El pasado jueves 26 de Junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra sometió a votación una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un grupo de trabajo con el mandato de elaborar «un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas.» La propuesta tenía […]
El pasado jueves 26 de Junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra sometió a votación una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un grupo de trabajo con el mandato de elaborar «un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas.» La propuesta tenía como objetivo avanzar en el armado de un marco legal regulatorio del comportamiento de las grandes corporaciones a los efectos de impedir los abusos o las violaciones a los derechos humanos producidos como consecuencia de sus actividades. Los considerandos del proyecto se apoyaban en las numerosas resoluciones y normas de las Naciones Unidas relativas a la protección de los derechos humanos e, indirectamente, en una propuesta (aunque no fue explícitamente mencionada en los considerandos) ventilada en el seno de esa organización en la década de los setentas del siglo pasado.
En aquella oportunidad la inercia todavía latente de los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina (el Chile de Allende, la Asamblea Popular de Juan J. Torres en Bolivia, la Revolución Peruana de Velasco Alvarado y la presidencia de Luis Echeverría en México) hizo posible la construcción de un amplio consenso en el seno de la ONU relativo a la necesidad de someter a las empresas transnacionales a reglas de carácter universal más allá de las que pudieran adoptar las legislaciones de los estados, en muchos casos demasiado débiles para resguardar la soberanía nacional sobre sus propias riquezas y recursos naturales. Atento a estas consideraciones el Consejo Económico y Social de la ONU propuso la creación de una comisión y un Centro de Estudios sobre las Corporaciones Multinacionales con el propósito de elaborar un Código de Conducta para estas empresas. Por supuesto, para los ojos de la burguesía esto era una intolerable afrenta a sus intereses porque se proponía modificar la relación de fuerzas entre sus empresas y los países anfitriones amén de ser un inadmisible obstáculo a la irrestricta movilidad internacional que era una de las fuentes principales de las superganancias que obtenían en el llamado Tercer Mundo. De ahí que esa iniciativa diera origen a ásperas controversias, agravadas por los efectos de la llamada «crisis del petróleo» de 1973, entre el bloque de gobiernos del capitalismo avanzado -liderado por Estados Unidos y secundado por los países europeos y Japón- y el por entonces Grupo de los 77 más los países que por entonces conformaban el campo socialista. Las tácticas dilatorias de los primeros sumadas a la esclerosis burocrática de los organismos de Naciones Unidas precipitaron el abrupto fin de las negociaciones cuando con la elección de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos las burguesías metropolitanas pasaron a la ofensiva, derrotaron a los movimientos y fuerzas políticas que desde Mayo de 1968 acosaban la dominación del capital y eliminaron de la agenda de la ONU el proyecto. Hasta ahora.
La propuesta discutida en Ginebra días atrás retomó, con las necesarias actualizaciones, algunas de las preocupaciones que motivaron aquel intenso debate de los setenta. Sólo que en este caso, y en el seno del CDH de la ONU, la iniciativa fue puesta a votación y aprobada, por escaso margen, pero aprobada al fin. [1] Votaron a favor de la propuesta de Ecuador y Sudáfrica un total de 20 países, con 14 votos en contra y 13 abstenciones. Lo preocupante del caso es que de los 9 países de América Latina y el Caribe que integran el CDH sólo dos acompañaron con su voto la iniciativa ecuatoriana: Cuba y Venezuela. Desgraciadamente Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron. En cambio Argelia, China, Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Rusia y otros acompañaron la resolución al paso que, previsiblemente, Estados Unidos, los países europeos y Japón votaron por la negativa. Sorprendente, decíamos, la conducta de los países latinoamericanos; sorprendente y suicida agregaríamos, porque si hay un tesoro que se debe preservar de la voracidad de las transnacionales es la enorme riqueza de bienes comunes que tiene Nuestra América, sede de las mayores reservas mundiales de agua, petróleo, biodiversidad y minerales estratégicos, en pos de las cuales las grandes empresas, transnacionales o no, están dispuestas a violar la totalidad de los derechos humanos en caso de que fuera necesario. ¿Cómo pudieron los representantes de esos seis países de América Latina y el Caribe no solidarizarse con una iniciativa de nuestros hermanos del Ecuador y Sudáfrica, víctimas de brutales saqueos a manos de las transnacionales, como lo prueba de manera espeluznante el desastre ambiental y humano dejado por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana? ¿O es que pueden ser tan ingenuos (para no utilizar un término más ofensivo) como para suponer que la catástrofe producida en Ecuador es un desafortunado accidente que para nada refleja el modo de actuación de las grandes empresas, sobre todo en los países de la periferia?
Puede ser comprensible que Chile, Costa Rica, México y Perú -países seducidos por el canto de sirena y las engañifas de la Alianza del Pacífico y sumamente proclives a obedecer las órdenes de la Casa Blanca- se hayan plegado al mandato de Estados Unidos y sus aliados. ¿Pero cómo explicar que también lo hayan hecho Argentina y Brasil? El delegado argentino, ¿se habrá abstenido para no desgraciar a su país con la Chevron, involucrada activamente en la explotación de los yacimientos de petróleo no convencional de Vaca Muerta o para no entorpecer las cordiales relaciones establecidas con las transnacionales mineras que están destruyendo el ecosistema de la cordillera de los Andes? Y el representante del Perú, ¿se olvidó de los desastres que la Newmont Mining Corporation está haciendo en Cajamarca o la Xstrata en el Proyecto Tintaya? Y el de Brasil, ¿ignora la devastación ambiental y social producida en Carajas, en la Amazonía, donde una transnacional instaló la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo? No es esta la ocasión para seguir agregando numerosos ejemplos del impacto violatorio de los derechos humanos perpetrado por las transnacionales en cada uno de los países que se abstuvieron de acompañar con su voto a Ecuador y Sudáfrica. Con lo dicho basta y sobra. [2]
Para comprender los alcances de esta iniciativa y por qué la misma tendría que haber recibido el apoyo unánime de los países latinoamericanos y caribeños presentes en Ginebra conviene reproducir las declaraciones de Stephen Townley, el representante de Estados Unidos ante el CDH. Luego de conocido el resultado de la votación dijo que «Estados Unidos no participará en esta iniciativa de crear un grupo de trabajo con los propósitos ya establecidos y alentaremos a otros miembros del CDH a actuar de la misma manera.» «Alentaremos» quiere decir, en este caso, «presionaremos», tal como lo hiciera con su activa militancia para impedir la creación de la Corte Penal Internacional. Como diría el maestro Noam Chomsky, ¡he ahí una clase práctica de lo que Washington entiende por democracia! Si se vota lo que EEUU quiere su resultado es aceptado; en caso contrario, la «regla de la mayoría» se arroja al cesto de la basura y el imperio declara su repudio a la nueva norma y promueve la generalización de su desobediencia. Townley hizo también una trascendental aportación al derecho internacional y la ciencia política cuando dijo que las resoluciones que por mayoría pudiera emitir el Grupo de Trabajo de la ONU ¡no serían de cumplimiento obligatorio para los países que votaron en contra de su creación! En otras palabras: Washington se opone ex ante a cualquier proyecto de regulación de las transnacionales y de protección de los derechos humanos aún sin saber cual habrá de ser su contenido (que será el producto de dos años de futuras negociaciones) y si finalmente se concretará en un tratado o convenio internacional.
No debería sorprender esta declaración si se recuerda que su país es un incumplidor serial de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Ejemplos: caso del minado de los puertos de Nicaragua en la década de los ochenta, y del no otorgamiento de asistencia consular a ciudadanos mexicanos que, sin contar con el auxilio de traductores, fueron sentenciados a penas de muerte en Estados Unidos. [3] Obviamente, este personaje no tiene la menor idea de lo que quiere decir la palabra «democracia», lo que es la ONU y lo que se supone debe ser la construcción de una legalidad internacional que torne al mundo en un lugar más justo para vivir. Previsiblemente, los peones europeos siguieron la voz del amo y con impúdica deshonra se apresuraron a declarar lo mismo, arrojando por la borda los últimos restos de la tradición democrática europea.
Para concluir: una victoria muy importante y que pese a la deplorable deserción de algunos países de América Latina y el Caribe cuenta con el aval de la constelación de actores que en la vida práctica están dando a luz un nuevo orden internacional crecientemente multipolar y en el cual la hegemonía de Estados Unidos se encuentra cada vez más menoscabada. [4] Asombra la deserción de Brasil, apartándose de sus socios del BRICS que en su totalidad votaron a favor de la propuesta de uno de sus miembros, Sudáfrica, lo que pone de relieve, por enésima vez, la clásica anfibología de Itamaratí: estamos en el BRICS pero subrepticiamente votamos con Estados Unidos. ¿Con quién están, seriamente hablando? Sorprende y mucho consterna la defección de la Argentina, que tiene más de un motivo para preocuparse por el tema dada la creciente importancia que la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos tiene en su actual estrategia económica y la sintonía política existente con el gobierno de Rafael Correa. Confiemos en que esta vez, a diferencia de lo ocurrido el siglo pasado, una nueva versión del código de conducta de las transnacionales pueda ser aprobado y llevado a la práctica para poner fin a sus interminables tropelías. Y que los países latinoamericanos que la semana pasada se abstuvieron -sobre todo Argentina y Brasil- replanteen su postura y colaboren activamente en las labores de la comisión que estará encargada de preparar la nueva normativa. En suma: lo ocurrido días atrás en Ginebra fue un pequeño paso adelante; pequeño pero significativo. La mejor prueba de su importancia la ofrece la desaforada reacción de los representantes del poder de las transnacionales, que no ahorrarán esfuerzos para frustrar la concreción de la digna y valiente iniciativa propuesta por Ecuador y Sudáfrica. Como dicen que dijo el Quijote (aunque esto también está en disputa), «Ladran Sancho, señal que cabalgamos».
Notas
[1] Se trata de la Resolución HRC 26th-25/06/2014-A/HRC/26/L.22/Rev.1 Es preciso aclarar que contrariamente a lo anunciado por algunos medios no se trató de una votación realizada en la Asamblea General de la ONU sino en el CDH, que es un organismo especializado de esa organización internacional. Sus resoluciones pueden, eventualmente, ser recogidas por la Asamblea General y, en ciertos casos, dar origen a tratados internacionales que obliguen a sus signatarios a dar cumplimiento a la normativa en ellos establecidas, cosa que no siempre ocurre. Por eso decíamos desde el principio que es un paso adelante, muy positivo, pero que todavía queda un largo trecho por recorrer.
[2] Una visión panorámica de los desastres ambientales y violaciones a los derechos humanos de las transnacionales lo ofrece Hedelberto López Blanch en «Los daños de las transnacionales en Latinoamérica», en Rebelión, 9 Abril 2012. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147719
Un estudio exhaustivo sobre los estragos de las transnacionales en América Latina y el Caribe se encuentra en José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América (Buenos Aires: Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, 2013)
[3] Para un examen del sistemático incumplimiento de las normativas del derecho internacional por parte de Washington ver nuestro (en co-autoría con Andrea Vlahusic) El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 63-74.
[4] Hemos examinado en detalle este tema en nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2012)
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