El preámbulo del golpe de Estado del 5 de abril en Perú estaba marcado por una gran crisis de la democracia liberal. Sus instituciones estaban completamente desprestigiadas. La alianza política electoral Izquierda Unida (IU) había fracasado como alternativa de poder por su reformismo y burocratismo. Solo el grupo armado denominado Sendero Luminoso (SL) tenía cierta […]
El preámbulo del golpe de Estado del 5 de abril en Perú estaba marcado por una gran crisis de la democracia liberal. Sus instituciones estaban completamente desprestigiadas. La alianza política electoral Izquierda Unida (IU) había fracasado como alternativa de poder por su reformismo y burocratismo. Solo el grupo armado denominado Sendero Luminoso (SL) tenía cierta fuerza social en el campo. Y justamente fue ésta una de las razones que utilizó Alberto Kenya Fujimori para dar un autogolpe de Estado e imponer «la ley y el orden» en su lucha contra el «terrorismo». Al comienzo, algunos sectores «democráticos» como el partido aprista se opusieron, pero al final, todos terminaron pactando bajo el visto bueno de los poderes fácticos y del imperio del norte.
El 3 de noviembre de 1991, el brazo paramilitar denominado Colina (hoy enjuiciado), asesinó 14 adultos y un niño en una quinta de Barrios Altos, en Lima. Los «paros armados» (paralelos a los paros sindicales de la CGTP), de SL habían llegado a la capital de la República, creando temor en las clases medias y populares del país (aunque en un comienzo, estas últimas, los apoyaban frente a la degeneración del régimen). Entonces, el gobierno vio una oportunidad para matar dos pájaros de un solo tiro.
Por un lado, destruir a los que «amenazaban» con tomar el «poder de manera revolucionaria», y por otro, organizar una camarilla mafiosa para enriquecerse utilizando al Estado como una credencial de impunidad.
Es así como el 5 de abril, Fujimori, anuncia el cierre del Congreso y la puesta en marcha de un «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional». La oposición «democrática» fue breve. Si bien es cierto, en un principio, la Casa Blanca y sus instituciones políticas como la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvieron dudas, al final, el 17 de mayo, Fujimori obtiene el apoyo de los cancilleres de la OEA para seguir en el poder.
Por estas razones, esta fue una dictadura cívico-militar de derecha con rasgos fascistas que realizó una persecución política contra la izquierda para poder aplicar los planes neoliberales. Y las condiciones para obtener este objetivo estaban dadas. Además de la crisis económica (que dejó la inflación aprista), contaba con el método sectario y mesiánico de SL, que lo único que logró con «la lucha armada individual», como el de Tarata (un barrio de clase media), el aniquilamiento de políticos, militares de derecha, dirigentes sindicales y populares, fue aislarse de las masas y hacerle el juego a la reacción.
De esta manera, el 12 de setiembre del mismo año, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú (PNP), capturó al máximo dirigente senderista Abimael Guzmán en un lugar de clase social acomodada y sin disparar un solo tiro. Esto le dio grandes réditos políticos al régimen de facto que se expresó en el referéndum nacional para la aprobación de una nueva Constitución para camuflar su ilegalidad, donde el 52.24% de la población marcó el «Sí».
Una vez lograda la «pacificación» del país, la dictadura comenzó a aplicar el Fujishok. Es decir el programa neoliberal. Privatizó el gas, la telefonía, las minas, la educación, la salud, etc. destruyendo el aparato productivo, entregando el país a las transnacionales y precarizando la estabilidad laboral en nombre de la «divina» inversión extranjera.
Según algunos periodistas (como Sally Bowen), este régimen capitalista gastaba en coimas a los jueces, parlamentarios, jefes militares-policiales y soplones, una cantidad aproximada de $1.000.000 mensuales. Muchos de los que ahora se jactan de ser demócratas como Jaime de Althaus, Rosa María Palacios, los Miró Quesada (del diario El Comercio), Delgado Parker (de canal 5), etc. apoyaron a la administración dictatorial.
Es cierto que la derecha prefiere una democracia liberal, donde el pueblo, cada 5 años, participa en las elecciones para elegir a los futuros políticos que gobernarán para los grupos de poder. Pero, en una coyuntura social donde la «democracia» es vista por los trabajadores como una palabra hueca, los empresarios optan por gobiernos abiertamente dictatoriales, bonapartistas o incluso fascistas para asegurarse violentamente el respeto a la «sagrada propiedad privada de los medios de producción».
Entonces, que quede claro, el 5 de abril fue un golpe dictatorial de derecha.
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