos de estabilización y recuperación económica, sin que la junta de control o el gobierno anexionista tomen medidas para atajarlas. Según […]
Las subsidiarias de Estados Unidos se mantienen sacando de Puerto Rico el 33 por ciento anual de las riquezas que se producen en el país, lo que tiene el efecto de bloquear efectivamente los intentos de estabilización y recuperación económica, sin que la junta de control o el gobierno anexionista tomen medidas para atajarlas.
Según se desprende de las cuentas sociales oficiales, esas corporaciones han sacado de Puerto Rico cerca de 330.000 millones de dólares en diez años -desde que comenzó la crisis económica- y cifra que aumenta en proporción al producto interno bruto (PIB).
Pero el plan decretado por la junta de control designada por Washington para regir a Puerto Rico busca el empobrecimiento sistemático de la gente, con el objetivo declarado de que así los puertorriqueños producirán más riquezas que hagan el país atractivo a los inversores. De tener éxito, el plan de la junta -que el gobierno anexionista reclama como fundamentalmente suyo- lo que lograría es que aumenten las ganancias repatriadas a EEUU.
No se trata de un problema que ha estado igual durante todo el tiempo bajo la dominación de EEUU sobre esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe. Por el contrario, durante los primeros veinte años del empuje económico autonomista -de 1950 a 1970- la relación entre inversión y repatriación de capitales era normal y se notó en la construcción de un país que daba la apariencia de prosperidad.
Una situación un tanto similar de la consecuencia de la fuga de capitales se registró en la vecina República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Según el historiador Arturo Martínez Moya calculó que esa fuga de capitales, que de 1956 a 1961 llegó a acumular el equivalente de casi el 20 por ciento del producto interno bruto del último año, «no fue puntual sino un proceso que se desarrolló con la crisis política a nivel internacional y local hasta precipitar la caída de la dictadura de Trujillo».
En el caso de Puerto Rico, el respetado economista Francisco Catalá calcula que, si bien el país ha estado sometido al coloniaje directo de EEUU desde 1898, hasta 1970 la producción total de la riqueza estaba principalmente en manos de empresarios residentes, por lo que se producía cierto nivel de acumulación de capitales. En las últimas tres décadas del siglo pasado eso cambió, con el apoderamiento creciente y directo de inversores de EEUU.
Otro aspecto del problema es que esas mismas corporaciones, que se llevan de inmediato las ganancias prácticamente libre de impuestos, se dedicaron además a prestarle dinero al gobierno colonial mediante bonos en el mercado de Wall Street, con lo que se montó una deuda que ahora resulta impagable por la indigencia en que han dejado a la economía de Puerto Rico.
Pero el endeudamiento más allá de la capacidad de pago -que ha sido la política pública de EEUU para administrar la colonia por lo menos desde 1900 y que provocó que ya para 1917 la deuda de Puerto Rico fuera el doble del presupuesto gubernamental- sobrepasó los niveles sostenibles en 2012. En 2014, Wall Street echó los bonos de Puerto Rico al nivel conocido como «basura», pero la crisis no toca las corporaciones estadounidenses.
Dicho proceso está documentado ampliamente en el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador, preparado por la Junta de Planificación, que muestra la diferencia entre el producto nacional bruto (la riqueza en manos de residentes) y el producto interno bruto (la producción total de riquezas).
Según ese informe, en 2007, el año en que se desató la crisis, esa brecha fue de 28.882 millones de dólares y el año siguiente subió a 30.936 millones, 32.768 en 2009, 33.768 en 2010 y 34.661 en 2011. Una leve mejora económica estuvo acompañada de una leve baja también en la fuga de capitales, con 33.479 millones en 2012, pero de inmediato tomó la ruta ascendente con 33.506 en 2013 y 33.648 en 2014 y, aunque en 2015 fue de 33.578, la proyección para el 2016 fue de 34.900.
Como era de esperarse, la salida hacia EEUU de prácticamente todas las ganancias se ha reflejado en que la inversión interna de capital fijo ha tenido una tendencia a la baja desde 2006 y se redujo de 11.900 millones de dólares en 2005 a 8.262 millones estimados para 2016. Eso es contrario al largo período de 1971 a 2005, cuando la inversión bruta de capital fijo aumentó casi todos los años.
Eso ha ido acompañado de una baja constante en el índice de actividad económica desde 2005, cuando alcanzó 59 puntos sobre la base de 100 establecida en 1980. A partir de ahí ha bajado hasta 21 sobre cien, el nivel que tuvo en 1991.
El problema captó la atención de observadores internacionales desde hace años y durante el primer cuatrienio de este siglo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas utilizó el caso de Puerto Rico para mostrar a los demás países lo peligrosa de esa situación.
La brecha comenzó a notarse en 1972, cuando hubo una diferencia de diez por ciento entre el PNB y el PIB, brecha que continuó creciendo cada año hasta llegar, en 1996 al mencionado 33 por ciento. Desde entonces se ha mantenido en ese nivel y, aunque ha tenido algunas variaciones menores, en los últimos cinco años ha estado constante en el 33 por ciento.
El resultado ha sido que desde 1972 al presente, las subsidiarias de las corporaciones de EEUU se han llevado de Puerto Rico más de 716.000 millones de dólares, de los cuales el 46 por ciento ha sido repatriado en los últimos diez años. El efecto acumulado de ese comportamiento de las corporaciones de EEUU ya tiene el país al borde del colapso.
Esas cifras, sin embargo, son conservadoras, pues una revisión al informe de pagos al exterior por rendimientos de capital muestra cifras todavía más preocupantes.