Se está negociando por parte de altos funcionarios un Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Se estima que las negociaciones durarán dos años y deberán concluir con pleno acuerdo en áreas sensibles, incluyendo las compras estatales, derechos de propiedad, etc. La importancia de las negociaciones se deriva de que […]
Se está negociando por parte de altos funcionarios un Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Se estima que las negociaciones durarán dos años y deberán concluir con pleno acuerdo en áreas sensibles, incluyendo las compras estatales, derechos de propiedad, etc.
La importancia de las negociaciones se deriva de que cada una de las partes, Estados Unidos y la Unión Europea, se mueven a su vez en espacios comerciales mayores: Canadá, Méjico, el primero, y la segunda, Suiza, Noruega, etc., además de sus respectivos acuerdos vigentes de libre comercio. Y no sólo el posible acuerdo significaría una reducción arancelaria, ya de por sí pequeña, sino que establecería una fórmula de negociación y de normas productivas o comerciales que podrían determinar el futuro económico y de relaciones interindustriales (y sociales) de las próximas décadas a escala mundial.
Siempre que se ha discutido sobre relaciones comerciales se ha incidido en las ventajas comparativas, las diferentes relaciones de producción, la salvaguardia alimentaria, la transferencia tecnológica, las relaciones de intercambio y las condiciones laborales (cumplimiento de las Convenciones de la OIT) y sociales, o las ambientales (regulación de las emisiones de CO2, por ejemplo), etc. Desde muchos sectores sociales, e incluso en la literatura de la Unión Europea, se impulsaban mecanismos institucionales de participación y control con agentes económicos y sociales y parlamentarios que vigilasen las relaciones comerciales y los fondos presupuestarios ligados a los acuerdos, para que aquellas extendieran sus efectos positivos a todo el tejido económico, y asimismo con el fin de compatibilizar la supuesta ventaja del aumento de transacciones comerciales y la compensación a los ‘perdedores’ del comercio, dado que el mismo afecta a la prosperidad de unos sectores y a la marginación de otros con la consiguiente deslocalización.
Pero ahora nada de esto se dice ni, por supuesto, está en la agenda. Todo lo contrario. Los adalides de la desregulación y el neoliberalismo son los que rigen la economía y quieren saltarse la influencia de las discusiones anteriores que derivó en la paralización de la Ronda de Doha por no atender los reclamos de un comercio más justo y equitativo y pretender sólo un acuerdo multilateral mundial de rebajas de aranceles y otras restricciones comerciales de forma asimétrica.
Este trasfondo, más la pérdida relativa de la importancia económica y comercial de ambas áreas económicas de los EE.UU y la UE, ante la eclosión de otros actores y de sus regulaciones internas específicas, como China, pero también Corea del Sur, Brasil, etc., pérdida que se ha visto agravada por la crisis económica y las políticas de austeridad, es lo que ha precipitado l a declaración conjunta ( MEMO/13/94 ) de inicio de las negociaciones , de Barack Obama, José Manuel Barroso y Herman van Rompuy, presidentes de los Estados Unidos, de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, respectivamente.
No se sabe mucho del contenido de esas negociaciones y, salvo en el caso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha habido pocos pronunciamientos argumentados. Lo que sí supone actualmente un eje de discusión que marcaría los criterios del posible acuerdo futuro es si debe emprenderse un camino común de reglas, una armonización que evite dumpings económicos, sociales, ambientales o el reconocimiento de las normas nacionales. Esta segunda posibilidad forzaría una competitividad a la baja, una vuelta más de tuerca.
Y, en todo caso, no está previsto ningún tipo de participación real ni en la discusión del Acuerdo, conducida por altos funcionarios, ni tras su conclusión, mediante mecanismos de control y vigilancia.
Es decir, que en lugar de un acuerdo bilateral de sociedades democráticas, libres, que dibuje estándares de normas de calidad y de participación que puedan servir de modelo para otros acuerdos bilaterales, se va hacia la peor de las hipótesis posibles.
Un acuerdo que no posibilite que todos y todas ganemos no es un buen acuerdo.
-Hay que darse cuenta de que actualmente no hay plena equiparación normativa laboral en los dos lados del océano. Hay muchos Convenios de la OIT que están por ratificar por parte de Estados Unidos y las prácticas antisindicales están a la orden del día, aunque Europa tampoco está en su mejor momento. Es insufrible que un acuerdo de comercio estimule el dumping social, en lugar de mitigarlo y anularlo.
-Todos sabemos que las empresas multinacionales, acogiéndose a la ingeniería fiscal y a la opacidad, no pagan impuestos en los países donde se producen las transacciones por medio de los precios de transferencia y los paraísos fiscales. Debería ser un acuerdo que consiguiera que todas las empresas pagaran impuestos y los pagaran proporcionalmente según donde realicen el negocio. No puede ser que los ciudadanos estadounidenses y europeos alimentemos empresas parasitarias que residen en paraísos fiscales y no pagan impuestos ni en EEUU ni en Europa, amén de que algunas sean saqueadoras del resto del mundo.
-Este posible Acuerdo debe lograr que todos los habitantes de un lado y otro del océano respiren y no estimulen el cambio climático, reduciendo la emisión de CO2 en un 20% en 2020. Si no, los productos y servicios que se comercialicen agostarán el planeta.
-Un Acuerdo que no contenga mecanismos participativos, d onde la ciudadanía, por medio de sus representantes y agentes vigile, supervise y sancione malas prácticas periódicamente, lo único que estimula son las prácticas oligopólicas y las crisis sin mecanismos de compensación.
Por todo ello, hay que reclamar transparencia y participación, y escoger las mejores condiciones normativas para un Acuerdo comercial que mejore la situación en ambas orillas. De encontrarnos con la cerrazón de nuestros gobernantes, habrá entonces que luchar contra él.
Santiago González Vallejo es economista. USO
Fuente: Mundo Obrero. Junio 2013
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