El estado costarricense celebra al igual que el resto de Centroamérica 197 años de la declaración de Independencia de la Corona Española, sin embargo es fundamental analizar algunos puntos álgidos del contexto que muestra este gobierno del bicentenario, a continuación planteamos dos líneas de reflexión que consideramos urgentes. Periferia y gobierno débil La actual coyuntura […]
El estado costarricense celebra al igual que el resto de Centroamérica 197 años de la declaración de Independencia de la Corona Española, sin embargo es fundamental analizar algunos puntos álgidos del contexto que muestra este gobierno del bicentenario, a continuación planteamos dos líneas de reflexión que consideramos urgentes.
Periferia y gobierno débil
La actual coyuntura política de Costa Rica es un producto claramente reconocible de una tradición, y en este caso la provincia caribeña de Limón, refleja una relación histórica de separación con lo que en el centro del país se piensa y se siente, fue en esta provincia donde el gobierno electo recibió el menor apoyo electoral, además el partido oficialista no posee ni una sola diputación por esta provincia y tampoco alguna alcaldía.
La provincia de Limón cuenta a nivel de indicadores económicos nacionales con los cantones de menor Índice de Desarrollo Humano, coincidiendo estos contradictoriamente con los mismos cantones donde se produce la mayor cantidad de banano de exportación del país (1).
Los principales puertos del país se ubican en la provincia de Limón, Puerto Limón por donde ingresan el 85% de las mercancías, y Puerto Moín por donde entran los combustibles y se exportan la mayor cantidad de mercancías, ha sido uno de los principales espacios de protesta en el marco de las dos últimas semanas contra la propuesta fiscal que se encuentra en el Congreso bajo el proyecto 20.580 «Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas».
La ausencia de representantes en el gobierno de turno, así como la incapacidad de diálogo con los sectores desatendidos de esta provincia provocaron que los primeros controles policiales sobre activos estratégicos del país se realizaron en el puerto de Moín, tanto en la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE)como en el mando de los controles portuarios, a pesar de esto los sindicatos portuarios y petroleros se han mantenido en una firme huelga desde el 10 de septiembre.
Durante los primeros días de huelga en el centro de Limón se ejecutó un asalto a un supermercado de la cadena de Walmart, lo cual recibió una respuesta inmediata en la construcción de un escenario de caos y «anarquía»; los medios de comunicación masiva, así como el mismo presidente, empezaron a vincular los hechos violentos ejecutados con la protesta social de los diferentes grupos sociales y sindicales que la promueven. Ante la incapacidad del diálogo, la violencia policial se vuelve la única herramienta viable para mantener el control.
En el marco de esta movilización de policías, la protesta en las calles por parte de los sectores sociales continuó, y el día 13 de septiembre a media noche se presentó el asesinato de un joven menor de edad y otro menor resultó hospitalizado, en un barrio céntrico de Limón. Valoramos significativo apuntar que los medios de comunicación de forma general desinformar respecto de estos asesinatos, haciendo una mención superficial y vinculando al joven asesinado con el vandalismo de días anteriores. Al día siguiente en horas de la mañana la fuerza policial arremetió con orden directa del ejecutivo con gases lacrimógenos contra jóvenes, adultos mayores y niños en Moín, mientras el Organismo de Investigación Judicial realizó un allanamiento a una Delegación policial (2).
El día 12 de septiembre en el marco de manifestaciones pacíficas en la capital, la fuerza pública arremetió de manera violenta en persecución y arrestos contra una turba de estudiantes que se retiraban de un bloqueo; invadiendo el campus universitario de la Universidad de Costa Rica y arrestando a tres personas dentro (3). Estos hechos de violencia desde el estado son claros ejemplos de la necesidad del poder ejecutivo de poder establecer el orden mediante la fuerza, evidenciando su incapacidad política para abrir espacios de diálogo.
A pesar de que la violencia ha tenido una escalada máxima en la periferia del país, los medios masivos y en general el movimiento social, decidió marchar y abocarse más a la transgresión de la autonomía universitaria, que a la eliminación de vidas humanas a manos de la policía en la provincia más marginada del país, la insensibilidad parece tomar otros niveles dentro de la coyuntura, así como el reconocimiento de la violencia policial como un método legítimo para garantizar el orden.
Crisis de representatividad
En medio de una de las huelgas más prolongadas de las últimas décadas el país ha coincidido con la celebración de la independencia de la Corona Española, sin embargo, las acciones e in-acciones de los representantes del pueblo en el parlamento han demostrado indiferencia hacia lo que se está viviendo y manifestando en las calles por parte de su propio pueblo, haciendo uso de las fuerzas policiales para aplacar estas manifestaciones. En este sentido, señalamos a las cinco diputaciones por la provincia de Limón, de los cuales tres son del partido evangélico (o cristiano) Restauración Nacional, los cuales han gaurdado silencio ante los asesinatos en su provincia, así como las modificaciones sustanciales ante el proyecto de ley que afectará a una parte significativa de la provincia que representan en el parlamento.
Es necesario analizar la situación de la «coyuntura» fiscal de manera política. En este sentido es necesario preguntar ¿por qué y cómo hemos llegado a este punto?
La propuesta fiscal es heredada de la previa Asamblea legislativa, que a pesar de haber sido renovada después del 4 de febrero, continuó con la evaluación de la propuesta, incluso después de la segunda vuelta electoral.
El proyecto se encuentra en la «vía rápida», un procedimiento legislativo que acelera los plazos para la discusión y votación de la propuesta en el plenario legislativo. Con esta «vía rápida» se conforma una Comisión que discute la propuesta y posteriormente la envía al plenario (4). Dicha condición en el plenario limita la participación del ejecutivo para actuar de forma directa.
Lo que entró como un «consenso» y fue analizado dentro del contexto del gobierno de «unidad nacional», hoy es rechazado por diferentes sectores sociales, quienes le exigen al presidente que saque dicha propuesta de la corriente legislativa, sin embargo, esta acción no es competencia del presidente, sino de las diferentes fracciones legislativas . La ausencia de este diálogo desde los sectores sociales hacia los diputados y diputadas en el congreso reflejan una condición sintomática de la ausencia de representatividad.
Por otro lado el presidente denota una postura elitista y separada de ese millón trescientas personas que lo eligieron en abril pasado -votando en su apoyo o en su defecto en contra del conservadurismo evangélico-, por un lado con la celebración aislada de un cabildo que históricamente se realiza de forma abierta en la provincia de Cartago (5), y por otro ocultando que quienes están cerrando las calles ha sido el pueblo mismo que no reconoce lo que su representante está haciendo.
Después de 15 días de huelga permanente, con asesinatos policiales, violación de la autonomía universitaria y la manifestación más grande de la historia reciente, el gobierno de Carlos Alvarado y Rodolfo Piza han tenido que ceder y sentarse a la mesa con el sector sindical, los cuales ya habían solicitado un diálogo y a cambio recibieron por parte del ejecutivo una amenaza pública de declaratoria de ilegalidad. Se han presentado más de 30 solicitudes de ilegalidad, al día de hoy solo una ha tenido un fallo (6), aún no en firme.
El escenario es complejo dado que el ejecutivo ha demostrado una postura inflexible sobre puntos importantes del tema fiscal, lo cual es previsible dado que su grupo de asesores económicos en su mayoría pertenecen a un sector que apuesta por una profundización del proyecto neoliberal y a la ejecución de políticas regresivas como: el aumento del IVA sobre la canasta básica, los medicamentos y las universidades públicas; el establecimiento de la regla fiscal, dentro de la cual se pretende realizar un recorte sobre el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (el mayor fondo de programas sociales del país) afectando a un total de 28 programas, además de incluir la eliminación de financiamientos obligatorios al Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo de Subsidios para la Vivienda y las Universidades Públicas (7).
El gasto corriente del Estado se ha reducido, así lo demuestran las cifras que desde el Ministerio de Hacienda se han presentado este año (8). El gobierno de Piza-Alvarado ha seguido el camino neoliberal en forma y fondo, utilizando la violencia del estado para la represión y plantea la ejecución de un plan fiscal que nos enrumba hacia el incremento de la desigualdad para salvar al empresariado un tantito más. El movimiento social se encuentra en las calles exigiendo diálogo con una propuesta alternativa; mientras en el medio se mueven las fracciones políticas de la «oposición» analizando donde está pegando mejor el sol y guardando silencio sobre la violencia del ejecutivo. Valoramos que los grupos de poder económico se desligarán de la propuesta fiscal en la corriente legislativa.
Grecia, España y Argentina pueden ser ejemplos paradigmáticos de lo que financieramente podría pasar, sin embargo, mantener la discusión en ese plano dentro del panorama político y social del país es parte de la estrategia mediática, de la cual podría el movimiento social ser víctima también; la muerte de seres humanos no debe pasar desapercibida y menos en un contexto de protestas sociales, ¿qué clase de estado es entonces este que necesita la violencia en las calles para aceptar aproximarse a quienes desde un principio han invitado al diálogo pacífico?
Referencias:
1. Programa de las Naciones Unidas- Costa Rica y Universidad de Costa Rica. Ranking cantonal según el IDH. En línea: http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/ranking-idh
2. La Nación, 14 de septiembre de 2018. https://www.nacion.com/sucesos/crimenes/oij-allana-delegacion-policial-de-limon-para/ITKOY5NDMBBYJHDKINCDBFARMY/story/
3. Semanario Universidad, 18 de septiembre de 2018. https://semanariouniversidad.com/universitarias/que-paso-el-12-de-septiembre-en-la-ucr/
4. La Nación, 28 de febrero de 2018. https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-aprueban-via-rapida-para-tramitar/ZYVSEKAMCZHUNOBGGT4ZU7IQNE/story/
5. El País, 14 de septiembre de 2018. https://www.elpais.cr/2018/09/14/consejo-de-gobierno-sesiono-a-puerta-cerrada-ante-manifestaciones-en-cartago/
6. La Nación, 22 de septiembre de 2018. https://www.nacion.com/el-pais/servicios/tribunal-de-trabajo-declara-ilegal-la-huelga-en-el/GJWR5S6LJBD2JJXYLGE4R2UMVM/story/
7. Guillen, S. 2018. Reforma fiscal ¿progresiva? Los anti Fake News Fiscales. En línea: https://delfino.cr/2018/09/reforma-fiscal-progresiva-los-anti-fake-news-fiscales/
8. Presentación «Presupuesto Nacional 2019 «compromiso de cero crecimiento, excepto deuda y pensiones». 31 de agosto de 2018.
Fernando Bermúdez-Kuminev, Organización Política Carmen Lyra
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