Rumanía espera que el próximo informe de la Comisión Europea (CE) sobre justicia en el país descarte una postergación de la adhesión rumana al espacio Schengen, sostuvo hoy el primer ministro, Víctor Ponta. Sería incorrecta semejante decisión debido a la actual lucha política que tiene lugar en Bucarest, consideró el jefe de gabinete, quien viajó […]
Rumanía espera que el próximo informe de la Comisión Europea (CE) sobre justicia en el país descarte una postergación de la adhesión rumana al espacio Schengen, sostuvo hoy el primer ministro, Víctor Ponta.
Sería incorrecta semejante decisión debido a la actual lucha política que tiene lugar en Bucarest, consideró el jefe de gabinete, quien viajó a Bruselas para dialogar con líderes europeos sobre la situación interna.
Ese informe de la CE reflejará los progresos registrados por Rumanía en el campo de la justicia en los últimos cinco años, sostuvo Ponta, citado por Radio Rumanía Internacional.
Sin embargo, la comisaria europea correspondiente, Viviane Reding, advirtió que el Mecanismo de Cooperación y Verificación en el campo de la justicia podría prolongarse por algunos años, lo cual afectaría la integración rumana al espacio de libre circulación.
Los jueces declararon ilegal hace 48 horas la ley de organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC), impuesta la semana pasada mediante una ordenanza de urgencia del Gobierno de Ponta.
Esa normativa vetaba prácticamente el carácter vinculante de las decisiones del TC en relación con las decisiones parlamentarias bajo el argumento de que esos veredictos obligatorios complican el trabajo de los legisladores.
De inmediato, altos jerarcas europeos emitieron críticas para presionar a Ponta y a la coalición mayoritaria Unión Social-Liberal (USL), integrada por el Partido Social Demócrata, el Nacional Liberal y el Conservador.
José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y la canciller alemana, Angela Merkel, coinciden al señalar que la ordenanza de urgencia minó el papel del TC para allanar la vía de la destitución presidencial.
El sistema jurídico es independiente, pero debe tener un mayor grado de eficacia, argumentó Ponta, al tiempo que insistió en que Rumanía es un país europeo y democrático, respetuoso de la Constitución y el Estado de derecho.
Afirmó, asimismo, que el Ejecutivo organizará el 29 de julio un referéndum para destituir al presidente del país, ajustado a la legislación y sin ignorar la decisión del TC.
Según los jueces de esa alta corte, el jefe de Estado solo puede ser cesado si participa en la votación más del 50 por ciento del padrón electoral, concepto diferente del impuesto en la votación parlamentaria por la USL.
Estos diputados acordaron por mayoría validar el acto refrendatorio con las boletas de más de la mitad de quienes concurran a las urnas.
En correspondencia con lo prometido a los líderes de Bruselas, Ponta ya envió a la cámara legislativa la solicitud de convocar una sesión extraordinaria para volver a debatir antes del 29 de julio la Ley de Referéndum, según la radioemisora.
La decisión del TC obliga a actualizar los datos sobre los ciudadanos con derecho al voto, de acuerdo con las estadísticas oficiales del censo realizado en 2011, cuya publicación todavía está pendiente.
Datos de Eurostat citados en Internet señalan a Rumanía como el segundo país más pobre de Europa después de Letonia.
Según esa fuente, un rumano pobre ganaba en 2010 unos 273 euros, cifra con la que resultaba muy difícil vivir en el país, y este indicador se agrava con la agudización de la crisis en la euro zona.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=525321&Itemid=1