Honduras es el segundo país con mayor índice de violencia contra las mujeres en Centroamérica. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala, en su más reciente informe, que los últimos dos años han sido especialmente críticos para las hondureñas.
Entre 2019 y 2020, el Sistema Nacional de Emergencia 911 recibió casi 116 mil denuncias relacionadas con violencia doméstica y casi 82 mil fueron los casos de violencia intrafamiliar.
Pese al alto número de denuncias recibidas, los datos que reporta el Sistema de Emergencia son subestimados.
La crisis sanitaria por Covid-19 generó confinamiento, suspensión de garantías constitucionales, pérdida de empleo, incremento de la carga laboral en el hogar.
Todo esto exacerbó la violencia doméstica e intrafamiliar, al tiempo que ocultó que las mujeres estaban siendo más afectadas por la violencia machista que por la pandemia.
A ese propósito, el informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM[1] señala que durante el confinamiento “no se establecieron mecanismos especiales que permitieran la atención de mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en esta situación de emergencia”.
Además, varios juzgados estuvieron cerrados y fue imposible darles seguimiento a las denuncias de violencia contra niñas y mujeres.
Epidemia de femicidios
En los últimos diez años, en Honduras han sido asesinadas 4.707 mujeres. Son 710 las que perdieron la vida en los últimos dos años (2019-2020) y la mayoría de los asesinatos ocurrieron con arma de fuego. La impunidad es prácticamente absoluta.
El rango de edad con mayor cantidad de víctimas (191) oscila entre los 20 y 29 años (27 por ciento). El 44 por ciento de las asesinadas eran menores de 30 y el 13 por ciento tenían una edad comprendida entre los 10 y los 19 años.
El informe señala también que, en los últimos dos años, fueron reportados al menos 21 tipos diferentes de delitos sexuales contra mujeres y niñas.
“Estas agresiones son un ejercicio de poder contra mujeres y, sobre todo niñas, porque no es un inicio de la vida sexual deseada y placentera. Al contrario, son agresiones que dejan secuelas en sus vidas, entre ellas miedo, enfermedades sexuales y también embarazos producto de una violación sexual”, apunta el Observatorio.
Entre 2019 y 2020, el Ministerio Público de Honduras registró un total de 4.902 denuncias por agresiones sexuales a nivel nacional, mientras que Medicina Forense registró 2.733 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.
Las principales víctimas son menores de edad (54 por ciento) y expuestas a un posible embarazo no deseado.
“Además de hacer frente a las secuelas de una agresión sexual, se encuentran con la prohibición para acceder a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE). Sumado a esto, la interrupción del embarazo por cualquier causal está penada en el país. Niñas y mujeres violentadas sexualmente son así condenadas a maternidades no deseadas o a la criminalización”, advierte el informe.
Ante esta situación, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres manifiesta que persiste la deuda del Estado hondureño con las niñas y mujeres para garantizarles una vida plena y sin violencia.
Asimismo, exige que se utilice la millonaria asignación de Seguridad para invertirla en justicia para las mujeres.
Nota:
[1] http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2021/08/Boletin_VCM2019-2020.pdf
Fuente: Rel UITA