Hace nueve meses que Hanan, su marido y tres de sus cuatro hijos viven en el campo de refugiados de Malakasa, situado a 40 kilómetros al noreste de Atenas. Llegaron en patera a la isla griega de Lesbos desde Turquía y, desde allí, junto a cientos de personas refugiadas, fueron trasladadas a la península griega. […]
Hace nueve meses que Hanan, su marido y tres de sus cuatro hijos viven en el campo de refugiados de Malakasa, situado a 40 kilómetros al noreste de Atenas. Llegaron en patera a la isla griega de Lesbos desde Turquía y, desde allí, junto a cientos de personas refugiadas, fueron trasladadas a la península griega. Su hija mayor tiene ocho años y el más pequeño, de cinco meses, nació en Grecia y ya ha estado ingresado siete veces en el hospital. Está desarrollando una alergia alimentaria, pero no dispone de dinero para comprar los alimentos que necesita y tampoco se los proporcionan en el campo. Hanan no tiene familia que la apoye, todos murieron en los bombardeos de su pueblo natal situado al norte de Siria. Asegura que su mayor problema es dar de comer a sus hijos porque “la comida que nos dan en el campo es muy mala”. Tampoco tiene ropa ni pañales para el bebé. Ninguno de sus hijos está escolarizado y nadie en la familia puede defenderse en lengua griega o inglesa. Ya han conseguido el asilo y, pronto, se encontrarán en la calle sin la escasa cobertura del Gobierno griego, en manos del conservador Mitsotakis.
El caso de Hanan es el de miles de familias procedentes de Afganistán, Siria, Egipto, Eritrea, Palestina y Yemen, entre otros países de Asia y África del Este. Llegan a Turquía y, de allí, pasan en frágiles embarcaciones a las islas griegas por una de las rutas más transitadas del mundo por personas que buscan refugio en Europa. Más de un millón de refugiados han hecho este camino desde 2014 huyendo de la guerra, la violencia y las persecuciones. Según ACNUR, solo en 2015, en la llamada “crisis de los refugiados”, más de 850.000 personas hicieron esta travesía. Muchas de ellas, incluidos menores, perdieron la vida en el camino. Pero las quejas de las organizaciones humanitarias son constantes por las pésimas condiciones de acogida en este país. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado en diversas ocasiones el trato degradante recibido por las personas que vienen de países donde han sufrido una violencia atroz. Denuncian también los campos de refugiados cerrados y aislados en las islas griegas, donde se restringe la salida a las personas refugiadas agravando, aún más, el estado de salud mental de las personas que viven en ellos.
“La situación en los campos de refugiados de Atenas ha empeorado con el traslado masivo de personas refugiadas desde las islas”, cuenta a CTXT Triana Riazor, coordinadora de la asociación española SOS Refugiados Europa y autora de una encuesta realizada a más de 300 personas refugiadas en los campos de Malakasa y Ritsona, este último situado a 80 kilómetros al noreste de la capital griega. Esta asociación, que trabaja en Grecia desde su nacimiento en 2016, atiende en la actualidad a más de 4.000 personas procedentes de los campos de refugiados de Malakasa, Ritsona, Schistos y Atenas, con reparto de alimentos no perecederos y ropa cinco días a la semana. A finales de 2023, esta asociación presentó los resultados del estudio ante la Unión Europea, para denunciar “la extrema vulnerabilidad e indefensión de las personas refugiadas”.
Repunte de entradas
2023 fue un año de repunte de entradas de personas refugiadas con 41.561 personas frente a 12.758 de 2022, según cifras de ACNUR. Y continúa el aumento. El Gobierno griego anunció hace algo más de un mes que el número de entradas en el primer semestre de este año ha sido el doble comparado con el mismo período de 2023. Para frenar la entrada de personas refugiadas, la UE firmó un pacto con Turquía en 2016 por el que este país se comprometía a controlar sus fronteras para evitar la salida de botes hacia las costas griegas. Por otra parte, también se comprometía a recibir a todas las personas devueltas por Grecia que hubiesen entrado de manera irregular. A cambio, la UE pagó al Estado turco seis mil millones de euros. Organizaciones como Amnistía Internacional tacharon este acuerdo de “borrón en el historial de derechos humanos de la UE”, porque entendían que no se tenía en cuenta el enorme coste humano que tenía el acuerdo. El pacto y la aparición de la pandemia frenaron la llegada de personas a las costas griegas en aquellos años. De las 850.000 personas que entraron en 2015, se pasó a 30.000 en 2017 o a 10.000 en 2021, esta última cifra influida también por la covid.
El Gobierno griego prohíbe a las ONG entrar en los campos de refugiados y esa circunstancia obliga a las asociaciones a encontrarse con las personas refugiadas fuera de los muros y alambradas que rodean a estos campos. En una zona arbolada, a unos 500 metros del campo de Malakasa, Hanan hace cola para recoger su bolsa de alimentos, de la mano de SOS Refugiados. También están Amal y Nailah. “Ninguno de mis hijos va al colegio porque no se encuentran bien”, comenta Amal, una mujer iraquí que llegó a Grecia hace siete años con su marido y un hijo que ahora tiene 13. En el refugio griego nacieron otros dos niños, que tienen tres y cinco años. Amal explica que ningún miembro de la familia ha recibido, hasta la fecha, apoyo psicológico. Ha solicitado dos veces el traslado a otro país de la Unión Europea, la primera vez se lo denegaron, ahora espera una segunda oportunidad. Esta mujer iraquí de 40 años espera la renovación de la tarjeta de residencia que le caducó hace meses o poder viajar a otro país europeo. “La espera me mata”, afirma con evidentes signos de ansiedad y añade que no puede soportar más esta situación sin expectativas.
A la tensión de la espera, se unen las condiciones insalubres de los contenedores donde se hacinan las familias en los campos de refugiados. Nailah asegura que le mordió una rata mientras dormía. Esta ugandesa de 23 años dice que lleva sin dormir desde que nació su bebé por miedo a las ratas, cucarachas y bichos de todo tipo. También se queja del frío que ha pasado este invierno: “Me ponía toda la ropa que tengo para dormir y aún así tenía frío”. Nailah llegó a Grecia el pasado mes de octubre y le han dado cita para la entrevista, previa a la resolución de asilo, el próximo mes de diciembre, explica con una paciencia y una sonrisa incomprensible para terminar diciendo: “Esto es muy duro”.
“No solo hablamos de problemas alimenticios, sino de una vulneración de los derechos más básicos y fundamentales como es la educación y la sanidad. Nuestro estudio refleja que un 70% de adultos carece de acceso a cualquier proyecto educativo y un 50% de los menores están sin escolarizar”, denuncia SOS Refugiados ante la UE con datos de las encuestas realizadas entre las personas refugiadas, para añadir que el 78,3% de los migrantes no dispone de asistencia jurídica, y solo el 55% de ellos cuenta con asistencia médica. Save the Children ha denunciado en varias ocasiones que el gobierno griego no garantiza el derecho a la educación de los niños y niñas refugiados. Según esta organización, en 2021 había 20.000 menores refugiados sin escolarizar.
Según la misma encuesta, solo el 55% de los refugiados tienen acceso a la salud. SOS Refugiados entiende que las personas refugiadas vienen de contextos de guerra y la exclusión del sistema sanitario agrava su situación ya de por sí vulnerable. En cuanto al estado psicológico en el que se encuentra la población refugiada de estos campos, el 71% de los encuestados afirman sentirse deprimidos por la situación que viven, sin embargo, solo el 17% ha recibido, en algún momento, apoyo psicológico. Por otra parte, también denuncian el limbo legal en el que se encuentran las personas reconocidas legalmente como refugiadas pero sin la documentación acreditativa. Estas personas, según SOS Refugiados, quedan sin ningún tipo de ayuda económica o alimenticia en contra de los derechos que protege el estatuto del refugiado. La media de vacío legal se cifra en cinco semanas.
Política de acogida
La Unión Europea puso en marcha un programa de acogida basado en un sistema de cuotas en 2015, cuando entraron más de 850.000 personas refugiadas a Grecia, debido a la guerra de Siria, pero también, en menor medida, a otros conflictos como Afganistán, Eritrea, Yemen o la República Democrática del Congo. Mediante este acuerdo, los países europeos debían repartirse 160.000 personas refugiadas. El incumplimiento de estos acuerdos provocó la proliferación de campos de refugiados en suelo griego y de miles de personas varadas en ellos viviendo en condiciones indignas. Las consecuencias de ese incumplimiento se pueden observar a día de hoy en los campos de refugiados, como opina Ruhi Akhtar, médico y coordinadora de la asociación inglesa Biryani and Bananas, que atiende a las personas refugiadas de los campos de la región de Atenas y en la isla de Kos desde 2015. “Grecia es el país de entrada de las personas que huyen de los conflictos, hubiese sido de gran ayuda que los países europeos hubiesen aceptado sus cuotas”. Por otra parte, según Akhtar, hay una ausencia general de compasión y puesta en valor de los derechos humanos cuando se trata de diseñar campamentos y residencias para las personas que buscan asilo. “Las condiciones son deplorables y no aptas para humanos”, afirma Akhtar refiriéndose a las condiciones de vida actuales en los campos de refugiados. Cree que la Unión Europea debería controlar más de cerca los fondos que llegan a Grecia.
Dificultades para conseguir el asilo
El repunte de llegadas también se manifiesta en las solicitudes de asilo. Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea, Grecia recibió 64.084 solicitudes de asilo en 2023, el 6% de todas las solicitudes recibidas en los países europeos. De ellas, fueron concedidas el 62%. En 2022 se registraron 37.375 solicitudes.
Pero, a veces, las personas refugiadas tienen problemas a la hora de demostrar la situación de violación de derechos humanos que viven en sus países para obtener el asilo. Thomas (no desea dar su apellido) es una de ellas. Ha apelado la resolución negativa de asilo y tiene 25 días para presentar unas pruebas que no tiene. Este hombre de 38 años, camerunés, llegó a la isla de Rodas el 5 de diciembre desde Turquía y fue trasladado a Malakasa días después. “No sé si es por desconocimiento de la situación de nuestros países o por racismo del gobierno griego, pero hemos comprobado que solo el 20% de la comunidad subsahariana del campo consigue el asilo” afirma Thomas. Se queja también del trabajo de los traductores en la entrevista previa a la resolución de la solicitud: “No traducían ni la mitad de lo que yo estaba explicando, siento que no creen lo que contamos sobre nuestra situación en nuestros países”. Thomas comenta que le iba bien la vida en Camerún, trabajaba como mecánico en su propio taller hasta que estalló el enfrentamiento de 2016 entre la comunidad anglófona, a la que pertenece, y las fuerzas gubernamentales. Unos años después, decidió cerrar su negocio por miedo a los saqueos de la comunidad francófona y se fue a trabajar a la agricultura y ganadería. Con el recrudecimiento de los enfrentamientos se encontró en medio de dos bandos: el gobierno, que defendía los intereses de la comunidad francófona, y los separatistas de la comunidad anglófona que pedía que nadie saliera del país y que se unieran a la causa. Entonces el gobierno desplazó fuera de las ciudades y aldeas a todos los hombres en edad militar para que lo tuvieran más difícil a la hora de protestar y, desde entonces, tuvo que vivir escondido según cuenta. “Los europeos no saben lo que pasa en Camerún porque lo que está ocurriendo allí es su culpa”, y opina que los medios de comunicación europeos no explican los conflictos africanos que se están generando desde suelo europeo porque no interesa que la población los conozca.
El problema de Thomas es que no tiene pruebas para demostrar que si vuelve a Camerún le espera la persecución, la cárcel, la muerte o la pobreza absoluta, como él mismo explica. Camerún es un país que viola sistemáticamente la libertad de expresión y manifestación como denuncia Amnistía Internacional. Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA por sus siglas en inglés), solo la mitad de las personas procedentes de Camerún que solicitan el asilo en Grecia lo consiguen. Sin embargo, según esta misma agencia, el gobierno griego concedió el asilo al 99,15% de personas procedentes de Palestina, el 95,95% a los refugiados sudaneses, el 92,04% a las personas iraquíes y el 90,63% a personas procedentes de Ucrania.
Menos posibilidades que Thomas tiene Alfred (nombre ficticio), procedente de Sierra Leona. Grecia solo concede el 18% de los asilos solicitados a las personas procedentes de este país. Alfred llegó a Malakasa al mismo tiempo que Thomas, solicitó el asilo y también se lo denegaron. En la entrevista ante el tribunal, Alfred explicó que estaba perseguido porque había participado en muchas protestas contra el gobierno, habló del contexto político de Sierra Leona, donde no se respetan los derechos humanos ni la libertad de expresión, y que tuvo que huir a Guinea-Conakry para escapar a la cárcel y describió cómo los militares de este país lo devolvieron otra vez a Sierra Leona. Fue entonces cuando decidió que tenía que huir muy lejos. Alfred está a la espera de una segunda oportunidad y asegura sentir miedo porque volver a su país es terminar en la cárcel.
Según un informe de Amnistía Internacional de 2023, el aumento de llegadas de personas el año pasado a Grecia empeoró las condiciones de vida en los centros de acogida de las islas. Grecia está sometida a un procedimiento de infracción, por parte de la Unión Europea, por el incumplimiento en materia de asilo relacionado con los obstáculos que tenían que salvar las personas solicitantes de asilo para acceder a protección social y por privación de libertad en los campos de refugiados. El país ha sido acusado en diversas ocasiones de devoluciones en caliente, maltrato en la frontera a migrantes, abandono de pateras en el mar y negación de auxilio a las personas que intentan llegar a las costas griegas. Grecia fue acusada por Frontex de negligencia en el naufragio frente a las costas griegas, en el mar Jónico, del barco pesquero Adriana en 2023, con más de 700 desaparecidos.