Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El pasado mes de diciembre marcó el 190 aniversario de la Doctrina Monroe, la declaración política del presidente James Monroe que esencialmente convirtió Latinoamérica en la reserva exclusiva de EE.UU. Y por si alguien tuviera alguna duda sobre lo que era de importancia vital en esa Doctrina, que considere que desde 1843 EE.UU. ha intervenido en México, Argentina, Chile, Haití, Nicaragua, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Honduras, la República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Granada, Bolivia, y Venezuela.
En el caso de Nicaragua nueve veces y en Honduras ocho.
Algunas veces la intrusión no estuvo adornada de sutilezas diplomáticas: la infantería estadounidense atacando el Castillo Chapultepec en las afueras de Ciudad de México en 1847, marines persiguiendo a insurgentes en Centroamérica, «Black Jack» Pershing persiguiendo a Pancho Villa por Chihuahua en 1916.
Otras veces la intervención estuvo encubierta por las sombras, un soborno secreto, un gesto y un guiño a algunos generales, o el estrangulamiento de una economía porque algún gobierno tuvo la temeridad de proponer una reforma agraria o una redistribución de la riqueza.
Durante 150, años la historia de esta región, que se extiende por dos hemisferios y va desde la tundra helada a desiertos ardientes y humeantes selvas tropicales, fue en gran parte determinada por lo que sucedía en Washington. Como dijera una vez el astuto dictador mexicano Porfirio Díaz, la gran tragedia de Latinoamérica es que está tan lejos de Dios y tan cerca de EE.UU.
Pero la Latinoamérica actual ya no es la misma que hace 20 años. Gobiernos de izquierda y progresistas presiden la mayor parte de Suramérica. China ha reemplazado a EE.UU. como el mayor socio comercial de la región, y Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela se han unido en un mercado común, Mercosur, que es el tercero del planeta. Otras cinco naciones son miembros asociados. La Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR] y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe [CELAC] han soslayado esa vieja reliquia de la Guerra Fría, la Organización de Estados Americanos. La CELAC incluye a Cuba, pero excluye a EE.UU. y Canadá.
A primera vista, la Doctrina de Míster Monroe parece letra muerta.
Por eso las políticas del gobierno de Obama hacia Latinoamérica son tan inquietantes. Después de décadas de paz y desarrollo económico, ¿por qué está EE.UU. involucrado en un importante refuerzo militar en la región? ¿Por qué Washington ha hecho la vista gorda ante dos exitosos golpes, y un intento, en la región en los últimos tres años? ¿Y por qué no se distancia Washington de las prácticas depredadoras de los llamados «fondos buitres», cuya codicia amenaza con desestabilizar la economía argentina?
Como hace en África y Asia, el gobierno de Obama militariza su política exterior en Latinoamérica. Washington ha extendido una red de bases de Centroamérica a Argentina. Colombia tiene ahora siete bases mayores y hay instalaciones militares de EE.UU. en Honduras, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Belice. La nuevamente reactivada Quinta Flota ronda por el Atlántico Sur. Hay marines en Guatemala persiguiendo a narcotraficantes. Hay Fuerzas Especiales en Honduras y Colombia. ¿Cuáles son sus misiones? ¿Cuántos son? No sabemos gran cosa porque gran parte de este despliegue es ocultado por el manto de la «seguridad nacional».
El fortalecimiento militar va combinado con una inquietante tolerancia hacia los golpes. Cuando los militares y las elites hondureñas derrocaron al presidente Manuel Zelaya en 2009, en lugar de condenar su expulsión, el gobierno de Obama cabildeó -aunque en gran parte sin éxito- para que las naciones latinoamericanas reconocieran el gobierno instalado ilegalmente. La Casa Blanca también guardó silencio respecto al intento de golpe contra el izquierdista Rafael Correa en Ecuador al año siguiente y se ha negado a condenar el golpe «parlamentario» contra el presidente progresista de Paraguay, Fernando Lugo, el llamado «Obispo Rojo»
Sombríos recuerdos de golpes organizados y apoyados por EE.UU. contra gobiernos en Brasil, Argentina, Chile y Guatemala son difícilmente olvidados en el continente, como dejó claro un reciente comentario del ministro de economía argentino Hernán Lorenzino. Calificando de «colonialismo legal» un dictamen de una Corte de Apelaciones estadounidense de que Buenos Aires debería pagar 1.300 millones de dólares en daños a dos acreedores de «fondos buitres» el ministro dijo «Todo lo que necesitamos ahora es que [el juez de la Corte de Apelaciones] Griesa nos mande la Quinta Flota».
Gran parte de este reforzamiento militar tiene lugar tras la retórica de la guerra contra las drogas, pero una mirada a la ubicación de bases en Colombia sugiere que la protección de oleoductos tiene más que ver con el orden de batalla de las Fuerzas Especiales de EE.UU. que con narcotraficantes. El Plan Colombia, que ya ha costado cerca de 4.000 millones de dólares, fue concebido y cabildeado por la compañía de petróleo y gas, Occidental Petroleum, con sede en Los Ángeles.
Colombia tiene actualmente cinco millones de personas desplazadas, la mayor cantidad en el mundo. También es un sitio muy peligroso si uno es sindicalista, a pesar de que se supone que Bogotá ha instituido un Plan de Acción Laboral (PAL) como parte del Acuerdo de Libre Comercio (ALC/FTA) con Washington. Pero desde que el gobierno de Obama dijo que el gobierno de Colombia cumple con el PAL, la realidad es que los ataques han aumentado. «Lo que pasó desde entonces [la declaración de cumplimiento de EE.UU.] es un aumento en las represalias contra casi todos los sindicatos y activistas sindicales que realmente creían en el Plan de Acción Laboral», dice Gimena Sánchez-Garzoli de la organización WOLA [Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos]. Human Rights Watch llegó a una conclusión semejante.
Una cantidad creciente de dirigentes latinoamericanos llegan a la conclusión de que la guerra contra la droga ha sido un desastre definitivo. Por lo menos 100.000 personas han muerto o han desaparecido solo en México, y el narcotráfico corrompe gobiernos, militares y fuerzas policiales desde Bolivia hasta la frontera de EE.UU. Y para que no pensemos que se trata de un problema latinoamericano, varios agentes del mantenimiento del orden de Texas fueron recientemente imputados por complicidad en el movimiento de drogas de México a EE.UU.
El gobierno de Obama debería sumarse al creciente coro de dirigentes regionales que han decidido examinar el tema de la legalización y de desmilitarizar la guerra contra las drogas. Recientes estudios muestran que hay un fuerte aumento de la violencia una vez que los militares se hacen parte del conflicto y que, como han demostrado Portugal y Australia, la legalización no conduce a un aumento en la cantidad de adictos.
Una importante iniciativa de EE.UU. en la región es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA), a pesar de que ha producido pobreza, desarticulación social e incluso un aumento del narcotráfico. En su libro Drug War Mexico Peter Walt y Roberto Zapeda señalan que la desregulación ha abierto puertas para los traficantes, un peligro sobre el cual tanto el Servicio de Aduanas de EE.UU. como la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas) (DEA) advirtieron en 1993.
Al reducir o eliminar los aranceles, el TLCAN ha inundado Latinoamérica de maíz barato subvencionado por el gobierno de EE.UU. que ha llevado a la quiebra a millones de pequeños agricultores, obligándolos a emigrar, a inundar las ciudades superpobladas del país, o a dedicarse a la producción de cultivos más lucrativos, marihuana y coca. Desde 1994, el año en que el TLCAN entró en vigor, hasta 2000, unos dos millones de agricultores mexicanos abandonaron sus tierras y cientos de miles de personas indocumentadas han emigrado a EE.UU. cada año.
Según la organización de ayuda Oxfam, el TLC con Colombia llevará a una caída de 16% en el ingreso de 1,8 millones de agricultores y la pérdida de ingresos de entre 48 y 70% a unas 400.000 personas que trabajan en ese país por un salario mínimo mensual de 328,08 dólares.
El «libre comercio» impide que los países emergentes protejan sus propias industrias y recursos, y los enfrenta al poderío industrial de EE.UU. Ese campo de juego injusto lleva a la pobreza de los latinoamericanos, pero a enormes beneficios para corporaciones estadounidenses y algunas de las elites de la región.
La Casa Banca ha continuado la satanización del presidente venezolano Hugo Chávez del gobierno de Bush, a pesar del hecho de que Chávez ha sido elegido dos veces por grandes mayorías, y que su gobierno ha dirigido una gran reducción de la pobreza. Según las Naciones Unidas, la desigualdad en Venezuela es la más baja de Latinoamérica, la pobreza ha sido reducida a la mitad, la extrema pobreza en un 70%. Es el tipo de cifras supuestamente glorificadas por el gobierno de Obama.
En cuanto a los ataques de Chávez a EE.UU., es difícil culpar a los chavistas de un cierto grado de paranoia, si se considera que EE.UU. apoyó el golpe de 2002 contra él, ha enviado a Fuerzas Especiales y a la CIA a la vecina Colombia, y adopta una actitud apática ante los golpes.
Washington debería reconocer que Latinoamérica experimenta nuevos modelos políticos y económicos en un intento de reducir la tradicional pobreza de la región, el subdesarrollo y las divisiones crónicas entre ricos y pobres. En lugar de tratar de marginar a dirigentes como Chávez, Correa, Evo Morales de Bolivia y Cristina Kirchner de Argentina, el gobierno de Obama debería aceptar el hecho de que EE.UU. ya no es el Coloso del Norte que siempre se puede salir con la suya. En todo caso, el que está siendo marginado en la región es EE.UU., no sus oponentes.
En lugar de firmar leyes estúpidas como la «»Ley para contrarrestar a Irán en el Hemisferio Occidental» (increíble pero cierto), la Casa Blanca debería estar cabildeando para que Brasil se convierta en miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, terminar su ilegal e inmoral bloqueo de Cuba y exigir que Gran Bretaña termine el apoyo a su colonia en las Islas Malvinas (Falkland). La realidad es que Gran Bretaña no puede «poseer» tierras a casi 15.000 kilómetros de Londres solo porque tiene una armada superior. El colonialismo se acabó.
Y aunque el gobierno no puede intervenir directamente ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. en la actual disputa entre Argentina, Elliot Management y Aurelius Capital Management, la Casa Blanca debe dejar claro que piensa que los esfuerzos de esos los «fondos buitres» para beneficiarse de la crisis económica argentina de 2002 son despreciables. También existe el aspecto muy práctico de que si «fondos buitres» obligan a Buenos Aires a pagar el valor total de las deudas que ellos adquirieron por 15 centavos por dólar, amenazarán los esfuerzos de países como Grecia, España, Irlanda y Portugal de encarar a sus acreedores. Considerando que los bancos estadounidenses -incluidos los «buitres»- tuvieron que ver con la creación de la crisis para comenzar, incumbe particularmente al gobierno de EE.UU. que apoye al gobierno Kirchner en este asunto. Y si la Quinta Flota participa, podría pensar en bombardear la sede de Elliot en las Islas Caimán.
Después de siglos de explotación colonial y dominación económica por parte de EE.UU. y Europa, Latinoamérica está finalmente demostrando su verdadero valor. Se ha sobrepuesto en gran parte a la recesión mundial de 2008 y los niveles de vida están aumentando en general en toda la región, sobre todo drásticamente en los países que Washington describe como «izquierdistas». En la actualidad, los vínculos de Latinoamérica son más con los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- que con EE.UU. y la región está forjando su propia agenda internacional. Existe una oposición unánime al bloqueo de Cuba y, en 2010, Brasil y Turquía presentaron lo que es probablemente la solución más sensata hasta la fecha para acabar con la crisis nuclear de Irán.
Durante los próximos cuatro años, el gobierno de Obama tiene la oportunidad de reescribir el prolongado y vergonzoso historial de EE.UU. en Latinoamérica y reemplazarlo por otro basado en el respeto mutuo y la cooperación. O puede recurrir a tenebrosas Fuerzas Especiales, subversión silenciosa e intolerancia. La decisión es nuestra.
Conn Hallinan escribe en: dispatchesfromtheedgeblog.wordpress.com y middleempireseries.wordpress.com
Fuente: http://www.counterpunch.org/2013/01/16/militarizing-latin-america/
rCR