Un plan de rescate y renovación para Uruguay
Entre las muchas luces del Frente Amplio uruguayo (FA), me detendré, aunque sea fugazmente, en la resultante de su programa de gobierno. Dejaré para otra oportunidad un abordaje más detenido del proceso prácticamente inédito de elaboración, donde miles de plumas escriben al compás de la historia cotidiana, recogiendo experiencias y saberes, contrastando la realidad con los propios valores, objetivos estratégicos y principios, para converger finalmente en más de mil delegados en el mítico estadio, “Palacio Peñarol”, afinando cada enmienda, puliendo hasta la última coma. Un acto que, además de ser ejemplar como demostración de la potencia de la elaboración colectiva frente al autoritarismo personalista de los conocimientos endogámicos y excluyentes y de los liderazgos carismáticos, se convierte en una experiencia sumamente disfrutable, creativa y enriquecedora, además de cohesionante de lazos entre los participantes. Ya consumado, permite a toda la ciudadanía no solo predecir su futuro quinquenal con claridad, evitando las incertidumbres y sorpresas que desataron la caja de Pandora de la coalición derechista con las leyes de urgente consideración, de seguridad social y de medios, además de sus políticas cotidianas de devastación social. No es un mero artificio de marketing político ni un canto de sirena de seducción consignista, sino un verdadero plan de trabajo, cuyos resultados pueden y deben corroborarse a cada paso. Intentaremos sobrevolarlos.
Aun trazando grandes brochazos, se vislumbra que, si bien en cada gestión gubernamental se encuentran tareas pendientes y áreas que avanzan con mayor lentitud, es particularmente revelador el grado de correlación y fidelidad con que se han seguido las iniciativas y alcanzado los logros plasmados en los sucesivos programas. Sin ser exhaustivo, intento reflejarlo en el cuadro. Desde la primera gestión gubernamental, el Frente Amplio ha ido reelaborando sus metas en las sucesivas administraciones, como un río que fluye adaptándose a las curvas de su cauce, demostrando una notable capacidad de adaptación y evolución en sus prioridades, mientras mantiene siempre una base sólida de justicia social como base inamovible. Esta base se ha enriquecido con nuevos elementos, especialmente en los programas de 2010 y 2015, como la sostenibilidad, la innovación y la expansión de derechos, proyectando ahora su mirada hacia el horizonte de 2025. Su objetivo no es solo responder a las demandas inmediatas de la sociedad, sino también anticipar y preparar al país, tanto para las amenazas cuanto a los desafíos que asoman en el futuro.
Con algo más de detalle, el FA, en su programa de gobierno para 2005-2010, se propuso revertir las heridas profundas que el modelo neoliberal, sostenido por los sucesivos gobiernos colorados y blancos desde la caída de la dictadura, había dejado en el tejido social. La agudización extrema de la pobreza, la inequidad rampante y la desintegración social, exacerbadas bajo el gobierno de Jorge Batlle tras la crisis del 2002, requerían una transformación radical. En tal sentido, el FA ofreció un cambio importante, fundamentado en la transformación del Estado y la sociedad, el impulso hacia un país productivo, la implementación de políticas sociales inclusivas y una inserción internacional soberana. Su plan se centró en fortalecer la soberanía nacional, promover la justicia social y reconstruir el aparato productivo con un enfoque en el desarrollo humano, la equidad y la participación ciudadana, proyectando un país solidario y sustentable para el futuro. Algo nada revolucionario, aunque profundamente reformista y coherente con sus fundamentos originarios antioligárquicos y antimperialistas. Ejemplos de implementación son la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) junto a la reforma del sistema de salud y la política antitabaco, el emblemático Plan Ceibal que brindó computadoras a cada estudiante de escuela primaria, la reforma tributaria, el Consejo de Salarios, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, las leyes de 8 horas para el trabajo doméstico y rural, la diversificación de la matriz energética y la impactante y digna política de ingreso a los cuarteles en busca de los restos de los desaparecidos.
El programa de gobierno del siguiente período, 2010-2015, se centró en consolidar los frutos del primer gobierno y en profundizar las reformas estructurales para garantizar un desarrollo sostenido y equitativo. Subrayó la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y la innovación, y fortalecer las políticas sociales para continuar reduciendo la pobreza y la desigualdad. La equidad en la distribución del ingreso y la riqueza se erigió como un pilar fundamental, junto con la participación activa del Estado en la economía. Además, se abogó por avanzar en la descentralización y la participación ciudadana, como motores de un Uruguay más inclusivo. En esta etapa, nacieron la Universidad Tecnológica, se despenalizó el consumo de marihuana y el aborto, se instituyó el matrimonio igualitario, se iniciaron los juicios a militares acusados de delitos de lesa humanidad, y se promulgaron las leyes de fertilización asistida, inclusión financiera, descentralización política y participación ciudadana. Obviamente se profundizó el incremento de los salarios y de expansión de los servicios sociales, además de la ley de responsabilidad penal empresarial.
El programa del tercer período de gobierno (2015-2020) se propuso consolidar los avances logrados en las administraciones anteriores, poniendo un énfasis renovado en el impulso productivo, con especial atención en una matriz energética sustentable y la protección del entorno natural. Este periodo giró en torno a la transformación democrática del Estado y la participación ciudadana, fortaleciendo los cimientos de una sociedad más inclusiva. Ejemplos de estos aspectos son el sistema de cuidados y la creación del Fondo para el Desarrollo.
La derrota de 2019, que abrió las puertas al actual gobierno de coalición derechista, frustró la ejecución del programa previsto para el quinquenio 2020-2025, un programa que se estructuraba en torno a cinco desafíos clave: desarrollo, igualdad y diversidad, integración e inclusión, democracia, e inserción regional e internacional. Este programa ponderaba, con más énfasis que nunca, un modelo de desarrollo que garantizara la expansión de las libertades y capacidades de la sociedad, manteniendo un delicado y complejo equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental. Con mayor intensidad, se abogaba por el fomento de la innovación, la ciencia y el uso responsable de los recursos naturales. Además, se proponía reducir la desigualdad social, enfocándose especialmente en la infancia y la adolescencia, mediante políticas integrales que entrelazaran esfuerzos en educación, salud, vivienda y empleo. En el ámbito de la igualdad, el programa subrayaba la necesidad de enfrentar las desigualdades de género, étnicas y territoriales, promoviendo políticas que garantizaran igualdad de oportunidades para todos. La transformación democrática del Estado y la descentralización eran ejes centrales, con la intención de fortalecer la participación ciudadana y mejorar la transparencia y eficiencia del sector público. El programa también contemplaba la necesidad de un marco institucional para enfrentar los desafíos globales, como el cambio climático y la crisis económica, desde una perspectiva solidaria y sustentable. Hoy, sin embargo, Uruguay se ha convertido en un país más desigual, desmovilizado y desmoralizado, que va perdiendo sus derechos en su andar, como un cuerpo social que, a cada paso, va dejando atrás sus miembros, marchitando en la intemperie.
El programa para el próximo quinquenio, no podría dejar de señalar la caída retrógrada del período que culmina Lacalle Pou, especialmente en cuanto a la igualdad de género y la protección de los derechos de los colectivos más vulnerables, además de la ausencia de un marco institucional para enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la crisis económica. Mientras que el gobierno de Lacalle Pou ha priorizado políticas de corte neoliberal, con una fuerte inclinación hacia la privatización y el ajuste fiscal, el FA propone un modelo de desarrollo que enfatiza la sostenibilidad, la inclusión social y la equidad.
En cierto sentido, el desafío actual resuena con ecos de hace dos décadas, en 2005, cuando la necesidad imperiosa de innovar se entrelazaba con la urgencia de sanar las heridas abiertas por las políticas neoliberales y la magnitud de una ofensiva antipopular persistente. Hoy, como entonces, el Frente Amplio propone políticas que generen empleo de calidad y que atenúen las inequidades laborales. Promueve en la negociación colectiva el incremento del salario real y la protección social para todos los trabajadores, sin importar la naturaleza de su inserción laboral. La reducción de la pobreza y la desigualdad se erige nuevamente como un eje fundamental, con un enfoque en la superación de las desigualdades estructurales y la transformación del sistema tributario para lograr una distribución del ingreso más justa y equitativa. El programa también aborda la importancia crucial de la soberanía en áreas estratégicas como la salud, la energía y la tecnología. Se propone una política exterior que no solo refuerce la integración regional, sino que también diversifique la inserción económica de Uruguay en el mundo. En el ámbito interno, se subraya la necesidad de un Estado fuerte y moderno, capaz de garantizar la transparencia, la eficiencia y, sobre todo, la participación ciudadana.
Un aspecto central del documento es la transición ecológica justa, que busca compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental. Se propone una serie de acciones prioritarias, como la transformación de la matriz productiva para hacerla más sostenible, la protección de los ecosistemas, y la promoción de energías renovables. Además, se subraya la importancia de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. La innovación y la ciencia son vistas como pilares del desarrollo, con un enfoque en la educación de calidad y el acceso al conocimiento. Se destaca la necesidad de invertir en investigación y desarrollo para resolver problemas nacionales y promover sectores intensivos en conocimiento. El documento también aboga por una mayor participación de las mujeres en las ciencias y por políticas que promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos.
La ciudadanía uruguaya tiene suficientes elementos comparativos en base a su experiencia entre el progresismo y el conservadurismo, entre la expansión de derechos y protecciones y la violencia expulsiva del desamparo. Pero además tiene a disposición detalladas elaboraciones colectivas sobre el destino inmediato, como para confrontar con pompitas.
Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).
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