Los 25 jefes de estado y de gobierno, reunidos en el Consejo Europeo de Bruselas los días 17 y 18 de junio de este año, aprobaron por unanimidad el tratado que establece una «Constitución» para Europa y que fue firmado en Roma por los jefes de estado y de gobierno el 29 de octubre. Desde […]
Los 25 jefes de estado y de gobierno, reunidos en el Consejo Europeo de Bruselas los días 17 y 18 de junio de este año, aprobaron por unanimidad el tratado que establece una «Constitución» para Europa y que fue firmado en Roma por los jefes de estado y de gobierno el 29 de octubre.
Desde hace años, los trabajadores de toda Europa chocan con una acumulación de medidas de dislocación de los derechos y de las garantías sociales, y de ataque al marco de las naciones, como son la aplicación de los tratados de Maastricht (1992), de Amsterdam (1997) y de Niza (2002).
¿Cuál es la significación de la «Constitución Europea»? Es traspasar un umbral cualitativo: se trata de ir hasta el final en el desmantelamiento de las naciones y, particularmente, de las instituciones obreras que la clase trabajadora ha insertado mediante su lucha de clase en el marco de las naciones.
Un salto cualitativo
Podríamos hacer una analogía entre ese umbral cualitativo que se pretende cruzar en Europa y el paso de la primera (1991) a la segunda (2003) guerra de Iraq. Estas dos guerras son guerras de pillaje y de destrucción, que corresponden a la crisis de descomposición del sistema de propiedad privada de los medios de producción. Pero, teniendo el mismo eje, presentan diferencias cuya significación hay que establecer.
La primera guerra se detuvo a las puertas de Bagdad. Era necesario, entonces, dejar en su lugar a Sadam Hussein. Este objetivo respondía a que el gobierno norteamericano de la época necesitaba mantener cierto «orden» en la región. La segunda guerra derribó el régimen de Sadam Hussein, no para reconstruir un «orden imperialista» en la región, sino en una lógica de destrucción total de la nación iraquí, sobre un trasfondo de caos generalizado.
Segunda diferencia: las relaciones entre diferentes imperialismos. En 1991, antes de desencadenar la guerra, Bush padre alcanzó un acuerdo con las demás potencias imperialistas (principalmente Francia y Alemania) en el marco de la ONU. En 2003, ya no se respeta ese marco: Bush hijo pasó por encima del marco existente de la ONU y por encima del acuerdo con los demás imperialismos. El imperialismo americano emprendió, incluso, con ocasión de esta segunda guerra, una «guerra» política y diplomática contra los demás imperialismos. Eso es lo que expresaban las declaraciones de Rumsfeld contra la «vieja Europa».
Finalmente, mientras los acontecimientos de la primera guerra de Iraq ocuparon un periodo relativamente limitado, la segunda guerra continúa de manera permanente, y paralelamente se acelera la ofensiva de destrucción física del pueblo palestino (eliminando ya cualquier referencia -incluso formal- a un pretendido «acuerdo de paz» posible). Y la agresión imperialista amenaza con generalizarse a otros países de la región (en particular a Irán).
El imperialismo más poderoso, atenazado por la crisis de descomposición del régimen de propiedad privada de los medios de producción, ya sólo puede imponer su ley haciendo de la destrucción de las naciones la forma principal de realización de sus planes, y el principal medio de una política que intenta restaurar márgenes de beneficio del capital sobre la base de la destrucción masiva de las fuerzas productivas, empezando por la principal fuerza de ellas: la fuerza de trabajo.
¿Qué analogía podemos hacer con la situación de Europa? Hasta el presente, el marco de la Unión Europea basado en el tratado de Maastricht, pretendía poner en práctica políticas antiobreras extremadamente brutales.
Pero esas políticas, dietadas por Bruselas y transmitidas por los gobiernos, han chocado y chocan, en cada país, con la resistencia de la clase obrera, que busca utilizar sus organizaciones para defenderse palmo a palmo.
La clase capitalista ha necesitado cambiar de método. Así como el imperialismo norteamericano ha pasado de la primera a la segunda guerra de Iraq con el objetivo de desmantelar la nación iraquí, en Europa, el paso del tratado de Maastricht a la «Constitución Europea» corresponde a una nueva fase. Ahora, el desmantelamiento de las naciones se convierte en el medio de que el imperialismo alcance su fin: la destrucción de las instituciones que la clase obrera ha constituido para defenderse y la integración de las organizaciones obreras. El principal instrumento de esta ofensiva es la «Constitución Europea».
El avance hacia el corporativismo
Esta «Constitución Europea» no es, de ninguna manera, una Constitución. Una Constitución, es en principio, una arquitectura de leyes, de derechos y de garantías (especialmente en el marco de los regímenes llamados de democracia política, incluso en los capitalistas).
Las constituciones codifican las normas institucionales que permiten la dominación de la clase capitalista sobre la sociedad, en las que se insertan los derechos y las garantías que la clase obrera ha arrancado a la clase capitalista con su lucha de clase.
Es lo que explica Trotsky en ¿Cómo vencer al fascismo?: «A lo largo de varias decenas de años, los obreros han construido en el interior de la democracia burguesa, utilizándola al tiempo que luchaban contra ella, sus bastiones, sus bases, sus hogares de democracia proletaria: los sindicatos, los partidos, y los clubes de formación, las organizaciones deportivas, las cooperativas, etc. El proletariado puede llegar al poder no en el marco formal de la democracia burguesa, sino por la vía revolucionaria: eso lo demuestra tanto la teoría como la experiencia. Pero precisamente para esta vía revolucionaria, el proletariado tiene necesidad de bases de apoyo de democracia proletaria en el interior del estado burgués»
Es en Europa donde se encuentran los países capitalistas más antiguos, los primeros en los que se constituyeron clases obreras, en la época del capitalismo ascendente. En estos países, en el marco mismo del desarrollo del capitalismo, las clases obreras han conquistado los derechos y garantías más desarrollados, así como sus instituciones (sindicatos, seguridad social, convenios colectivos, códigos laborales, etc.).
Pero, precisamente, en la época del imperialismo putrefacto la clase capitalista, siempre ávida de más beneficios en un mercado mundial que se contrae sin cesar, ya no puede tolerar los «bastiones de democracia proletaria» insertos en los intersticios de la sociedad burguesa, que están en la base de la democracia. La destrucción de estos «bastiones de democracia proletaria» equivale a la destrucción de la democracia sin más y de la nación. Es un curso que va hacia el corporativismo. Ése es el contenido de la «Constitución Europea».
Por esa razón las burguesías no esperan a la votación de esta «Constitución Europea» para ponerla en práctica.
En Francia, esta anticipación toma la forma, principalmente, de la regionalización a marchas forzadas y del cuestionamiento de derechos y garantías conquistadas desde hace casi dos siglos: por ejemplo, el Código Laboral o la regla fijada por la ley Guizot de 1833, que impone que cada municipio disponga de una escuela.
Todas las burguesías europeas se incorporan a ese mareo, pero no sin crisis y contradicciones. Porque, a fin de cuentas, el avance hacia el desmantelamiento de las naciones pone en entredicho la posición y las prerrogativas de cada «burguesía nacional». Consagra una situación en la que cada «burguesía nacional» tiende a desmembrarse en diferentes fracciones, cada una de las cuales busca por separado un acuerdo directo con el imperialismo dominante. Lo que explica en estos momentos el apoyo de todos los gobiernos europeos a la «Constitución Europea».
El IV y el V congresos de la IV Internacional (1999 y 2002) han evidenciado que la política del imperialismo no puede ponerse en práctica más que con el apoyo de los aparatos. Esto se aprecia en la forma tan espectacular en que la CES, ya el 13 de julio último, apoyó la «Constitución Europea», apoyo confirmado en la reunión de su Comité Ejecutivo del 13 de octubre. Desde ese momento lleva una campaña encarnizada para que todas las organizaciones sindicales apoyen la «Constitución Europea» y, por tanto, la política de desmantelamiento de los derechos y garantías. Aquí está en juego la existencia de las propias organizaciones sindicales.
Esta ofensiva choca con la resistencia de los trabajadores de Europa y sus organizaciones, que no quieren dejarse destruir. Lo que produce contradicciones y resistencias en el propio seno de las organizaciones.
En Bélgica, la interregional valona de la CGSP (la rama de servicios públicos de la FGTB) aprobó en su congreso de junio de este año, una resolución que afirma: «El Congreso considera que el proyecto de tratado que instituye una Constitución para Europa preparado por la Convención Europea es inaceptable»
A continuación, la CGSP responde al argumento principal de la CES y los partidarios «de izquierda» de la «Constitución Europea», que citan la Carta de Derechos Fundamentales para justificar su apoyo a la «Constitución Europea». La CGSP replica: «El Congreso desea también recordar que la Carta de Derechos Fundamentales, que constituye el objeto de la parte II del proyecto de constitución, es, en definitiva, un instrumento de regresión social, porque ese texto, con su carácter simbólico e impugnable ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no garantiza ninguno de los derechos que nos son queridos. Añadamos que numerosas disposiciones de esta Carta están por debajo de lo previsto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1946 (…). En lo que concierne, más concretamente, a los servicios públicos, una lectura incluso superficial del texto permite comprobar que continúan siendo considerados como excepciones tolerables a la competencia y a la realización del mercado interior Ni siquiera se mencionan entre los valores (art. 1-2) o los objetivos (art. 1-3) de la Unión Europea, que por el contrario incluyen la realización «de un mercado único en el que la competencia sea libre y no falseada»»
¿Cómo, en esas condiciones, se plantea el problema del combate por la ruptura con la Unión Europea, es decir, el combate por la independencia del movimiento obrero?
Alemania: «Es preciso echar a Schröder ahora»
En Alemania, la clase obrera hace frente a ataques sin precedentes. La t ley Hartz IV priva a más de 500.000 parados de toda prestación a partir del 1 de enero próximo. Por primera vez desde la guerra, las pensiones de los jubilados van a disminuir. Schröder se atreve a tratar como «schmarotzer» (parásitas) a las familias alemanas a las que acusa de aprovecharse de manera indebida «de la generosidad del estado social». Al mismo tiempo, Oskar Lafontaine declara: «Si Schröder no puede hacer otra política que la que está siendo rechazada por el pueblo, que se vaya.»
La fuerte resistencia de los trabajadores se ha expresado especialmente en las potentes «manifestaciones de los lunes» contra la política de Schröder.
En esta situación, no tiene nada de casual el encarnizamiento del imperialismo para que el SPD dé un vuelco. La clase obrera alemana es la clase obrera más poderosa de Europa. El imperialismo en descomposición busca actuar para que, en nombre de la socialdemocracia, se destruyan todas las relaciones sociales establecidas después de la guerra. Corresponde a Schröder desempeñar ese papel de dislocación que amenaza a todo el movimiento obrero de Europa.
En una situación en que la clase obrera busca resistir reapropiándose de sus organizaciones, ¿qué orientación de frente único poner en práctica? Schröder afirma que no cambiará de política. Entonces, para los militantes obreros, la única formulación posible es «echar a Schröder», es decir negarle el derecho a hablar en nombre del SPD y de la socialdemocracia.
El contenido de esta consigna es la ruptura con toda la política de destrucción de los derechos y garantías que Schröder aplica. Cuando en septiembre, en las últimas elecciones municipales de Renania del Norte-Westfalia ha habido un 47% de abstención, cuando Schröder ha afirmado que irá hasta el final, esta consigna corresponde incontestablemente a las aspiraciones de las masas.
El 10 de julio, en un encuentro celebrado en Colonia, militantes socialdemócratas, sindicalistas y electores del SPD aprobaron un llamamiento que entre otras cosas dice: «Schröder debe marcharse, lo quiera o no». En esa reunión, un responsable de una importante agrupación del SPD explica: «Mi mujer y mi hija han abandonado el SPD; yo sigo, pero esto no puede durar mucho. Estoy de acuerdo con la orientación propuesta. Al mismo tiempo, necesitamos cabezas en el partido, y cuando he oído lo que habéis leído de la entrevista de Lafontaine en el Stuttgarter Zeitung, ¿No es posible apoyarse en él?»
Este llamamiento, apoyado luego por la firma masiva de militantes y trabajadores, concluía con la propuesta de organizar una conferencia nacional con el fin de agrupar «la fuerza que quiere el cambio de rumbo
Después, los promotores han publicado una invitación a una conferencia nacional en Colonia, en la que puede leerse: «Desde hace meses, el SPD sufre derrota tras derrota (…) Es Schröder -y sólo él-, el que allana el camino a la CDU (…) ¿Adónde vamos así? ¿Qué quedará de la industria y de los puestos de trabajo de Alemania? ¿En qué país quiere hacernos vivir Schröder? Como no queremos nada de eso, como no queremos que la CDU vuelva al poder, como no queremos renunciar a los valores fundamentales de la socialdemocracia, decimos: «Es preciso echar a Schröder ahora!» ¡Ese es el primer paso para sacar del atolladero al país, a los trabajadores, al SPD y a los sindicatos!»
Esta conferencia tuvo lugar el 9 de octubre. Los participantes decidieron continuar la campaña de firmas del llamamiento aprobado el 10 de julio. Se entabló un debate sobre la perspectiva de convocar un congreso extraordinario del SPD para echar a Schröder y salvar al partido.
Italia: «Hace falta un gobierno que rompa con Berlusconi y Prodi»
En Italia, después de aprobarse en 1999 la ley sobre el federalismo que regionaliza los hospitales, un proyecto de ley presentado por la Liga Norte (cuyo presidente, Umberto Bossi, es ministro) acomete la transferencia de los poderes a las regiones, creando así «veinte pequeñas Italias». Lo que buscan es la voladura de Italia. Todos los partidos institucionales están de acuerdo en la necesidad de una buena reforma constitucional basada en un «buen federalismo», que debería ser elaborada conjuntamente por los sindicatos, el Vaticano, los patronos, el Banco de Italia y todos los partidos políticos, tanto de «izquierda» como de derecha.
La República (el 30 de julio de 2004) indica: «El problema es que, para llegar a su destino, la gran reforma deberá superar un referéndum popular». Lo que preocupa, tanto a los unos como a los otros, a todos los partidarios del federalismo, es el peligro de que los trabajadores rechacen un proyecto de ley de ese tipo. Todos tienen en la memoria la huelga general de 2003 contra el desmantelamiento de FIAT, que unió a trabajadores y sindicatos con una consigna: «sur y norte, todos unidos».
Al mismo tiempo, la Unión Europea, impone un plan de 5.000 despidos en la compañía aérea Alitalia. Recordemos que esta compañía fue privatizada la primavera última por decisión de la Unión Europea. El 3 de septiembre último, de Palacio, comisaria europea de Transportes, afirmó que sin los despidos la compañía no podía sobrevivir, y que «la reducción de efectivos es una opción obligada». Y añadió: «El futuro de Alitalia depende del acerbo de responsabilidad de los sindicatos», precisando que «su supervivencia no está sólo en manos de la dirección de la empresa y del gobierno, sino, en gran medida, en las de los sindicatos».
En ese momento, el responsable del Partido de Refundación Comunista, Fausto Bertinotti, declaró: «La primera medida a tomar para salvar Alitalia es apartar a la dirección que ha llevado la empresa a esta situación». Pero la primera medida a tomar para salvar Alitalia, ¿no es la ruptura inmediata con la política de la Unión Europea, con la política de Prodi y Berlusconi, y por tanto el rechazo de la Constitución Europea?
A iniciativa de nuestros camaradas de Italia, trabajadores y sindicalistas de diversos sectores y opiniones han publicado una carta abierta a Fausto Bertinotti que afirma: «Te escribimos esta carta en un momento particular pues la situación del país es particularmente grave.
Durante estos últimos meses, y más particularmente durante estas últimas semanas, hemos oído declaraciones tuyas sobre la necesidad de otro gobierno. También oímos que te manifestabas contra la Constitución Europea que será firmada el 29 de octubre en Roma.
Pensamos que hay una cosa clara: los trabajadores, los jóvenes, los jubilados han demostrado reiteradamente que están hartos de Berlusconi y de su política. Hace falta otro gobierno, es urgente echar a Berlusconi. Del Norte al Sur del país, en las grandes manifestaciones contra la guerra y por la retirada de las tropas, en las huelgas para defender la Fiat, Alitalia, los transportes, en las manifestaciones contra la «reforma» Moratti, en la gran huelga de los médicos y en las dos huelgas contra la «reforma» de las pensiones, en defensa del artículo 18, los trabajadores han expresado su voluntad: fuera Berlusconi, es urgente, hace falta otro gobierno que derogue todos esos decretos y abra una salida a la mayoría del país. […]
Según las estadísticas oficiales, el 85% de las medidas que el gobierno toma son trasposiciones de las directivas de la Comisión Europea presidida por Prodi.
La «reforma» de las pensiones se lanzó en la Cumbre de Barcelona de 2002: «de aquí a 2010 hay que aumentar gradualmente cinco años la edad en la que se deja la actividad profesional».
En abril de 2003, la Comisión Prodi insiste: «Hay que elaborar, introducir y aplicar efectivamente reformas de los sistemas de pensiones, aumentar la capitalización y mejorar el acceso a los regímenes complementarios de pensiones». […]
El federalismo es la aplicación perfecta de la subsidiariedad, que es el principio cardinal de toda la política de la UE, y que conduce a la regionalización y al desmantelamiento del país. Por ejemplo, los últimos presupuestos del gobierno, con recortes que dañarán a las regiones, a las colectividades locales y a los servicios públicos, los impone el acatamiento al Pacto de Estabilidad, y Bruselas ha impuesto que en lugar de 5.500 millones de recortes, haya 7000.[…]
Tú te pronuncias contra la Constitución Europea y al mismo tiempo afirmas que «la candidatura de Prodi a la Presidencia del Consejo de Ministros, no se discute».
No lo entendemos.
Prodi es el presidente de la Comisión Europea que ha dictado todos esos planes destructivos. Prodi es el primer redactor de la Constitución Europea que prohíbe los servicios públicos, que integra a los sindicatos en la aplicación de todos esos planes destructivos, que elimina la soberanía de las naciones para imponer el respeto de las directivas.
Todos nosotros queremos un gobierno que controle la situación, que derogue la «reforma» Moratti y la de las pensiones, un gobierno que salve Alitalia y Fiat, que pare las privatizaciones. Pero para eso hay que romper con Maastricht, con la UE, con la «nueva» Constitución. Para eso hace falta un gobierno que rompa con Berlusconi y con Prodi.»
Los firmantes de esta carta abierta han pedido a Fausto Bertinotti que les reciba.
Suiza: «Hemos hecho la experiencia de las directivas europeas»
Aunque Suiza no sea miembro de la Unión Europea, el Partido Socialista Suizo (PSS) ha expresado reiteradamente su oposición al marco institucional fijado por la Unión Europea. Así, el PSS, en relación con la Unión Sindical Suiza (USS), ha tenido la iniciativa de referendos e «iniciativas populares» contra la adopción de medidas que derivaban directamente de la aplicación de las directivas europeas, y ha recurrido a la movilización de los trabajadores. En este último periodo, hay que resaltar los referendos populares que echaron atrás una ley sobre la liberalización del mercado de la electricidad y otra que elevaba la edad de jubilación de las mujeres, aplicación de lo acordado por la cumbre de Barcelona. Y hay que subrayar que el derecho de referéndum, que permite que el pueblo se oponga a una ley votada, mediante la recogida de 50.000 firmas, es un auténtico derecho del pueblo soberano, contrariamente al referéndum plebiscitario que existe en otros países de Europa.
La última «iniciativa popular», titulada «servicios postales para todos», lanzada en marzo de 2003 por el sindicato de la Comunicación con el apoyo de la USS, se refería a la garantía de financiación del servicio público postal por el Estado de la Confederación Suiza. Así, en caso de insuficiencia de los ingresos propios para equilibrar los costes y para mantener una red de oficinas de correos en todo el territorio, la «iniciativa popular» requería que el Estado intervenga con la financiación que sea necesaria. Faltó poco para que triunfase (tuvo el 49,8%, faltaron 12.000 votos). Por razones constitucionales, la «iniciativa popular» nunca resulta victoriosa en el primer escrutinio, pues una «iniciativa popular», a diferencia del referéndum, requiere una mayoría de votos, pero también mayoría de cantones. Hay que precisar que, por lo demás, hubo una campaña denigratoria contra la USS y el PSS por parte de los partidarios del Secretariado Unificado de la IV Internacional, que afirmaban que esas reivindicaciones ya se contenían en un contraproyecto de ley que estaba en vigor.
Así, afirmaron insistentemente que «Todas y todos los que desean la vuelta al servicio público en el ámbito postal, lamentablemente, no hallarán en la iniciativa un instrumento para lograr ese fin»
Llamaron, pues, a abstenerse en la votación, lo que equivalía a oponerse a la iniciativa.
En realidad, el 49,8% logrado representa un nuevo rechazo masivo de la política de la Unión Europea por parte de la clase obrera suiza.
Con razón un comunicado de la USS publicado tras el escrutinio afirma: «El veredicto del pueblo no es un cheque en blanco para liberalizar y desmantelar las prestaciones postales […] Hay que detener de inmediato el desmantelamiento de los servicios postales. El correo pertenece a todas y todos, ha de estar también al servicio de todo el mundo. Ése es el mensaje del escrutinio de hoy. Y afecta a todas las infraestructuras públicas».
Unos días más tarde, en un comunicado, el PSS declara: «La población suiza quiere un servicio público universal y de calidad, como ha demostrado una vez más este domingo el excelente resultado de la iniciativa «Servicios postales para todos «. Sobre la base de este resultado, pero también del rechazo de la LME (ley de liberalización del mercado energético – NDLR) en 2002, el PS se niega a considerar una apertura -ni siquiera parcial- antes de 2008, fecha en la que habrá que consultar de nuevo a la población. En el ámbito energético, como en otros, no hay que transigir con la noción de servicio público» .
Pero esas exigencias son contradictorias con las de la Unión Europea y su «Constitución», que prohíben las subvenciones estatales que falsean o amenazan con falsear la competencia (el artículo 1-3 de la «Constitución Europea» afirma: «La Unión ofrece a sus ciudadanas y a sus ciudadanos un mercado interior en el que la competencia es libre y no está falseada»).
En ese contexto, a contracorriente de cuanto se viene haciendo desde hace años, el congreso del PSS, que se celebrará el 23 y el 24 de octubre, abordará un texto propuesto por la dirección que se titula «Adelante hacia una verdadera toma de conciencia de nuestro interés en ser Europeos. La próxima etapa de las negociaciones bilaterales: ¡la adhesión!». ¿Cómo justifica la dirección del PSS esta propuesta? El documento que se presenta a los delegados explica: «En los ámbitos políticos en los que la Unión Europea ya ha legislado, viene a ser prácticamente imposible que Suiza no asuma el estado de hecho con que se encuentra (la realidad comunitaria). Suiza traspone, por tanto, decisiones en las que por así decir nunca pudo participar, ni en la fase de concepción ni en la de aplicación [..]. Distando mucho de ser un paraíso en la tierra o un mecanismo perfeccionado (como Suiza, por lo demás), la Unión Europea es sin embargo el lugar en el que se hace la política sobre las cuestiones importantes que atañen a todo el país […]. Ser miembro de la Unión Europea no amenazará ni la democracia directa ni el federalismo ni la neutralidad. Esos fundamentos de nuestro estado de derecho no están en cuestión. En particular, en lo tocante a la democracia directa, no hay ninguna razón para instrumentar reformas apresuradas con vistas a la adhesión […]. Las contadas limitaciones de la soberanía cantonal podrán compensarse con la influencia que ganará Suiza a escala europea».
Es evidente que el imperialismo no puede tolerar la existencia de un punto de apoyo como la posición del PSS para el movimiento obrero de Suiza y de toda Europa. Quieren lograr que el PSS capitule.
En ese contexto, militantes del PSS y sindicalistas han tomado la iniciativa de lanzar una carta abierta de socialistas y sindicalistas al Comité de Dirección del PSS y a los delegados al congreso del 23 y 24 de octubre de 2004. Explican: «Hemos hecho la experiencia de las directivas europeas. ¿Tuvo razón o no el pueblo suizo al votar contra la ley de liberalización del mercado de la electricidad (LME) que la Unión Europea exigía y exige?
¿Tuvo o no razón el pueblo suizo al rechazar en las votaciones del pasado 16 de mayo la revisión antisocial de las pensiones, que se ajustaba a la cumbre de Barcelona de marzo de 2002, que exigía la elevación de la edad de jubilación en todos los países de Europa?
¿Tuvo razón o no el pueblo suizo el pasado 16 de mayo, al decir no al paquete fiscal injusto y sancionar una política de rigor presupuestario? ¿Tuvo razón o no al votar contra todas las medidas de ataque a los servicios públicos y a las conquistas sociales decididos por la mayoría burguesa de conformidad con las directivas europeas de liberalización?
Y el Partido Socialista, ¿tuvo razón o no al tomar -en continuidad con los congresos de Lugano y de Zurich- con la USS la iniciativa de esos referendos, que han permitido reforzar los éxitos que conocemos? ¿No hay que reafirmar, como ha hecho reiteradamente Christiane Brunner [ex presidenta del PSS. NDLR]: Suiza no es miembro de la Unión Europea, no está obligada a sufrir las consecuencias negativas de la liberalización?
¿Serían posibles estas resistencias si entrásemos en la Unión Europea? ¿Qué sería de los derechos democráticos a los que tan apegados estamos?
[…] Como sindicalistas, como socialistas, tenemos un mandato de los asalariados: defender los servicios públicos, el Estado Social. Para ello, necesitamos instituciones democráticas, en particular el derecho de referéndum, que nos ha permitido, con la USS y el PSS, conseguir victorias populares, y sobre todo mantener derechos.
Volver la espalda a esta causa común tendría consecuencias dramáticas para los asalariados y el pueblo suizos. Para defender esos derechos, decimos: el PSS debe permanecer al lado de la USS, de los sindicatos y de los asalariados, en esa lucha contra la política de liberalización de la Unión Europea […].
Reafirmemos que es esta orientación la que ha permitido conseguir, con la USS, un éxito clamoroso en las votaciones populares, pero también en las elecciones federales y cantonales de estos últimos meses.
Defendamos la democracia y las atribuciones del Parlamento, cuyo debilitamiento siempre ha redundado en un debilitamiento de los derechos y conquistas sociales.
Defendamos el servicio público de correos.
Que se mantenga la participación estatal en Swisscom. No a la supresión del monopolio en el último tramo.
Defendamos el servicio público de electricidad.
Defendamos el Estado Social, las pensiones y la seguridad social.»
Gran Bretaña: ¿cómo aceptar que pisoteen el mandato?
En Gran Bretaña acaba de celebrarse el congreso de las Trade Unions (TUC, Trade Unions Congress, confederación que agrupa a la gran mayoría de los sindicatos nacionales) y el del Partido Laborista. Históricamente, hay un vínculo orgánico entre las Trade Unions y el Partido Laborista, y las decisiones que toma el congreso sindical se consideran mandatos para el congreso laborista, que siempre tiene lugar pocas semanas después.
El congreso de los sindicatos ha discutido dos grandes temas: la ocupación de Iraq y la posición que hay que tomar ante la «Constitución Europea».
En relación con el primero, se aprobó por unanimidad una resolución exigiendo la retirada de las tropas de ocupación de Iraq.
« El Congreso reafirma su oposición a la ocupación de Iraq, condena los malos tratos y torturas infligidos a los prisioneros iraquíes por las fuerzas de la coalición y llama a constituir una comisión de investigación sobre el coste real de la invasión y de la ocupación […]. En consecuencia, el Congreso llama a una retirada rápida de las fuerzas de la coalición, así como al desmantelamiento de sus bases militares, en beneficio del pueblo iraquí […].»
Sobre el segundo tema, una resolución ponía de relieve las consecuencias nefastas de la «Constitución Europea» para la soberanía de la nación y los servicios públicos. Esta resolución tuvo los votos de una tercera parte de los delegados. La dirección del TUC no se esperaba un resultado así. Sacó la conclusión de que no había condiciones para proponer que el Congreso votase -como pretendía- una resolución de apoyo a la «Constitución Europea», tuvo miedo de que esa resolución no lograse la mayoría de los votos. Tuvo que contentarse con presentar una moción declarando que era «inadecuado que este congreso tome una posición formal sobre este punto «. El aparato del TUC pretendía remitir la toma de posición sobre la «Constitución Europea» al Comité Ejecutivo de la CES.
El resultado es que, a pesar de la posición notoria de la dirección del TUC en favor de la «Constitución Europea», sus representantes se abstuvieron sobre la resolución de apoyo a la «Constitución Europea» presentada por el secretario general de la CES en su Comité Ejecutivo el 14 de octubre.
La posición del Congreso de las Trade Unions sobre la retirada de las tropas de Iraq, y la relativa a la «Constitución Europea» planteaban un grave problema a Tony Blair, ya que el congreso del Partido Laborista se abría dos semanas después del de los sindicatos (hay que recordar que los sindicatos disponen del 50% de los mandatos en el congreso del Partido Laborista y tienen el mandato de defender y votar las resoluciones aprobadas por el congreso de las Trade Unions).
El congreso del Partido Laborista aprobó una resolución sobre la renacionalización de los ferrocarriles, y otra contra la privatización de las viviendas sociales.
En el debate sobre la guerra de Iraq, el ejecutivo nacional del laborismo presentó a los delegados una declaración que afirmaba: «Las tropas británicas permanecerán en Iraq mientras el gobierno iraquí lo estime necesario, para apoyar el establecimiento de un estado iraquí federal y pluralista.»
Se presentaron en este punto otras dos mociones, la que pedía un plan de retirada progresivo, que fue abandonada pronto, y la que, en aplicación del mandato del TUC, pedía que el gobierno fijase una fecha para una retirada rápida de las tropas.
Entonces, la dirección del Partido Laborista pidió socorro al representante del sindicato oficial iraquí, el IFTU (próximo al Partido Comunista Iraquí, que participa en el gobierno provisional de Iraq), que tomó la palabra para llamar a los delegados a votar la resolución de la dirección a fin de «evitar un baño de sangre».
La representante de Kensington, que apoyaba la moción pro retirada, dijo que mantenía la resolución y llamó a votar contra la de la dirección. Precisó: «Nos dicen que la retirada de las tropas desencadenaría un baño de sangre. Pero estamos ya en pleno baño de sangre. La presencia de las tropas británicas es la causa del problema y no la solución del mismo.»
La única diputada que mantenía esta posición, Alice Mahon, explicó: «Si apoyáis la moción que os presentan, si pensáis que -como os dicen- las condiciones de seguridad van a mejorar en Iraq, es que vivís en una burbuja […]. Hay un abismo entre lo que pretende el gobierno y la realidad, y en ese abismo se pierde la credibilidad del Primer Ministro.»
Varios responsables sindicales intervinieron para explicar que había que votar la resolución presentada por la dirección del Partido Laborista. Ésta obtuvo el 86% de los votos (el 40% de los cuales provienen de los cuatro sindicatos que a continuación se señalan).
¿Cómo ha sido posible este resultado? La noche anterior a este debate, Blair se reunió con los cuatro grandes sindicatos, Unison, TGWU, GMB y Amicus, para llegar a un acuerdo sobre Iraq. Por lo tanto, la resolución fue aprobada gracias a un auténtico golpe de mano organizado con la ayuda de los secretarios generales de los cuatro mayores sindicatos del TUC.
¿Cómo se puede admitir ese golpe de mano, cómo aceptar que se pisotee el mandato del TUC? Es la pregunta planteada por militantes del Partido Laborista y sindicalistas agrupados en The Link, que luchan por la independencia de las organizaciones sindicales.
Bélgica: «Parar esta carrera hacia el abismo»
En Bélgica, en el mismo momento en que la ofensiva de la Unión Europea pasa por la tentativa de regionalizar la Seguridad Social (y en definitiva de romper el país separando Flandes de Valonia), se alzan muchas voces contra el proyecto de «Constitución», también en las cúpulas de las organizaciones.
Georges Debunne, antiguo secretario general de la FGTB y antiguo presidente de la CES, declaraba ya en junio de 2003: «Esta Constitución Europea -que estará por encima de las constituciones nacionales, que deberán ser revisadas para que concuerden con los reglamentos europeos, como ya ha sucedido varias veces- no permite ya que los partidos progresistas logren la aprobación de leyes de progreso social. En cambio, el reforzamiento de las reglas de competencia y de los criterios drásticos del pacto de estabilidad da todos los poderes a los partidos de la derecha para que organicen el dumping social y fiscal, apoyen el capitalismo salvaje y la explotación sin límites de los trabajadores, los bajos salarios y la precariedad generalizada, sin obligación de asegurar la vejez, el paro ni la enfermedad. Es la vuelta al siglo XIX.»
En una declaración de octubre de 2004, afirma: «Con esta ‘Constitución Europea’, ya no tendríamos ninguna posibilidad de actuar e intervenir. La Constitución Europea aprobada por los 25 jefes de estado y de gobierno agrava el déficit social y democrático que los tratados de la Unión Europea arrastran desde el principio. Como responsable sindical, denuncié esa carencia. Los sucesivos tratados han sido ratificados una y otra vez mediante promesas de que esto iba a mejorar y también gracias a la falta de información de los ciudadanos europeos.
Por eso lanzo este último grito de alarma en este periodo de ratificación en el que tendremos que legitimar -o no- este texto legal, que prevalecerá sobre las constituciones nacionales. La izquierda europea no puede seguir tergiversando. Hay que parar esta carrera hacia el abismo.
Ha llegado el momento de decir no a esta hegemonía del capital, de fijar unos objetivos y emprender la acción para realizar al fin una Unión Europea democrática y social basada en derechos fundamentales cívicos, económicos y sociales. Nos corresponde oponernos a que la Unión Europea se disuelva en una gran zona de libre comercio, inscrita en las exigencias inadmisibles de una economía puramente liberal dominada por la competitividad, la flexibilidad y la búsqueda exclusiva del beneficio, sin miramiento por el empobrecimiento de una masa cada vez mayor en beneficio de una pequeñísima minoría de ricos que se enriquecen.»
En esta situación, la clase obrera belga, que no está dispuesta a renunciar a la unidad de la Seguridad Social, trata de resistir. ¿Cómo se plantea en concreto la lucha por el frente único?
En Bélgica se ha constituido un comité por el NO a la Constitución Europea, tras una conferencia cuya mesa la formaban sindicalistas del metal y de los servicios públicos, el eurodiputado del PS Jean Maurice Dehousse y un representante del Movimiento de Defensa de los Trabajadores (MDT).
Este comité empezó por dar a conocer el llamamiento europeo contra la Constitución Europea, aprobado en la conferencia europea de Ginebra de junio de 2004. Lo suscribieron varios sindicalistas, entre ellos el responsable de la FGTB de Lieja.
Ahora, prepara un llamamiento contra la Constitución Europea, con el objetivo de demostrar las consecuencias de tal «Constitución» en Bélgica.
En efecto, la patronal la ha utilizado inmediatamente como punto de apoyo para lanzar una ofensiva sin precedentes, que ha llevado a su organización (la FEB) a declarar a fines de septiembre que había que revisar el modelo social belga ya que este modelo no existe en los países del Este y esos países no van a adoptarlo (lo que, por otro lado, evidencia que su entrada en la Unión Europea no puede sino agravar la situación social de los trabajadores de esos países).
Esto refuerza la importancia de una campaña contra la Constitución Europea y están en preparación varias iniciativas: el comité por el No de Bruselas prepara una conferencia, mientras que la FGTB de Lieja ha decidido organizar una conferencia sobre la Constitución Europea, en la que el eurodiputado Jean-Maurice Dehousse podrá defender la posición del No a la Constitución.
Francia: «No hay defensa posible de los servicios públicos, de los municipios, de los estatutos de personal y conquistas sociales, de la democracia y de la República sin decir NO a la Constitución Europea»
En Francia, el proceso que prepara la «Constitución Europea» se traduce también en el intento de desmantelar la unidad de la nación y todas las conquistas obreras y democráticas: los servicios públicos, los regímenes de protección social, los convenios colectivos, los estatutos de personal, en el marco de la regionalización.
La cuestión central es el NO a la «Constitución Europea», y en particular el no sindical. En muchos sindicatos, a todos los niveles (sindicatos de base, sindicatos nacionales, uniones departamentales) de las diferentes confederaciones, se aprueban resoluciones por el no. A nivel confederal es distinto por las presiones de la CES. La CFDT está en campaña por el sí, y apoyándose en la CES pretende incluso hablar en nombre de todas las confederaciones sindicales francesas. La CGT-FO fue la única que votó en contra de la resolución presentada en el Comité Ejecutivo de la CES del 14 de octubre. Su comité confederal nacional de septiembre, aprobó una resolución que dice: «El Comité Confederal Nacional afirma que FO está decidida a mantener su independencia y su libertad de actuación, también en cuanto al calendario, y no puede considerarse comprometida por las posiciones o decisiones que no emanen de sus estructuras. En particular, en lo tocante al proyecto de «Constitución «, FO no se siente comprometida por la toma de postura de la CES […]. El CCN recuerda los términos de la resolución general del congreso confederal: «En cuanto al proyecto de tratado constitucional, si resultase que su redacción final, presentada para ratificación, conllevase elementos atentatorios contra la libertad sindical que significasen de hecho la integración de la CGT-Force Ouvriere no vacilaría en oponerse a los engranajes de la decisión política, al nivel que sea, la CGT-Force Ouvriere no vacilaría en oponerse públicamente, como hizo en 1969, confirmando así su adhesión indefectible a la libertad sindical y a los valores republicanos, en particular a la laicidad.»
Sin embargo, los dirigentes confederales de la CGT-FO hasta ahora no han tomado posición como confederación sindical por el voto NO a la «Constitución Europea».
Antes, la CGT tenía una posición de oposición a los tratados europeos. Pero ya no es ésta la posición de su dirección confederal. Mientras muchos afiliados, delegados y sindicatos de la CGT dicen no, su secretario general, Bernard Thibault, se abstuvo sobre la resolución de la CES. Oficialmente, la posición de la CGT la expresó en la Comisión Ejecutiva Confederal del 9 de septiembre J.-C. Duigou, quien declaró: «El debate sobre la Constitución Europea, para un referéndum que en el mejor de los casos no tendrá lugar hasta la primavera próxima, parasita todos los demás temas y amenaza con provocar una fractura fundamental entre partidos, pero también en el seno de éstos. Entretanto, los proyectos liberales siguen sin dar respuestas a la altura de los desafíos planteados.»
Esta declaración equivale a subordinar la decisión de la CGT a la posición tomada por la CES y negar a los militantes sindicales el derecho a pronunciarse libremente sobre el tema. Como si la lucha contra los planes de privatización y de desreglamentación pudiese separarse de la lucha contra la «Constitución Europea». En realidad, los dirigentes de la CGT se comportan como fieles sostenes de la CES y sobre todo no quieren molestar al primer secretario del Partido Socialista, François Hollande, partidario del sí, que se las tiene con una fuerte resistencia interna favorable al No, dirigida en particular por Laurent Fabius.
Hay un potente movimiento de resistencia que se expresa en la multiplicación de tomas de posición de instancias sindicales contra la «Constitución Europea». En el seno de este movimiento, los militantes de la IV Internacional, que construyen el Partido de los Trabajadores, en pie de igualdad con otros militantes, desempeñan su papel, como muchos otros, respetando escrupulosamente las atribuciones y la independencia de nuestras organizaciones sindicales. Sin embargo, podemos leer en el diario patronal Les Échos (del lunes 11 de octubre): «[…] La dirección de la CGT no quiere repetir el episodio de 1992, cuando fue la única confederación en llamar a rechazar el tratado de Maastricht. Posteriormente, rompió con el PCF y se adhirió a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que apoya el tratado. Firme en esas dos conquistas de la era Thibault, la dirección de la CGT se resiste a las presiones del bando del «no «, que siguen siendo fuertes. En efecto, Europa es el tema por excelencia en que se enfrentan los conservadores y los modernos de la organización. Es también el caballo de batalla de los trotskistas del Partido de los Trabajadores (PT), poco numerosos pero muy activos, que tratan de arrastrar a la CGT -y a FO, donde su presencia es histórica- a un rechazo de este tratado, de la CES y de Europa en general.»
Este método está muy visto: a todos los que resisten contra la unidad corporativista se les etiqueta de «trotskistas». Pero los hechos son tozudos: el movimiento de resistencia busca ampliarse día tras día, y si bien los trotskistas contribuyen a ello ocupando su lugar, engloba en realidad a cientos de miles de cargos representativos, sindicalistas, trabajadores y jóvenes de todas las tendencias. Y, a iniciativa de 385 cargos representativos, el 16 de octubre tuvo lugar una conferencia nacional en defensa de los municipios y de los servicios públicos. El llamamiento a esta conferencia explica: «La Constitución Europea que se sometería de nuevo a la aprobación de los jefes de estado de la Unión Europea estipuló la transformación de los servicios públicos en ‘servicios de interés general», que podrán ser financiados por colectividades territoriales, por el Estado o por privados. Nuestras escuelas municipales están ya amenazadas por la decisión de cerrar todas las que tienen menos de tres clases y constituir redes intermunicipales calcadas de las mancomunidades de ayuntamientos. Nuestros municipios están ya sometidos, en el marco de la privatización pura y simple de Correos, al chantaje de o financiar la oficina de correos o aceptar que lo sustituya un «punto de correos» gestionado por un comerciante, o que se cierre sin más la oficina de correos.
Las prestaciones que garantizaban las direcciones departamentales de equipamiento ya pasan a ser de pago a petición expresa de Bruselas, con el fin de privatizar esos servicios […] Llamamos a nuestros colegas que han sido elegidos por la población y a la poblaciones a preparar una conferencia nacional de defensa de los 36.000 municipios, de los departamentos y de los servicios públicos. Por la República una e indivisible: igualdad de derechos ante la ley y los servicios públicos, defensa de los 36.000 municipios y de los departamentos, ningún cierre más de servicios públicos, reapertura de los que han sido cerrados.»
Mientras el gobierno aplica la directiva europea de privatización de Correos que conlleva la supresión de 6.000 oficinas de correos, 5.500 ayuntamientos han aprobado resoluciones rebelándose contra esa decisión. En ese contexto, la conferencia nacional ha lanzado un grito de alarma: «Está claro: no hay defensa posible de los servicios públicos, de los municipios, de los estatutos y conquistas sociales de la democracia y de la República si no decimos: ¡No a la Constitución Europea! Por ello, reunidos en este día, 16 de octubre, en Ivry-sur-Seine, en Conferencia Nacional de defensa de los municipios y de los servicios públicos, decidimos constituirnos en Comité Nacional por el No a la Constitución Europea. […]. Con la población, con los ayuntamientos, con las organizaciones sindicales, con cuantos están comprometidos con la causa de los servicios públicos y de la democracia, Nos manifestaremos de la República a la Nación, el sábado 22 de enero a las 14 horas.
Los cargos públicos, los demócratas y los trabajadores están confrontados en toda Europa a los mismos problemas y tienen las mismas razones que nosotros para votar NO a esta Constitución.»
España: «iZapatero, cumple tus promesas!»
En España, decenas de miles de puestos de trabajo están amenazados en los astilleros debido a la política de la Unión Europea.
En efecto, el 12 de mayo pasado, la Comisión Europea indicó al gobierno español que las subvenciones públicas concedidas por el anterior gobierno desde 1997 eran ilegales y debían ser devueltas. Es un anticipo de la aplicación de la «Constitución Europea», cuyo artículo 1-3, ya citado, dice: «La Unión ofrece a sus ciudadanas y ciudadanos un mercado interior en el que la competencia es libre y no está falseada»
La política de los aparatos consiste en cargar al gobierno anterior con la responsabilidad de esta situación y con ello ocultar las consecuencias de la política de la Unión Europea. El actual presidente, Zapatero, ha afirmado que el objetivo de su gobierno era salvar los astilleros, pero también que apoyaba el plan de reconversión. Y el gobierno querría que los sindicatos se impliquen en la aplicación de ese plan.
En septiembre han tenido lugar importantes huelgas y manifestaciones de los trabajadores del sector naval por la retirada del plan de reconversión, con la consigna unánime «íZapatero, cumple tus promesas! «. La resistencia se expresa también en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así, el secretario general. del PSOE en el País Vasco declaró el 12 de septiembre que el futuro del PSOE estaba ligado a la solución que el Gobierno dé a la crisis del sector naval. En esta situación, la cuestión planteada es la del mandato que tiene Zapatero, que hay que recordar fue elegido tras una crisis abierta por la irrupción de las masas tras los atentados de Madrid.
Los compañeros del Acuerdo Internacional en España han impulsado una carta abierta a Zapatero que está siendo firmada masivamente por trabajadores, y que dice: «El día 12 de septiembre te comprometiste a defender los astilleros públicos. […]. Es el sentir compartido por todos los trabajadores. Para la mayoría de la población no hay necesidad más urgente que rechazar las exigencias de Bruselas de desmantelamiento del sector naval […] Las exigencias de la Comisión Europea son inaceptables, y no deben ser acaptadas. El 18 de abril ordenaste -respetando las exigencias de la mayoría- la retirada de las tropas. Te enfrentaste a Bush y al Consejo de Ministros de la UE. Tuviste el apoyo de la inmensa mayoría de los pueblos del Estado español, de Europa y del mundo. […] En este momento difícil, las organizaciones que los trabajadores levantaron deben apoyar cualquier paso del Gobierno para mantener todos los centros da trabajo y todos los puestos de trabajo de Izar […J Ya hoy decenas de ayuntamientos, instancias sindicales, cargos públicos e instancias del partido que diriges y de toda la izquierda te piden que mantengas Izar y todos sus puestos de trabajo.»
(*) Resúmen del articulo: » Las clases obreras de Europa y las organizaciones ante el proyecto de tratado constitucional». Revista La Verdad nº40. Noviembre 2004. Suscripción: [email protected]