Mantener las filas prietas para disimular la debacle es la más reciente decisión del presidente Jimmy Morales, ante una crisis gubernamental e institucional que mantiene in crescendo la tensión social en el país. La reforma al Código Penal -impulsada desde el Ejecutivo-, para eximir de responsabilidades a los secretarios generales de los partidos en caso […]
Mantener las filas prietas para disimular la debacle es la más reciente decisión del presidente Jimmy Morales, ante una crisis gubernamental e institucional que mantiene in crescendo la tensión social en el país.
La reforma al Código Penal -impulsada desde el Ejecutivo-, para eximir de responsabilidades a los secretarios generales de los partidos en caso de financiación ilícita (impedida por la Corte de Constitucionalidad), fue el detonante que marcó el inicio de un ciclo de protestas y manifestaciones populares que no cesan desde el año pasado.
La manga ancha del presidente Morales con la corrupción -visible en otras decisiones como declarar persona non grata al líder de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velázquez, en 2017- no es el único aliciente del pueblo guatemalteco para haber comenzado su lucha en las calles. La caída del crecimiento económico a un 2.8 % en 2017, frente al 3.6 % de 2016; la reducción en el abastecimiento de medicamentos a un 78 %, respecto del 86 % alcanzado en 2016 y los altos niveles de desnutrición infantil, que ascienden a 12.211 casos, con 111 niños fallecidos [1], son solo algunas de las cifras que dejan dos años de la administración del outsider de la política, pero insider de la derecha guatemalteca.
A pesar de su cuestionable desempeño, lejos de intentar reconocer el impacto negativo de su administración, la estrategia de Morales se basa, en primer lugar, en mantener prietos a sus alfiles en el Congreso y el Ejecutivo, especialmente tras la renuncia -en septiembre de 2017- de los titulares de las carteras de Trabajo, Finanzas Públicas y Gobernación, después de que el equipo de Cancillería fuera despedido por el mandatario tras negarse a expulsar al funcionario de la CICIG, Iván Velázquez. La segunda parte de la estrategia consiste en hacer prevalecer el Pacto de Corruptos y apelar a la posverdad, toda vez que presentó un informe [2] a medio término que dice poco de la situación real del país, tras dos años de gestión.
El intento de Morales para calmar las aguas y su llamado a la unidad nacional, están teniendo un impacto limitado en la opinión pública. En respuesta, el 2018 comenzó con nuevas protestas por su gestión. Además, la reciente elección de la Junta Directiva del Congreso -sobre cuya lista recae una demanda de nulidad por vicios e irregularidades en el proceso- se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza del jefe del Ejecutivo.
El panorama guatemalteco se complejiza también por una comunidad internacional que le está dando la espalda al Gobierno. EE. UU., cuyo enfoque está orientado a ‘limpiar’ el Triángulo Norte, como forma de salvaguardar sus lindes sureños, ha sido el primer país en manifestar su preocupación por la situación crítica del país centroamericano. Además, organismos internacionales como la ONU -financiada por EE.UU. y Europa- han hecho diversos llamados de atención sobre la situación problemática del país, que han permitido el inicio de una campaña mediática de descrédito internacional contra el actual Gobierno.
El escenario es semejante al que precedió la crisis política e institucional que precipitó la renuncia y posterior entrada en prisión de su predecesor, Otto Pérez Molina, en 2015, y avaló, más adelante, la llegada al poder del otrora comediante Jimmy Morales. Por ello es previsible que 2018 sea un año difícil para Guatemala, en el que una vez más la crisis política e institucional -generada por una derecha militar enquistada en el poder y aupada por los sectores empresariales financiadores sus campañas políticas- va a ser el principal campo de acción y de discusión, dejando de lado -una vez más- los problemas de las mayorías olvidadas por un sistema político gangrenado por la desigualdad, la pobreza, el clientelismo, la corrupción y la dependencia externa. Un escenario de descontento generalizado que capitalizado de la manera correcta por los sectores progresistas puede dar lugar a un vuelco político sin precedentes en el país.
Notas:
[2] https://drive.google.com/
Ava Gómez Daza (@Ava_DG ) es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
Fuente: http://www.celag.org/guatemala-cambio-no-fue/
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