Si bien la situación actual de los migrantes sin documentos que se dirigen a EUA ya es drástica y muy adversa (alta precariedad socio material, muy bajas tasas de aceptación del derecho de asilo, y frecuentes violaciones de derechos humanos), muy probablemente será peor el año entrante.
Durante su primer mandato (el cuatrienio de 2017 a 2020), el próximo presidente de los Estados Unidos (EUA) se caracterizó por una serie de acciones antiinmigrantes de una clara visibilidad mediática y una inusitada violencia y crueldad. En dicho periodo se instauraron las Políticas de Tolerancia Cero, así como el Programa Quédate en México y el Título 42 en pandemia. Con fines de control migratorio, y violando drástica y estructuralmente varios derechos humanos y también los marcos jurídicos de EUA, agencias gubernamentales estadounidenses separaron cientos de familias migrantes, detuvieron y aislaron (encarcelaron) niños y menores de edad, dejaron morir a migrantes enfermos en centros de detención, y agredieron y criminalizaron a poblaciones extranjeras; también se reforzaron y construyeron nuevas porciones del muro fronterizo. Todo esto con el objetivo de securitizar y cerrar la frontera México-EUA y detener la migración. Además, en el contexto de la emergencia del COVID-19 se produjo un uso político de la pandemia para sellar las fronteras y hacer deportaciones masivas y exprés.
Considerando dicho contexto, no es un buen escenario el que se perfila para el 2025, sobre todo tomando en cuenta dos procesos.
Por un lado, las designaciones del próximo presidente estadounidense para los cargos relacionados a los temas de fronteras y migración (por ejemplo, Homan como zar fronterizo, Miller como asesor en temas migratorios, y, no menos importante, el próximo embajador del gobierno de EUA en México); recuérdese que, a fines de la década pasada, el próximo zar fronterizo fue un férreo impulsor de algunas de las políticas y acciones estatales más polémicas y deshumanizantes hacia los migrantes.
Por otra parte, se ha anunciado que habrá un cierre y securitización de la frontera sur de EUA, así como un incremento en los presupuestos de ICE y la border patrol, y un aumento de los agentes de ambas instituciones; dichas instituciones han sido y son un pilar del control migratorio del gobierno estadounidense, y son dos de las principales instancias para la detención de migrantes. También, y pese a la ilegalidad de dicha acción, el próximo presidente estadounidense ha hablado del uso de la guardia nacional para tareas de control migratorio.
Se vislumbra un aumento del uso de las fronteras como dispositivos de contención migratoria, así como un fuerte incremento de la criminalización migratoria. Muy seguramente habrá una producción política de la violencia (estatal) hacia poblaciones extranjeras. El próximo presidente ha hecho y hará un uso político de la migración para reivindicarse y justificarse con su base electoral.
No obstante, hay que señalar que el siguiente titular del gobierno de EUA no basa sus decisiones y opiniones en un análisis de los procesos migratorios, tampoco en la consideración de los efectos y aportes de las poblaciones extranjeras irregularizadas en EUA.
Frente a las narrativas tendenciosas y que no se fundan en hechos y evidencias, hay procesos concretos basados en datos que muestran justamente lo contrario: los migrantes no son criminales, por el contrario, tienen un notorio aporte económico, y representan un fuerte bono demográfico y laboral. A continuación, se describen algunos de estos procesos.
Primero. Los migrantes, no son una amenaza, y tampoco una “invasión”. No se trata de un “problema”. En los hechos la migración (y los trabajadores migrantes) comportan procesos puntuales que le sirven económica y laboralmente al gobierno y la sociedad de EUA.
Segundo. Como lo han descrito las investigaciones del grupo de migración y desarrollo de la Universidad de Zacatecas (Raúl Delgado y Humberto Márquez), EUA no cuenta con suficientes trabajadores jóvenes, necesita trabajadores migrantes para áreas estratégicas de los sectores primario, secundario y terciario de su economía. La producción agroindustrial de dicho país no podría realizarse sin las centenas de miles de migrantes mexicanos que trabajan como jornaleros. Los migrantes también son una fuerza laboral indispensable para las empresas de la construcción y las empaquetadoras de carne. Y un escenario similar se observa en diversos servicios, desde las labores de cuidado y trabajo doméstico, hasta los servicios de entrega y los pequeños comercios.
Tercero. Los migrantes irregularizados representan un fuerte bono demográfico (son poblaciones jóvenes y en edad laboral), en el contexto de EUA como un país de destino y con un claro proceso de envejecimiento. Como lo han apuntado Raúl Delgado y Humberto Márquez de la Universidad de Zacatecas, los migrantes propician dinámicas de parcial rejuvenecimiento y aportan trabajo joven precarizado.
Cuarto. Los migrantes irregularizados no son delincuentes. De los millones de trabajadores migrantes que están en EUA, sólo una pequeñísima cantidad de ellos han cometido delitos serios. Las investigaciones de diversos académicos de la Universidad de Arizona (Daniel Martínez y sus colaboradores), han mostrado que no hay una relación entre crimen y migración.
Quinto. Las poblaciones migrantes tampoco representan una fuga de recursos públicos, ni una sangría para el gobierno. Los migrantes pagan cientos y miles de dólares en impuestos, y, además, generan una importante derrama económica en EUA (mediante el consumo de diversos bienes y servicios); son poblaciones que propician dinamismo a la actividad económica de forma importante.
Sexto. Los migrantes, por los bajos salarios que reciben y las precarias condiciones de trabajo que tienen, son parte de los procesos de abaratamiento y reducción de costos de producción. Esto deriva en un aumento de las ganancias de los empleadores, y en un incremento de la riqueza de dichos sectores.
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