El pasado viernes 5 de abril se produjo un hecho aberrante, violatorio de una de las normas más elementales del derecho internacional contenidas en la Convención de Viena de 1961: la absoluta inviolabilidad de la inmunidad diplomática que ostenta la embajada de cualquier país (al considerarse territorio del mismo) instalada en otro con el cual mantiene relaciones diplomáticas bilaterales.
Efectivos de la policía de Ecuador invadieron las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos Mexicanos y agredieron a personal diplomático presente para llevarse secuestrado a Jorge Glas, ex-vicepresidente ecuatoriano durante el período de la presidencia de Rafael Correa entre 2013 y 2018, quien estaba requerido por la justicia de su país. Refugiado en dicha embajada desde el pasado diciembre, México le había concedido el asilo político unas horas antes de que se produjera la asonada de las fuerzas policiales ecuatorianas.
Esta agresión inaudita contra México y toda su larga y generosa tradición de país de asilo por encima de nacionalidades o ideologías -que va desde los republicanos españoles al fin de la guerra civil hasta ciudadanas y ciudadanos de nuestros países de la región en la década de los 70 perseguidos por las dictaduras fascistas– motivó la lógica reacción del gobierno del Presidente López Obrador de romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Medida a la que se sumó el gobierno de Nicaragua.
Asimismo más de 12 países de la región manifestaron con distintos énfasis su rechazo a esta flagrante violación del derecho internacional.
Muchos políticos (incluido Rafael Correa) afirmaron –erróneamente- que este hecho no registra antecedentes.
Sí existió uno y fue en nuestro país durante la dictadura civil–militar de corte fascista hará próximamente 48 años. Salvo la honrosa excepción de Russia Today en el día de ayer, ningún medio de comunicación lo menciona.
Una vez más parecería ser que nuestro país, tal vez por su pequeño tamaño, es sistemáticamente ignorado por el resto, aún en la región; como si no existiera.
Pero existe. Y vale recordar que el 24 de junio de 1976 la maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Elena Quinteros fue detenida y torturada en el centro de detención y torturas llamado “300 Carlos” dependiente de la División de Ejército 1.
El día 28 logra convencer a sus captores que la lleven al lugar en el cual tenía previsto un encuentro con un compañero. Era en Bulevar Artigas en las inmediaciones de las instalaciones de la embajada de Venezuela.
Al dejarla cerca del lugar del supuesto encuentro, corre y logra saltar el muro de los jardines de la embajada.
Efectivos militares violan groseramente la inmunidad diplomática de la embajada ingresando al predio y la atrapan. Dos funcionarios diplomáticos salen al mismo tiempo, toman a Elena y forcejean por ella con los efectivos que los agreden y logran finalmente secuestrarla.
Luego de variados e infructuosos reclamos de la cancillería de Venezuela ante el MRREE uruguayo, finalmente el 5 de julio de 1976, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez rompe relaciones diplomáticas; situación que se mantuvo hasta el retorno de la democracia en Uruguay en 1985.
Elena fue brutalmente torturada, ejecutada y hasta el día de hoy su cuerpo está desaparecido.
Insistimos una vez más en señalar la gravedad de que este hecho no es aislado. No es un trueno en una noche de verano ni mucho menos.
El genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno sionista y racista de Netanyahu o el apoyo de la OTAN a los neonazis instalados en el gobierno de Ucrania lo atestiguan.
Es la peor confirmación de la lucha de la ultraderecha en esta última década –llámese neofascismo, postfascismo, neopatriotas o libertarios de derecha– por la hegemonía (en el sentido gramsciano) a nivel internacional.
Es urgente que las fuerzas de izquierda a nivel internacional (estén o no en el gobierno de sus países) lo asuman plenamente y consoliden la instrumentación de una estrategia coordinada que apunte a desbaratar esta ofensiva.
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