La grave crisis de derechos humanos que ha traído muerte y destrucción entre las familias campesinas del Bajo Aguán, ha sido objeto de un atento análisis y de condena de parte del Frente Nacional de Resistencia Nacional (FNRP) y de las organizaciones campesinas que luchan por el derecho a tener acceso a la tierra. Durante […]
La grave crisis de derechos humanos que ha traído muerte y destrucción entre las familias campesinas del Bajo Aguán, ha sido objeto de un atento análisis y de condena de parte del Frente Nacional de Resistencia Nacional (FNRP) y de las organizaciones campesinas que luchan por el derecho a tener acceso a la tierra.
Durante una muy participada conferencia de prensa, el FNRP y las organizaciones campesinas del Bajo Aguán responsabilizaron al régimen de Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso y precandidato presidencial por el conservador Partido Nacional, «de los permanentes asesinatos, atentados, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos contra campesinos organizados del Bajo Aguán».
Asimismo, condenaron la política de militarización del territorio, el asedio permanente a las comunidades campesinas de parte de los cuerpos de seguridad privada de los terratenientes y productores palmeros de la zona, al tiempo que plantearon la urgente necesidad de instalar una mesa de diálogo integrada por los diferentes poderes del Estado y los movimientos campesinos.
Solamente en las últimas tres semanas fueron 4 los campesinos asesinados por desconocidos y 5 los heridos, elevando a 52 los trabajadores rurales que han perdido la vida en menos de tres años a raíz de un conflicto agrario que parece no tener fin.
Además, la protesta de las familias campesinas ha sido criminalizada y el territorio militarizado. Sobre sus vidas pende ahora la amenaza del régimen de declarar el Bajo Aguán como «zona de seguridad nacional», lo cual implicaría un grave empeoramiento de las condiciones ya difícil de vida.
Este miércoles (1/8) está previsto que el Congreso Nacional apruebe una reforma a la Ley de Control de Armas de Fuego, Explosivos y otro Similares, para realizar un desarme general en el Valle del Aguán, así como para suspender la emisión de permisos para portar armas en el departamento de Colón.
«Hasta el momento no hemos visto una voluntad política de parte del régimen de encontrar una solución al conflicto que sea favorable a los campesinos. El FNRP es categórico en decir que hay que emitir una nueva legislación agraria para detener ese derramamiento de sangre», dijo Rafael Alegría, miembro de la Coordinación Nacional del FNRP.
Para Carlos H. Reyes, miembro de esta misma instancia de la Resistencia, la aprobación en 1992 de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, fue parte del modelo neoliberal implementado en Honduras, lo cual facilitó «la concentración de la tierra en pocas manos, la agudización del conflicto social y agrario, así como la profundización de la pobreza, la exclusión, la violencia y la represión».
También consideró las instituciones del régimen como unos «instrumentos útiles y cómplices de los terratenientes», y abogó por una movilización masiva del FNRP contra todos aquellos procesos «antipopulares y antinacionales que se están dando en Honduras», dijo.
Ante esta situación, Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), se opuso tajantemente a la posibilidad de que el gobierno decrete un estado de sitio. Recordó que el régimen nunca ha cumplido con los acuerdos firmados, al tiempo que condenó los asesinatos y desapariciones cometidas contra los campesinos, así como los más de 400 juicios por usurpación de tierra.
«No es militarizando la zona, ni ejecutando a campesinos o reprimiendo la protesta social que vamos a solucionar el conflicto. Necesitamos sentarnos todos y dialogar para buscar una solución a un problema de país, como es la tenencia de la tierra», concluyó Rivas.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.
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