Militares y policías armados hasta los dientes desalojan con violencia a familias campesinas indefensas. La presencia de organizaciones de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales evita, esta vez, un nuevo baño de sangre en el Bajo Aguán El amanecer del jueves 9 de diciembre fue de terror para decenas de familias campesinas del Bajo […]
Militares y policías armados hasta los dientes desalojan con violencia a familias campesinas indefensas. La presencia de organizaciones de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales evita, esta vez, un nuevo baño de sangre en el Bajo Aguán
El amanecer del jueves 9 de diciembre fue de terror para decenas de familias campesinas del Bajo Aguán. Varios contingentes de militares y policías, armados hasta los dientes, desalojaron sin ninguna orden judicial, ni presencia de un juez interventor, el asentamiento Paso Aguán, en la margen izquierda del río Aguán.
La delegación de organizaciones de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales llegó al lugar justo cuando los cuerpos represivos del Estado estaban terminando su «trabajo».
Decenas de efectivos, armados con fusiles M16 y hasta con una ametralladora M60, estaban obligando a hombres, mujeres, niños y niñas a abandonar el lugar que habían recuperado hace unos meses de las manos del terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.
Un escenario de guerra declarada contra la lucha campesina que pide, exige, tierra para trabajar y sobrevivir.
Una guerra absurda que se libra bajo las ramas de miles de plantas de palma africana que trajeron explotación, violencia y sangre derramada, acabando con la seguridad alimentaria de la mayoría de la población que vive en esas tierras fértiles del Bajo Aguán
Ante nuestros ojos se extiende un panorama dantesco: las humildes champas* están destruidas y quemadas. Hay colchones, utensilios de cocina y ropa personal regadas por todo el lugar, sobre el suelo mojado por el violento aguacero de la noche anterior.
Miradas perdidas de mujeres abrazando a sus niños. Hombres enojados gritando desesperadamente sus verdades, ante la mirada inmutable de uniformados que tratan de justificar lo injustificable.
Marchan en fila las familias desalojadas. Cada miembro carga algo en sus hombros, dirigiéndose hacia la nada. No tienen un lugar adonde ir.
Al final del día, es la solidaridad del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y de la comunidad Guadalupe Carney, también asediada por los militares, la que viene a paliar en parte esta dramática situación y a brindarles un lugar donde refugiarse. La ley de la selva
«Estamos cumpliendo las órdenes dictadas por el juez. Hacemos nuestro trabajo y ustedes no deben tergiversar lo ocurrido. Aquí no hay un solo herido, ni presos, y fueron los campesinos a darles fuego a sus champas», trataba inútilmente de justificarse el relacionista público de la Policía, Alex Madrid, mientras tomaba fotos a los periodistas y activistas de derechos humanos.
«Llegaron a las 5 de la mañana, encapuchados. Nos tiraron boca abajo y nos amenazaron. Destruyeron y quemaron nuestras champas como si fuéramos alimañas, se llevaron nuestros machetes, y ahora ni siquiera nos quieren dejar salir con nuestras cosas», cuenta enardecido uno de los campesinos desalojados que prefirió mantener el anonimato.
«Ya no se puede vivir, y estamos resignados a que nos maten los militares. Estamos abandonados en el Bajo Aguán. Nos quemaron las casas, quedamos sin nada y no tenemos la más mínima duda de que todo esto es obra de Miguel Facussé.
No tenemos armas, solo nuestros machetes y garrotes, sin embargo nos atacan, nos desalojan, nos reprimen sin piedad», agregó otro de los expulsados por la violencia militar.
Después de varias horas de permanencia en el lugar, la delegación logró asegurar la salida a salvo de todas las personas del asentamiento Paso Aguán, y se dirigió hacia la comunidad Guadalupe Carney, donde parece ser inminente el desalojo violento de la toma indefinida iniciada hace cuatro días por las organizaciones campesinas.
«En Honduras ya no existe la ley. La única ley que se cumple es el capricho del poderoso y el pueblo indefenso está bajo esta ley mortal. Hay que ir a las casas de la gente y ver cómo está viviendo. Es la miseria total. Es la idea que está destruyendo al mundo: el dinero por encima de la vida. No podemos seguir así», aseveró el sacerdote Fausto Milla, miembro de la Comisión de Verdad, mientras, caminando, dejábamos atrás la vergüenza de este nuevo atentado contra un pueblo en resistencia y en lucha por la vida.
Fuente: http://www.rel-uita.org/
Galería fotográfica del desalojo: http://www2.rel-uita.org/