El problema en Honduras es que los políticos de turno no creen en la planificación, pero si en acciones aisladas que no se cumplen, no solucionan los problemas de fondo y representan una perdida creciente de recursos muy valiosos para la economía y sociedad, más la corrupción” (Ralf Flores, Economista Agrícola*)
“Si se destruyen los bosques y las fuentes de agua, se destruye nuestra cultura y la vida misma” (Bertha Cáceres, dirigente ambientalista)
Las fuertes lluvias e impactos negativos afectan más a los que tienen menos recursos, viven en pobreza y zonas de alto riesgo. Cada año los gobiernos tienen que invertir en evacuaciones de personas, construcción de albergues y reconstruir la infraestructura económica y social. Las lluvias traen también las compras sin licitaciones, la entrega de alimentos por políticos de turno, corrupción y mayor endeudamiento. Se le atribuye al cambio climático el factor causal más importante, pero se dice poco de la destrucción acelerada de los recursos forestales.
Honduras ha visto cómo sus bosques y áreas protegidas han venido disminuyendo, aunque se reconoce que las zonas boscosas y de reserva forestal todavía son visibles. Se apostó a una legislación forestal que recogiera las propuestas de la mayoría de actores involucrados en las actividades de producción, usufructo y protección de los recursos forestales, y estableciera reglas claras para la actuación de estos actores, incluyendo la institucionalidad pública. La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aprobada en 2008 mediante decreto 58-2007, da vida a un nuevo marco jurídico-institucional en materia forestal, pero se aplica parcialmente.
Las causas explicativas de estas reducciones aceleradas de bosques y áreas protegidas siguen presente. La primera es la ganadería extensiva y de baja productividad, que usa las áreas y suelos de vocación forestal como sinónimo de pastos para el ganado; es decir, deforestar para transformarlas-supuestamente-en tierras de “vocación” agrícola, aunque sea prohibido por las leyes del país. Se agrega el extractivismo sin control, como la minería de cielo abierto, agro negocios tóxicos y la falta de un control efectivo de plagas como el gorgojo descortezador. Es vidente el problema de baja asignación de recursos a la institucionalidad forestal para que proteja el bosque y restituya áreas afectadas por deforestación y degradas, violándose disposiciones legales.
Esta institucionalidad refiere también a la ausencia de instrumentos de planificación de desarrollo del sector forestal con una visión de largo plazo, acompañado de reformas al marco jurídico-institucional, o cumplimiento de la legislación vigente Se han hecho esfuerzos este campo, pero descontinuados, como la aprobación de una política forestal [1], pero sin claridad sobre las fuentes de obtención de los fondos para la ejecución de los programas y proyectos de inversión que de ella se derivan, por lo cual se desfasó en los gobiernos anteriores, pero, sobre todo, sin claridad sobre el rol de los actores involucrados.[2]
En el tema de institucional publica, un problema fundamental que abarca también al sector forestal, es el debilitamiento del sistema de planificación que integra las acciones y actividades de todos los actores con una visión de largo plazo. En el Gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2013) también se institucionalizó la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), aprobada por el Congreso Nacional, pero se debilitó en los gobiernos de Juan Orlando Hernández (2014-2021), y la iniciativa de desarrollo forestal quedó en papel.
En la medida que se pierda esa visión de largo plazo y no existan instrumentos técnico-políticos válidos, se debilitan los enfoques multisectoriales para la solución de los problemas de interés nacional, al no permitirse construir un enfoque conjunto de intervención de base amplia con la participación de todos los actores y, especialmente, de las poblaciones afectadas o beneficiadas, muchas de las cuales viven de la protección efectiva y uso de los recursos forestales y ambientales.
A ello se debe las masificaciones de los problemas derivados de la falta de protección de los recursos forestales, débil institucionalidad y ausencia de instrumentos validos de planificación. Una de estas manifestaciones es la “vulgarización” del concepto de áreas protegidas y zona de reserva, al permitirse otorgar derechos de propiedad, remedidas, construir viviendas, carreteras y desarrollar una ganadería extensiva dañina para el ambiente. Otra, es la expulsión de comunidades étnicas protectoras de los recursos naturales para ejecutar proyectos extractivos con costos muy altos para la economía del país y población. Pero, también, la irrupción de un nuevo actor: El narcotráfico que, de acuerdo al ICF, ha afectado 36,000 has de tierra en la zona de la Moskitia (ICF Honduras: 18/12/2023).
Frente a ello, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), declaró una emergencia forestal denominada “ Cero” Deforestación al 2029, para controlar, regular y prohibir la destrucción de los bosques de Honduras., que incluye medidas destinadas al control y decomiso de madera y drogas, destrucción de infraestructura y maquinaria, revisión y prohibición de otorgamiento de títulos de propiedad en áreas boscosas, aumento de penas por delitos forestales y prohibición de nuevas urbanizaciones, lo que representará una erogación de 19,000 millones de lempiras hasta 2029. Ya antes, había aprobado la ejecución de un Programa denominado “Padre” Andrés Tamayo, un reconocido ambientalista que regresó al país, expulsado por las acciones de defensa del bosque y comunidades, destinándose más de 1, 600 millones de lempiras para controlar mayormente la deforestación en la Biosfera del Rio Plátano.
En el Congreso de la República también se ha legislado a favor de la protección del bosque, fuentes de agua, biodiversidad y conciencia y educación ambiental, lo que incluye la protección de las principales lagunas del país [3] e incorporación de la educación ambiental desde temprano en las escuelas y colegios públicos. Se agrega, el aumento de las penas en el Código Penal para los que incendian y destruyen el bosque y fuentes de agua, y regulaciones para controlar las construcciones y desarrollo de proyectos urbanísticos en zonas boscosas y de reserva forestal. [4]
Hay varios cuestionamientos a estas decisiones y acciones. En primer lugar, la Comisión creada por la presidenta Xiomara Castro para lograr “Cero” Deforestación no integra al Instituto Nacional Agraria (INA), responsable de la entrega directa de títulos de propiedad de la tierra [5]. Igual, se inviabiliza la institucionalidad creada en el marco de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, caso de la integración del sector forestal ( no como subsector), con competencias de coordinación y planificación sectorial y multisectorial en este campo, y los consejos consultivos a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario,
En segundo lugar, en ausencia de un instrumento de planificación que integre todas estas acciones, los esfuerzos y recursos se diluyen y no resuelven los problemas de fondo ni garantizan un cumplimiento efectivo de las metas de mediano y largo plazo. Para el caso, “Cero” Deforestación a 2029 es una meta muy ambiciosa, lo que necesita de una planificación para un periodo de mayor plazo, desagregándolas por año, región, departamento y municipio, lo que implica un involucramiento más visible de los gobiernos locales, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas protectores de los recursos naturales.
En tercer lugar, al invisibilizar la institucionalidad forestal en materia de coordinación y planificación del sector, es poco problema que la Mesa y Agenda Forestal Hondureña donde se integra la cooperación externa, tenga la credibilidad requerida a nivel de actores internos, cooperantes, países y empresas. Ello es extensivo al funcionamiento del Sistema Nacional Forestal, una obligación del ICF para mantener la protección del bosque y garantizar un usufructo que reconozca ingresos suficientes para las familias dedicadas a esta labor.
Para nadie es un secreto que las comunidades son autorizadas por ICF para vender recursos forestales, pero lo hacen recibiendo precios de “gayo” muerto, ya que el corte y comercialización la controlan empresas privadas o intermediarios. Necesitan un programa amplio de transformación, industrialización y Comercialización de los productos derivados del bosque, más allá de la venta de madera en “royo”.
La Ley Forestal crea dos fondos ( artículo 35) para Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones con 1% del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República, y el Fondo para Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre con recursos iniciales equivalente a 60 millones de lempiras conformado por el Gobierno. Hay evidencia que estos recursos no se han trasladado al ICF en el monto requerido, asignándose cuotas limitadas. Se espera que, en el marco de las acciones que ejecuta el Gobierno para alcanzar la meta de “cero” deforestación en 2029, los recursos de ICF aumenten, sobre todo los consignados en estos fondos. [6]
El Gobierno debe aprender de experiencias pasadas, buenas y malas, y definir políticas de consenso y con mayor impacto. Un ejemplo es la Evaluación Nacional Forestal de Honduras realizada por el Proyecto de Modernización de Sector Forestal denominado Euro For MOSEF, apoyado por la Unión Europea por un monto de 23.1 millones de euros, la que constituye un instrumento para formular y evaluar políticas públicos sobre el uso de los recursos del territorio, conociendo en forma científica el estado de los bosques de Honduras, la biodiversidad y la captura de carbono. (Informe MOSEF, 21 de marzo de 2017). [7]
De acuerdo a cifras del MOSEF, “para el año 2015 el porcentaje de bosques en el país era de 47.72 por ciento que equivale aproximadamente a 5.4 millones de hectáreas de bosque distribuido principalmente en bosque latifoliado (24.68%) y bosque de pino (15.27%). Las áreas fuera de bosque son destinadas principalmente a la ganadería (9.15%), cultivos anuales sin árboles (5.74%) y sistemas agroforestales (5.23%), estos últimos incluyen el cultivo de café”.[8] Implica un monitoreo constante y registro de la información por departamento y municipio, lo cual se ha perdido.
Estas cifras han sido cuestionadas por autoridades de ICF, ya que consideran que en 2022 el área cubierta de bosque era de 56.06% del territorio nacional, siendo mayoritario el bosque latifoliado. (Ver Anuario Estadístico Forestal 2022, ICF, pág. 46). Ello demanda una revisión de la metodología del cálculo y cifras, ya que hay evidencia de aumento de incendios y presencia del gorgojo descortezador, además de las actividades extractivas. En 2015, se perdieron por la presencia del gorgojo de pino, más de 389,000 has. de bosque y en 2016 otras 105,000 has. de bosque (Anuario Estadístico, ICF, pág. 68).
El subsector silvícola ha venido disminuyendo su participación del PIB Nacional, de 5%/PIB en 2000 a 2.96%/PIB en 2022. Se cree falsamente que el sector forestal solo tiene que ver con la silvicultura, por lo que urge una nueva metodología para estimar la contribución total del sector al PIB, que ya había iniciado MOSEF. Se desconoce la contribución del sector a la industria farmacéutica, ya que muchas de las plantas son utilizadas para producir nuevos medicamentos, sin que haya un reconocimiento y “compensaciones” monetarias al país por patentes.
En 2022, Honduras exportó más de 53 millones de pies tablares de madera aserrada de conífera, donde el 81.4% se destinó al mercado centroamericano, le sigue el mercado del caribe y en menor grado Europa y USA. Las importaciones de madera sumaron más de 3,6 millones de pies tablares, proveniente de USA y del mercado Centroamericano y Suramérica. En este rubro de madera aserrada conífera, Honduras tiene una balanza comercial superavitaria, pero todavía no se ha calculado los efectos e impactos negativos de ello.
No obstante, hay déficit comercial en madera aserrada /latifoliada, carretas, tarimas, cajas, muebles de madera, molduras, piezas de construcción, resinas, tableros, etc. En general, la balanza comercial de Honduras de productos forestales es positiva en más de 7 millones de dólares, pero puede ser mucho mayor, al producirse internamente varios de los productos y subproductos que incorporar más valor agregado. (Anuario Estadístico, ICF, pág. 93).
Ya está en marcha el Acuerdo Voluntario de Asociación entre Honduras y la Unión Europea (AVA-FLEGT) para fortalecer el comercio de madera legal, cuyas negociaciones iniciaron en 2013. “El AVA-FLEGT enfatiza el cumplimiento de las leyes hondureñas, especialmente las relacionadas con aspectos forestales, ambientales y fiscales, así como las relacionadas con los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del sector y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo ello, con especial incidencia en lo referente a la Consulta Libre y Previamente Informada, cuando se realicen actividades de aprovechamiento en territorios de estos pueblos” (Delegación de la Unión Europea en Honduras, 29-6-2021).
Se espera que además del control de la producción y comercialización de la madera con destino a la UE (¿y al resto del mundo?), se institucionalice un proceso de trabajo conjunto entre cooperantes, Gobierno, empresa privada, campesinos, ganaderos y pueblos étnicos, al crearse el Comité del Acuerdo integrado por ICF, sector privado y sociedad civil, los pueblos étnicos y afrodescendientes y la UE. De nuevo el INA está ausente, aunque debe prohibirse exportar madera legal a la UE con títulos de dominio ilegales. Igual sucede con los gobiernos locales, cuya participación es poco visible, sobre otro en la creación de espacios fiscales sostenibles para la conservación de los bosques.
Hay interés de los actores por conformar una Alianza Forestal de mayor alcance que un periodo de Gobierno de cuatro años, por lo que Honduras y la UE “firmaron un acuerdo de cooperación por un monto de 23,5 millones de euros para impulsar acciones estratégicas vinculadas a la Alianza Forestal, Negocios Verdes y el AVA FLEGT. Adicionalmente, a través del Programa Global de Gobernanza Forestal y Cadenas de Valor implementado por la FAO, se busca apoyar los países que cuentan con una Alianza Forestal con la UE, incluyendo a Honduras”. (Delegación de la Unión Europea en Honduras, 31-05–2024)
La experiencia demuestra que programas de reforma del sector forestal necesitan de una visión de mayor plazo avalada por todos los actores involucrados (incluyendo la academia), o por lo menos de la mayoría que considera al bosque como un patrimonio nacional no como negocio. Ya nadie se acuerda de programas de reforma anteriores, y de los estudios realizados e información generada, así como de los procesos metodológicos de gestión ambiental y modelos de atención comunitaria operativizados. Hay mucha información en poder de la (s) agencia (s) cooperante, pero no son de conocimiento público y gobierno.
El Gobierno y el país en general necesitan contar con una política forestal de largo plazo y de base amplia, o sea que participen activamente todos los actores involucrados y la población que cuida el bosque y las fuentes de agua. Esta política se constituye, por ser el principal instrumento contentivo de planes, programas, proyectos, agendas, acciones y decisiones, en el marco orientador del desarrollo del sector. Las acciones aisladas y fragmentadas por sectores e instituciones no permiten que se alcance el impacto previsto, generando ”falsas“ expectativas en la población y conflictos, además de una pérdida creciente de recursos financieros, en su mayor parte provistos por el Gobierno. Igual, acciones unilaterales no se aplican y más bien conducen a una falta de credibilidad por la autoridad constituida. En la destrucción de los bosques todos somos responsables, pero también en la búsqueda de soluciones.
Teniendo como objetivo estratégico la protección y uso racional de los recursos naturales, sobre todos de los bosques, la política forestal de base amplia debe servir de guía orientadora para las demás políticas, programas y proyectos agropecuarios y de uso de energías alternativas, igual para control de los proyectos mineros y contaminantes. Hay que estructuras iniciativas para enfrentar el cambio climático, partiendo de la protección y uso de estos recursos, acompañado de una estrategia conjunta de participación de la población. Las reformas al marco institucional deben incluir la penas no solo por la quema de bosques, títulos de propiedad chuecos” y deterioro por ganadería extensiva y actividades de narcotráfico, sino también para visibilizar y aumentar pagos por servicios ambientales que el cuidado de los bosques de Honduras aporta al mundo.
La presidenta Xiomara Castro debe ordenar al ICF e instituciones y organizaciones conexas la conformación de dicha política, como un aporte a la institucionalidad y desarrollo futuro del sector, siendo apoyada por la cooperación externa y demás gobiernos de la región en el marco de los procesos de integración ambiental centroamericana.
Wualaco,
Olancho, munipio con bosque en extinción, 15 de junio de 2024
Notas:
[1] En el Gobierno de Porfirio “Lobo” Sosa se aprobó la Política Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2013-2022), pero fue descontinuada en los gobiernos de Juan Orlando Hernández(2014-2021). En realidad, JOH no creía en la planificación, acusándose a su Gobierno por vender madera sin control, mucha de la cual se extraía de zonas afectadas por el gorgojo de pino.
[2] Una de las funciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), es la diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Artículo 18). Esta función no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente, supeditándose las acciones forestales a lo que dicte la Secretaria de Medio Ambiente.
[3] Hay denuncias que en las áreas de tierras cerca del Lago de Yojoa, uno de los principales atractivos turísticos del país, se ha permitido el otorgamiento de títulos de propiedad y la cría de ganado y búfalos, que acelera la deforestación y contaminación de las aguas.
[4] Mediante Decreto N.54-2023 del 30 de octubre de 2023, se aprobó una Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática, cuyo “objetivo es establecer las normas jurídicas, administrativas, técnicas y financieras para el aprovechamiento y distribución de los beneficios ambientales, sociales y económicos generados a partir de la gestión sostenible de sumideros forestales de carbono basados en resultados”.La Ley define el Bono de Carbono como: Compensación financiera por las reducciones o remociones de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera por la aplicación de políticas e iniciativas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
[5] Se ha denunciado que grupos irregulares se adueñaron de tierras en zonas protegidas, muchas de las cuáles son tierras de vocación forestal e históricamente viene siendo reclamadas por comunidades étnicas como parte de su hábitat natural y humano.
[6] Los recursos presupuestarios del ICF han aumentado, ya que para 2024 superan los 521 millones de lempiras, de los cuales la mayor parte son fondos del tesoro nacional, y solo 82 millones se consideran fondos externos, siendo insuficientes aún para cumplir con las competencias asignadas.
[7] Este proyecto se enmarcó en el “Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal (EuroFor)” de octubre de 2013, por un monto de 47 millones de euros, de los cuales unos 21 millones de euros fueron donados para adaptación del cambio climático ( con 2.1 millones de dólares de contraparte nacional), el resto, unos 26.0 millones de euros, destinados al Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Forestal (PAPSFOR) , condicionado al cumplimiento de indicadores, que todavía sigue vigente y, al parecer, se ha fortalecido.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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