El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el 4 de octubre de 2024 los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos, de 2019, en materia de pesca y productos agrícolas, debido a que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento; el Frente Polisario había impugnado estos acuerdos que, según la sentencia, se firmaron “vulnerando los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados”.
Sin embargo, en noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de la Comisión Europea para que las frutas y hortalizas importadas por la UE, provenientes del Sáhara Occidental, se identifiquen con una referencia a dos regiones: El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro, sin que figure referencia alguna al Sáhara Occidental.
Se da la circunstancia que el TJUE sentenció, en 2024, que los tomates y melones recolectados en el Sáhara Occidental, e importados por la UE, han de mencionar este territorio en el etiquetado.
La batalla legal fue uno de los puntos expuestos en la mesa redonda sobre la situación política en el Sáhara Occidental, organizada el 20 de enero por la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Sáhara Occidental (PVSPS) en la sede de CEDSALA en Valencia.
El 26 de febrero de 1976 el estado español abandonó el Sáhara Occidental, antigua colonia y después provincia española; al día siguiente, el Frente Polisario proclamó la República Saharaui Árabe Democrática (RASD), con el respaldo de Argelia.
A falta de un mes para cumplirse el 50 aniversario, “vivimos hoy una coyuntura compleja, en la que priman los intereses económicos -la ley del más fuerte- sobre el derecho internacional; es el punto en que se sitúa la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui”, afirmó el delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi.
El Informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Cuestión del Sáhara Occidental, presentado en julio de 2025, destaca en el apartado de conclusiones: “Es posible encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad”.
Desde 1963 el Sáhara Occidental está considerado por la ONU como territorio no autónomo; es decir, integrado por un pueblo que no ha alcanzado el gobierno propio.
Se trata, afirma la Resolución 45/21 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 20 de noviembre de 1990, de “un problema de descolonización que debe resolverse sobre la base del ejercicio, por el pueblo del Sáhara Occidental, de su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia”.
En este contexto, “existe una complicidad de la comunidad internacional con la potencia ocupante, Marruecos”, subraya Abdullah Arabi; de hecho, el 31 de octubre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2795 que instaba a la celebración de negociaciones entre las partes, peroa partir de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental; la monarquía alauita valoró positivamente la Resolución y la calificó de “cambio histórico”.
De modo distinto se expresó el Frente Polisario en una Declaración del 31 de octubre, al señalar que no participará en “ningún proceso político ni negociación basada en propuestas, independientemente de su origen, que pretendan ‘legitimar’ la ocupación militar del Sáhara Occidental por parte de Marruecos”; y que además nieguen al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación.
La citada iniciativa de autonomía saharaui bajo soberanía marroquí fue respaldada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el pasado 8 de abril, en una reunión en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita; también el gobierno español ha manifestado su satisfacción por el plan.
En el acto de CEDSALA, el delegado del Frente Polisario en el estado español resaltó los mecanismos de inversión económica que desarrolla Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado, y agregó: “Sin expolio no habría ocupación”.
Por ejemplo el gobierno marroquí ha anunciado la construcción de un gran centro de datos de 500 megavatios (MW), calificado como ecológico, en la ciudad de Dajla (Sáhara Occidental), informó en julio la agencia Reuters.
En mayo, la empresa TAQA, de Emiratos Árabes Unidos, la marroquí Nareva (propiedad de la monarquía) y el fondo de inversión Mohammed VI dieron a conocer la construcción de una autopista eléctrica o macroproyecto que incluye la construcción de una línea de alta tensión, de 1.400 kilómetros, con una capacidad de 3.000 MW, que transportará electricidad desde el Sáhara Occidental ocupado hasta el centro de Marruecos.
“Las plantas eólicas, solares y de hidrógeno verde normalizan la ilegalidad de la ocupación militar marroquí”, destaca el informe Ecoblanqueo de la ocupación, publicado en diciembre por Western Sahara Resource Watch (WSRW); un ejemplo significativo es el proyecto de la multinacional francesa Engie de construcción de una desaladora alimentada por un parque eólico, próximo a Dajla; el objetivo de la iniciativa es la extensión de las tierras de cultivo.
En la mesa redonda organizada en Valencia participó la ministra de Cooperación de la RASD, Fatma Mehdi; dio cuenta de la situación “muy complicada” que se vive en los campamentos de Tinduf (desierto argelino), “pero siempre lo ha sido”; el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó, en septiembre de 2025, que más de 133.000 personas refugiadas saharauis de los campamentos se hallan en “situación vulnerable” y dependen de la ayuda humanitaria.
Precisamente por esta razón, Fatma Mehdi criticó los recortes de las ayudas, como también denunciaron -en noviembre- una veintena de ONG que trabajan sobre el terreno: “Nos enfrentamos a una situación de recortes sin precedentes, hablamos de una reducción de hasta un 40% de la ayuda humanitaria destinada a campamentos saharauis”.
Un diagnóstico similar es el que realiza la Media Luna Roja Saharaui, que advierte de un incremento “alarmante” de la malnutrición infantil y la anemia crónica; entre las mujeres en edad fértil, la anemia alcanza un porcentaje del 69%. “Son cifras que no se registraban desde hace más de una década”, remata la ONG.
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