El Consejo de Europa ha aprobado por abrumadora mayoría el segundo informe de Dick Marty sobre las cárceles secretas y el transporte ilegal de presuntos terroristas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En él, arremete contra el silencio de los Gobiernos de los países que albergaron dichos centros de detención estadounidenses. En […]
El Consejo de Europa ha aprobado por abrumadora mayoría el segundo informe de Dick Marty sobre las cárceles secretas y el transporte ilegal de presuntos terroristas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En él, arremete contra el silencio de los Gobiernos de los países que albergaron dichos centros de detención estadounidenses.
En la apertura del debate, el legislador suizo afirmó que ‘The Wahington Post’ y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo en noviembre de 2005 para que el diario, que destapó entonces esas operaciones, no citara a Polonia y Rumanía como lugares donde la CIA estableció centros de detención secretos de presuntos terroristas.
En su intervención, el relator suizo del Consejo de Europa, organismo encargado de velar por el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos, defendió este segundo informe, en el que asegura que existen pruebas para respaldar sus acusaciones. Marty señaló que «cientos de personas fueron secuestradas sin control judicial» y algunas de ellas «siguen en Irak, Afganistán, Guantánamo e incluso Europa».
Tras la presentación del informe de Marty el pasado día 8 en París, que llegaba alrededor de un año después de publicar el primero, las autoridades de Polonia y Rumanía negaron sus afirmaciones de que entre 2003 y 2005 la CIA gestionó centros secretos de detención en sendos países.
Este miércoles, el legislador socialista rumano Vasile Ungureanu dijo que el informe tiene «una argumentación de película, que lleva a la especulación y está privado de objetividad». Por su parte, el parlamentario popular polaco Krzysztof Zaremba tildó de «imaginaciones» las conclusiones.
Marty respondió a las críticas con el argumento de que, próximo a acabar su carrera política, «no voy a inventarme cosas y echar por la borda 35 años de vida». Ante los ataques, preguntó a los críticos: «¿qué han hecho ellos en sus parlamentos nacionales para que se sepa la verdad?».
124 de los 169 diputados presentes en el pleno de la Asamblea Parlamentaria votaron a favor, 37 votos fueron negativos y hubo 8 abstenciones. Las recomendaciones fueron aprobadas con el voto a favor de 122 parlamentarios, 30 oposiciones y 7 abstenciones en el hemiciclo.
‘Actitudes deplorables’
El texto «deplora» que países como Italia , Alemania , Macedonia y Rusia hayan invocado el «secreto de Estado o de seguridad nacional» para «obstaculizar los procedimientos judiciales» relativos al asunto.
Por el contrario, el informe elogia a Bosnia-Herzegovina por haber reconocido que permitió la detención de seis personas, tras lo cual pidió excusas. Además, reconoce la coherencia de la Administración Bush que reconoció la existencia de esos centros.
Por otra parte, concluye que a partir de ahora será responsabilidad de Gobiernos y Parlamentos nacionales proseguir las investigaciones.
La colaboración de la OTAN
El informe llama la atención sobre «el papel que ha desempeñado la OTAN de colaboración con la CIA» tanto en los traslados de detenidos, como en su entrega a terceros países.
En su informe, Marty estima que «los medios para satisfacer las necesidades operativas claves de la CIA a nivel multilateral han sido desarrolladas en el marco de la OTAN».
En este sentido, el informe explica que la autorización de la Alianza Atlántica este tipo de prácticas arbitrarias e ilegales quedó manifiesta tras la reunión de la OTAN del 4 de octubre de 2001 para «examinar conjuntamente propuestas concretas presentadas por Estados Unidos».
Finalmente, el Consejo de Europa asegura compartir la lucha contra el terrorismo, pero siempre, según fuentes del Consejo, ateniéndose a la «legalidad y al respeto de los Derechos Humanos».
En el proyecto de resolución aprobado pide que las víctimas sean rehabilitadas e indemnizadas y que la Asamblea ponga en marcha un auténtico mecanismo europeo de investigación parlamentaria.