Frente a los proyectos de extracción de oro y plata en la mina «El Tambor», en el entorno de los municipios de San José del Gofo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala), en 2010 comenzó a organizarse la Resistencia Pacífica de La Puya, formada por la población de las comunidades. Detrás del proyecto extractivo […]
Frente a los proyectos de extracción de oro y plata en la mina «El Tambor», en el entorno de los municipios de San José del Gofo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala), en 2010 comenzó a organizarse la Resistencia Pacífica de La Puya, formada por la población de las comunidades. Detrás del proyecto extractivo figura la transnacional estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA) y la subsidiaria guatemalteca Explotaciones Mineras de Guatemala (Exmingua). Uno de los hitos en las movilizaciones se produjo el 23 de mayo de 2014, que terminó con el desalojo violento del «plantón» permanente impulsado por la Resistencia.
En noviembre de 2012 inició el trabajo de observación y acompañamiento en «La Puya» la ONG Brigadas Internacionales de Paz (PBI-Proyecto Guatemala), con el fin de contribuir a la defensa de los derechos humanos y señalar -en sus boletines, en reuniones con autoridades públicas u otros organismos internacionales- las amenazas y agresiones de las que pudieran ser víctimas los defensores de derechos humanos y miembros de la Resistencia. A dos voluntarios del PBI (proyecto-Guatemala) que presenciaron el desalojo de mayo de 2014, el gobierno de Guatemala les informó de la cancelación de su residencia temporal en el país, aunque finalmente el ejecutivo revocó la decisión. La organización realiza desde 1983 tareas de observación y acompañamiento en materia de derechos humanos en Guatemala (departamentos de Jalapa, Chiquimula, Alta Verapaz, El Quiché y Guatemala).
-La zona en conflicto «La Puya» se localiza en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). ¿Qué recursos naturales posee la zona?
Tanto la Resistencia Pacífica de La Puya como otras organizaciones que la apoyan están preocupadas por la extracción de minerales del suelo, oro y plata en particular, y los impactos de ello en sobre todo en el agua, en la tierra y en el aire, esenciales para la vida de las comunidades.
-Sobre la mina «El Tambor» han fijado sus ambiciones la transnacional estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA) y la subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). ¿En qué consiste su proyecto, cuándo empezó y en qué fase se encuentra?
Inicialmente fue la empresa canadiense Radius Gold Inc., con origen en Vancouver, la que desde el año 2000 se interesó por la existencia de oro en este territorio, según manifestaron integrantes de la Resistencia Pacífica de La Puya en entrevistas realizadas por PBI a finales de 2012. Esta empresa avanzó en los trámites del proyecto hasta 2003, en operación conjunta con Gold Fields, una empresa sudafricana. Posteriormente, ya trabajando con la socia Kappes, Cassiday & Associates (KCA), empresa originaria de Reno, Nevada, Estados Unidos, y las subsidiarias guatemaltecas Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA) y Servicios Mineros de Centro América S.A., lograron las licencias de exploración y explotación minera. La licencia de explotación fue autorizada el 24 de noviembre de 2011. En agosto de 2012, KCA tomó el control completo del proyecto de explotación de la mina El Progreso VII Derivada; al poco tiempo, acusó a quienes lo cuestionaban de estar obstaculizando el desarrollo.
-¿Se informó a las comunidades del proyecto?
A pesar de que Radius Gold Inc. operaba en la zona desde 2008, buena parte de la población comunitaria no tuvo información sobre sus actividades o sus planes hasta 2010, cuando el Colectivo ecologista Madre Selva facilitó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto preparado por la empresa, etapa obligatoria en el proceso de concesión de licencias de explotación de bienes naturales. El EIA se refiere en este caso a 14 proyectos de mina, entre ellos «El Tambor» que contempla la explotación de la mina El Progreso VII Derivada, situada en el camino entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. En la zona de entrada a la mina, en la localidad La Puya -que también da nombre al movimiento de resistencia articulado por población comunitaria de estos municipios-, se ha ubicado el campamento del colectivo que cuestiona este proyecto minero y que desde marzo de 2012 expresa su protesta permanente y públicamente en forma de plantón pacífico.
-¿Se trata de una iniciativa ambientalmente viable? ¿Cuál ha sido la reacción de las comunidades?
La falta de información y consulta previas a la población interesada y afectada en este proceso, y la falta de transparencia que denuncia la Resistencia Pacífica de La Puya tras el último intento de diálogo con el Gobierno, días antes de desalojo violento del plantón, continúan poniendo en entredicho la viabilidad social del proyecto. Junto a ello, varios expertos han evaluado y cuestionado el Estudio de Impacto Ambiental tras la concesión de la licencia de explotación, coincidiendo en críticas fuertes y sustentadas también sobre su viabilidad ambiental. El proyecto se dirige a la extracción de oro y plata, mediante técnicas que combinan explotación a «tajo abierto» y minado subterráneo; esto ha sido de nuevo muy cuestionado recientemente, y sus impactos en la tierra, el territorio y en bienes naturales esenciales para la salud y la vida, como el agua, ya habían sido expuestos a inicios de 2013.
En varias ocasiones desde que fue otorgada la licencia de explotación de la mina, PBI ha observado en La Puya actividades de la resistencia social y pacífica sostenida por el plantón permanente, ante el intento de entrada de maquinaria por parte de la empresa, o frente a provocaciones o agresiones de personal al servicio de la misma. En la mayoría de ocasiones estuvieron presentes autoridades y agentes de policía y representantes de otras instituciones públicas.
-El 23 mayo de 2014 constituye un hito en la resistencia popular (el «plantón» pacífico) y la represión en «La Puya». ¿Qué ocurrió ese día?
Ese día observamos en La Puya que fuerzas especiales de policía desalojaron de manera violenta el plantón que desde hace más de dos años sostiene el colectivo comunitario de resistencia frente a intentos de entrada de maquinaria a la mina. Tras el desalojo, la maquinaria entró a la mina y se mantuvo presencia de policía y fuerzas especiales antimotines.
PBI observó e informó de un empleo de fuerza desproporcionada por parte de las fuerzas públicas de seguridad durante el desalojo. De manera indiscriminada, utilizó gas lacrimógeno, arrojando las latas junto a palos, piedras y objetos contra hombres y mujeres que estaban en el plantón, oponiéndose pacíficamente con cantos y rezos. Se originó un enfrentamiento que duró hora y media. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) verificó que 23 personas de la resistencia resultaron heridas, una de ellas de gravedad requiriendo su hospitalización. Personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presente calificó de repudiable el actuar de la policía. Las fuentes gubernamentales reportaron como heridos también a agentes de Policía Nacional Civil (PNC).
-¿Qué actores componen la resistencia al proyecto? ¿Es importante que sean mestizos y no indígenas mayas como en otras zonas del país, y que el proyecto se localice muy cerca de la capital?
La Resistencia Pacífica de La Puya está integrada por población comunitaria de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, organizada en defensa de la tierra y el territorio. Como en el resto del país también en estos municipios hay comunidades y población indígena, en particular maya kaqchikel, pero su presencia es menor que en otras regiones, en comparación con la población mestiza o ladina. Lo mismo refleja la composición de la resistencia en este caso; en el plantón encontramos personas de diversas comunidades, entre ellas también de Nacahuil, por ejemplo, que esa estos, de sus actividades y de los proyectos extractivos a los que se oponen, son elementos que tomamos en cuenta en la labor de acompañamiento y observación internacional. En el caso de la Resistencia de La Puya en particular, estos factores ponen de manifiesto que la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales se desarrolla en el país mediante procesos que también involucran a comunidades, población y organizaciones ladinas o mestizas, junto a los cientos de comunidades y miles de personas indígenas que han expresado ya un rechazo amplio en consultas populares y comunitarias, sea en áreas cercanas o sea en zonas alejadas de la capital.
-¿Cuándo empezó la resistencia y cuáles son los principales métodos empleados?
La resistencia empezó a organizarse desde 2010, al comenzar a contar con información sobre el proyecto minero a través del EIA. En marzo de 2012, un vecino de La Puya impidió el paso a un camión de la minera y se le sumaron otras personas del lugar. Desde entonces, la presencia continua del plantón pacífico mediante turnos organizados, la concentración social y manifestación pública para resistir o denunciar frente a provocaciones o agresiones en contra de la organización o sus miembros, prácticas de no violencia activa en situaciones de tensión o agresión en su contra, la participación en espacios de diálogo con instituciones públicas y autoridades gubernamentales de alto nivel, los encuentros, visitas y lazos de solidaridad con otras organizaciones y movimientos de resistencia social, entre otras, son parte de las actividades que hemos observado y documentado junto a otras organizaciones guatemaltecas, extranjeras e internacionales.
-En numerosas informaciones se destaca el papel de las mujeres y, por ejemplo, el caso de Yolanda Oquelí. ¿Podéis explicar estas dos ideas?
Yolanda Oquelí es una defensora de derechos humanos que por su participación y labor como parte de la Resistencia Pacífica de La Puya ha recibido amenazas, ha sido blanco de señalamientos y ataques por su condición de defensora, y logró sobrevivir a un gravísimo atentado contra su vida en junio de 2012 que permanece sin esclarecimiento ante la justicia a día de hoy. También ha sido una de las personas directamente afectadas por procesos legales penales a raíz de de acusaciones planteadas por personal de la empresa minera ante la justicia, resultando desvinculada después de la comisión de delitos que se le habían atribuido. Tras el intento frustrado de acabar con su vida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares de protección en favor de Yolanda Oquelí y su núcleo familiar. En definitiva, hay toda una serie de elementos en su experiencia como activista de derechos humanos, y en las agresiones e impunidad que le afectan, que llevan a destacar como paradigmático este caso particular.
-¿Y en cuanto al rol de la población femenina?
La participación activa de mujeres en la Resistencia Pacífica de La Puya se pone de manifiesto en este caso paradigmático, y es muy visible en el sostenimiento del plantón y en las diversas actividades del proceso de resistencia. En entrevistas que PBI ha realizado en 2012, han expresado su compromiso con este, destacando que se movilizan para recuperar la paz en sus municipios, comunidades y familias y garantizar un futuro en el territorio a las siguientes generaciones . Hace dos años, en julio de 2012, se celebró en La Puya el Foro Mujeres en Resistencia: la lucha por la defensa del territorio y los bienes naturales, organizado por el Colectivo ecologista Madre Selva, y que reunió la participación de defensoras de diferentes regiones del país. Compartieron sus experiencias de resistencia colectiva e individual, incluyendo la criminalización que les afecta y sus impactos. Tanto en el caso de Yolanda Oquelí como en el de otras mujeres de la Resistencia Pacífica de La Puya, y en el de otras defensoras de derechos humanos que participan en movimientos de resistencia en diversas regiones del país, se han puesto de manifiesto agresiones específicas debido a su condición de mujeres que operan en el ámbito público para la defensa, reivindicación y ejercicio de derechos; cuando se trata de mujeres indígenas, el componente del racismo suele estar presente en las amenazas y agresiones.
-¿Existen otros proyectos de transnacionales cerca de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc? ¿Cuáles son y qué sectores?
En los mismos municipios, no conocemos otros proyectos de la misma dimensión que el de KCA. Se trata de un megaproyecto dividido en varios; El Tambor es el primero de ellos; así lo presenta el Estudio de Impacto Ambiental. En otro de los municipios del departamento de Guatemala, San Juan Sacatepéquez, acompañamos desde 2009 al movimiento de resistencia de las Doce Comunidades Kaqchikeles, frente a un proyecto cementero que se ejecuta en el área aún cuando las comunidades expresaron reiteradamente su rechazo y continúan denunciando agresiones y criminalización en su contra.
-Por último, ¿cómo observa vuestra organización el estado de los derechos humanos en Guatemala?
PBI está actualmente muy preocupada porque escenarios como el de La Puya, y su desalojo violento en mayo, son indicativos de una profundización del cierre de espacios para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en Guatemala. En junio y julio hemos llamado la atención sobre ello a actores de la comunidad internacional en el país y el exterior, solicitando medidas dirigidas a la apertura de espacios para ejercer, reivindicar o defender los derechos humanos, a la protección de actores sociales guatemaltecos que son por ello amenazados o agredidos y, en definitiva, a mejorar la situación de derechos humanos en el país.
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