La crisis de Perú, con toda su complejidad, enfrenta un desafío electoral y una urgencia constituyente para ajustar el contrato social a la necesaria refundación de la nación. La Constitución de Perú, con todas sus transformaciones, muestra que, el proyecto histórico de país, contenido en ella, no se adapta a la realidad; es por eso que el pueblo reclama nuevas reglas para una convivencia pacífica y en prosperidad.
Un nuevo sujeto social y político, desde las calles, llama a romper con el andamiaje político que ha manipulado la “Carta Magna” históricamente, poniendo por delante los privilegios de la minoría propietaria, sobre los derechos de la mayoría que con su trabajo y sus sacrificios ha construido el Perú.
La “Primera Ley” o “Norma Fundamental” de la nación, ha sufrido varias reformas constitucionales [1], siendo la de 1993, una de las más polémicas por su origen, concreción y articulado.
En palabras de Patrick Henry [2], “La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno”; es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un Poder Constituyente; ahora, cuando ese Poder Constituyente es suplantado por una parodia que posibilita la realización de acuerdos entre facciones políticas de espalda al pueblo, la incongruencia entre el Poder Constituido y el Poder Constituyente, forman un cuerpo de contradicciones antagónicas que, tarde o temprano, destruye el contrato social y hace inviable la gobernabilidad.
De esto se trata la Constitución fujimorista que, desde hace 30 años, es cuestionada y desafiada por los sectores populares, por haberse convertido en la hoja de ruta para el saqueo y la corrupción en el país.
Según expresa la encuesta nacional de Datum Internacional [3], el 56% de los consultados se mostró de acuerdo con cambiar la Constitución; un 27% respondió estar en desacuerdo con ello y un 17%, aún, no había tomado posición sobre el tema.
El 25% de ese 56%, señala, “no podemos seguir teniendo la Constitución de Fujimori” y un 31% de los encuestados se pronunció a favor de mayor castigo para los corruptos; ahora, un 55%, de los que no están de acuerdo en cambiar la “Carta Magna”, “no confían en que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la que existe”.
Estos datos no son menores, porque los exterioriza el pueblo en las calles, bajo la consigna “que se vayan todos”; un estado de ánimo que evidencia la frustración de la sociedad sobre lo actuado por la clase política, teniendo en cuenta que, desde Alberto Fujimori, hasta Martín Vizcarra, han sido seis los presidentes, investigados, condenados, o separados de sus cargos por casos de corrupción. Una constante de inestabilidad política que durante tres décadas ha socavado la legitimidad de las instituciones.
Esta realidad histórica, que se agravo con la pandemia del Covid-19, también se manifiesta en el escandaloso nivel de desigualdad social que vive Perú.
En una situación donde la sobrevivencia y el acceso a los medios subsistencia para los sectores más vulnerables, se vuelven cada día más difíciles, hallamos que, entre las personas más ricas del mundo para el año 2020 [4], figuran 6 peruanos; Carlos Rodriguez Pastor, con una fortuna estimada de 4.000 millones de dólares; Eduardo Belmont, con 2.000 millones de dólares; Vito Rodríguez, con 1.800 millones de dólares; Ana María Brescia Cafferata, con 1.500 millones de dólares; Jorge Rodríguez Rodríguez, con 1.400 millones de dólares y Eduardo Hochschild, con una fortuna de 1.100 millones de dólares.
Estos ciudadanos, que se han capitalizado gracias a la situación del Perú, podrían contribuir impositiva y proporcionalmente a la dimensión de sus riquezas, si en la Constitución se contemplara una carga monetaria, para quienes llegan a ese escandaloso nivel de capitalización; para hacer que el Estado pueda, sumar ese aporte para solucionar los problemas sociales en general y mejorar así, la calidad de vida de las personas más necesitadas y de toda la comunidad.
Al respecto, el jefe para América Latina y el Caribe, del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Sebastián Nieto, manifestó, «la recaudación fiscal por el pago de impuestos sigue siendo muy baja en Latinoamérica y reduce poco las desigualdades»… “el fisco en la región recauda un 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los países de la OCDE ese promedio alcanza un 34,4 por ciento”[5].
Quienes están en contra de este tipo de medidas, plantean que un alza tributaria dañaría la inversión y la creación de empleos, haciendo más difícil la recuperación económica, y que esto, provocaría una fuga de capitales hacia países con menos impuestos, pero resulta ser que, de los 19 países de América Latina; Perú (16,1%), es uno de los países que menos impuestos recauda, junto a Guatemala (12,6% del PIB), y República Dominicana (13,7%), según los datos recogidos del informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por OCDE, CIAT, BID, CEPAL; siendo Cuba (41,7% del PIB), Brasil (32,2% del PIB) y Argentina (31,3%), los lugares en los que más se paga impuestos.[6]
Otro elemento que desmiente los argumentos planteados por los sectores propietarios, es que el 22,9% de los jóvenes entre los 15 y 29 años, en Perú, ni trabajan ni estudian; sumando casi 2 millones de jóvenes (1.908.592), según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERÚCÁMARAS; y, en cuanto a los que consiguen trabajo, el 83,4% de jóvenes menores a 25 años, tienen empleo informal; conclusión, pagan menos impuestos y no generan ni trabajo, ni bienestar para la sociedad.
Perú tiene una tasa de informalidad laboral de más del 70% de la población económicamente activa, o sea, trabajadores sin ningún tipo de protección.
En el informe de Unicef, “pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú; estimaciones2020-2021”, se señala que “En el plano económico, el Perú será uno de los países más afectados del mundo, con una contracción en el Producto Bruto Interno (PBI) de -12%, en el 2020, según el Banco Mundial (2020) y el Banco Central de Reserva del Perú (2020), aunque existen proyecciones más pesimistas, como la del Fondo Monetario Internacional (2020)” [7].
Con este statu quo, la corrupción, la especulación y la manipulación, hacen que pocos se beneficien mucho y muchos se perjudiquen inevitablemente.
Es por esto, que la gente visualiza que una nueva Constitución puede abrir las puertas a grandes soluciones que nivelen la situación general, pero lo importante, lo fundamental, es que la gente, que todos los sectores de la sociedad participen directamente en la conformación de la Carta Magna.
Que la sociedad pueda elegir a sus representantes, más allá de los partidos políticos y que puedan ser constituyentes, los representantes de los campesinos, los indígenas, los trabajadores, formales e informales, los estudiantes, los profesionales, los artistas, los militares, las minorías étnicas y religiosas, de la diversidad de género, de las mujeres, etc. Que la sociedad se vea reflejada en el nuevo contrato social y que, a través de este cuerpo de leyes se construyan las herramientas para acompañar la gestión de gobierno mediante la complementariedad del Poder Constituyente y el Poder Constituido.
Sólo así, la nación andina, encontrará el camino hacia su refundación soberana, en paz y con justicia social.
Notas:
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_peruano#
[2] Patrick Henry (1736 –1799; Virginia, Estados Unidos). Figura prominente en la Revolución estadounidense, conocido y recordado principalmente por su discurso «Give me liberty or give me death» («dadme la libertad o dadme la muerte»). Junto a Samuel Adams y Thomas Paine, fue uno de los más influyentes (y radicales) defensores de la Revolución americana y del republicanismo, especialmente en sus denuncias de la corrupción de los oficiales del gobierno y su defensa de los derechos del hombre.
[4] https://www.rankia.pe/blog/mejores-opiniones-peru/2106459-quienes-son-personas-mas-ricas-peru-2020
[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-52686446