El aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas y la reciente detención de tres sospechosos de cometer un mega atentado contra una instalación militar estaodunidense en Alemania tapan otra operación «anti-terrorista» que ha levantado ampollas en el ámbito académico alemán e internacional: se trata de la detención del sociólogo Andrej Holm y de otras […]
El aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas y la reciente detención de tres sospechosos de cometer un mega atentado contra una instalación militar estaodunidense en Alemania tapan otra operación «anti-terrorista» que ha levantado ampollas en el ámbito académico alemán e internacional: se trata de la detención del sociólogo Andrej Holm y de otras tres personas, acusadas de integrar un grupo ultraizquierdista que cometió varios actos de sabotaje desde 2001.
El caso Holm es importante por dos razones: primero porque es la continuación de las acciones policiales contra la polifacética izquierda alemana, que culminó en registros y detenciones poco antes de la anticumbre del G8 en junio. La segunda razón es que el Estado alemán, por medio de su Fiscalía Federal, esgrime el párrafo 129a del Código Penal para criminalizar aquel sector de la izquierda alemana que mediante su formación universitaria y científica estudia los problemas del país en busca de soluciones que no corresponden al canon neoliberal.
El párrafo 129a castiga la formación de una «asociación terrorista». El término alemán equivale al castellano de la «banda terrorista». En el caso concreto el Estado alemán está estudiando si la actual legislación es suficiente para perseguir a aquellos grupos y personas que mediante la ciencia se oponen a la instalación y consolidación del sistema neoliberal. A modo de ejemplo emplean el párrafo 129a en relación con la responsabilidad intelectual de unos actos de sabotaje. Este procedimiento cuadra con la nueva política policial del ministro de Interior Wolfgang Schäuble (CDU) que entre otras cosas prevee la cárcel preventiva tanto para supuestos «terroristas» como para manifestantes violentos, el espionaje de los ordenadores y la concentración de los servicios de seguridad.
Estos últimos cuentan con un grave problema, que llevan arrastrando desde la época de la ahora disuelta Fracción del Ejército Rojo (RAF): en muchos casos no han podido identificar a los autores de los crímenes. La justicia optó por condenar en bloque a los sospechosos porque no podía determinar la culpabilidad individual de cada uno. Ahora está a prueba si esta práctica es aplicable con otro instrumentario legal a grupos que, con un fin político, cometen sabotajes.
militante gruppe
Desde el año 2001 actúa el militante gruppe (m.g.) en Berlín y en el estado federal vecino de Brandenburgo. El m.g. está considerado como una organización armada de izquierda. El grupo opina que sus atentados forman parte de la «lucha revolucionaria», en base al «principio comunista, socialrevolucionario y antiimperialista». Hace seis años cometió su primera acción, enviando munición a políticos y dirigentes de la economía o empresa alemana para protestar por cómo estaban realizando la indemnización de los trabajadores forzados del nazismo. Poco después, el m.g. optó por centrar sus ataques en automóviles.
Entonces, Berlín y sus zonas limítrofes llegaron a conocer el fenómeno de la «muerte de los coches lujosos». De lo que va de año unos 90 vehículos han sido quemados en la capital alemana. El sistema es siempre el mismo: una persona desconocida coloca un cigarrillo encendido sobre un encededor en la parte superior de una rueda. A los pocos minutos el artefacto explota y calcina el automóvil. El m.g. asumió la responsabilidad de las acciones.
En el 2003 el semanario conservador «Focus» publicó los nombres de cuatro supuestos integrantes del m.g., diciendo que la Policía Judicial Federal (BKA) los tenía identificados como tales. Los cuatro acusados llevaron a «Focus» y a otros medios a los tribunales. Después de las revelaciones no se produjeron ni registros ni detenciones y ni siquiera se abrió sumario alguno contra los cuatro. Aún así el BKA y Fiscalía Federal siguieron sus investigaciones.
«En plan película»
A finales de julio los agentes decidieron actuar cuando en Brandenburgo la Policía logró evitar que tres camiones de las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, quedaran destruidos, desactivando los artefactos y arrestando a tres sospechosos. Según publica un comité de solidaridad, la Policía los detuvo «en plan película» con brutal fuerza, causándoles heridas en el momento de la acción. Después, los agentes les pusieron bolsas en la cabeza y les quitaron la ropa por un traje de plástico. El mismo trato recibió, según esta fuente, también el sociólogo Holm, que quedó detenido bajo la acusación de integrar una «asociación terrorista». Los cuatro presos fueron llevados en helicóptero, fuertemente vigilados por policías especiales, y bajo la presencia de los medios de comunicación al Tribunal Federal de Karlsruhe. A principios de agosto los jueces decretaron cárcel preventiva bajo régimen de aislamiento, aunque ninguno de los cuatro arrestados contara con antecedentes penales y cómo mucho se les pudiera acusar de un frustrado intento de incendio intencionado, pero la supuesta pertenencia a «asociación terrorista» complicó su situación.
La escenificación que rodeaba la detención de los cuatro tendía a tapar la fragilidad de los indicios que pesaban contra el sociólogo: la sospecha de que Holms pudiera ser el cabecilla del m.g. se basaba en el hecho de que el grupo y el científico usasen la misma terminología sociológica en sus respectivos escritos.
En concreto se trata del término «gentrificación». Con este término se describe y se estudia cómo los barrios de una ciudad cambian de habitantes si, por ejemplo, son objetos de la especulación inmobiliaria. En este tipo de investigaciones se centraba el trabajo de Holm, de 36 años, casado y padre de un niño.
En Berlín no se quedaba encerrado en su despacho de la Universidad Humboldt, sino que asesoraba también a los inquilinos que se veían amenazados por la privatización de las viviendas públicas y por la nueva legislación social que obliga a los desempleados a buscar una vivienda más barata. Holm participió también activamente en la contracumbre del G8 el pasado junio en Alemania.
El Ministerio Fiscal acusa a Holm y a otro académico detenido de formar la «asociación terrorista» m.g. porque en los respectivos documentos aparecen los mismos términos y frases. La Policía encontró esta coincidencia haciendo uso de google, buscando por determinadas palabras. Durante más de un año observaron a Andrej Holm, haciéndo un seguimiento de sus pasos, de sus contactos y de la forma en la que se comunicaba con sus amigos. Otra prueba que «pesa» contra él es el hecho de que se haya reunido con uno de los otros detenidos sin haber llevado su móvil. Los fiscales consideran el encuentro como «conspirativo». Además, la acusación le considera culpable porque es «intelectualmente capaz de escribir los textos sofisticados del grupo militante» y porque como «colaborador empleado en un centro de investigación tiene a su disposición bibliotecas que puede usar de manera inadvertida para poder realizar investigaciones que le permitan preparar los textos para el militante gruppe». La Fiscalía no contempla la posibilidad de que el m.g. pudiera haberse fijado en los textos de Holm cuando redactó sus comunicados reivindicativos.
Fuertes reacciones
La detención del sociólogo y los argumentos de la Fiscalía causaron fuertes reacciones en el mundo universitario tanto a nivel nacional como internacional. El 22 de agosto, la abogada de Holms, Christina Clemm, comunicó que su defendido había sido puesto en libertad condicional tras pagar una fianza. El Tribunal Federal de Karlsruhe ha aplazado su decisión definitiva hasta principios de octubre.
Pocos días después de su puesta en libertad la BKA se presentó de nuevo en la casa de Holm. Estaba buscando una bolsa negra con documentos. En una entrevista concedida al diario «Taz», la letrada Clemm explicó que se trataba de la documentación sobre el caso que su defendido tenía en la cárcel y por lógica era idéntica con la de la Fiscalía Federal. El registro se realizó sin orden judicial, dice Clemm y lo relaciona con la mala situación en la que se encontraba la fiscal general Monika Harms ante la decisión del Tribunal de prolongar o de revocar la libertad provisional de Holm. A finales de agosto, la letrada informó de que el Tribunal Federal no iba a decidir sobre el recurso de la Fiscalía contra la libertad concedida a su cliente hasta el 5 de octubre. Los jueces federales necesitan cinco semanas para deliberar sobre las condiciones que determinan cuando una persona es sospechosa de formar parte de una «asociación terrorista».
Por otro lado, se les ha planteado qué factores hacen de un grupo una «asociación terrorista» según el párrafo 129a. Lo que queda es un debate sobre el párrafo 129a del Código Penal que penaliza la formación de una denominada «asociación terrorista». El Parlamento de Bonn lo aprobó en 1976 para combatir la lucha armada protagonizada por la RAF y otros grupos. El 129a persigue tanto a los fundadores e integrantes de una «asociación terrorista» como a sus simpatizantes. Sin embargo, el Estado no especifica qué es «terrorismo». Además, la Fiscalía no tiene que presentar pruebas de la implicación concreta de una persona en un delito si la acusación le aplica el 129a.
De esa forma se le puede hacer responsable por todas las acciones cometidas por la «asociación terrorista». Hasta el 2001 el 129a preveía que para su aplicación era necesaria que dicha organización actuase en Alemania. Después del 11-S se cambió el párrafo de tal forma que a partir de ahora se le podría aplicar a ciudadanos alemanes para acusarles de pertenencia a ETA, por ejemplo. Años atrás, el abogado y defensor de los Derechos Civiles, Rolf Gössner, dijo sobre el párrafo: «El artículo 129a es más que una simple norma de Derecho Penal».
Cuando el sociólogo Holm recobró su libertad, el nuevo partido socialista, Die Linke, exigió la abolición del artículo 129a del Código Penal.
En nombre de la ejecutiva nacional, Katina Schubert y Elke Breitenbach denunciaron que se ponía «bajo sospecha de terrorismo» el enfrentamiento intelectual con temas urbanísticos y socialmente calientes. Las dos políticas consideran que el artículo 129a sólo sirve para asustar e intimidar. El diputado de los Verdes, Christian Ströbele, ha colocado su posición respecto al caso Holm en su página internet. El abogado se muestra «horrizado y consternado» después de haber leído la argumentación de la orden de arresto. Dice que no se puede aplicar el párrafo 129a porque según su nueva versión implica que a la República Federal de Alemania debería haberle ocurrido un daño considerable.
Y añade: «La argumentación implica que la culpa de tener ciertos contactos y la capacidad intelectual y científica de redactar un texto son suficientes para pensar que existe una sospecha concreta y para conseguir un orden de arresto». Ströbele opina que esa visión no es compatible con el Estado de Derecho. Los verdes quieren esperar primero a la sentencia del Tribunal Federal de Karlsruhe antes de emprender iniciativas parlamentarias contra el 129a.
Desviar la atención
Ahora, con el hallazgo de una supuesta célula de Al Qaida en Alemania, el Gobierno de Angela Merkel intenta desviar la atención de la opinión pública del espinoso caso Holm hacia el «terrorismo islámico». Así le será más fácil implantar el nuevo «catálogo de seguridad» de su ministro de Interior Schäuble. Éste servirá de marco general para acorralar legal y policialmente a la izquierda, que a pesar de sus divisiones internas, tarde o temprano se beneficiará políticamente de las contradicciones que el capitalismo neoliberal está produciendo en este país, por ejemplo mediante la privatización de la vivienda pública, denunciada por Holm.
Desde el año 2001 actúa el militante gruppe (m.g.) en Berlín y en el estado federal vecino de Brandenburgo. El m.g. está considerado como una organización armada de izquierda. El grupo opina que sus atentados forman parte de la «lucha revolucionaria», en base al «principio comunista, socialrevolucionario y antiimperialista»
La escenificación que rodeaba la detención de los cuatro tendía a tapar la fragilidad de los indicios que pesaban contra el sociólogo. La clave parecía ser el uso de la misma terminología sociológica en los escritos de Holm y del militante gruppe.
Una semana después de la detención de Andrej Holms unas cuarenta personas, la mayoría de ellas procedentes del mundo académico, mandaron una carta abierta a la Fiscal Federal Monika Harms. Los autores exigieron la puesta en libertad del detenido y criticaron la argumentación del Ministerio Fiscal, diciendo que «argumentos como estos hacen aparecer cada actividad científico como algo potencialmente criminal». Adujeron que la argumentación de la Fiscalía Federal suponía «una amenaza directa para todos que practican una ciencia, periodismo o arte críticos».
Además exigieron que «una investigación crítica, también conectada con el compromiso social y político no debe ser declarado un delito terrorista». A finales de agosto se sumaron a esta declaración la presidenta del Centro Científico de Berlin, Jutta Allmendinger, el director de Instituto Cultural NRW Claus Leggewie y el presidente de la Sociedad Alemana de Sociología, Hans Georg Soeffner. El trio rechazó rotundamente «la construcción de una autoría intelectual» y recordó que «la ciencia se basa en la libertad de la investigación y de la enseñanza además de la independencia intelectual de los que ejercen la profesión».
Los participantes en el Congreso Anual de los Sociólogos Americanos en Nueva York respondieron a la detención de su homólogo alemán: «Nosotros rechazamos rotundamente la increíble acusación de que la actividad científica y el compromiso político son valorados como la corresponsabilidad intelectual en una supuesta asociación terrorista».
La acción del Estado alemán contra académicos críticos y además políticamente activos, se ha convertido en un punto más en una larga lista de operaciones similares contra la izquierda que se han producido en la Unión Europea. Aparte del sumario 18/98 que el Estado español mantiene abierto contra decenas de ciudadanos y organismos en Euskal Herria, se han producido otros casos parecidos. En relación con el reciente caso de Holm, la periodista Emmanuelle Piriot recuerda algunos que apuntan asimismo a los movimientos sociales.
En Gran Bretaña está el caso de los activistas ecologistas que movilizaron contra la construcción de la quinta terminal del aeropuerto de Heathrow. Las autoridades demostraron cómo las medidas anterroristas servían para poner a raya las protestas políticas. En el estado francés, los profesores y padres de la Red Educación Sin Fronteras (RESF), que se dedica a proteger a niños escolarizados de ser deportados por ser sus padres inmigrantes «ilegales», son perseguidos, controlados y criminalizados.
Recientemente, el diario polaco «Gazeta Wyborcza» informó de que fue el servicio antiterrorista de la prefectura de Varsovia el que envió la orden de intervención contra la huelga de enfermeras a todos los puestos policiales. Se ordenó a los policías que recabasen cualquier información respecto a los huelguistas y a las personas que los apoyaban. Este espionaje fue justificado con que se pretendía proteger a las enfermeras contra la infiltración por parte de personas violentas y/o anarquistas.