En la mayor transferencia de poderes hacia la Unión Europea de los últimos 50 años, de acuerdo con el nuevo sistema europeo de ‘gobernanza económica’, Bruselas recibe el derecho de veto en decisiones sobre salarios, gastos públicos e impuestos. Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Es asombrosa la poca cobertura mediática que ha habido en el Reino Unido sobre unas medidas absolutamente revolucionarias y polifacéticas reveladas recientemente por la UE, como respuesta a la crisis de la eurozona y que entran dentro de lo que Bruselas llama ‘gobernanza económica’.
Sólo se ha hablado de este tema en un par de artículos de la prensa sensacionalista y aun así, su importancia ha quedado sepultada bajo la anecdótica pretensión por parte de la Unión Europea de armonizar el tamaño de los condones, de prohibir las patatas fritas con sabor a beicon ahumado porque el ahumado puede causar cáncer y de cambiar el nombre del chocolate a ‘vegelate’.
Según una fuente cercana al Ministerio de Finanzas alemán, el embajador del Reino Unido en la UE, Kim Darroch, le comentó que era mejor que el partido por la independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés) y la prensa se ocuparan antes de la curvatura de los plátanos que de las propuestas de la gobernanza económica, y en particular de algo llamado el ‘Semestre Europeo’. «Si supieran lo que está pasando…», afirmó el ministro.
Es notorio que el quid pro quo para los rescates de Grecia e Irlanda por parte de la UE y el FMI ha significado en los dos países la amputación de la toma de decisiones sobre las políticas fiscales internas. Esa amputación ha sido realizada sin anestesia por un equipo de cirujanos de la Comisión Europea, entrenados por el Ministerio de Finanzas alemán, utilizando sierras y formones prestados por el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Portugal, aun antes de solicitar el rescate, llevaba tiempo cumpliendo el programa de gobierno dictado por Bruselas y Berlín.
Pero todas estas medidas son supuestamente de emergencia y sí han aparecido en los medios. Lo que es menos conocido es cómo la UE ha suscrito, al amparo de Bruselas, una centralización similar de la toma de decisiones sobre los presupuestos nacionales en todos los Estados miembros a partir de 2011.
Aunque el Reino Unido todavía no se ha enterado, la Comisión Europea es plenamente consciente de lo que implica este cambio centrípeto de poderes.
«Lo que está ocurriendo es la revolución silenciosa y gradual de una gobernanza económica más fuerte», dijo el Presidente de la Comisión José Manuel Durão Barroso en junio del año pasado, después de que el Consejo de la UE aprobara los conceptos iniciales de la Comisión para la gobernanza económica. «Los Estados miembros han aceptado -y espero que lo hayan entendido bien- poderes muy importantes para las instituciones europeas respecto a la vigilancia, y un control mucho más estricto de las finanzas públicas.»
Pero, en realidad, es más un golpe de estado silencioso que una revolución silenciosa.
Conforme a la legislación ya aprobada, la Comisión Europea y su corolario, el Consejo Europeo, similar a un senado, dirigen un programa, de un año de duración, de vigilancia presupuestaria nacional llamado el ‘Semestre Europeo’. La Comisión redacta primero un esbozo general llamado ‘encuesta anual de crecimiento’ (AGS, por sus siglas en inglés) que son pautas relativas al tipo de presupuesto que se espera de los Estados miembros para el año siguiente. En enero se publicaron ya las pautas para el año 2012, sin ninguna aportación o consulta democrática por parte de los Estados miembros.
Jacques Delors, el anterior Presidente de la Comisión y nada sospechoso de ser crítico con el neoliberalismo, definió la AGS como «el documento más reaccionario que haya presentado jamás la Comisión».
A pesar de la austeridad severa impuesta en cada Estado miembro de la UE desde 2007, el documento dio a entender que, a pesar de los miles de millones de euros, libras, coronas y zloty eliminados de los presupuestos, tanta miseria aún no es suficiente.
La AGS exige aún más reformas en temas de bienestar, lo que incluye beneficios condicionados a otros factores y el retraso en la edad de la jubilación ‘prematura’. Los mercados laborales también deben flexibilizarse y se debe mantener una ‘moderación salarial estricta y sostenida’.
El Parlamento Europeo, la única institución de la UE elegida directamente, puede dar su opinión sobre el estudio pero la cámara no puede modificarlo. El estudio recibirá posteriormente luz verde, con las enmiendas incluidas por el Consejo, a finales de marzo.
Es en ese momento cuando los Estados miembros deben presentar sus planes presupuestarios para aprobación por parte de la Comisión y el Consejo, antes de que los presenten ni siquiera a sus propias cámaras legislativas. El Reino Unido ha conseguido arrancar una cláusula que le permite presentar el presupuesto primero a su Parlamento, pero sigue obligado a presentar en Bruselas el borrador con antelación, lo que produce el mismo efecto.
Entonces, si los planes presupuestarios no son aprobados al pasar revista, la Comisión emite unas ‘recomendaciones’ detalladas, específicas para cada país sobre niveles salariales y gastos sociales.
Si un país no acata estas recomendaciones, la UE tomará medidas punitivas. Aunque la Comisión y el Consejo europeos no pueden bloquear el presupuesto nacional propuesto por un gobierno, sí pueden dar la alerta, sancionar y, en los países de la eurozona, pueden imponer multas por valor de 0,2% del PNB de un país. La falta de cumplimiento con las demandas del Semestre Europeo durante tres años consecutivos puede acarrear multas de hasta 0,5% del PNB.
Teniendo en cuenta las cifras de 2009, para un país del tamaño de España, la multa sería de 5,25 mil millones de euros.
El Reino Unido, fuera de la eurozona, no sería sancionado; sin embargo, es objeto de presión por parte de los otros Estados miembros. Recibir presiones puede no parecer gran cosa, pero hay que recordar que fueron precisamente las presiones y no las multas lo que forzó a Irlanda a aceptar el rescate de la UE y el FMI que Dublín no quiso solicitar. Incluso sin sanciones, existe la posibilidad de que se retiren los fondos estructurales de la UE, lo que equivale a una sanción porque se disminuyen los ingresos. También existe la idea, aunque por el momento no está encima de la mesa, de negar el voto en el Consejo al país en cuestión. Es decir, se le obligaría a implementar las leyes de la UE, pero no tendría derecho a intervenir en la aprobación de las mismas.
Se están discutiendo otras propuestas, además del Semestre Europeo, que fijarían pautas similares del comportamiento esperado por parte de los Estados miembros y así impedir ‘desequilibrios macroeconómicos’ a largo plazo. Se produce en este sentido un solapamiento con el Semestre Europeo, pero donde éste se refiere a un único presupuesto anual, las propuestas para impedir desequilibrios entre Estados miembros no están acotadas en el tiempo.
Estas propuestas pueden referirse a problemas como el déficit comercial, la falta de competitividad en los precios, los niveles de deuda pública y privada, las burbujas inmobiliarias, la ‘adjudicación indebida de recursos’ y ‘los niveles insostenibles de consumo’, pero, en teoría, las propuestas podrían cubrir cualquier cosa.
Esto se debe a que, en la Merienda de Locos de los fundamentalistas del mercado, todavía falta establecer los indicadores cuantificables y definidos que fijen qué política produce y en qué punto se produce un desequilibrio macroeconómico en un país, ya que, como la Comisión sostiene que la importancia de los distintos desequilibrios varía en el tiempo, los indicadores sólo serán definidos ad hoc después de que la Comisión descubra que un miembro es culpable de haber cometido este delito.
Para ser claros, primero se le declarará culpable a un estado de desequilibrios macroeconómicos para luego definir qué significan estos.
La Comisión inicia entonces un ‘procedimiento de desequilibrio excesivo’, lo que significa tomar medidas punitivas igual que en el Semestre Europeo, con multas y sanciones de índole parecido.
El proyecto europeo de ‘gobernanza económica’ es también imposible de rastrear o modificar por parte de ciudadanos, periodistas o sociedad civil. Todo el proceso es ejecutado por expertos y abogados a puerta cerrada en la Comisión o el Consejo. Sus nombres no son públicos y a los periodistas no se les permite hacer preguntas a los tecnócratas que toman decisiones que afectan tan dramáticamente a cientos de millones de personas.
Jyrki Katainen, el Ministro de Finanzas de Finlandia, explicó en enero por qué era necesaria una medida tan radical: el nuevo sistema de gobernanza económica trata de hacer frente a los poderosos competidores orientales y del otro lado del Atlántico: «Si conseguimos coordinar nuestros esfuerzos con este proceso, la UE será más fuerte y más flexible ante posibles presiones procedentes de los mercados mundiales».
El proyecto constituye un intento de conseguir nada menos que una deflación masiva a través de la UE – mediante mercados laborales más flexibles, salarios y pensiones más bajos, la comercialización de los servicios públicos cuando no su privatización, y una re-configuración de la educación y la investigación para que estén al servicio de las necesidades del mercado, en un intento de devolver la competitividad a la UE ante los Estados Unidos, sin estado de bienestar, y la China plagada de talleres donde se explota y se esclaviza.
Nota de la Traductora:
La versión del artículo traducida es la que apareció en la edición en papel de Red Pepper. En la fuente se recoge una versión más larga.
Leigh Phillips es periodista en Bruselas y corresponsal para Europa de Red Pepper