Las causas que llevaron a la grave crisis de deuda soberana en la Unión Europea, cuyas primeras señales de debilidad se remontan a 2007, no se eliminan con la sucesión de cambios de gobierno en varios países del bloque.
En España, las elecciones generales del domingo 20 terminaron con el triunfo del centroderechista Partido Popular (PP). El resultado fue una clara condena al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por no contener la profunda crisis económica que causó un desempleo sin precedentes y mayor pobreza, seguidos de un gran malestar social.
El PP triunfó pese a su obvia responsabilidad en la burbuja inmobiliaria que precipitó la crisis y que nació durante su gobierno entre 1996 y 2004. Tampoco explicó durante la campaña cómo hará para impulsar el crecimiento económico ni cómo responderá al movimiento de los llamados «indignados».
El cambio de gobierno en España es el quinto que se concreta este año en la Unión Europea (UE) y en la eurozona, directamente vinculado a la crisis económica que se abate sobre el Norte industrializado, derivada del colapso de los mercados financieros de 2008 en Estados Unidos.
Islandia y Hungría, que no pertenecen a la eurozona, también cambiaron gobierno en 2009 a raíz de la crisis financiera y de deuda soberana. El proceso se realizó por vía democrática en Islandia, Irlanda, Portugal, Hungría y España.
No se distingue un patrón en las preferencias ideológicas expresadas por las respectivas ciudadanías en las urnas. La gente simplemente votó por la oposición, ya sea de derecha o de izquierda, y por expulsar al partido gobernante, sin importar su programa ni su desempeño anterior.
Los gobiernos de Giorgos Papandreou, en Grecia, y de Silvio Berlusconi, en Italia, debieron dar un paso al costado este año por su incapacidad para afrontar la cuantiosa deuda y fueron reemplazados por coaliciones de tecnócratas, no elegidos por voto popular.
Pero los cambios no han arrojado resultados sustanciales en lo que respecta a eliminar las causas de la crisis, como son la desregulación y preeminencia de los mercados financieros internacionales y la decisión de los gobiernos de recurrir al crédito para financiar las actividades estatales, en vez de gravar el ingreso y la riqueza.
Los nuevos líderes que asumen funciones reducen el gasto público y los planes de bienestar social, aumentan los impuestos al consumo y, probablemente, prolonguen los programas de austeridad ya implementados por sus predecesores, sin tomar en cuenta que las medidas quizá agraven la recesión y disminuyan la capacidad del Estado para mejorar sus ingresos.
Otro dato de la realidad es que los países más afectados de la zona euro, que son Irlanda, Portugal, España, Grecia e Italia, conservarán esa moneda como propia, pese a que las diferencias en la competitividad económica sugieren que la actual organización de la unión monetaria no parece factible.
Lo que dificulta la operativa en la eurozona es la falta de coherencia en el sistema impositivo de los países que la integran y de una política económica común.
Además, independientemente de su color político, algunos gobiernos parecen reacios a atacar lo que numerosos economistas y analistas consideran el mello del problema: regular los mercados financieros, prohibir las transacciones sin valor económico objetivo y restaurar el dominio de las instituciones democráticas públicas sobre los intereses privados.
Un ejemplo de su falta de voluntad para realizar cambios en el sistema financiero es el fracaso de la propuesta de implantar la llamada tasa Tobin sobre transacciones financieras.
Lanzada hace casi 40 años por el hoy fallecido Premio Nobel James Tobin, la iniciativa se discute en Europa desde que estalló la crisis financiera y se generalizó en el Norte en 2009.
El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, dejó claro la semana pasada que su gobierno vetará la incorporación de la tasa en la UE. Como todas las decisiones fiscales dentro del bloque se aprueban por unanimidad, la medida no tiene la más mínima posibilidad de ser instaurada.
La prohibición de imponer instrumentos financieros enormemente especulativos y con visos de ilegalidad, como la venta corta de acciones, las compras financiadas por terceros y las permutas de incumplimiento crediticio descubiertas (CDS, por sus siglas en inglés), probablemente tampoco se logre.
También es altamente probable que Gran Bretaña se oponga a aplicar medidas generales, pese a que la UE suspendió en algunas ocasiones en los últimos cuatro años ciertas ventas cortas elegidas y, a mitad de este mes, el Parlamento Europeo propuso nuevas reglas para las CDS.
La oposición británica a la tasa Tobin y al control de transacciones altamente especulativas se relaciona directamente con el peso de los mercados financieros, como lo es la City de Londres, uno de los centros más importantes de la economía de ese país.
La CDS, que fue comparada con contratos ilegales de seguros contra incendios, fue considerada un instrumento clave de la aceleración del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la que desencadenó la caída de la economía global y la crisis de deuda soberana de los últimos cuatro años.
La CDS permite a los especuladores apostar a la caída de los precios de las casas y ganar enormes cantidades de dinero cuando efectivamente cae el mercado inmobiliario.
En la crisis de deuda soberana, los fondos de riesgo y otros especuladores con CDS sobre bonos de estados europeos, apostaban a que un país dado, por ejemplo Francia, no lograra pagar su deuda.
Los fondos de riesgo y otros especuladores pueden presionar a las agencias de calificación que evalúan la solvencia de países endeudados e inducirlas a comportarse según sus intereses.
Se especula que la última baja de calificación de los bonos europeos obedeció, en parte, a esa connivencia engañosa.
A principios de este mes, una agencia calificadora bajó por error la nota de la solvencia de Francia. De inmediato lo corrigió y explicó que el correo electrónico con la información falsa se había enviado por equivocación. Pero la posibilidad de que se puedan cometer «errores» como ese, muestra que las empresas están lejos de ser rigurosas.
Los gobiernos europeos, por su parte, sostienen que la gente ha «vivido por encima de sus posibilidades» para justificar el recorte del gasto público y de los programas de bienestar social. La verdad es que Europa es, pese a la crisis, un continente extremadamente rico, pero cuya riqueza está injustamente distribuida y gravada.
Diversos estudios muestran que la riqueza, que aumenta de forma sostenida desde hace décadas, también está cada vez más concentrada en las clases altas.
Mientras que 27 por ciento de la población alemana no tiene ningún patrimonio, 10 por ciento de la más acomodada posee 60 por ciento de las riquezas del país.