«El voto planchado solo existe en Honduras y vulgariza el proceso electoral, ya que permite que la delincuencia política se imponga y el narcotráfico capture más territorios” (Rogelio Ortega, economista)
«Hay un partido político que ha hecho tanto lavado y planchado que debería tramitar sus permisos para convertirse en Dry Clean» (Eduardo Facussé, empresario)
Después del golpe de Estado en Honduras (junio 2009), los procesos electorales se han caracterizado por la puesta en práctica de nuevos mecanismos y acciones institucionales, políticas e incluso sociales que permiten que un candidato pueda salir electo como presidente, alcalde y diputado sin contar con la mayoría de votos y respaldo popular. Estos mecanismos son innovadores, ya que superan a los tradicionales como el robo de urnas, compra de votos, declarar a un ganador previo para que los miembros de la mesa de otros partidos se retiren, resultados a boca de urna por un medio de comunicación tarifado que da como ganador a determinado candidato, retrasar la elección y pérdida de urnas en algunos municipios, entre otros.
En las elecciones de 2013, donde las denuncias del candidato del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, fueron que el Partido Nacional y su candidato, Juan Orlando Hernández (JOH), le robaron la elección, ya que muchos de sus votos le fueron trasladados a este, al no tener representantes en las mesas electorales y controlar el Tribunal Superior Electoral (TSE), tuvieron poco eco en la prensa tarifada e instancias judiciales. Igual denuncia hizo la candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, pero tampoco recibió acogida.
Para las elecciones de 2017, Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, denunció un fraude del Partido Nacional al inflar urnas con votos rurales (la curva de Batson), apagar el sistema y reiniciar el registro y conteo para poner a la delantera a JOH. Ello fue complementado con los llamados votos “planchados”, o sea, el ingreso de nuevos votos a las urnas donde existían inconsistencias y ameritaban un escrutinio especial. Es un voto llenado por miembros del partido de gobierno (inclusive por un partido de oposición que compra representantes a la mesa electoral de otros partidos y empleados del TSE) y se introduce a la urna sin doblar, sin “arrugas”, lo que evidencia un fraude electoral constitutivo de delito penado por la Ley.
En las elecciones de 2021, donde salió electa la actual presidenta de la República, Xiomara Castro, el voto planchado no funcionó y fue poco visible. Un argumento es que la representante del partido Libertad y Refundación (LIBRE) al CNE, abogada Rixi Moncada, con pleno conocimiento de esta práctica, no lo permitió y preparó al personal de la institución, incluyendo aquellos empleados nombrados por el Partido Liberal, para rechazar no solo los ataques al sistema, sino también la eventual manipulación de actas en municipios rurales. La abogada Moncada trabajó de la mano con la representante del Partido Liberal, abogada Anal Paola Hall, que se manifestó a favor de no permitir un fraude electoral.
La presidenta Xiomara Castro y candidata del partido LIBRE, Rixi Moncada, denunciaron estos antecedentes, y el representante Marlon Ochoa al CNE hizo pública denuncias que se fraguaba un fraude electoral en contra del partido y la democracia, pero con poca incidencia dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) al existir una Alianza entre la representante del Partido Nacional, Cosset López, y Ana Paola Hall, la cual, para dirigentes del partido liberal, todavía se mantiene después de las elecciones [1].
El argumento de fondo era y sigue siendo sacar a LIBRE del poder, ya que representa al comunismo, cuando se sabe que el Gobierno de Xiomara Castro fue el mejor alumno de Fondo Monetario Internacional (FMI), redujo la pobreza, garantizó la propiedad privada y mantuvo –en general- buenas relaciones con los “gringos”. Se le acusó de tener relaciones con China, derogar la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES) y Ley de Empleo por Hora, como políticas de gobierno contrarias al sistema de libre empresa y valores democráticos, aun cuando buscan devolver la soberanía patria y contribuir al logro del objetivo de justica social.
Pero, en la práctica, la lucha política -discurso- se centró en meter en un “saco” a los dos partidos tradicionales y ligar a los candidatos con la llamada burguesía nacional incipiente (Oligarquía Nacional prefiere Fausto Calix, director de Aduanas), un grupo de empresarios extranjeros de ascendencia árabe principalmente, con nacionalidad hondureña, que reciben incentivos del Estado, pero que sus beneficios para la población no son los esperados, sobre todo en términos de empleo de calidad, exportaciones y generación de mayor valor agregado en los productos [2].
Se buscaba que las elecciones fueran lo más limpias posibles, por lo menos esa era y es la denuncia permanente de Marlon Ochoa, representante de LIBRE al CNE, pero la oposición política denunció distorsión al ligar esas denuncias a un objetivo político referido al atraso de las elecciones para que Rixi Moncada, la candidata de LIBRE, pudiera oxigenarse ya que las encuestas (un 80% de ellas) daban por ganador a un candidato de la oposición política, caso de Salvador Nasralla. Hay que reconocer, de acuerdo a la evidencia publica, que Rixi Moncada nunca lideró las encuestas, y presentarla como la líder afectó al partido LIBRE (especialmente en el norte del país) y donde la imposición no la comparte el pueblo [3].
En la población crece la percepción que las elecciones fueron ganadas por Salvador Nasralla del Partido Liberal, pero que se las quieren robar. Se está en el conteo de actas con inconsistencias (no sumadas), pero también el Partido Liberal ha impugnado más de 8.835 actas que ameritan de nuevo ser revisadas o contadas. En las primeras urnas de las 2.792 sin escrutar se ha presentado evidencia del voto “planchado”, o sea que la persona nunca votó por ese candidato y personal del CNE, o fuera de este, decidieron votar por ella, pero no doblaron los votos. A la persona que vota se le exige que doble la papeleta para que pueda introducirse en la urna, pero hay urnas con votos sin “dobleces”, lo que supone que alguien los introdujo y llenó la urna.
Salvador Nasralla ha acortado la distancia que mantenía con Nasry Asfura, en más de 20.000 votos, pero dirigentes del Partido Nacional consideran que solo están contando votos de municipios donde Nasrralla es mayoritario, o sea los votos de la costa norte, y esperan que cuando empiecen a contarse los votos de municipios rurales la diferencia inicial se mantenga o suba. El problema es que muchos de estos votos están contaminados, o sea que han sido inflados, no coinciden la huella, firma y número de votos en el cuadernillo y papeleta.
Los expertos señalan que al permitirse el contento de votos de las 8.835 urnas impugnadas por el Partido Liberal, Salvador Nasralla salga vencedor, pero todavía las Comisionadas no se han pronunciado y se teme que no sea autorizado y declare ganador a Nasry Asfura. Las Comisionadas, Ana Paola Hall y Cosette López, se han ausentado de las oficinas del CNE, aduciendo que son perseguidas y amenazadas, emitiendo comunicados sin las firmas respectivas. Para Marlon Ochoa, esos comunicados contradicen el espíritu de la Ley, ya que no se permite el conteo total de urnas voto por voto. En la población aumenta la sospecha que las amenazas para Ana Paola Hall son de los “narcos”, ya que había renunciado anteriormente al cargo -por dichas amenazas- pero no fue aceptada por el Congreso de la República.
Salvador Nasralla no aceptará una declaratoria trunca si no se cuentas las más de 8.000 urnas impugnadas e intencionalmente se retrase el conteo, pero algunos de los dirigentes del Partido Liberal -lado “oscuro”- pueden avalarla. Todo parece indicar que a más tardar el 26 de diciembre, las Consejeras emitan la declaratoria, aunque sea ilegitima, empezando por la existencia de votos “planchados”.
Notas:
[1] Prácticamente la abogada Cosette López del Partido Nacional, absorbió a la representante del Partido Liberal Ana Paola Hall, al grado que se cree que ella es la que coordina el CNE y es vocera única del mismo.
[2] Esta lucha, al parecer la ganaron estos empresarios que controlan además a la prensa tarifada, ya que la Ley de Justicia Tributaria, no pudo aprobarse por el Congreso Nacional.
[3] Un caso especial es San Pedro Sula, la ciudad Industrial de Honduras, donde no hubo un crecimiento en las encuestas con la llegada de Rodolfo Padilla a la candidatura para la Alcaldía de la Ciudad. Había un antecedente en contra que ligaba a Padilla Sunseri con actos de Corrupción, y en San Pedro, y gran parte de la Costa Norte del país, la corrupción es el principal problema a resolver.
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