El director jurídico del servicio exterior de la Unión Europea informó al Alto Representante de Exteriores que una nueva opinión de los jueces de La Haya no requiere que los Estados de la UE prohíban la importación de los bienes de los asentamientos israelíes, según un análisis filtrado. Sin embargo, los expertos legales sí dijeron que el análisis contradice la decisión de la Corte Internacional de Justicia, o CIJ, de que los Estados deben poner fin a todo apoyo a la ocupación israelí de Palestina, incluida Cisjordania y la Franja de Gaza.
En un memorando de siete páginas, Frank Hoffmeister, director del Departamento Jurídico del Servicio Exterior de la UE, argumentó que, si bien la legislación europea exige el etiquetado de los productos de los asentamientos, la prohibición de su importación y venta aún está en debate.
“La legislación de la UE exige que el etiquetado indique que los productos alimenticios proceden de Cisjordania y de los asentamientos”, afirma el análisis de Hoffmeister. “Es una cuestión de reflexión política si conviene revisar la política de la UE en relación con la importación de productos procedentes de los asentamientos”.
El asesoramiento jurídico, que se reproduce a continuación en su totalidad, fue enviado al Jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, el 22 de julio, tres días después de que la CIJ decidiera que los Estados «no deben prestar ayuda o asistencia para mantener la ocupación ilegal de Israel». Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, dijo a The Intercept que la actitud de la UE ante la opinión de la CIJ era “legalmente defectuosa, políticamente dañina y moralmente comprometida”.“La UE está descuidando su responsabilidad de respetar el derecho internacional”, afirmó.
“Esta manipulación de las normas en aras de la conveniencia política erosiona la credibilidad de la política exterior de la UE y traiciona la confianza de los pueblos más allá de Palestina”.
“La postura de la UE también sienta un precedente peligroso al considerar opcionales sus obligaciones en virtud de la opinión consultiva de la CIJ, especialmente en un contexto de atrocidades en curso”, afirmó Albanese.
“Esto implica que el cumplimiento del derecho internacional es discrecional y socava la confianza en el sistema jurídico internacional”.
Daniel Levy, ex negociador de paz israelí y presidente del Proyecto Estados Unidos / Medio Oriente, se hizo eco de las críticas y describió que el asesoramiento de Hoffmeister era “una interpretación muy espuria y fácilmente refutable”. Pete Stano, Portavoz Principal de Asuntos Exteriores y policía de Seguridad de la Comisión Europea, dijo a The Intercept: “Como regla general, no hacemos comentarios sobre filtraciones de supuestos documentos internos”. Los expertos en Derecho Internacional dijeron a The Intercept que el análisis de Hoffmeister era incorrecto: «para los productos originarios de los asentamientos ilegales de Israel, el etiquetado específico no cumplía con el requisito de la CIJ de no reconocer la ocupación de Israel.“
«La CIJ ha dejado claro que debe cesar ‘toda ayuda y asistencia’ de cualquier tipo que brinden todos los Estados al proyecto de asentamientos. En mi opinión, esto requiere que la UE revise su política para poner fin a todo comercio, financiación o cualquier otra asistencia que apoye de cualquier manera la ocupación israelí”, dijo Susan Akram, directora del Departamento de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
La política actual no se ajusta a la opinión de la CIJ y no es una cuestión, como dice la opinión de la UE, ‘de evaluar políticamente si se debe revisar la política de la UE.
Akram dijo que el análisis equiparaba erróneamente el requisito de la CIJ de no reconocer la ocupación con la política de la UE de trabajar “con socios internacionales para revivir un proceso político para una solución de dos Estados… no es lo que ha exigido el tribunal”, afirmó.
“ [La CIJ] ..ha declarado que toda la ocupación es ilegal y debe terminar lo antes posible. Esto no depende de negociaciones, ya sea para una solución de dos Estados o de otra manera”.
El análisis de Hoffmeister también advirtió a la UE que debe de esperar “más litigios ante tribunales nacionales en relación con las ventas de armas u otra forma de asistencia a Israel”. La CIJ es el máximo órgano jurídico del mundo para conocer de las disputas entre Estados y sus opiniones, aunque no son vinculantes, tienen “un gran peso jurídico y autoridad moral” y se consideran el modelo de referencia en el Derecho Internacional.
En septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas respondió al fallo de la CIJ diciendo que Israel debería poner fin a su ocupación de 57 años en un plazo de 12 meses. Hoffmeister, autor de la nota jurídica sobre la UE, es también director en Bruselas del grupo de trabajo sobre política exterior y de seguridad del liberal Partido Democrático Libre de Alemania (FDP. Liberal), que apoya firmemente la guerra de Israel en Gaza. El FDP, del que Hoffmeister fue vicepresidente en Bruselas, ha pedido que se congelen los pagos de la UE y Alemania a las instituciones y programas palestinos hasta que una auditoría especial garantice que ningún dinero se destina a “financiar el terrorismo islamista”. Durante más de 100 años, los países europeos han desempeñado un papel central en el apoyo a los asentamientos judíos en las tierras situadas entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Desde la creación de Israel en 1948 y su ocupación de los territorios ocupados en 1967, su apoyo comercial y político ha reforzado el control israelí de la zona.
Se estima que entre 2020 y agosto de 2023, los inversores europeos aportaron préstamos y garantías por un valor de 164.200 millones de dólares a empresas “activamente implicadas” en los asentamientos israelíes, y poseían acciones y bonos por un valor de 144.700 millones de dólares de las mismas empresas, según una estimación de una coalición de grupos, ‘Don’t Buy into Occupation’, que se oponen a la inversión europea en los asentamientos. La mayor parte del mundo considera que los asentamientos civiles israelíes en los territorios ocupados son ilegales según el derecho internacional, pero hoy en día el proyecto de asentamientos parece estar acelerándose, con la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y planes para hacerlo en la Franja de Gaza. La disonancia de estas medidas en un contexto de lo que algunos llaman “el primer genocidio transmitido en vivo” ha llevado a países como Irlanda a revivir un proyecto de ley que prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes que había sido suspendido por temores de que violara las normas de la UE. En una carta publicada el martes sobre el progreso de la ley, el viceprimer ministro de Irlanda advirtió que si la UE no actúa, las naciones independientes podrían proceder a prohibir el comercio de acuerdo con la CIJ.
“El comercio es una competencia exclusiva de la UE, por lo que el Gobierno se ha centrado en lograr medidas a nivel de la UE”, escribió Tánaiste Micheál Martin, que también es ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda.
“He pedido constantemente a la UE que revise exhaustivamente la relación entre la UE e Israel a la luz de la Opinión Consultiva. El Fiscal General ha aclarado que, si esto no es posible, existen motivos en la legislación de la UE que permiten a los Estados adoptar medidas a nivel nacional”.
El gobierno de Noruega también recomendó el 17 de octubre a sus empresas que eviten el comercio que refuerce la presencia de Israel en territorio ocupado. Ese mismo día, un grupo multipartidario de 30 miembros del Parlamento Europeo presentó una pregunta escrita a la Comisión Europea preguntando si ahora “cumpliría con sus obligaciones bajo el derecho internacional y prohibiría urgentemente todo comercio con los asentamientos ilegales israelíes”, tras el fallo de la CIJ. El propio Hoffmeister pidió el año pasado a los Estados que cumplieran con las decisiones de la CIJ y deploró que Rusia no lo hiciera en Ucrania. Sin embargo, en lo que respecta a Gaza y Cisjordania, su consejo fue que el bloque ya estaba «en conformidad» con sus obligaciones de no reconocer la legalidad de la ocupación, dejando la cuestión de los asentamientos israelíes al proceso de paz de dos Estados.
Según Akram, profesora de Derecho de la Universidad de Boston, esto también contradice la exigencia de la CIJ de que todos los colonos sean expulsados inmediatamente del territorio ocupado. “No da a los Estados la facultad de permitir que esta cuestión sea objeto de negociación”, afirmó. Albanese, la relatora especial de la ONU, dijo que la imagen de la UE como mediador sobre Palestina se había visto empañada por su renuencia a hablar sobre las violaciones israelíes del derecho internacional.
“Al recurrir a maniobras de disimulación y torcer las reglas universales para preservar el comercio con esos asentamientos y con Israel en su conjunto, en un momento de atrocidades indescriptibles, la UE corre el riesgo de ser considerada responsable de ayudar y asistir a un régimen de apartheid y sus crímenes atroces”, dijo, “sugiriendo que los derechos palestinos son secundarios a los intereses económicos europeos, lo que dañaría aún más la credibilidad ya comprometida de la UE entre los palestinos y otros pueblos del sur global”.
22 de julio de 2024, Análisis jurídico de la Unión Europea sobre la sentencia de la CIJ (transcripción)
The Intercept publica a continuación una reproducción del memorando de análisis legal, con algunas de las anotaciones administrativas eliminadas.
EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE
El Director
SG.LD
Departamento Jurídico
Bruselas, 22 de julio de 2024
NOTA A LA ATENCIÓN DE JOSEP BORRELL FONTELLES ALTO REPRESENTANTE
Asunto:Opinión consultiva de la CIJ de 19 de julio de 2024 sobre los Territorios Palestinos Ocupados
I.Introducción
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia («la Corte») emitió su Opinión Consultiva respecto a las «Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este».Respondía a dos preguntas que la Asamblea General le había planteado el 30 de diciembre de 2022:
(a) «¿Cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de la actual violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas?(b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel [...] al estatuto jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de este estatuto para todos los Estados y las Naciones Unidas?».
La presente nota expone brevemente el dictamen consultivo («el dictamen») (II), ofrece algunas observaciones sobre sus posibles implicaciones jurídicas (III) y sugiere una conclusión (IV).El razonamiento detallado del Tribunal se resume en el Anexo 1.El Anexo 2 contiene un resumen de las posiciones de la UE que fueron compartidas con los Estados miembros al preparar sus escritos nacionales ante el Tribunal.
II.El dictamen
En el procedimiento, más de cincuenta Estados y tres organizaciones internacionales presentaron observaciones.De la UE, sólo un tercio de los Estados miembros participó en el proceso.
Tras afirmar su competencia y subrayar que no existe ninguna razón de peso por la que no deba responder a las preguntas planteadas por la AGNU, el Tribunal aclara que Israel tiene deberes como potencia ocupante en Cisjordania y Jerusalén Este.Dichos deberes también existen respecto a Gaza, incluso después de la retirada de su presencia militar, en proporción a la capacidad restante de Israel para ejercer allí un control efectivo (control del espacio aéreo, acceso por tierra, prestación de determinados servicios básicos).
Es importante destacar que el Tribunal subraya que la ocupación es temporal por naturaleza.Incluso una ocupación prolongada no da derecho a la soberanía sobre el territorio ocupado.Aplicando las normas aplicables del derecho internacional humanitario, complementadas por las obligaciones en materia de derechos humanos que se aplican también a la conducta israelí más allá de sus fronteras nacionales, el Tribunal examina a continuación las políticas y prácticas israelíes. El Tribunal está convencido de que los asentamientos israelíes tienen vocación de permanencia y cita numerosos indicadores en ese sentido.También subraya el deber de no anexionarse territorio, la prohibición de aplicar una legislación discriminatoria y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.Significativamente, el Tribunal considera que una amplia gama de legislación adoptada y medidas tomadas por Israel en su calidad de Potencia ocupante constituye una violación del artículo 3 de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que prohíbe la segregación racial y el apartheid.
En la parte más importante del dictamen, el Tribunal analiza los «efectos» de las políticas israelíes sobre la legalidad de la ocupación y sobre las obligaciones de otros Estados y organizaciones internacionales.En opinión del Tribunal, el abuso continuado por parte de Israel de su posición como Potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional.Sobre esta base, la Corte llega a las siguientes conclusiones operativas sustantivas:
(3) La presencia continuada del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal;
(4) El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible;
(5) El Estado de Israel tiene la obligación de cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento y de evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado;
(6) El Estado de Israel tiene la obligación de reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas en el Territorio Palestino Ocupado;
(7) Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado;
(8) Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado;
(9) Las Naciones Unidas, y especialmente la Asamblea General, que ha solicitado el presente dictamen, y el Consejo de Seguridad, deben estudiar las modalidades precisas y las nuevas medidas necesarias para poner fin lo antes posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
III.Importancia e implicaciones jurídicas
1.El estatuto jurídico de las opiniones consultivas
Las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia no son jurídicamente vinculantes. No obstante, revisten gran importancia y autoridad jurídica, ya que el Tribunal interpreta principios vinculantes del Derecho internacional, como el derecho a la autodeterminación y los deberes de los Estados ocupantes.Por lo tanto, aunque formalmente no sea vinculante, el dictamen consultivo aclara las obligaciones de Israel en virtud del Derecho internacional en lo que respecta al territorio palestino ocupado y las obligaciones conexas de otros Estados y organizaciones internacionales, incluida la UE.
Israel no participó en el procedimiento.Sólo presentó una breve declaración escrita en la que argumentaba que no había dado su consentimiento a la solución judicial de su litigio con Palestina y que el Dictamen forzaría dicha solución sin el consentimiento de Israel.Sin embargo, el Tribunal rechazó este argumento al examinar las posibles razones por las que debería emitir una Opinión Consultiva.Consideró que las Opiniones Consultivas no constituyen una solución judicial de controversias bilaterales, sino que aclaran principios de derecho internacional más allá de la cuestión de Israel y Palestina, en particular el deber de no reconocimiento de los Estados y las organizaciones internacionales.
2.Las implicaciones jurídicas de las partes dispositivas
a) La ilegalidad de la ocupación prolongada y el deber de ponerle fin (OP 3 y OP 4)
El dictamen fue aprobado por una amplia mayoría, con 14 votos a favor y 1 en contra de los artículos de la parte dispositiva relativos a los asentamientos y las reparaciones, mientras que los artículos de la parte dispositiva en los que se afirma que la ocupación es ilegal y debe ponerse fin a la misma fueron aprobados por una mayoría de 11 votos a favor y 4 en contra.Junto al Vicepresidente Sebutinde (que en general pensaba que el Tribunal no debería haberse pronunciado sobre estas cuestiones), los Jueces Abraham, Tomka y Aurescu votaron en contra de este punto.
Esta división en la bancada (y la ausencia de una posición común de la UE sobre este punto) demuestra que esta proposición no estaba clara.Sin embargo, para la mayoría, el punto clave era que la actividad de asentamiento israelí iba más allá de los derechos de una potencia ocupante a gobernar temporalmente el territorio bajo su control efectivo.Envía una señal clara en contra de la anexión de territorio por la fuerza, aunque sea «troceada» en el tiempo, y aunque la practiquen colonos «privados» que recibieron autorización y apoyo a posteriori del Estado para sus actividades ilegales.
La postura adoptada por el Tribunal coincide en líneas generales con las principales demandas expresadas por el Estado de Palestina, la Liga de Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica, con la notable excepción del «derecho al retorno» de todos los refugiados palestinos a sus lugares de residencia originales.2 El dictamen exige que «todos los palestinos desplazados durante la ocupación» puedan regresar a su lugar de residencia original», y la frase anterior exige la devolución de las tierras confiscadas “desde que comenzó la ocupación [israelí] en 1967” (§ 270).Así pues, el dictamen consultivo parece respaldar el enfoque de «dos Estados» en lo que respecta a los derechos de residencia, con la «línea verde» como frontera de demarcación entre ambos.No analiza la situación ni los posibles derechos de los palestinos que se convirtieron en refugiados antes de 1967.
Otra cuestión polémica se refiere al tratamiento dado por el Tribunal al artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) sobre la prohibición de la segregación racial y el apartheid.Aunque el Tribunal fue unánime en que «la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la CERD» (§ 229), no especificó en base a cuál de los dos elementos contenidos en esta disposición (segregación racial o apartheid) llega a esta conclusión.Mientras que el Presidente Salam (§§ 14-32) y el Juez Tladi (§ 36) calificaron las prácticas israelíes de «equivalentes al apartheid» o de tener «carácter de apartheid» en sus respectivas declaraciones individuales, los Jueces Iwasawa (§ 13) y Nolte (§ 8) sostienen que el Tribunal no llegó a tal conclusión.
b) El deber israelí de evacuar a los colonos y ofrecer reparación (OP 5 y OP 6)
Probablemente la conclusión de mayor alcance se refiere a la obligación de Israel de «cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento» y de «evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado» (OP 5).La obligación de evacuación afecta a 465.000 residentes de Cisjordania y a unos 230.000 residentes de Jerusalén Este.Al mismo tiempo, el dictamen contiene un matiz sobre el calendario.Mientras que la aplicación del requisito más urgente, es decir, el cese de la construcción de nuevos asentamientos, debe hacerse «inmediatamente», «poner fin» a la «presencia ilegal» sólo debe hacerse «lo más rápidamente posible» (OP 4).Esto podría leerse junto con el PO 9, según el cual la AGNU y el SGNU deben considerar «modalidades precisas y nuevas medidas» para poner fin a la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.En el caso de Chagos (en el que se pidió al Reino Unido, en una Opinión Consultiva, que respetara que las Islas Chagos forman parte de Mauricio), la AGNU adoptó, sólo tres meses después, la Resolución 73/295, en la que interpretó la expresión «lo antes posible» como «no más de seis meses a partir de la adopción de la presente resolución».
En cuanto a la obligación de reparar los daños causados a todas las personas afectadas (PO 6), se planteará la cuestión de cómo organizar las reclamaciones y su satisfacción (¿creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones?). Debido a la complejidad inherente a este punto, sería prudente incluirlo en las «modalidades precisas» que acordarán la AGNU y el CSNU en virtud del PO 9.
c) La obligación de no reconocimiento de Estados y organizaciones internacionales (OP 7 y OP 8)
En los PO 7 y PO 8, la Corte subraya la obligación de «no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado».Esta obligación de no reconocimiento incumbe tanto a los Estados como a las organizaciones internacionales, entre las que se encuentra la Unión Europea.
La UE mantiene desde hace tiempo la política de no reconocer ningún cambio en las líneas de 1967 entre Israel y Cisjordania.También se ha comprometido a trabajar en el seno de la ONU en pro de una solución equitativa del conflicto basada en dos Estados, lo que implica la creación de un Estado palestino y, por tanto, el fin de la ocupación israelí de los Territorios Palestinos Ocupados.La posición precisa de la UE sobre el reconocimiento (julio de 2014) era la siguiente:
"Un acuerdo sobre las fronteras de los dos Estados, basado en las líneas del 4 de junio de 1967 con intercambios de tierras equivalentes que puedan acordar las partes.La UE reconocerá los cambios en las fronteras anteriores a 1967, incluso con respecto a Jerusalén, solo cuando lo acuerden las partes."
En sus conclusiones más recientes, de 27 de junio de 2024, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a impulsar los trabajos sobre nuevas medidas restrictivas contra los colonos extremistas en Cisjordania y condenó las decisiones del gobierno israelí de seguir ampliando los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada e instó a Israel a dar marcha atrás en estas decisiones.Reiteró su compromiso inquebrantable con «una paz duradera y sostenible de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la base de la solución de los dos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo, soberano y viable que convivan en paz, seguridad y reconocimiento mutuo».También comprometía a la UE a «seguir trabajando con los socios internacionales para reactivar un proceso político con este fin» y señalaba «que una vía creíble hacia la condición de Estado de Palestina es un componente crucial de ese proceso político».
Por consiguiente, la política acordada por la UE está en consonancia con las obligaciones derivadas del Derecho internacional, tal como las interpreta el Tribunal en lo que respecta a otros Estados y organizaciones internacionales en los puntos (7) y (8) de la parte dispositiva del Dictamen.Las medidas previstas contra los colonos extremistas ajustarán aún más la política de la UE al Dictamen.
Otra cuestión se refiere a las relaciones comerciales con los territorios ocupados. En este punto, el Tribunal subraya el deber de distinguir las relaciones con Israel entre su propio territorio y el Territorio Palestino Ocupado (§ 278).Para el Tribunal, esto engloba la obligación de abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado o de una parte del mismo en asuntos que afecten al Territorio Palestino Ocupado o a una parte de su territorio.Este punto de vista ya es seguido por la UE, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha delimitado el ámbito territorial de aplicación de los Acuerdos UE-Israel y UE-OLP en consonancia con este principio.Más difícil de discernir es la obligación de «abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en relación con el territorio palestino ocupado o partes del mismo que puedan consolidar su presencia ilegal en el territorio» y de «tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado» (§ 278).A este respecto, la legislación de la UE exige un etiquetado que indique que los productos alimenticios proceden de Cisjordania y los asentamientos.Es una cuestión de apreciación política si son necesarias más medidas a este respecto.
Entre otras consecuencias jurídicas, el Dictamen podría fomentar nuevos litigios ante los tribunales nacionales en relación con la venta de armas u otra forma de ayuda a Israel, basándose en el argumento de que se utiliza para mantener la situación creada por la presencia continuada del Estado de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados.El Dictamen también podría exacerbar los boicots ya existentes y las peticiones ciudadanas de prohibición total del comercio con productos procedentes de los asentamientos.
IV.Conclusión
A la vista de los elementos anteriores, el Departamento Jurídico considera que
1.El dictamen consultivo aclara las obligaciones internacionales que vinculan a Israel como potencia ocupante del Territorio Palestino Ocupado; el hecho de que el dictamen en sí tenga carácter consultivo no cambia la naturaleza de las obligaciones jurídicas de Israel.
2.La ilegalidad per se de la ocupación prolongada constituye un nuevo elemento en el análisis jurídico de la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
3.El deber de poner fin a las actividades de asentamiento y evacuar a un número significativo de colonos debe tenerse en cuenta en cualquier futura iniciativa de paz.
4. La posición que mantiene desde hace tiempo la Unión Europea sobre la ilegalidad de los asentamientos más allá de la Línea Verde es conforme al deber de las organizaciones internacionales de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado. Es cuestión de ulterior apreciación política si se debe revisar la política de la UE respecto a la importación de mercancías procedentes de los asentamientos.
5.Dado que el último artículo de la parte dispositiva (9) del dictamen consultivo subraya un papel particular tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la definición de las modalidades precisas de cómo poner fin a la ocupación ilegal, cualquier iniciativa futura de la UE debería tener en cuenta sus conclusiones.
e-firmado
Frank Hoffmeister
Traducción y edición CSCA
Fuente original: https://theintercept.com/2024/10/23/eu-israel-settlements-trade-gaza/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.