La Comisión Europea y los gobiernos se echan en brazos del Gobierno autoritario de Kais Said, con la esperanza de que ponga fin a la llegada de inmigrantes, con la misma falta de escrúpulos que caracterizó a las relaciones con Libia
El proceso de transformación de Túnez en una dictadura ha completado casi todas las etapas necesarias. No es algo que preocupe a la Unión Europea. Es más, es posible que piense que le beneficia. Un solo interlocutor al que convencer para que acepte interpretar el papel de policía de fronteras del sur de Europa.
No hay que ser tacaño con el precio. No obligan a nadie a hacerlo gratis. Las compensaciones económicas serán numerosas. Se retorcerá el lenguaje para sostener que ese compromiso es compatible con la política de derechos humanos comunitaria.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha estado en el país del Magreb este fin de semana acompañada por los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Mark Rutte. Meloni representa al país más amenazado por el aumento de la inmigración desde Túnez. Rutte habla en nombre de los países del norte que no quieren asumir responsabilidades directas sobre la integración de esas personas, pero que están dispuestos a pagar por el privilegio.
El paquete de ayuda que Von der Leyen ha ofrecido supera los mil millones de euros, de los que 150 millones son ayudas directas sin necesidad de su devolución y el resto, préstamos en condiciones favorables. A eso hay que sumar la entrega de 105 millones con el fin de mejorar la protección de las fronteras tunecinas, fundamentalmente en el mar. En otras palabras, impedir la salida de embarcaciones con destino a Europa.
“Ambos tenemos un amplio interés en romper el cínico modelo de negocio de contrabando y traficantes, que deliberadamente pone en riesgo las vidas humanas a cambio de beneficios”, dijo la responsable de la Comisión. Es la versión oficial de la que no se apartan los gobiernos europeos: la llegada de inmigrantes está originada por la oferta de viajes por los traficantes de personas, y no por las condiciones de vida de los inmigrantes en sus países de origen, incluido Túnez.
Kais Said, de 65 años, presidente de Túnez desde las elecciones de 2019, llegó al poder sin ninguna fuerza política tradicional que le respaldara y ayudado por el descrédito de los partidos. Su discurso contra la corrupción convenció al 72% de los votantes en segunda vuelta. Desde entonces ha reducido al mínimo los derechos civiles.
Suspendió el Parlamento en 2021 y pasó a gobernar por decreto. Una comisión elegida a dedo reformó la Constitución a su gusto, que fue aprobada con claridad por un referéndum que tuvo una participación del 30%. En las elecciones legislativas de diciembre de 2022, boicoteadas por la oposición, el porcentaje de votación se redujo al 11%. Los tunecinos no se molestaron en acudir a las urnas para elegir a un legislativo despojado de sus poderes.
Con sus nombramientos, Said ha convertido el principal organismo judicial en una extensión de su poder en los tribunales, lo que le ha permitido destituir a 57 jueces y fiscales. Los medios de comunicación tienen controlada su actividad. El líder del grupo islamista Ennahda, el principal partido de la oposición, fue encarcelado en abril.
Lo único bueno que se puede decir del sistema político tunecino es que no es tan represivo como el de Egipto o Argelia.
Su único punto débil es el progresivo hundimiento de la economía tunecina en los últimos años, ahora acelerado por las consecuencias de la guerra de Ucrania y el aumento del precio de materias primas y alimentos. Las finanzas del país necesitan el crédito de 1.900 millones de dólares del FMI que lleva negociando desde hace meses. De momento, Said no acepta las condiciones en forma de reducción de los subsidios a los alimentos básicos y al combustible y privatización de los monopolios públicos.
Aún goza de un respaldo popular que parece amplio y no quiere ponerlo en peligro con medidas impopulares. Corre el riesgo de que le ocurra como a los partidos que controlaron el Gobierno hasta las elecciones de 2019. La falta de expectativas económicas es lo que hizo que los tunecinos perdieran su fe en la democracia.
Un colapso financiero del Estado podría agravar la crisis y provocar el aumento de la inmigración de los jóvenes a Europa. Por eso, Meloni lleva tiempo presionando a otros gobiernos europeos para que se conceda a Said lo que necesita. La visita de Von der Leyen, Meloni y Rutte es un ejemplo de que están dispuestos a escuchar a la italiana, pero su influencia no llega al FMI, donde la luz verde esencial sólo puede proceder de Estados Unidos.
Ante este panorama financiero, no es extraño que Said haya optado por buscar culpables que poco tienen que ver con la situación económica del país. Con un lenguaje similar al de la extrema derecha europea, el presidente afirmó que los inmigrantes subsaharianos suponen una amenaza directa a la identidad nacional del país. “El objetivo no declarado detrás de estas olas sucesivas de migración irregular es convertir a Túnez en un país puramente africano sin ninguna relación con las naciones árabes e islámicas”, dijo en un discurso en febrero.
Grupos de derechos humanos denunciaron que inmigrantes que trabajan o estudian con papeles en Túnez sufrieron ataques, fueron despedidos de sus puestos o expulsados de sus viviendas después de la intervención de Said.
El mensaje racista de Said tampoco ha causado una preocupación especial en Bruselas y los gobiernos europeos. Si estuvieron dispuestos a subcontratar la lucha contra la llegada de pateras a milicias y organizaciones criminales de Libia, no parece que vayan a tener mayores escrúpulos con un Gobierno como el tunecino embarcado en un camino irreversible hacia la dictadura.