La renuncia frustrada del ministro de Seguridad Pública, J. Raúl Mulino, fue el producto de un conjunto de factores que, sin duda, están ligados a las declaraciones irrespetuosas del ahora ex director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez de la Ossa. Las exigencias del pueblo ngobe buglé en el «diálogo» de Clayton forman parte de […]
La renuncia frustrada del ministro de Seguridad Pública, J. Raúl Mulino, fue el producto de un conjunto de factores que, sin duda, están ligados a las declaraciones irrespetuosas del ahora ex director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez de la Ossa. Las exigencias del pueblo ngobe buglé en el «diálogo» de Clayton forman parte de la trama. Igualmente, el fracaso de la «guerra contra la droga» de EEUU afecta los operativos de las instancias cada vez más militarizadas de seguridad panameñas (Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Marítimo Aéreo). La inexistencia de enemigos reales tiende a arrastrar a los países de la región a zonas ingobernables. La visita de Joe Biden, vicepresidente de EEUU, a Honduras, donde se congregaron los presidentes de la región centroamericana para escuchar las últimas líneas de Washington. También hay que analizar la reciente pasada relámpago de 12 horas por Panamá de la ministra de Seguridad Interna de EEUU, Janet Napolitano. Firmó muchos acuerdos, pero no se dio a conocer el propósito de sus reuniones con el presidente Ricardo Martinelli y su equipo. El primer mandatario panameño se encuentra en una encrucijada que parece impedirle salir golpeando como boxeador por primera vez desde que llegó a la Presidencia en 2009. El choque entre Mulino y Pérez no sólo tiene implicaciones nacionales. En el tinglado también están en juego los intereses de las distintas instancias de seguridad de EEUU, Israel y otros países. El general Noriega, recluido en El Renacer, podría ayudar a los analistas a entender ese mundo de agencias norteamericanas que están luchando por sus respectivos espacios.
Mulino dio el primer golpe al lograr que el Gabinete de Martinelli aprobara su propuesta de que los agentes en las tres instancias de seguridad armadas de Panamá rindieran cuentas. No esperaba, sin embargo, el contragolpe tardío de Pérez quien convenció al presidente de que esa iniciativa debilitaba sus aspiraciones políticas en el futuro inmediato. En apariencia el asunto fue manejado de manera tan torpe que al final el propio Pérez perdió su puesto y lo relegaron al Consejo de Seguridad.
Hay quienes especulan que la maniobra fue estudiada para permitirle a Pérez llegar al Consejo de Seguridad donde supervisaría a las tres instancias militarizadas: Policía Nacional, SENAFRONT y SENAN. Un aspecto interesante de este proceso, que está lejos de culminar, fue la represión del pueblo indígena ngobe en San Félix en febrero de 2012. Los operativos de la Policía y de SENAFRONT no fueron coordinados de manera que pudieran neutralizar las protestas indígenas.
Los mandatarios que se han sucedido en el poder en Panamá desde la invasión militar norteamericana en 1989, han planteado que su objetivo principal es crear una plataforma nacional favorable a la realización de negocios. Cada uno sacó su plan improvisado y se dedicó a buscar mecanismos para favorecerse y repartir prebendas entre sus allegados. En el caso de Martinelli, no creyó necesario presentar un plan y se ha dedicado a crear proyectos de inversión y buscar fórmulas para nuevos negocios.
Los militares panameños, que estaban en el poder antes de la invasión, no se oponían a los negocios pero privilegiaban su visión de país bajo un paraguas compartido con el Pentágono. Perdieron la lucha interna en EEUU cuando la Casa Blanca se alineó con los estrategas del Departamento de Estado quienes maniobraron mejor que el Pentágono y, al mismo tiempo, neutralizaron las ambiciones de la DEA y de la CIA. La campaña mediática y diplomática de dos años contra Noriega, orquestada por el Departamento de Estado, culminó con la invasión, legitimada por una opinión pública norteamericana ablandada.
Martinelli utilizó la fuerza para reprimir las protestas del pueblo ngobe -en Changuinola en 2010 y San Félix en 2012- movilizando policías antimotines y tropas fronterizas. Ambas decisiones tuvieron un costo político demasiado alto para quien busca la reelección (a pesar de la prohibición constitucional). EEUU se percató que el gobierno panameño no controla la situación política y no cuenta con un consenso nacional. EEUU ha arrinconado al presidente Martinelli y ha puesto a una oposición financiada por otro sector de los rentistas panameños, aún fraccionada y debilitada, a socavar la legitimidad del actual gobierno.
La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó en un programa de televisión que la designación de Pérez como jefe del Consejo de Seguridad fue una premiación por parte de Martinelli. Fue concedida, agregó, «ante la insubordinación que cometió el director de la Policía Nacional contra Mulino». La abogada agregó que este movimiento en «ajedrez se conoce como un enroque. Un movimiento que hacen para acomodar al rey».
La llave de salvación de Martinelli puede estar en el diálogo con el pueblo ngobe. Los indígenas luchan por el futuro de su estilo de vida, incluso de su propia sobre-vivencia cultural. Para el gobierno, en cambio, la lucha tiene propósito y fecha: la reelección en mayo de 2014. Martinelli necesita encontrar un aliado en esta coyuntura, no puede descuidar sus flancos: Las protestas populares, el rechazo de la «sociedad civil» y los intereses de EEUU pueden combinarse para que tenga que enfrentar algo más que una crisis de gabinete.
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
Fuente: