Desde el pasado otoño, lo que ha venido en llamarse «crisis de las deudas soberanas» no ha dejado de agravarse en la Unión Europea. La atención se ha centrado sobre todo en sus rebrotes en Grecia, dejando de este modo en la penumbra el deterioro de la situación en España e Italia, potencialmente mucho más […]
Desde el pasado otoño, lo que ha venido en llamarse «crisis de las deudas soberanas» no ha dejado de agravarse en la Unión Europea. La atención se ha centrado sobre todo en sus rebrotes en Grecia, dejando de este modo en la penumbra el deterioro de la situación en España e Italia, potencialmente mucho más peligroso. Mientras, la sucesión de «cumbres europeas», todas calificadas de «última oportunidad» y que han venido preconizando siempre los mismos remedios neoliberales para «salir de la crisis», es el mejor indicio de su ineficacia. Una ineficacia tanto más sorprendente cuanto que los principios en que se inspiran están precisamente en el origen de esta crisis y no han dejado de alimentarla a lo largo de los últimos años. Hoy se imponen la necesidad y la urgencia de buscar otra vía.
La crisis de la deuda pública sigue profundizándose… y extendiéndose
Empecemos por Grecia, el «enfermo» de la zona euro. A pesar de la renuncia por parte de los acreedores a la mitad de la deuda pública griega (en forma de quita) y de la ayuda suplementaria de 130.000 millones de euros durante el invierno, la situación en este país sigue deteriorándose. Por quinto año consecutivo, el producto interior bruto (PIB) griego se contraerá un 4,7 % en términos reales en 2012, sumando así un descenso acumulado del 17,7 % desde 2008. La tasa de paro (oficial), que solo era del 7,5 % en septiembre de 2008, no ha dejado de aumentar desde entonces para alcanzar el 22,5 % (¡el triple!) el pasado mes de abril, mientras que la tasa de paro de los jóvenes de 15 a 24 años de edad ha saltado del 22,3 al 51,5 % entre abril de 2008 y abril de 2012.
En estas condiciones, no es de extrañar que haya descendido el poder adquisitivo medio (y programado) y aumentado la pobreza y la exclusión y, por consiguiente, que las autoridades griegas sean incapaces de recaudar impuestos, máxime cuando los principales propietarios del país (la iglesia ortodoxa y los armadores) siguen beneficiándose de importantes exenciones fiscales. Por consiguiente, el Estado griego tiene cada vez más dificultades para reducir el déficit público y pagar a sus acreedores, lo que incrementa la probabilidad de un impago, un riesgo que estos últimos anticipan con los elevados tipos de interés a los que siguen prestando a este Estado, pese a las garantías ofrecidas por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Esto, a su vez, dificulta todavía más la devolución de la deuda, sobre todo cuando la economía está en recesión.
Todo esto ocurre a pesar de la elección in extremis, el pasado mes de junio, de una mayoría parlamentaria que se comprometió a respetar las condiciones del memorando estipulado por la «troika» formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE), de común acuerdo con los acreedores, a fin de asegurar (en principio) la devolución del importe restante de la deuda. En estas condiciones, a lo largo de las semanas siguientes se siguió hablando continuamente de la deuda griega.
Ahora bien, desde hace poco es España, o más concretamente su sistema bancario, la que se ha convertido en principal objeto de preocupación. A lo largo de la década de 1990 y de comienzos de los años 2000, el crecimiento económico español se basó principalmente en una hipertrofia del sector inmobiliario. En gran medida especulativa, esta «burbuja» comportó un enorme endeudamiento privado (de los promotores, las empresas de construcción, las de materiales de construcción, de los hogares que adquirieron una vivienda, de las agencias de turismo, etc.) para con los bancos, según un esquema que tiene muchos puntos en común con lo que se desarrolló al mismo tiempo en EE UU y en el Reino Unido.
Cuando esta burbuja inmobiliaria estalló debido al sobrecalentamiento del mercado y a la multiplicación de los impagados, derivada del aumento del paro y de la inflexión global de la coyuntura a raíz del estallido de la llamada crisis de las «hipotecas basura» en EE UU (2007-2008), los bancos españoles se encontraron con una montaña de créditos morosos o lisa y llanamente incobrables, que fue creciendo a medida que se hundía el mercado inmobiliario y se multiplicaban las quiebras y los despidos. En mayo pasado, esos créditos morosos sumaban unos 155.000 millones de euros, equivalentes al 9 % del volumen total de créditos bancarios españoles, situando al conjunto del sistema bancario español al borde de la quiebra.
Así, en el transcurso de ese mismo mes de mayo, el Gobierno español tuvo que prevenir la quiebra inminente del conglomerado bancario Bankia, fruto de la fusión de siete cajas de ahorros regionales gravemente afectadas por sus compromisos anteriores en el sector inmobiliario, inyectando 19.000 millones de euros en su capital, lo que supuso la nacionalización de hecho de la entidad. E incapaz de hacer lo mismo con el resto del sistema bancario español, el Gobierno ha tenido que solicitar de paso una ayuda del FEEF por importe de 100.000 millones de €, lo que supondrá ante todo un aumento de la deuda pública española de alrededor del 10 %, forzando una nueva vuelta de tuerca presupuestaria (reducción del gasto y aumento de impuestos) de 65.000 millones de €, con lo que el cumplimiento por el Estado español de sus compromisos anteriores de reducción del déficit público será todavía más improbable.
La consecuencia inmediata ha sido un aumento adicional del tipo de interés que ha de pagar el Estado por los préstamos que suscribe en el mercado financiero internacional, que ya eran elevados: en julio ascendieron al 7,55 %, con lo que el peso de la deuda se tornará insoportable en un momento dado, como por cierto no deja de repetir el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, desde hace varias semanas. De este modo nos acercamos progresivamente al umbral en que resultará inevitable un «plan de rescate» general del Estado español del mismo tipo que el que se aplica a Grecia. Con la diferencia de que en este caso se tratará de rescatar el equivalente a… más del doble de la economía griega: con unos 775.000 millones de € en el primer trimestre de este año (es decir, antes de la «ayuda» de 100.000 millones concedida para «salvar» el sector bancario), la deuda española duplica con creces el importe de la deuda griega (355.000 millones) antes de la quita efectuada a comienzos de año. Por tanto, el FEEF, cuyo importe ampliado asciende a unos 780.000 millones de €, y del que ya se han retirado las «ayudas» concedidas a Grecia y España desde comienzos de año, no sería suficiente.
Sobre todo, al socaire de este nuevo episodio ha aparecido otro círculo vicioso que está arrastrando al abismo a todo el sistema financiero europeo. Este círculo es fruto del entrelazamiento entre crisis de la deuda pública y crisis bancaria. Si desde 2008 buena parte del sobreendeudamiento de los Estados europeos se debe a la conversión de las deudas privadas en deudas públicas (en forma de nacionalizaciones, adquisición de participaciones, préstamos y subvenciones, avales, etc.), recíprocamente los bancos, que figuran a su vez entre los principales acreedores de los Estados (junto a las compañías de seguros, los fondos de inversión y los fondos de pensiones), ven cómo se degradan sus cuentas a medida que se agrava la deuda pública y con ella el riesgo de quiebra de los Estados, lo que exige nuevas intervenciones de esos mismos Estados e incrementa todavía más el peso de la deuda pública. De este modo, la crisis de la deuda pública alimenta cada vez más la crisis bancaria que, a su vez, agrava la primera.
Pero es en definitiva Italiael país que podría convertirse en la verdadera pesadilla de la zona del euro. Con un importe, en el primer trimestre de este año, de 1,946 billones de €, la deuda pública italiana es, en proporción al PIB, la más grave después de la de Grecia (123 y 132 %, respectivamente). Y no deja de crecer (¡+3,8 puntos del PIB en un año!) por efecto de la recesión de la economía italiana y de los escasos resultados de la lucha contra el fraude fiscal, que no ha esperado a los estímulos del ex primer ministro Berlusconi para convertirse en deporte nacional. En estas condiciones, los tipos de interés a los que se negocian las obligaciones italianas a diez años, que hace un año todavía no alcanzaban el 3 %, han superado claramente la barrera del 6 % durante el mes de julio, encaminándose por la misma pendiente ascendente que recorren los tipos españoles desde comienzos de año. Si continúan del mismo tenor en los próximos meses, se acabó la zona del euro, por el mero hecho de que, bien directamente, bien a través del FEEF, los Estados europeos serán totalmente incapaces de acudir en socorro del Estado italiano.
Se entiende que en estas condiciones la agencia Moody’s haya situado, hacia finales de julio, las notas de los tres Estados hasta entonces considerados más seguros -Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos-, al igual que al FEEF, en perspectiva negativa, dando a entender por primera vez que también ellos podrían perder la sacrosanta Aaa. Todo un síntoma de que, al profundizarse en los países llamados «periféricos» de la zona del euro, la crisis de las deudas soberanas está afectando poco a poco a esos Estado «centrales» e incluso a las instituciones creadas para luchar contra el desarrollo de esta crisis.
Demasiado poco, demasiado tarde
En el transcurso de estos últimos meses, la «eurocracia» no ha permanecido de brazos cruzados contemplando el deterioro de la situación, no. Incluso ha tomado iniciativas, multiplicando las reuniones formales o informales, rayando por momentos un activismo destinado a ocultar su incapacidad de controlar la deriva de la situación. Ni siquiera los magros resultados del último Consejo Europeo, celebrado a finales de junio, han puesto un punto final a esta práctica. La menor de las razones de esta impotencia es que las medidas preconizadas y efectivamente adoptadas han sido a la vez timoratas y demasiado tardías. Lo que ocurre es que todas ellas se caracterizan por exigir de la zona del euro y, más en general, de toda la UE, avanzar en la vía del federalismo político, con la consiguiente transferencia de soberanía de los Estados miembros a favor de las instancias comunitarias. Esto no hace más que exacerbar las contradicciones inherentes a la «construcción europea» que ésta, lejos de resolverlas, ha agravado a lo largo de los dos últimos decenios, en especial desde la adopción de la moneda única y de las disciplinas presupuestarias que impone. Volveremos sobre ello más adelante.
De ahí, para empezar, los continuos aplazamientos con respecto a la mutualización de las deudas públicas. Cuando los Estados europeos han de devolver sus deudas y está claro que algunos no lo lograrán sin la ayuda de sus vecinos y socios comunitarios, la solución pasaría por la puesta en común de esas deudas para que los menos endeudados acudan en auxilio de los más endeudados. Esto es por cierto lo que ya se ha comenzado a hacer a través del FEEF, un fondo alimentado por los diferentes Estados miembros en proporción a su peso relativo en el PIB comunitario, pero que de momento solo ha beneficiado o está previsto que beneficie a los países más endeudados.
Ahora se trataría de dar algunos pasos decisivos más en esta vía de la mutualización. Pero ahí está la dificultad. La solución radical consiste en la emisión de eurobonos, es decir, de obligaciones emitidas por los diferentes Estados miembros en el mercado financiero, garantizadas por el conjunto de la UE. Estas emisiones permitirían a la mayoría de Estados europeos tomar prestado dinero a menor coste, ya que estos préstamos contarían con la garantía de todos los Estados de la UE, en particular de los más sólidos. De este modo, quedarían al abrigo de los embates de la especulación internacional con los títulos emitidos.
Ahora bien, esto exigiría una contrapartida importante: las instancias comunitarias, cualesquiera que fueran, deberían poder vetar los presupuestos de los Estados miembros para evitar que las «cigarras» financien sus gastos contando con las «hormigas» para pagarlos: de este modo, se podría prohibir a determinados Estados cualquier déficit presupuestario o simplemente este u otro gasto considerado incompatible con los compromisos anteriores de recortes presupuestarios. Así, después de abandonar toda soberanía monetaria, los Estados miembros más endeudados perderían también toda soberanía presupuestaria, sin que, por otro lado, los más «virtuosos» tengan plenas garantías de no tener que pasar por caja para liquidar las larguezas de sus vecinos. Se entiende por tanto que la propuesta de los eurobonos no haya suscitado de momento un gran entusiasmo por parte de los «contribuyentes netos» (encabezados por Alemania), que temen acabar haciendo el primo, ni por parte de los que serían los «beneficiarios netos» (los más endeudados), que temen verse sometidos a una verdadera tutela financiera.
En los últimos meses se han propuesto otras modalidades de mutualización parcial de las deudas soberanas: mutualización exclusiva de los préstamos a corto plazo (a menos de un año) en forma de emisión de eurobills (equivalente europeo de los bonos del Tesoro) o mutualización de la parte de la deuda de los Estados que sobrepase el famoso umbral del 60 % del PIB previsto en el Tratado de Maastricht. No obstante, por las mismas razones, estas propuestas tampoco se han aceptado, y cada uno trata de ganar tiempo esperando que lo peor haya pasado. Cuando todavía está por llegar…
Estas son también las razones que obstaculizan la acción del BCE. Sus estatutos le impiden desde el principio prestar a los Estados, para evitar que estos se instalen en la comodidad de financiar sus deudas dándole a la manivela. Pero esto priva a su vez a la solidaridad financiera entre los Estados miembros (mejor dicho, entre sus bancos centrales respectivos, titulares del capital del BCE) de un sólido instrumento de acción: es precisamente el hecho de que sus bancos centrales sí disponen de esta posibilidad el que permite al Reino Unido, los EE UU y Japón soportar déficit públicos proporcionalmente mucho más cuantiosos que el promedio de los de los Estados miembros de la UE sin sufrir una crisis similar de sus respectivas deudas soberanas.
Sin duda, a partir de la primavera de 2011, el BCE se ha saltado en parte a la torera esta prohibición al comprar obligaciones irlandesas, portuguesas y griegas con el fin de limitar la caída de sus cotizaciones en el mercado bursátil y la consiguiente alza de los tipos de interés de los nuevos empréstitos de estos Estados. Esto le valió severas críticas por parte de Alemania, que obligaron al BCE a dar marcha atrás y esto explica a su vez que en los últimos meses se haya disparado la especulación sobre los títulos de deuda españoles e italianos. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), que debió de entrar en vigor el 1 de julio en sustitución del FEEF, podrá prestar a los Estados y recomprar sus títulos de deuda, pero al disponer tan solo de una capacidad de empréstito de apenas 500.000 millones de € (que marca el límite del «fondo común» europeo), difícilmente podrá hacer frente a una crisis importante del calibre de una quiebra de España o, peor aún, de Italia.
Es el mismo tipo de obstáculos con que choca el proyecto de «unión bancaria» a escala europea. Acabamos de ver cómo en todos los Estados europeos la crisis de la deuda pública fragiliza los bancos y cómo, a la inversa, según acaba de ocurrir en España, la prevención de una amenaza de quiebra bancaria no hace sino agravar brutalmente el endeudamiento público hasta el punto de hacerlo prácticamente insoportable. Para romper este círculo vicioso y prevenir la repetición de este tipo de escenario catastrófico, la UE acaba de proponer el refuerzo de la supervisión del sector bancario a cargo del BCE, lo que ampliaría el poder de este en detrimento de los bancos centrales nacionales, prestadores de último recurso, además de reguladores y supervisores tradicionales de sus respectivos sistemas bancarios nacionales, y por tanto también de la capacidad de los Gobiernos nacionales de definir sus políticas económicas. Esta nueva transferencia de soberanía económica se vería agravada además por la necesaria armonización de las reglas que rigen los distintos sistemas bancarios nacionales, mermando en su caso los privilegios de que gozan ciertos segmentos de los sistemas bancarios nacionales. Se entiende que los Estados miembros se lo estén pensando.
Encima, está claro que los grupos bancarios privados son reticentes a que se refuercen las reglas a las que deberían someterse y -peor todavía desde su punto de vista- la obligación de transparencia con respecto a las actividades que emprenden y los riesgos que corren, o mejor dicho que hacen correr, sin que estos lo sepan, a sus accionistas, acreedores y, en definitiva, depositantes. Máxime cuando el proyecto de «unión bancaria» les obligaría a presentar un documento en que deberían detallar el conjunto de sus activos para que en caso de quiebra de un grupo bancario la autoridad reguladora europea pudiera adoptar las medidas necesarias para salvar los muebles liquidando el resto, evitando en la medida de lo posible el sacrificio de dinero público.
La eurocracia persiste y firma
Sin embargo, a fin de cuentas esto no es lo esencial. El hecho de que los remedios aplicados o preconizados hasta ahora por la eurocracia para salir de la crisis financiera europea hayan sido tan poco eficaces se debe a razones mucho más fundamentales que apuntan a la raíz misma de la crisis de la deuda pública, tanto en Europa como en otras partes del mundo donde se produce. Así se comprueba que estos remedios no solo son cuantitativamente insuficientes, sino también, y sobre todo, cualitativamente inadecuados, lo que no impide a la eurocracia seguir defendiéndolos.
Lo cierto es que el sobreendeudamiento público actual en Europa se debe fundamentalmente a la aplicación, desde hace tres décadas, de políticas neoliberales. En primer lugar de forma directa: en el frenesí de la reducción del «peso del Estado», estas políticas se han dedicado con ahínco a restringir no solo el gasto público, sino también los ingresos públicos (impuestos y cotizaciones sociales), aliviando notablemente la parte que pesa sobre el capital (las empresas) y los hogares de renta y patrimonio elevados. Un ejemplo claro es el de Francia, donde los Estados y los organismos de protección social dejaron de percibir, en 2008, 140.000 millones de €, el equivalente al doble del déficit público de aquel año.
No obstante, el efecto indirecto de las políticas neoliberales en las finanzas públicas ha sido todavía más catastrófico: al alterar el reparto del «valor añadido» en detrimento del trabajo y en beneficio del capital, a golpe de aumento de la precariedad y del paro y de sometimiento de los trabajadores a la competencia internacional mediante la liberalización de los intercambios de mercancías y capitales, estas políticas no solo debilitaron y desorientaron el crecimiento económico, limitando todavía más los ingresos del Estado, sino que además crearon las condiciones de las crisis financieras reiteradas, cada vez más graves, de las que la última se saldó con planes masivos de salvamento de componentes del capital financiero (bancos, seguros, etc.) que estaban al borde de la quiebra y de fomento del crecimiento para evitar la recesión consiguiente de la «economía real». Esta enorme inyección de dinero público para salvar de la crisis al capital hizo que se dispararan los déficit y las deudas públicas.
En estas circunstancias, la primera condición, necesaria si no suficiente, para salir del callejón sin salida en que nos han metido las políticas neoliberales consiste en romper radicalmente con estas últimas. Sin embargo, en Europa lo que está ocurriendo es justamente lo contrario bajo la dirección de la eurocracia: las únicas lecciones que esta extrae de los resultados catastróficos de las políticas neoliberales que ha defendido y promovido desde mediados de la década de 1980 es que estas políticas no han ido suficientemente lejos ni se han aplicado con la suficiente decisión, y que por consiguiente hay que proseguir en la vía de la «reforma» neoliberal del Estado y de la relación salarial hasta que la realidad se ajuste a lo que proclama el dogma neoliberal: si se rigen por una «competencia libre y no falseada» y los agentes se comportan de una manera racional estando tan bien informados como sea posible, los mercados no pueden más que ser eficientes y el mundo económico, perfecto. Semejante obstinación solo puede explicarse si se tiene en cuenta que el neoliberalismo funciona para los eurócratas como una religión de la que son los grandes sacerdotes y misioneros, y por el hecho, también, de que representan y defienden los intereses de los sectores del capital (en particular de su fracción financiera) que los políticos neoliberales preservan y refuerzan. También volveremos sobre ello más adelante.
De este modo, la eurocracia exige a los Estados europeos, de los más a los menos endeudados, que prosigan con sus políticas de saneamiento de las finanzas públicas. En la vertiente del gasto, esto exige una serie de recortes más o menos claros: la reducción del personal de las administraciones públicas, la disminución de su masa salarial, la limitación del ámbito de intervención y del nivel de actividad de las autoridades públicas, la degradación de la calidad de las prestaciones de los equipamientos colectivos y de los servicios públicos que puede implicar incluso su eliminación pura y simple, etc. En la vertiente de los ingresos, en la medida en que el saneamiento exige a pesar de todo un aumento de los impuestos, se recomienda recurrir prioritariamente a los impuestos indirectos (en especial los que gravan el consumo), aunque sean socialmente los más injustos y, en cuanto a los impuestos directos, priorizar a los que gravan el trabajo en vez del capital y el patrimonio.
Además y sobre todo, con el fin de incrementar la masa imponible, partiendo de los ingresos fiscales de los Estados, se exige alcanzar un saldo positivo de la balanza de pagos, en particular de la balanza comercial, mejorando la competitividad de las distintas economías europeas; esto, a falta del recurso a la devaluación competitiva de la moneda, solo puede lograrse presionando sobre el nivel salarial. En otras palabras, la reducción de los déficit públicos y de la deuda pública no solo pasa por la austeridad presupuestaria, sino también por una austeridad salarial generalizada, no limitada únicamente al sector público. Así, la eurocracia exige proseguir con la desregulación de la relación laboral y la merma de los derechos de los precarios, los parados y los excluidos del empleo, en suma, el desmantelamiento de toda la legislación social con el fin de atomizar al máximo a los trabajadores asalariados y de desequilibrar aún más la relación de fuerzas entre capital y trabajo.
En suma, del conjunto de medidas descritas se deduce que el objetivo perseguido es el de presionar a la baja sobre los costes salariales globales, reduciendo los niveles de consumo de la gran masa de asalariados y degradando por tanto su nivel de vida. Ahora bien, de esta manera la prosecución de las políticas neoliberales no hace sino mantener e incluso agravar la distorsión del reparto del «valor añadido» iniciada por efecto de su aplicación en las décadas de 1980 y 1990, distorsión que se halla en la raíz tanto de la desastrosa dinámica económica general de Europa como de la crisis de la deuda pública que sacude al continente.
Algunos dirigentes europeos se han dado cuenta últimamente, a partir de esta contradicción, que es preciso salir de la crisis mediante una política de relanzamiento neokeynesiana a escala europea. Entre ellos figura el nuevo Gobierno francés surgido de la elección presidencial y legislativa de mayo y junio pasados. Sin embargo, todo lo que ha conseguido obtener en el último Consejo Europeo es el compromiso de un plan de relanzamiento de 120.000 millones de euros, compuestos de fondos europeos ya comprometidos (como el FEDER) y destinados a grandes obras de infraestructura y que apenas representan el 1 % del PIB europeo. En cuanto a la emisión de eurobonos y la autorización al BCE a prestar directamente a los Estados, nada de nada: únicamente ha habido acuerdo en la perspectiva de emitir project bonds (obligaciones destinadas a financiar proyectos comunitarios concretos). La institución de un impuesto sobre las transacciones financieras en la UE también ha quedado aplazada.
Estamos evidentemente muy lejos de lo que sería necesario para comenzar a reequilibrar el reparto del «valor añadido» y salir de este modo del círculo vicioso en que la austeridad salarial y presupuestaria neoliberal ha sumido a Europa. La razón hay que buscarla en el hecho de que la elección de una mayoría parlamentaria griega favorable a los memorandos impuestos por la troika ha alejado nuevamente el espectro de una grave crisis política y financiera en Europa. Claro que con ello no se ha resuelto ninguno de los problemas de fondo, sino todo lo contrario, puesto que la crisis europea no puede sino resurgir, agravada, en las próximas semanas.
Una zona del euro en desbandada
Si la raíz de la crisis económica que asuela a Europa y al conjunto de los Estados capitalistas centrales se halla sin duda en la distorsión del reparto del «valor añadido» entre salarios y beneficios que se produjo a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales a partir de la década de 1980, y si su agravación se explica por la insistencia de la eurocracia en esas mismas políticas, presenta sin embargo otra dimensión específicamente europea, asociada de nuevo a las contradicciones intrínsecas de la «construcción europea» y, más exactamente, de su núcleo duro, la zona del euro.
La edificación en el seno de la UE de una unión monetaria, al principio restringida a un número limitado de Estados miembros, pero con vocación de ampliarse a todos ellos, se basó en el apuesta de reducir las desigualdades de desarrollo económico y social, derivadas de sus respectivas historias, efectuando una convergencia gradual entre ellos, en particular mediante la imposición de disciplinas comunes presupuestarias (un déficit público limitado al 3 % del PIB y una deuda pública máxima del 60 % del PIB) y salariales. Sin embargo, desde que se implantó el euro, lo que ha habido es todo lo contrario: no han dejado de aumentar las distancias entre el «norte» de la zona del euro (Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos y Finlandia) y el «sur» (Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia; Francia ocupa un lugar intermedio entre estos dos grupos, aunque tiende a acercarse al segundo).
Los Estados «sudistas» han visto en particular cómo se ha degradado su competitividad de precios frente a los «nordistas», no a causa de un desfase salarial (es decir, de un aumento de los salarios reales más fuerte que el de la productividad), sino de una mayor inflación estructural. Esta se explica a su vez por la conjunción de tres factores: un crecimiento mayor de los Estados «sudistas», indispensable para acortar distancias con los «nordistas» y lograr la convergencia preconizada entre ambos grupos; una tendencia más pronunciada en el «sur» que en el «norte» a difundir, en forma de aumentos salariales, las ganancias de productividad realizadas en el sector de fabricación hacia el resto de la economía; finalmente, los conflictos de reparto de la riqueza social, que son más fuertes en las formaciones «sudistas» que en las «nordistas» debido al carácter más desigual de las primeras en comparación con las segundas.
Lejos de corregir esta divergencia entre «norte» y «sur» de la zona del euro, la unión monetaria ha favorecido, por el contrario, su agravación a lo largo de la primera década del siglo xxi hasta el estallido de la crisis financiera de 2007-2008, dejando que esta produjera todos sus efectos perversos. Por un lado, al amparo de la moneda común, los Estados «sudistas» han podido dejar que aumentara el déficit de su balanza comercial, el reverso de su mayor crecimiento y precio a pagar por su pérdida de competitividad, sin que este déficit se compensara con la devaluación de su moneda, como habría sido el caso de no pertenecer a la zona del euro. De otra parte, por efecto de la política monetaria restrictiva del BCE, los Estados «sudistas» se beneficiaron asimismo de la baja general de los tipos de interés nominales que, dada su mayor tasa de inflación, se tradujo en una baja más pronunciada de los tipos de interés reales que en los países «nordistas», incitando así a los poderes públicos, a las empresas y sobre todo a los hogares a endeudarse y apoyar de este modo su mayor crecimiento. La burbuja inmobiliaria española, por ejemplo, se nutrió de ello directamente.
En suma, este crecimiento «dopado» a base de endeudamiento vino acompañado, lógicamente, de un descenso de las tasas de ahorro de los hogares, obligando a las administraciones públicas a contar con un influjo continuo de capitales extranjeros para financiar sus déficit, con el resultado de que se deterioraron todavía más las cuentas exteriores, al igual que las interiores. El conjunto constituyó sin duda una dinámica insostenible al conjugar un descenso general de la competitividad, el endeudamiento privado y público, un déficit interior (del ahorro privado al presupuesto público) y los déficit exteriores (de la balanza comercial y de la de pagos). Sin que, dicho sea de paso, la eurocracia no dijera esta boca es mía, salvo para felicitar a los distintos Estados «sudistas» (sobre todo a Irlanda y España), poniéndolos como ejemplo para el resto de la UE.
En estas condiciones, la crisis financiera de los años 2007-2008 no vino tanto a quebrar un crecimiento aparentemente virtuoso como a poner fin a un círculo realmente vicioso y revelar su naturaleza. Al inflar bruscamente el déficit público, al acabar con la posibilidad de financiarlo mediante la importación de capitales extranjeros, al limitar las posibilidades abiertas al endeudamiento privado, al implicar de golpe la necesidad tanto de aumentar la tasa de ahorro nacional como de conseguir un saldo positivo de la balanza comercial, esta crisis impuso a los países «sudistas» una política de austeridad presupuestaria y salarial, al margen incluso de los preceptos de la política neoliberal anunciados más arriba. Y sobre todo puso fin a la ilusión, que no habrá durado más que unos años, de que la consecución de la «unión económica y monetaria» a través del euro sería un camino de rosas.
El replanteamiento de la «construcción europea»
Así, en el curso de los últimos treinta años, y tal como se ha llevado a cabo, la «construcción europea» ha dado dos resultados principales, tan catastróficos uno como el otro. En primer lugar, con la simple creación de un espacio de libre circulación de capitales en su forma de mercancía y en su forma de dinero, en cuyo marco ha aumentado la competencia entre capitales… y trabajadores asalariados, así como por las disciplinas presupuestaria y salarial a que se vieron abocados los Estados para entrar en la zona del euro y después para permanecer en ella, la construcción europea ha sido un medio institucional particularmente eficaz de administración de las políticas neoliberales de austeridad, con la consiguiente desregulación del mercado de trabajo y el desmantelamiento acelerado de la protección social. La regresión resultante se ha visto agravada además por la gestión por parte de la eurocracia de la crisis de la deuda pública consecutiva al estallido de la crisis financiera de 2007-2008, supeditada al imperativo de mantener e incluso reforzar la disciplina presupuestaria y el rigor salarial. Esta regresión afecta muy especialmente a los asalariados de ejecución (obreros y administrativos), para quienes la perspectiva abierta es la de un gran salto atrás, de carácter histórico, que en definitiva no hará sino liquidar lisa y llanamente las conquistas del compromiso fordista y, en particular, el Estado providencia.
Además, la «construcción europea», tal como se ha llevado a cabo en los últimos treinta años, ha dado un resultado igual de catastrófico: el aumento de las desigualdades de desarrollo entre naciones y regiones europeas. Lejos de impulsar la convergencia de los niveles de desarrollo nacionales y regionales prometida por los eurócratas, ha acentuado las divergencias entre los mismos, reforzando a los más fuertes y debilitando a los más débiles. Lo que se avecina, por tanto, no es «una Europa de varias velocidades», sino más bien la clásica estructura propia de todo espacio conformado por el proceso global de reproducción del capital, con la fragmentación y la jerarquización en formaciones centrales, semiperiféricas y periféricas. Una estructura que no solo existe a escala planetaria, sino también en el seno de cada una de las unidades que componen el espacio mundial (Estados o grupos continentales de Estados), simplemente porque se rige por las necesidades de un desarrollo desigual que atiende a las exigencias de la reproducción del capital.
Desde sus orígenes, en la época de la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que iba a ser la UE se constituyó reuniendo a naciones y más aún a regiones con niveles de desarrollo desiguales, algunas centrales (por ejemplo, la cuenca del Ruhr y Lombardía), otras semiperiféricas (las antiguas regiones de la minería del carbón) o periféricas (por ejemplo, el Mezzogiorno italiano, el Massif central francés o la Bretaña). Estas desigualdades de desarrollo no dejaron de extenderse al amparo de la ampliación de la CEE, y más tarde de la UE, con la integración del Reino Unido e Irlanda, los Estados meridionales (Grecia, España, Portugal), los Estados nórdicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia) y los Estados de Centroeuropa (Austria y más tarde los países del antiguo «bloque soviético»). Asimismo, la desigualdad se acrecentó con la intensificación de la competencia entre territorios y poblaciones en el seno de la UE, favorecida por la constante integración de nuevos territorios menos desarrollados, y se profundizó con la creación de la «unión económica y monetaria», como hemos visto más arriba.
Lo más llamativo en este contexto es sin duda que, arrastrados por esta dinámica, Estados o regiones que al principio eran centrales, tienden a deslizarse hoy hacia posiciones semiperiféricas: es lo que amenaza con ocurrirle a Italia entera y a buena parte de Francia (meridional y occidental). Y si la zona del euro se halla hoy en crisis y, por qué no decirlo, al borde del estallido, es por no haber tenido en cuenta la realidad de las desigualdades de desarrollo y por haber sometido a los Estados miembros a políticas que no podían más que agravarlas. Estos son los resultados de treinta años de «construcción europea»: la posible implosión derivada de la recesión económica y la regresión social y la posible explosión por la imposibilidad de cumplir las reglas que encorsetan las políticas presupuestaria y salarial y por el aumento de las desigualdades de desarrollo. A la luz de esta conclusión, la cuestión de saber si estos resultados han sido voluntarios o no se resuelve por sí sola. Sin descartar que la «construcción europea» haya podido ser utilizada por una parte o la totalidad de la eurocracia como «máquina de liberalizar», como instrumento institucional e ideológico que ha permitido imponer las políticas neoliberales, lo menos que se puede decir es que esos resultados encierran también todas las características de perfectos efectos perversos: procesos que, al escapar del control de quienes los concibieron y promovieron, se vuelven contra ellos como bumeranes amenazantes.
¿Estallido o refundación?
Del análisis que precede se desprende por lo menos una conclusión clara y concreta: a menos que logre refundarse sobre bases radicalmente diferentes de las de naturaleza neoliberal sobre las que se ha edificado hasta ahora, la UE está condenada a romperse a corto plazo. No son únicamente los miembros de la eurocracia los que se enfrentan a semejante alternativa, sino también las fuerzas que defienden los intereses de los sectores populares, directamente amenazados tanto por la «construcción europea» como por su crisis.
Como hemos visto más arriba, la eurocracia en su conjunto está decidida a proseguir por la senda neoliberal. Este es el caso, en particular, además de los actuales dirigentes de las instituciones de la UE (Comisión, BCE, Eurogrupo, grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, etc.), también de los Gobiernos de los Estados que constituyen el núcleo duro de la zona del euro y el centro de la UE: Alemania, Austria, Benelux y Finlandia, a los que se puede asociar Dinamarca y Suecia y que cuentan con el apoyo de dos Estados no miembros de la UE, Noruega y Suiza. Sin embargo, aunque sin poner en tela de juicio el modelo neoliberal, la eurocracia está dividida actualmente entre los «duros» o los más o menos «moderados». Los primeros preconizan seguir por la misma vía cueste lo que cueste, exigiendo la aplicación más rigurosa posible de la disciplina presupuestaria y salarial para sanear las cuentas públicas lo antes posible, aunque sea al precio del estallido de la zona del euro e incluso de la UE, empezando por la salida de Grecia y, más tarde, sin duda la de España e Italia.
Es precisamente esta perspectiva la que asusta a los «moderados», que señalan que si bien la UE puede pagar el precio de la quiebra total de Grecia, ni mucho menos podría encajar la de los «pesos pesados» que son España y sobre todo Italia. La suspensión de pagos de cualquiera de estos dos países, seguida de su salida del euro, se llevaría por delante todo el sistema financiero europeo (especialmente el bancario). Por tanto, los «moderados» apuestan por suavizar relativamente las políticas de austeridad, en particular mediante el alargamiento de los plazos fijados para el saneamiento de las finanzas públicas de los Estados «sudistas», la mutualización de una parte de las deudas públicas (según las diferentes fórmulas señaladas más arriba) e incluso la autorización al BCE a financiar las deudas públicas prestando directamente a los Estados bajo determinadas condiciones.
Este sector cuenta evidentemente con el apoyo de los Gobiernos «sudistas», que alegan que las exigencias de ajuste a las que les somete la UE son insostenibles a corto plazo y que a falta de un relanzamiento de la acumulación, ni siquiera podrán cumplirse a medio plazo. Este es el punto en que los escasos partidarios de un relanzamiento de tipo neokeynesiano que hay en el seno de la eurocracia pueden empezar a hacerse oír, aunque de momento no hayan obtenido nada sustancial. Tanto las decisiones como la ausencia de decisiones sobre puntos importantes al término del último Consejo Europeo celebrado a finales de junio se explican por la relación de fuerzas actual entre estas tendencias o matices, marcando un frágil equilibrio que el próximo rebrote de la crisis del euro hará volar en pedazos.
Este se producirá al amparo de la próxima suspensión de pagos de uno de los Estados «sudistas» más endeudados, sin duda Grecia. Con ello se encontrarán entre la espada y la pared no solo los eurócratas, sino también las fuerzas sociales y políticas que, en el interior de los Estados en quiebra pretenden defender los intereses de los sectores populares. Las orientaciones y medidas políticas que deberán adoptar estas últimas con este fin ya se han detallado en otra parte: por un lado, el alivio de la deuda pública, que podría ir de su simple restructuración (anulación de una parte de la deuda y aplazamiento de la devolución del resto) a su recusación pura y simple, con el argumento de que esa deuda es ilegítima de raíz, acompañada de la nacionalización del sector bancario para evitar el hundimiento del mismo que provocaría la recusación de la deuda, de la que la banca es acreedora en mayor o menos medida; por otro lado, un nuevo reparto, menos inequitativo, de la riqueza social, combinando un aumento de la masa salarial (mediante la creación de puestos de trabajo públicos y privados y un aumento de los salarios directos e indirectos) con una mayor fiscalidad sobre el capital (las empresas), las rentas altas y los grandes patrimonios.
La cuestión es saber si la aplicación de esta política, que da la espalda claramente a las exigencias de austeridad presupuestaria y salarial, será o no compatible con el mantenimiento de los Estados que la llevarían a cabo en la zona del euro y en la UE. Su continuidad en este marco supondría una profunda revisión de los fundamentos de la UE, revisión que solo podrá producirse si se consigue una relación de fuerzas que permita vencer a la eurocracia guardiana de la ortodoxia neoliberal y arrastrar a otros Estados por la vía alternativa. Con este fin podrían jugarse dos bazas importantes: por un lado, el carácter más cooperativo de las medidas preconizadas y adoptadas al hacerse extensivas a más Estados de la zona del euro y de la UE, y por otro el chantaje de una ruptura con la zona del euro e incluso con la UE y del coste resultante para todos los demás Estados miembros, proporcional al peso de los Estados que salieran. En suma, los partidarios de la refundación de la UE podrían decir a los pueblos europeos que solo podrán salir ganando si sus Gobiernos se comprometen en la nueva vía que se abriría de este modo y que, por el contrario, solo podrían salir perdiendo si los obligaran a comprometerse solos.
En todo caso, su margen de maniobra estaría limitado en proporción a su peso en el interior de la zona del euro y de la UE. Ante un «peso pluma» (como por ejemplo Grecia), cabe temer que la postura intransigente antes mencionada pueda resultar en detrimento suyo, no dejándole otra salida que el abandono de la zona del euro. Ocurriría lo mismo si en un Estado se degradara la situación socioeconómica hasta tal punto que ya no quedara nada que negociar con las instancias europeas; este podría ser el caso de uno de los «pesos pesados» (como Italia), cuya quiebra superaría la capacidad de intervención de la UE. Sea como fuere, no cabe subestimar las dificultades y los riesgos de esta vía.
Lo que sucedería en un Estado (o grupo de Estados) que abandonara de este modo la zona del euro o incluso la UE dependería entonces de la evolución de la crisis nacional resultante, es decir, de la relación de fuerzas entre las clases, bloques sociales y formaciones políticas en el interior de este Estado. La aplicación del programa esbozado implicaría entonces su radicalización, asociada a una amplia movilización popular, con la consiguiente adopción de medidas proteccionistas (sobre todo con respecto al control de cambios) a fin de frenar los efectos devastadores que comportaría el tándem devaluación-inflación sobre la nueva moneda nacional que viniera a sustituir al euro; la constitución, sobre la base de la nacionalización de la banca, de un fondo social de inversión en beneficio de los servicios públicos, equipamientos colectivos, del sector de la economía social y de las empresas autogestionadas; la socialización de todos los sectores estratégicos y su reconversión conforme a las necesidades sociales y los imperativos ecológicos al amparo de un debate y una decisión democrática con plena participación de los trabajadores; la socialización y el desarrollo de los servicios públicos y de los equipamientos colectivos bajo el control de comités compuestos por trabajadores y usuarios, estableciendo su gratuidad.
Al permitir a las capas sociales reapropiarse de sus condiciones sociales de existencia y de los medios para producirlas, estas medidas darían un contenido concreto a la noción de recuperación de la soberanía popular (nacional) asociada a la ruptura con el yugo de la UE. Sin contar con que esta sería la mejor manera de cortar la hierba bajo los pies de una derecha y una extrema derecha que no dejarían de hacer campaña sobre esta misma cuestión, pero dándole un contenido reaccionario y xenófobo muy distinto, del tipo de «preferencia nacional», y tras las cuales se agruparían entonces las clases propietarias, con la burguesía a la cabeza. En suma, como de costumbre sería la vieja lucha de clases la que continuaría entonces escribiendo la historia.
12/8/2012
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article26194
Traducción: VIENTO SUR