Traducido para Rebelión por J.M. y revisado por Caty R.
Abogados activistas en derechos humanos y pro palestinos de una serie de países europeos son portadores de listas con nombres de soldados del ejército israelí presuntamente involucrados en crímenes de guerra cometidos durante la operación «Plomo Fundido» en la Franja de Gaza. En dichos países, la legislación vigente permite lanzar órdenes de detención contra militares que hayan participado en crímenes de guerra y decidan entrar en esos países.
Abogados británicos y de otros países europeos han estado recogiendo testimonios y otras informaciones de palestinos residentes en la franja de Gaza desde el mes de enero. Mantienen que de esos testimonios se desprende que durante la ofensiva se cometieron crímenes de guerra. Las evidencias involucran a oficiales del ejército israelí que abarcan los rangos de comandantes de batallones y superiores que estaban al mando durante las distintas etapas de la operación «Plomo Fundido».
Los otros países donde hay abogados recopilando información sobre el tema son Holanda, España, Bélgica y Noruega, cuyas leyes, igual que las de Gran Bretaña, permiten la emisión de órdenes de detención contra ciudadanos extranjeros sospechosos de crímenes de guerra.
El abogado Daniel Markover, de Londres, es el coordinador de estos esfuerzos en Gran Bretaña. Uno de sus colegas visitó la franja de Gaza unas semanas después de los ataques con el fin de recoger testimonios. Los civiles palestinos también le dieron su representación y asistencia legal y le pidieron que actúe en el proceso judicial en sus nombres, de conformidad con las leyes inglesas.
En declaraciones al periódico Haaretz, Markover se negó a ofrecer detalles sobre la identidad de los oficiales del ejército israelí y de por qué se incluyeron en esas listas, pero sí dijo que mucho depende de los detalles específicos de cada caso. Markover dijo que cualquiera que estuviera involucrado en algún incidente puede enfrentarse a cargos criminales. El abogado añadió que hay oficiales que son candidatos obvios a esos cargos, y que en otros las circunstancias son menos obvias, pero subrayó que todo depende de los datos recogidos sobre el terreno.
Markover dijo que el informe Goldstone sobre los ataques a la Franja de Gaza reforzará los esfuerzos de los activistas, y que algunos de los hechos mencionados en el informe ya eran conocidos por los abogados. Markover forma parte de una red no oficial de abogados que actúa en varios países europeos para intercambiar y compartir información de manera que los oficiales sospechosos pueden ser detenidos en cualquiera de esos países.
Habitualmente, la información se recibe de los activistas pro palestinos que van detrás de los judíos o grupos pro israelíes que invitan a oficiales del ejército israelí a participar en conferencias. En algunos casos, esa información se transmite a los controles de las fronteras. Markover indicó que una pequeña cantidad de nombres de oficiales del ejército israelí ya está en una lista de la policía británica de vigilancia, y que en caso de que esas personas lleguen al país las autoridades pueden emitir las órdenes de detención.
El ejército israelí no quiso especificar las instrucciones que transmitió a sus oficiales antes de viajar al extranjero. En la práctica, a muchos oficiales que participaron en las operaciones de Gaza se les requirió que consulten con expertos legales del ministerio de Asuntos Exteriores, donde se les instruye sobre cómo comportarse en el extranjero y dónde deben aparecer con perfil bajo para proteger sus identidades; y en determinados casos, se les recomienda que no visiten ciertos países.
El ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado que dice: «El ministerio está al tanto de los esfuerzos emprendidos por grupos palestinos y sus partidarios para perjudicar a los oficiales del ejército israelí a través de medios legales y relaciones públicas, y estamos trabajando para impedir dichos esfuerzos».