Hay muchos ejemplos en Uruguay dónde los colores partidarios no explican los bandos de un lado y del otro en las consultas populares. Los intereses en este tipo de contiendas tienen que ver más con causas de clase que con los mezquinos rebusques de la política partidaria.
En los últimos días la carta pública de economistas y militantes frenteamplistas que no representaban a un sector específico del Frente, en contra de la iniciativa popular para mejorar las jubilaciones, bajar la edad de retiro y eliminar las AFAPS, disparó un debate que desbordó la lógica partidaria. De un lado quedaron los videos de Orsi paseando el perro, Heber justificando por qué le mintió al parlamento, Ojeda saludando frenteamplistas y adulando “su valentía” y del otro personas que no importan a quien votan, ni con qué banderas se identifican, discutiendo de filosofía, de intereses y de macroeconomía. Como que de golpe una verdadera política se apodera del espacio público.
Pero veamos algunos de esos ejemplos que mencionamos en la historia del país.
En 1952 el Intendente de Montevideo, el colorado Germán Barbato, decretó el aumento del boleto de la capital en 2 centésimos para crear un fondo adicional de transporte. Se presentaron 141.277 adhesiones para convocar el referéndum, conocido como “referéndum del vintén”. El NO de la propuesta triunfó y el decreto fue derogado. De un lado y del otro existían apoyos tanto del Partido Colorado, el Partido Nacional y organizaciones sociales.
En 1989 agrupaciones de jubilados impulsaron junto a las elecciones nacionales un plebiscito de reforma jubilatoria para asegurar aumentos en las jubilaciones mediante indexar a estas al índice medio de salarios. El triunfo fue aplastante: 72,5%.
Entre los principales promotores partidarios estaban el nacionalista Colotuzzo, el colorado Cantón y el frenteamplista Murro. Los opositores fueron el gobierno colorado de Jorge Batlle y el MPP.
Si hiciéramos un mapa de los bandos de un lado quedaban el pachequismo y el casi todo el Frente Amplio y del otro la lista 15 y los Tupamaros.
En la década de los 90 el gobierno nacionalista de Lacalle Herrera impulsaba la Ley de Empresas Públicas que básicamente era una ley de privatización. Luego de ser aprobada en ambas cámaras con lo votos del oficialismo con la excepción de Zumarán del Partido Nacional, el Frente Amplio y el PIT CNT anuncian que iniciarán un proceso de Referéndum agrupados en la Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado.
Dentro del Frente Amplio la decisión no fue unánime. Votaron en contra de juntar las firmas Liber Seregni, la Vertiente Artiguista, el Movimiento 26 de Marzo, el Frente Izquierda de Liberación y el Movimiento Popular Frentamplista.
Los Tupamaros, el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron los principales impulsores de la campaña. Julio María Sanguinetti que había sido negativo tajantemente a la consulta popular la terminó apoyando apenas se publicaron las primeras encuestas de FACTUM que adelantaba el triunfo de los detractores de la ley de Lacalle.
En 1994 se llevó adelante un plebiscito que salió aprobado por el 72,3% de los votantes que evitaba que el Poder Ejecutivo mediante la rendición de cuentas pudiera establecer cambios en jubilaciones y pensiones.
El plebiscito fue llevado a cabo por un movimiento de jubilados y pensionistas, incluyendo una fuerte participación del PIT-CNT.
También en 1994 se realizó un plebiscito constitucional contra una ley aprobada por casi todo el espectro político partidario. La propuesta consistía en separar la votación del presidente, parlamentarios e intendentes y fijar salarios a los ediles. Las propuestas fueron rechazadas con el 69% de los votos.
En 2003 en el referéndum de la “ley de Ancap” se evita la asociación del ente con privados con el 62,3% de los votos.
Jorge Sanguinetti, recién designado en ANCAP por Jorge Batlle negocia muy detenidamente en contacto con todas las fuerzas políticas; fue varias veces a conversar con Tabaré Vázquez, fue a la Mesa Política del Frente Amplio; participó del proceso el ministro de Industria y Energía, Sergio Abreu; participó el senador Gallinal, que fue quien estructuró cierta base de la ley. Finalmente hubo una negociación con el Encuentro Progresista – Frente Amplio, en la que intervienen en el ajuste de la ley, en cambios muy importantes, los senadores Danilo Astori, Alberto Couriel y Enrique Rubio. Cuando parecía que la ley iba a salir consensuadamente surge la oposición de la Federación Ancap, en particular de la gente de la refinería y se suman organizaciones sociales y comités de base del Frente del barrio de La Teja. Es tan fuerte esa fuerza que termina doblegando a todo el Frente Amplio que termina cambiando de opinión. En ese marco se inicia la recolección de firmas contra la ley.
El plebiscito del agua en Uruguay se realizó el 31 de octubre de 2004. En dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. La propuesta contó con un 64,58% de apoyo. La privatización del agua potable en Uruguay había comenzado en Maldonado, con la multinacional francesa Suez y la española Aguas de Barcelona. El NO a la iniciativa popular sólo ganó en Rivera, Flores y Lavalleja liderados por caudillos fieles al presidente Batlle aunque no todos colorados. Tabaré Viera en Rivera, el blanco Carlos Mazzulo en Flores, procesado por corrupción en 2012 y Hernán Vergara en Lavalleja, también del partido nacional.
En octubre de 2024 se llevará adelante el plebiscito del SÍ a bajar la edad jubilatoria, mejorar las jubilaciones y pensiones y eliminar las AFAPS. Nuevamente el escenario de los promotores y detractores está entreverado y dividido por lógicas que sobrepasan los límites partidarios. El Herrerismo y el MPP por ejemplo se encuentran en el mismo bando y según las encuestas el 45% del Partido Nacional y el Partido Comunista están en el otro.
Lo cierto es que el SÍ de la papeleta blanca perjudica solo a los que ganan más de 256 mil pesos (unos 27 mil trabajadores) ya que tendrán que aportar por el 100% de lo que ganan y a los dueños de las AFAPS que sumaron un patrimonio de más de 165 millones de dólares. Del otro lado, una lado inmenso, se benefician de entrada 308 mil jubilados y pensionistas a la vejez y discapacidad que ganan menos del salario mínimo nacional que en la actualidad es de poco más de 22 mil pesos, sus familiares directos y por supuesto el mercado interno (almacenes y comercios chicos donde los jubilados gastan sus ingresos). También se verán beneficiados todos los trabajadores que ganan menos de 256 mil pesos y que cuando se jubilen tendrán una mejor renta y no estarán obligados a jubilarse a los 65 años. También se beneficiará toda la población que se ahorrará más de 5 mil millones de dólares que es lo que la ley del Gobierno habilitó a pasarle a las AFAPs para salvar las cajas paraestatales. Con ese dinero entre otros recursos se podrá afrontar el gasto que implica mejorar las jubilaciones que apenas será de 460 millones de dólares.
Seguramente este plebiscito sea otro ejemplo más de la POLÍTICA con P mayúscula.
Nicolás Scarón. Técnico en Comunicación Social.
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