Culminó ayer otro Consejo Europeo de transición. La UE adoptó algunas decisiones menores, declarativas sobre todo, y formalizó, no sin problemas en algún caso, otras ya negociadas y previstas. Todo, o casi todo, queda a la espera de que el Parlamento griego cumpla lo exigido. El proyecto de Gobierno económico también queda aplazado. A Schengen le han dado otra vuelta de tuerca y el BCE cambia de presidente tras un intercambio de cromos de última hora.
El pliego de conclusiones del Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas es algo más denso que el documento al uso tras este tipo de cumbres. La explicación es obvia: había poco concreto que anunciar en el punto central del orden del día (política económica) y lo que se había decidido en el segundo tema en importancia (migración y Schengen) es difícil de vender ante la opinión pública europea. Por si esto fuera poco, el anuncio formal del tercer punto, un relevo ya pactado al frente del Banco Central Europeo, se convirtió en una pelea a cuchillada limpia.
La mayoría de estos puntos aparecen recogidos en un preámbulo que ocupa una página dedicada a mencionarlos con expresiones tan genéricas como «el Consejo Europeo se congratula de los progresos hechos en las propuestas legislativas relativas al gobierno económico» (primera mentira, puesto que el Parlamento Europeo ha pospuesto la votación sobre esa resolución legislativa a julio), «el Consejo Europeo ha valorado la situación de los estados miembros que tienen un programa de ajuste» (pero no les pone nota, al menos en público), y «el Consejo Europeo ha dado orientaciones para el desarrollo de la política de la UE en materia de migración» («desarrollo» es, en este caso, un eufemismo).
Política económica
Bajo este epígrafe, y en el mejor estilo de barroca retórica comunitaria, los Veintisiete dedican casi seis páginas a tratar de ofrecer un mensaje de unidad ante la crisis griega y los problemas del resto de socios en apuros y, muy especialmente, ante el creciente descontento popular generado por las políticas de ajuste. Sin embargo, no hay ninguna acción o decisión concreta y el intento de demostrar que están actuando no convence.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reconocen que «partiendo de la evaluación ofrecida por la Comisión, el Consejo Europeo ha debatido las políticas y medidas presentadas por los estados miembros» y considera que éstas «constituyen un buen punto de partida para apoyar la recuperación de Europa, afrontar los desafíos presupuestarios y poner en marcha reformas más ambiciosas en el ámbito nacional».
Dice el Consejo Europeo que ahora saben mejor qué hay que hacer, aunque no lo explicitan, y lo único que puede sacarse en claro de estas conclusiones es que la Unión Europea impondrá más reformas y que exige a los estados miembros afectados que apliquen mejor lo exigido desde Bruselas (y desde el FMI, habría que añadir).
Los 27 constatan que será necesario un esfuerzo mayor en el plano europeo para crecer y crear empleo, con lo que viene a constatar que los estados, por sí solos, no pueden. Puestos a admitir, el punto cuatro dedicado a la política económica reconoce que la Unión Europea sigue siendo incapaz de sacar adelante las iniciativas Europa 2020 y el Acta del Mercado Único (plan con 50 medidas para aprovechar el potencial del mercado interior de la UE que fue propuesto por la Comisión Europea en 2010).
El Consejo Europeo aparca a diciembre, además, la valoración pormenorizada del Pacto del Euro Plus, que consiste en una serie de compromisos que deben asumir los miembros del euro y los demás países de la UE que voluntariamente deseen suscribirlo para impulsar la competitividad (eso sí, a base de contener los salarios), fomentar el empleo (reformando y flexibilizando el mercado laboral); garantizar las finanzas públicas (reduciendo prestaciones sociales) y reforzar la estabilidad financiera. Este instrumento, llamado a ser uno de los pilares de la arquitectura del futuro gobierno económico de la UE, pasará examen en diciembre. Para entonces, se supone, el Parlamento habrá aprobado el paquete legislativo para mejorar la governanza económica y los ministros de Hacienda habrán avanzado en la coordinación práctica de las políticas fiscales.
El pliego de conclusiones pide mayor ambición y concreción en estas cuestiones.
Grecia, en la página 6
A pesar de que la cumbre ha dedicado gran parte de estos dos días a Grecia, es significativo que no se mencione hasta el punto número 13 de este capítulo dedicado a la política económica. Básicamente, los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea recuerdan a Atenas que sin la aprobación acordada por Gobierno y oposición del programa de ajuste impuesto no habrá nuevo desembolso. La ayuda de emergencia de 12.000 millones de euros que necesita Grecia para no suspender pagos en verano depende de la votación que tendrá lugar la semana que viene en el Parlamento griego sobre las nuevas medidas de austeridad y el plan de privatizaciones. Estos 12.000 millones forman parte del quinto tramo del primer programa de rescate, que sigue bloqueado. Además, del modo ambiguo ya previsto, la UE «manifiesta su acuerdo con que los fondos adicionales requeridos se financien a partir de fuentes tanto oficiales como privadas».
Al respecto, los gobiernos de la zona euro han iniciado esta misma semana contactos con algunas de las principales entidades privadas bancarias, que según varias fuentes comunitarias no identificadas podrían dar resultados bastante pronto.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ahondó en esta idea ayer al confirmar que tanto bancos como compañías de seguros del Estado francés han trasladado al Gobierno su disposición a participar en la operación. «En este ámbito, no tenemos ningún problema ni ninguna queja. Hay una voluntad muy fuerte de salvar a la zona euro», recalcó Sarkozy, admitiendo implícitamente que está en serio peligro.
Sarkozy, quien junto a Merkel forjó el compromiso inicial sobre la fórmula de participación del sector privado en el segundo programa, resumió la situación señalando que Grecia «tiene apoyo» y los europeos harán lo necesario para que se transfiera la ayuda y haya un nuevo plan de asistencia, desde julio.
¿Es independiente el BCE?
El gran tema del día no fue ayer, sin embargo, la política económica. Ni Grecia ni Schengen (cerrados ya de víspera) calentaron tanto los ánimos como el relevo al frente del Banco Central Europeo. Después de que Axel Weber, el delfín de Angela Merkel, abandonara en febrero inesperdamente la carrera por la sucesión de Jean-Claude Trichet, que se daba por segura, todas las miradas se orientaron hacia el italiano Mario Draghi, aparentemente bien considerado por la mayoría de los estados miembros pese a su pasado como vicepresidente para Europa de Goldman Sachs.
No había duda alguna en torno al nombramiento de Mario Draghi, aunque la víspera al inicio del Consejo Europeo llegó nítido el eco de los lamentos franceses y el jueves la UE no pudo anunciar el relevo como estaba previsto. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la designación de Draghi dejaba a dos italianos en el restrictivo Comité Ejecutivo del Banco Central por ningún francés, tras la salida de Trichet. Teniendo en cuenta que este directorio lo componen sólo seis personas (incluyendo al presidente) es de suponer que muchos estados miembros podrían discrepar legitimamente de su composición. No es el caso, pero Francia decidió ayer que sí, y sin esperar a los relevos ya reglamentados y pactados en fecha y forma, exigió la dimisión inmediata de Lorenzo Bini Smaghi, que ya formaba parte del órgano ejecutivo del BCE, y la inclusión en ese selecto grupo de un francés.
El mandato de ocho años de los banqueros centrales europeos, inspirado en el modelo del Banco Central Alemán (Bundesbank), buscaba precisamente preservar en lo posible la independencia de los banqueros centrales frente a los electos políticos, cuyos mandatos son más cortos. Con la presión ejercida por París, esa independencia está en cuestión.
Por una vez, Alemania ha quedado fuera de las hostilidades y ha sido Sarkozy quien ha dirigido las operaciones. Ha contado, para ello, con la intermediación de Herman Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, quien habló directamente con Lorenzo Bini Smaghi, quien le habría indicado que su intención era seguir en su puesto hasta el fin de su mandato en 2013. Fue entonces cuando Sarkozy entró en escena, aunque el presidente francés mantiene que ha sido Bini Smaghi quien le ha telefoneado, no al revés.
Conociendo cómo se las gasta, parece más creible pensar que fue Sarkozy quien llamó.
Sea como fuere, el anuncio oficial de la designación de Mario Draghi como nuevo presidente del Banco Central Europeo no llegó hasta que hubo constancia del compromiso de Bini Smaghi de ceder el puesto a un francés cuanto antes.
Se supone que Silvio Berlusconi aplacará las iras de Sarkozy llevando de vuelta a casa a Bini Smaghi para que suceda al propio Draghi como gobernador del Banco de Italia.
El típico intercambio de cromos comunitario, con la consecuencia también conocida de que el interés europeo ni tan siquiera prevalece en los consejos europeos. También en esta ocasión, cada jefe de Estado y de Gobierno ha ofrecido la típica rueda de prensa solitaria para vender ante los medios de comunicación «locales» todo lo obtenido para su país en la cumbre europea.