Un Estado capturado desde el Congreso
Mientras el deep state busca legitimidad y consolidar el sistema cacocrático de dominación que asegure el saqueo por parte de transnacionales, financieros y monopolistas nativos, los jefes criminales del pacto mafioso que gobierna bajo la jefatura de Keiko Fujimori1 pretenden asegurar para sí el Congreso y, de ser posible, el Ejecutivo.
Desde el 2016, este bloque gobierna desde el Parlamento, desde donde ha logrado controlar los otros poderes del Estado mediante una legislación funcional a sus intereses.
Perú es gobernado actualmente por una coalición legislativa de facto conformada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Somos Perú y Avanza País, que otorgan legitimidad “formal” a un Ejecutivo manejado por Keiko Fujimori y por Fuerzas Armadas antisoberanas, que, a cambio de garantizar el saqueo, reciben del imperio el control del narcotráfico y del negocio de las armas.
Este Congreso, con apenas 2% de aprobación —y que controla la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional— ha aprobado leyes procrimen, eliminado delitos, otorgado impunidad a criminales políticos, apresado a opositores peligrosos y diseñado un sistema electoral para reelegirse.
Cerraron las puertas a una Asamblea Constituyente y a los referéndums, eliminaron los movimientos regionales y, al mismo tiempo, abrieron el sistema a agrupaciones sin militancia para degradar el proceso electoral. Así, concentraron el control institucional y la atribución de vacar presidentes y gabinetes, desmantelando los resquicios de un Estado de derecho mínimo.2
Elecciones sin política
Estamos a 10 días de las elecciones en Perú y los mediocres debates solo alimentan la confusión. La oferta no es política: es la disputa entre mafias por participar en el saqueo. La más organizada es Fuerza Popular, que diseñó un proceso que no es más que la expresión de la manipulación de la miseria educativa y cultural construida por universidades que venden títulos.
Bajo la perversa idea de permitir el mayor número de “partidos” y candidatos —para dispersar el voto y promover la confusión y la anulación—, establecieron un sistema donde la valla electoral y la fragmentación operan juntas para eliminar a candidatos legítimos y favorecer a las mafias más grandes, asegurando así la mayoría en el Congreso.
De allí proviene la proliferación de candidaturas: 35 a la presidencia y cerca de 10,000 al Congreso. A ello se suman las elecciones regionales y municipales, con cientos de miles de postulantes para miles de cargos, en un diseño confuso que favorece a redes políticas ya posicionadas y financiadas por economías criminales.
Muchos de estos actores cuentan con antecedentes delictivos, incluidos exizquierdistas cooptados por la corrupción. En esta “republiqueta” antidemocrática, se ha garantizado la impunidad de las élites políticas mientras se reconfigura el sistema legal para proteger a quienes lo controlan.
En este contexto, el proceso electoral no es neutral. Se han preparado múltiples mecanismos que podrían distorsionar los resultados: duplicación de votos, registros irregulares, actas no verificadas, ausencia de controles biométricos y control de los sistemas de transmisión de resultados.
Todo apunta a la posibilidad de obtener resultados fuertemente condicionados o, en su defecto, a la construcción de una narrativa de fraude que permita anular el proceso si no favorece a los grupos dominantes.
Los poderes profundos
Los llamados “poderes profundos” operan tanto de manera visible como oculta: gremios empresariales, banca, Fuerzas Armadas y redes ilegales. A través de mediadores políticos, han capturado instituciones clave del Estado y garantizado políticas favorables a sus intereses durante décadas.
Estas élites, muchas veces vinculadas a grandes empresas, buscan proteger sus privilegios mediante el control de la política, la desmovilización social y la deslegitimación de liderazgos alternativos.
También controlan medios de comunicación y encuestadoras, influyendo en la opinión pública y reforzando un sistema de alianzas entre poder económico y político que debilita la democracia.
Despolitización y captura del espacio público
La derecha peruana, con su intuición de origen en la “viveza criolla”, se ha centrado en acusar a los opositores de terroristas (comunistas) y caviares (izquierda pituca), investigar su vida privada, corromperlos, promover divisiones, negar la distinción izquierda-derecha y combatir la ideología woke.
Todo esto ocurre en un contexto de precariedad educativa y de incentivo al rechazo de la política (30 % no sabe o no le interesa por quién votar y un 20 % votaría en blanco o viciado), lo que no solo desmoviliza a la población, sino que vacía de contenido el debate público y convierte la política en un espacio funcional a intereses mafiosos.
Así, la política queda en manos de sectores vinculados al Estado o a economías ilegales —narcos, mineros y extorsionadores— capaces de cualquier ilegalidad para acceder al poder.
Al mismo tiempo, los proyectos populares han sufrido una derrota estratégica al asumir marcos ideológicos del neoliberalismo, desplazando debates estructurales hacia agendas fragmentadas. Esto ha debilitado su capacidad de articulación y su vínculo con sectores populares.
Esta crisis no es solo programática, sino también organizativa: la fragmentación, la cooptación y la pérdida de horizonte político han impedido la construcción de alternativas sólidas frente al bloque dominante, dejando un vacío que ha sido ocupado por fuerzas conservadoras y redes clientelares.
Perú en la disputa global
El escenario peruano se inserta en una dinámica geopolítica más amplia. América Latina es nuevamente un territorio en disputa por recursos naturales, control estratégico y hegemonía global.
En este contexto, las asimetrías de poder global son evidentes: mientras el gasto militar de Estados Unidos en 2023 alcanzó los 916.000 millones de dólares —una cifra equivalente a la suma de los siguientes nueve países en este tipo de gasto—, China ha incrementado significativamente su participación en la producción industrial mundial, consolidando un nuevo equilibrio de fuerzas en el sistema internacional.3
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, difundida por el aparato de defensa estadounidense, plantea intensificar el control geopolítico sobre América Latina, limitar su soberanía y reducir sus vínculos con los BRICS. Estos lineamientos se orientan a asegurar el acceso a recursos naturales estratégicos, particularmente minerales críticos, y a frenar la expansión de China en la región.
Como señala Jorge Elbaum, “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.4 En este marco, el injerencismo político-electoral, el intervencionismo económico e incluso la prerrogativa de intervención militar se presentan como mecanismos para sostener su hegemonía global.
La acumulación por desposesión continúa operando mediante la privatización de bienes comunes, la subordinación de los Estados y la producción de narrativas que legitiman estas prácticas.
Se trata de un modelo que no solo reorganiza la economía, sino también las formas de pensar, debilitando la capacidad crítica y naturalizando la desigualdad.
Una historia abierta
Lo que está en juego en estos 10 días no es solo quién gobierna, sino si la política seguirá siendo un espacio capturado por mafias o si podrá ser recuperada por la sociedad. Las elecciones, tal como están diseñadas, difícilmente expresarán la voluntad popular. Pero incluso en ese escenario, la historia no está cerrada.
Las rendijas de esperanza no están únicamente en las urnas, sino en la capacidad de los pueblos de organizarse, resistir y construir alternativas. Ningún sistema de dominación es eterno. Tampoco este.
Notas:
1 Perú se ubica entre los países con mayor insatisfacción democrática en la región: solo el 8% de la población confía en el Gobierno, el 9% en los partidos políticos y el 91% afirma no sentirse representado por el Congreso. la democracia no resuelve sus necesidades —como la inseguridad, el desempleo o la corrupción—, aumenta la disconformidad y la apatía política, lo que reduce la participación electoral o promueve votos de castigo.
2 Según el Barómetro de las Américas en Perú, encuesta aplicada entre octubre y diciembre del año pasado, 8 de cada 10 peruanos creen que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en corrupción. (Mabel Zamalloa, Rebelión 1/04/2025)
3 Mientras que: “el gasto militar de Estados Unidos en 2023 fue de 916.000 millones de dólares, una cifra equivalente a la suma de los siguientes nueve países en este tipo de gasto (Japón, Francia, Ucrania, Alemania, Reino Unido, Arabia Saudí, India, Rusia y China), según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI)…, China aumentó su participación en la fabricación mundial del 8,6% en 2004 al 28,8% en 2023 (y alcanzó un máximo del 30,5% en 2021, casi el doble de la proporción de Estados Unidos, con un 15,5%” (cálculos del autor a partir de los datos del Banco Mundial).
4 Jorge Elbaum, Página 12, 2026.
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