A algo más de dos meses de instaurado por la fuerza el régimen vigente, bien puede asegurarse que asoman nítidamente los colmillos del lobo que le enmarcan el rostro.
Con sorpresa –por no decir que con asombro- los peruanos podemos ver, ahora, lo que ocurría en la Alemania Nazi en los años 30 del siglo pasado. En aquellos tiempos, las SS recorrían las grandes alamedas entonando canciones de guerra y lanzando consignas de combate.
La Unter Den Linden, la Furfurstendamm y Alexander Platz, los lugares más concurridos del viejo Berlín, resonaba al compás de los gritos marciales de los uniformados que juraban vencer a los comunistas con la fuerza de las armas, para liberar al país del “enemigo rojo”.
Hoy estamos ante idénticas escenas sólo que eso ocurre por primera vez, en las espaciosas avenidas de nuestra capital. El Paseo de la República, La Colmena, y las avenidas Wilson o Abancay –donde sólo los uniformados pueden marchar- los Comandos de Acción de la Policía Nacional –doce mil uniformados- se desplazan raudamente, y con armas en la mano, para intimidar al pueblo con las mismas consignas.
Y cuando el Presidente de un país amigo expresa su preocupación por ello, lo declaran “persona no grata”, sin reparar siquiera que hace precisamente 70 días, el pueblo peruano declaró Persona No Grata a Dina Boluarte, y le pidió su renuncia al cargo que detenta.
Pero el desfile de los Escuadrones de Combate y sus consignas de muerte, no son las únicas expresiones de terror que usa el régimen contra la ciudadanía. Recientemente, fue condenada a 30 meses de prisión Yaneth Navarro, Una empeñosa madre de familia con dos hijos que se trasladó a la capital para movilizarse con su pueblo.
La “intervino” la policía, y le incautó un cuaderno de apuntes en el que había anotado muy módicas sumas, que distribuía entre sus paisanos para que aliviaran heridas luego de los enfrentamientos cotidianos con “las fuerzas del orden” . Un total de 1,900 soles –algo más de 400 dólares- fue la “cuantiosa suma” requisada a ella y que sirvió de “prueba” para demostrar que “usaba recursos destinados a financiar operaciones contra el régimen”.
Y para que nadie piense que esta condena constituye apenas “un exceso”, el Poder Judicial dispuso 18 meses de “prisión preventiva” contra Rocío Leandro Melgar y sus compañeros, acusándolos de “acciones sediciosas” presuntamente ejecutadas entre 1980 y 1990 y convalidadas hoy porque desde el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho están contra el gobierno y piden una Asamblea Constituyente.
El Juez Raúl Justiniano Romero, considera que estos, son “actos terroristas que ponen en riesgo la seguridad del Estado”. Esta Pena, por lo demás, se extiende a todos los integrantes del mismo colectivo, algunos de los cuales en los años 80 del siglo pasado, aún no habían nacido.
Pero las cosas, van más allá. Como se sabe, el Municipio de Lima “cerró” la ciudad capital para las movilizaciones populares. Dispuso, en efecto, que se declare “Intangible” el Centro Histórico de la Ciudad y se prohíban allí las manifestaciones públicas. Una iniciativa similar, en el 2005, fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional por contrariar la Libertad de Reunión, consustancial a cualquier régimen democrático.
No ha faltado por cierto, quien en redes sociales evocara la movilización liderada por el hoy Alcalde López Aliaga, .eminencia gris del fascismo metropolitano en el Paseo de la República -junio del 2021- y en la que pidiera “democráticamente” ¡Muerte a Cerrón! y ¡Muerte a Castillo!. ¿La recuerdan? Y para que no falte nada, el asesinato de 7 policías en el VRAE, en una jornada sospechosamente similar a la de junio del 2021 que nunca se investigó. La DINI y la Dircote, sirven para algo?
Claro que nada de esto, se registra pasivamente. La ciudadanía no ceja en el empeño de denunciar y combatir las atrocidades consumadas por el régimen. Recientemente el Instituto de Defensa Legal puso en evidencia lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre pasado. Hoy se sabe que 2 capitanes. 12 sargentos, 9 suboficiales, 22 cabos y 7 soldados, haciendo honor al “legado fujimorista”; fueron los que “cumplieron funciones” en la zona del crimen. Ya se tiene la identidad de todos ellos.
Fue el Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Wari, general Jesús Vera Ipenza, quien cumplió con entregar el informe correspondiente a la justicia ordinaria. Cabe preguntarse, entonces, si ella actuará, o derivará finalmente el caso al “Fuero Castrenses” para garantizar la impunidad de los autores de tan horrenda masacre.
Bien puede incubarse dudas acerca de la actividad de la justicia en este orden de cosas. Por lo pronto, el gobierno ha descalificado a la delegación argentina de Derechos Humanos liderada por un prestigiado jurista. El argumento es ridículo. Sostienen que los investigadores no poseen “Pasaportes Diplomáticos”, ni están acreditados por un “organismo internacional”.
Ninguno de estos “argumentos” cuestiona la gravedad de las denuncias formuladas, y que configuran graves delitos que serán elevados ante la Justicia Supra Nacional.
El viaje de la Congresista Margot Palacios a Ginebra, donde se reúne la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dará forma a una acusación fundada, contra el gobierno peruano. El “diálogo” entre Dina y Keyko, no marcha: rezuma sangre.
En un mar de contradicciones, y cuando fracasan los intentos del oficialismo para “normalizar” la vida nacional, los colmillos del fascismo asoman peligrosamente y ponen en alerta a toda la región.
No constituyen sólo una amenaza contra los peruanos. América, está en peligro.
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